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El gobierno usa la crisis para acelerar la flexibilización laboral
Por Adrián Murano, Tiempo Argentino - Monday, Mar. 13, 2017 at 12:27 PM

Sábado 11 de Marzo de 2017 | En el macrismo creen que el conflicto docente y la fractura expuesta de la CGT ofrecen un flanco para avanzar con la demolición de derechos laborales.

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Tres marchas en tres días. Millares de docentes, obreros, comerciantes y pymes gritaron su desesperación por la pérdida de empleos y los ingresos que no alcanzan. Las mujeres reclamaron que el Estado las proteja de la violencia machista en una manifestación que terminó con escenas espantosas de agresión institucional. La lógica política indica que el macrismo debería estar preocupado por el calentamiento del conflicto social. Pero no es lo que ocurre en el gobierno de los CEO, donde cunde la filosofía de autoayuda de Sri Sri Ravi Shankar: "Si sucede, conviene."

En la exótica doctrina que orienta Jaime Duran Barba, las expresiones del conflicto social representan una buena ocasión para confrontar con "el pasado". En esa bolsa, el oficialismo mete al kirchnerismo, los sindicatos, las organizaciones sociales y al peronismo en general. También considera "pasado" las conquistas laborales y la sustitución de importaciones, un modelo que, aun con costo inflacionario, permitió mantener a flote a miles de pymes, proveedoras del 70% de la mano de obra que se emplea en el país. En las palabras de un funcionario a este cronista, "todo eso ya fue".

En armonía con los postulados del gurú indio, en el gobierno creen que la crisis es una oportunidad para obtener la triple corona que anhela: acelerar la flexibilización laboral, transformar el modelo productivo y fraccionar aún más al PJ en el año electoral. Nada parece ser más funcional a esos objetivos que las imágenes de piñas al aire y sillas volando sobre el final de la masiva manifestación encabezada por la CGT.

Los protagonistas de esa rencillas para las cámaras ofrecen indicios de las tensiones e intenciones que sobrevuelan la interna sindical. Los testigos presenciales juran que el primero en pasar del abucheo a las manos fue la columna de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). El gremio es afín a Hugo Moyano, al igual que los supuestos agredidos, los camioneros que comanda su hijo Pablo.

Con su apoyo público y privado, Moyano fue partícipe necesario del arribo de Macri a la Casa Rosada. En pago, el gobierno liberó buena parte de los fondos retenidos para las obras sociales y modificó la escala del Impuesto a las Ganancias, dos pedidos históricos del jefe camionero. Eso no fue todo. El propio Macri avaló, además, la intervención de facto de Moyano en la empresa postal OCA, y aceptó –con más resignación que entusiasmo– la candidatura de su cuñado, Claudio "Chiqui" Tapia, a la presidencia de la AFA.

Aunque se alejó de los cargos formales, Moyano sigue gravitando en la interna gremial. Uno de sus interlocutores habituales es Roberto Fernández, titular de la estratégica Unión Tranviaria Automotor (UTA). En la previa de la marcha, el colectivero sorprendió al pedir en público que el triunvirato cegetista le diera diez días al gobierno antes de ponerle fecha al paro. Su esfuerzo por postergar la convocatoria a una huelga general tuvo rápida recompensa: el viernes, la Cámara Laboral le quitó la personería gremial a los Metrodelegados, enemigos jurados de la UTA.

El Poder Judicial colabora con la estrategia oficial de horadar derechos laborales. Hace dos semanas, la propia Corte Suprema le dio al gobierno otra alegría cuando declaró válido que los reclamos de los empleados públicos no tramiten en el fuero laboral sino en el Contencioso Administrativo. La decisión fue en línea con los deseos de Macri, que le declaró la guerra pública a los tribunales del trabajo. "Con su fallos a favor de los trabajadores desalientan las inversiones", dijo el primer mandatario, en la antesala de una fuerte avanzada contra ese fuero. Las acciones incluyeron una nueva ley de Riesgos del Trabajo –que cercena el derecho del trabajador a litigar contra la empresa en caso de accidente laboral– y la puesta en marcha del traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo es amo y señor.

Sancor, el caso testigo

Uno de los actos finales del gobierno de Fernando de la Rúa fue una Ley de Flexibilización Laboral adornada por un escándalo de sobornos. Atentos a esa historia, el gobierno dispuso ejecutar su "reforma laboral" en grageas, y a través de los tres poderes del Estado.

La "justicia" aporta lo suyo en el marco del pacto de convivencia entre Macri y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El Congreso ya avaló leyes clave, como los cambios para los accidentes laborales. Y ahora se dispone a reactivar una norma que Macri considera esencial: la creación de un régimen de promoción del Primer Empleo que demuele conquistas laborales con la excusa de fomentar la inserción de los jóvenes.

El proyecto llegó a Diputados en abril de 2016 y recién en septiembre la comisión de Legislación del Trabajo "inició" su estudio. La parsimonia está ligada a la falta de números del PRO y a las características del proyecto: aun el massismo, que concedió su voto a la mayoría de los proyectos oficiales, considera que la ley es demasiado agresiva.

A pesar de eso, el oficialismo intentará reactivar el tratamiento de esa norma en las próximas semanas, al menos, para sembrar discordia con sus adversarios íntimos del Frente Renovador: diputados del PRO dicen tener encuestas donde "la gente" aprueba que se flexibilicen las normas laborales con tal de no perder –u obtener– trabajo. Con esos números en la mano, en la mesa chica de Macri creen que será la oposición quien pagará el costo político por no "favorecer la creación de empleo". Aunque se trate de empleo precarizado y con salarios indignos, claro está.

"Es una lógica perversa, pero funciona así. En la desesperación el laburante prefiere precarizarse a perder el trabajo", apunta un dirigente gremial con décadas de experiencia sobre su hombro. Un estudio del economista Claudio Lozano grafica la expansión del fenómeno. "A mediados de 2016, las distintas formas de precariedad laboral involucraron al 51,1% de las personas económicamente activas. Es decir, a 9.105.198 personas. Al compararlo con el segundo trimestre del año anterior –explicó Lozano–, el porcentaje exhibe un incremento de la precariedad que fue de 46,3% a 51,1 por ciento. Es decir que, en un año, la precariedad laboral involucró a 1.215.000 personas más", concluyó el economista ligado a la CTA.
El escenario alienta los deseos del presidente, quien varias veces expresó su intención de derrumbar conquistas laborales porque representan "un costo para las empresas" y "ahuyentan la inversión". La depreciación del poder adquisitivo del salario y la ola de despidos masivos en el Estado formaron parte de la estrategia oficial para bajar esos "costos". Como confesara en plena faena el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay: "Los trabajadores van a tener que elegir entre mejorar salarios o mantener empleos."

Prat-Gay ya no está en el gobierno, pero el principio persiste. "El problema de Sancor son sus empleados", dijo esta semana el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, en relación con la crisis que aqueja a la segunda empresa láctea del país.

Las palabras del ministro, uno de los CEO del gabinete, reflejan la estrategia oficial frente a ese conflicto, que mantiene en vilo a 4000 trabajadores directos y a varios pueblos de Santa Fé: Sancor es un caso testigo del ajuste que el gobierno pretende aplicar en el sector privado.

Con una deuda financiera indomable, la crisis de Sancor es endémica. Pero se aceleró en junio pasado, luego de que Venezuela dejara de girar los pagos por compra de leche en polvo. Esa deuda impaga de unos 1000 millones de pesos, sumada a la caída de ventas en el mercado local, reubicó a Sancor al borde de la quiebra.

La exportación al país bolivariano fueron propiciados en su momento por el kirchnerismo como un modo de mantener a flote a la compañía y así evitar que cayera en manos de especuladores locales o extranjeros. Esa senda es la que retomó el macrismo apenas la deficiente administración de la firma le dio oportunidad.

En el gobierno dicen que Macri ordenó cortar el salvataje financiero de Sancor –que incluyó desembolsos y refinanciamiento de deuda por unos 500 millones de pesos– luego de que la firma acordara paritarias con un alza del 40 por ciento. Los delegados desmienten esa cifra. Aseguran que en 2016 se acordó un 23 %, más 13% adicionales por ajuste inflacionario, pero que ese tramo nunca se pagó. Más allá del detalle, la discusión y las palabras de Cabrera dejan al descubierto la intención oficial: inculpar a los trabajadores por la suerte de la empresa.

Luego de frenar la ayuda financiera, el gobierno puso a Sancor en venta. El propio Cabrera acercó compradores, como las multinacionales Coca- Cola y Lactalis, y las locales Adecoagro y Vicentín. De hecho, el ministro fue clave para que Vicentín comprara, en noviembre pasado, la lucrativa línea de yogures y postres de Sancor.

La cerealera santafesina pago unos 15 millones de dólares por la "crema" del negocio de la firma láctea. En una asamblea de socios –Sancor es una cooperativa– los directivos sugirieron que el gobierno los forzó a vender. "Nos dijeron que si vendíamos una parte vendría el salvataje. Ahora nos piden que vendamos todo", admitió un directivo que participó de las negociaciones con Cabrera. Con un detalle: en esas reuniones el gobierno habría sugerido que está dispuesto a ayudar con el pago de indemnizaciones para descremar la plantilla de empleados y volver más apetecible a la empresa.

Guerra a los docentes

El esquema no es una novedad. En los noventa, el gobierno neoliberal de Carlos Menem propició y financió con recursos estatales el cierre, la fusión, la adquisición y extranjerización de empresas locales. La "transformación de la matriz productiva" que se propone el macrismo requiere de algo parecido. Los dólares acumulados en el Banco Central –vía endeudamiento–, tienen como destino, en parte, financiar la "reconversión" de empresas y plantillas laborales. Pero la fractura expuesta de la CGT dejó en claro que el gobierno, a diferencia de Menem, no contarán con la complicidad instantánea de la cúpula sindical. El plan, entonces, es demonizar la actividad gremial y presentar como protección de privilegios la "resistencia al cambio".

No hace falta mucho, por cierto, para estigmatizar a los sindicalistas. Muchos de ellos exhiben opulencias imposibles de justificar. Eso, entre otros vicios políticos y operativos, mantiene la imagen de los sindicalistas en el subsuelo. Sobre ese déficit de popularidad martilla la campaña que el gobierno descarga sobre Roberto Baradel, el líder de los docentes bonaerenses. Pero se equivocó de blanco: a diferencia de varios de sus colegas, el patrimonio de Baradel no presenta flancos y su mandato cuenta con fuerte apoyo de sus bases.

La contundente marcha del lunes pasado y la convocatoria de cuatro días de paro para las próximas semanas muestran que, otra vez, el gremio docente se puso a la cabeza de la resistencia al plan de ajuste de un gobierno conservador. Mala noticia para Cambiemos: en su largo historial de lucha, el gremio docente obtuvo fuertes muestras de apoyo popular.

El paro y movilización de esta semana, como las jornadas de lucha convocadas para el 15,16,20 y 21 de marzo, son consecuencia de la decisión oficial de anular las paritarias nacionales, una conquista histórica de CTERA. La disposición oficial es un ejemplo del modo en que el macrismo ejecuta su plan de vaciamiento de la representación sindical. Y forma parte de la "reforma laboral" que propone el PRO.

El plan de acción incluye limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en las negociaciones salariales y establecer paritarias por empresas; modificar el esquema de indemnizaciones por despido para que sea cofinanciado entre empresas y trabajadores; minimizar los costos indemnizatorios extendiendo períodos de prueba y alentando nuevas formas de contratación semiformales; y establecer menores cargas fiscales.

En una mirada rápida el plan de Cambiemos remite a los noventa. Pero su espejo es la generación del 80 que gobernó la Argentina sobre fines del siglo XIX. Aquella oligarquía liberal-conservadora –típica contradicción criolla– promovió la exportación de materias primas, importación de manufacturas, endeudamiento y servicios financieros. El modelo hizo eclosión cuando los asalariados, hartos de ser explotados, reclamaron por sus derechos. Y la sociedad percibió que los intereses de la elite gobernante se mezcló con los del país hasta confundirse unos con otros. A eso hoy se lo llama "conflicto de intereses". Pero esa es otra historia. «

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