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Una comunidad denuncia que venden sus tierras
Por El Tribuno / Salta - Saturday, Mar. 04, 2017 at 3:35 PM

4 DE MARZO 2017 - Se trata del pueblo guaraní Nuevo Amanecer, ubicado al este de la ciudad.También reclaman por una casa para vecinos muy humildes que fue vendida.

Una comunidad denunc...
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La cacique Esther Cuéllar y su esposo, Miguel Ángel Rodríguez, los denunciantes.

Cristina Carrazán interior2@eltribuno.com.ar

Esther Cuéllar, cacique de la comunidad originaria guaraní Nuevo Amanecer, está muy preocupada, lo mismo que las familias vecinas del lugar. Y no es para menos.

A ese grupo de aborígenes le pertenecen 8 hectáreas de terreno, ubicadas en la zona este de la ciudad de Tartagal, detrás del barrio Tomás Ryan. Según indicaron, en las últimas semanas y con una serie de maniobras irregulares, se estarían vendiendo algunos lotes.

La cacique junto a su esposo, Miguel Ángel Rodríguez, tienen el nombre de un supuesto gestor de una inmobiliaria que estaría haciendo negocios espurios en perjuicio de Nuevo Amanecer.

Pero no es el único caso que les preocupa, ya que una de las 10 viviendas que el IPPIS les adjudicó para ser destinadas a familias de muy escasos recursos de la comunidad, fue vendida por su beneficiaria a un militar retirado, que en el lugar construyó una vivienda amplia, con garaje y varios dormitorios.

En este caso, consideraron que se trata de una actitud de desatención de la Justicia. Todo estaría desde hace tiempo en conocimiento del IPPIS y del exasesor legal de la entidad, pero hasta el momento la comunidad no pudo recuperar el terreno y, lo peor, temen que estas situaciones se sigan sucediendo.

La vivienda

Esther recordó que "una de las beneficiarias de esas casas es Edith, una señora de muy escasos recursos, que tiene varios chiquitos y vivía en una casita cubierta con plástico. Hace un año le dieron la vivienda, pero al poco tiempo vi que venían otras personas. Le pregunté a Rafael, su esposo, quien primero me dijo que eran unos amigos, después me dijo que él había conseguido trabajo afuera y que este señor se iba a quedar a cuidarle la casa. Pero a las pocas semanas vi que comenzaron a traer materiales de construcción. Cuando me acerqué a preguntarles por qué construían en una vivienda que había sido donada a una familia aborigen, un señor que se identificó como militar retirado me dijo que la había comprado y que, por ser el dueño, podía edificar, ampliarla o hacer lo que quisiera".

Grave denuncia

Ante esta situación, la cacique contó los trámites a los que se abocó a partir de ese momento. "Fui a explicarle a Indalecio Calermo (uno de los vocales del IPPIS), lo que estaba sucediendo en mi comunidad. Calermo me puso en contacto inmediatamente con el asesor legal del IPPIS, Néstor Heredia, para comenzar a tramitar el desalojo de estos criollos".

Agregó que el asesor legal cobraba sus honorarios del IPPIS por un convenio de servicios, "pero de todas maneras me pidió $37.000 por aparte, para poder presentarse ante la Justicia. Con mucho esfuerzo logramos abonarle $27.000. Pero nunca hizo nada y esos criollos ya terminaron de construir su casa. Por eso nos sentimos doblemente estafados, por el abogado que era del IPPIS y por quienes están sacando ganancias con lo que era para los aborígenes más humildes", relató la mujer.

Denuncias cruzadas

Rodríguez dijo a su turno que fue "a reclamarle al exasesor legal del IPPIS las razones por las que no hizo nada para sacar a esa gente. Primero me dijo que nos iba a devolver lo que le habíamos pagado, porque según averiguamos no hizo ni un escrito para presentar en la Justicia. Pero después se hizo el ofendido porque nos escuchó hablar en los medios y me dijo que no nos iba a devolver ni un peso y que vaya a reclamar donde quiera".

Y advirtió que la comunidad "tiene 8 hectáreas de su propiedad, según el último relevamiento realizado por el INAI. Pero hay una persona de nombre Luis que está haciendo negocios con este tema y queremos advertir a todo el mundo, para que ni Nuevo Amanecer ni ninguna otra persona resulte perjudicada por este tipo de maniobras".

El abogado Heredia, consultado porEl Tribunosobre la problemática, reconoció por su parte que "es real que fui asesor del IPPIS, pero nada impedía que yo pudiera percibir honorarios por mi trabajo. Les cobré como lo hace cualquier otro colega. Hice las presentaciones en la Justicia, pero los tiempos de resolución en este tipo de causas no son los que esta gente pretende".

Heredia dio su versión de los hechos y dijo que "luego vinieron a amenazarme, salieron por los medios a injuriarme cuando hay una causa presentada en sede judicial. Lamentablemente, como ahora tienen otro asesor legal, quieren responsabilizarme a mí porque la causa todavía no se resolvió, algo que está totalmente fuera de lugar".

En definitiva, y en un contexto de propiedad de tierras y en este caso particular de una vivienda que, según las denuncias fue usurpada, el tema quedó judicializado y los tiempos de resolución dependerán solamente del abogado a cargo y de los jueces que tienen la causa, mientras la comunidad espera garantías sobre la propiedad.

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