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Habeas corpus en rechazo a la violencia contra el colectivo trans
Por Fuente: Agencia Andar - Friday, Mar. 03, 2017 at 8:40 AM

Lo presentó la organización Otrans a partir de la muerte de una joven en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela y las razzias policiales con requisas vejatorias contra chicas trans en situación de prostitución en La Plata.

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Pamela Macedo Panduro tenía 29 años cuando falleció en enero pasado mientras estaba detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela. Era peruana y vivía desde hace diez años en Argentina. Su familia aún no ha podido repatriar el cuerpo de la joven trans.

En febrero, casi medio centenar de chicas trans en situación de prostitución fueron encarceladas tras razzias policiales en la zona roja, pasados varios días dos de ellas aún permanecen privadas de su libertad. A partir de estos hechos, la organización civil Otrans presentó 3 habeas corpus.

Otrans Argentina presentó un informe en el que indican que el 98% de las trans privadas de su libertad son migrantes. “Las condiciones de detención deterioran la vida de las compañeras. Es un colectivo vulnerable: más del 50% tiene enfermedades crónicas. Lo que estamos pidiendo es que los estándares de la Corte Suprema de la provincia y de la justicia en La Plata son durísimos y no aplican el fallo Zambrano ni el Arriola”, explicó Claudia Vázquez Haro, referente de la organización.

Cabe recordar que el fallo Zambrano (setiembre de 2016) considera que el accionar policial vulnera los derechos de las personas trans y travestis, y asume que estas prácticas tampoco están siendo reconocidas como delitos vejatorios por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

“Es muy sospechoso el modo en que la policía en connivencia con la justicia lleva adelante este tipo de armado de causas. Nos llama mucho la atención que siempre es a través de una denuncia anónima y esa es la única muestra para dar cuenta de un acto ilícito. Acabamos de revisar las causas con los abogados y vemos que los testigos son los mismos policías. Esto ya lo vivimos el año pasado con la condena a Claudia Córdoba Guerra a 5 años y tres meses por ser peruana y prostituta”, señaló Vázquez Haro.

“Seguimos con un estado ausente que mira para otro lado, que no implementa políticas públicas pero sí las encierra criminaliza y termina matando a las compañeras. Esto lo venimos denunciando desde el año pasado en la subsecretaría de violencia institucional; ellos estaban al tanto de la situación de Pamela y 5 compañeras: les entregamos informes, les hicimos saber que no estaban comiendo. Las cárceles son inhumanas y no pueden estar más las personas detenidas en esos lugares: hay una gran responsabilidad de la justicia”, finalizó Vázquez Haro.

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