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Juezes españoles
por Damian •
Saturday, Mar. 25, 2017 at 7:15 AM
charles62@mail2tor.com no tengo
Forma de actuar la "justicia española en España" lean el documento publicado en el periodico El Confidencial que luego quitaron.
Sin justicia lo demás no importa. Cuando un país necesita promulgar leyes para
proteger a niños arrebatados y a padres divorciados del sadismo, la arbitrariedad y
el abuso de sus propios jueces significa que la sociedad que santifica tales crímenes
está enferma.
Cuando un país permite ejercer a jueces criminales que provocan en muchos niños
el llamado síndrome de alineación parental, cuando fomentan su manipulación
más vil, cuando promueven fracaso escolar y les provocan problemas psicológicos y
de comportamiento que arrastrarán durante toda su vida, cuando promueven la
infelicidad más atroz de una manera sistemática, significa que la sociedad que
permite tanta crueldad y tanta vileza para con la infancia, dejándola desprotegida a
causa de su perfidia políticamente correcta, está enferma.
Cuando en un país ejercen jueces criminales que fomentan por sistema violencia de
género, cuando roban y arrebatan niños a causa de su intransigencia ideológica o
por machismo, cuando tales jueces criminales se dedican a envilecer a la mujer al
condenarla de nuevo al fregadero, a una vida fácil sin necesidad de pegar ni golpe a
costa del sudor y la degradación física y económica, de la dignidad despojada de los
que fueron sus cónyuges, significa que la sociedad que permite desigualdad de
género tan envilecedora y arcaica está enferma.
Cuando jueces criminales empujan al suicidio a padres que no pueden ver a sus
hijos, cuando en su desesperación los impulsan a cometer actos violentos sino
asesinatos, fomentando la violencia de género, significa que la sociedad que incuba
y hace germinar tales crímenes terribles está enferma, para regocijo de los titulares
de prensa y aquellos desalmados que quieren perpetuar un estado permanente de
excepción mediante la aplicación de leyes demenciales envueltas en corrección
política falsamente progresista.
Cuando un país
supuestamente
democrático promulga
leyes genocidas y
salvajes, leyes que
fomentan delitos de lesa
humanidad que dan
cobijo y amparan miles
de denuncias falsas por motivos económicos con el fin de sacar mayor tajada, entre
otras muchas motivaciones ideológicas, ruines o pecuniarias significa que la
sociedad que lo permite está enferma.
Cuando una democracia promulga leyes que avalan el arresto sin pruebas ni siquiera
indicios más allá de una denuncia falsa, como las que la vieja Inquisición promovía
contra judíos o cristianos nuevos para despojarlos de su patrimonio o por otros
motivos espurios, la sociedad que lo permite está enferma.
Cuando jueces criminales reniegan del Habeas Corpus autorizando arrestos y
detenciones arbitrarias, provenientes de denuncias falsas que dejan desamparados a
reos condenados sin pruebas mediante simulacro de juicio, donde la inocencia tiene
que ser demostrada al pertenecer el desgraciado a un colectivo inerme y culpable a
La concesión de la custodia
compartida en caso de divorcio
sigue siendo tabú en España. Los
jueces criminales no se la plantean
causa de la intransigencia ideológica, significa que la justicia está podrida y la
sociedad que lo permite está enferma.
Cuando leyes atroces, en vigor en pleno siglo XXI, avalan la criminalización
gratuita y sin escrúpulos de un determinado colectivo social, sistema que reproduce
un macabro proceso secular que garantiza el linchamiento mediático, recordemos el
reciente y espeluznante caso Montesinos, significa que la sociedad que lo permite
está enferma.
Cuando una sociedad considera criminales en potencia a todos los miembros de un
determinado grupo por el mero hecho de pertenecer a él, sean judíos o buenos
padres de familia, significa que tal sociedad se comienza a parecer a aquella otra
que provocó la noche de los cristales rotos porque un único judío polaco mató a
un gentil en París.
Fue tal sociedad enferma la que graciosamente había entregado el poder al
tenebroso tío Adolfo en 1933, el mismo que provocó el Holocausto que causó
tantos millones de muertos. Gozamos aquí de parecido comienzo.
Cuando legisladores no se sabe si analfabetos funcionales al no comprender lo que
aprueban, o fascistas camuflados que lo entienden muy bien, promulgan tales leyes
que eliminan la presunción de inocencia y animan a los jueces criminales a ejercer
la Inquisición sin ningún control, significa que la sociedad que lo permite está
enferma.
Cuando los medios de comunicación publican titulares impactantes con el fin de
remontar pérdidas, ignorando los dramas provocados por los jueces criminales,
significa que la sociedad que lee tales panfletos roñosos está enferma y prefiere
vivir en la indigencia intelectual camino de su propia pobreza, de la manipulación
totalitaria y del envilecimiento moral.
Cuando los medios sólo dan voz a la intransigencia fanática disfrazada de igualdad
sin pretender encarar la verdad ignorando los problemas de fondo, significa que
tales medios han perdido legitimidad para informar y han dejado de ser el
tradicional contrapeso del poder, discriminador de información fidedigna y real. Y
una sociedad sin prensa libre y avanzada que luche por la igualdad y la justicia es
una sociedad enferma que necesita una regeneración urgente y radical.
La concesión de la custodia compartida en caso de divorcio sigue siendo tabú en
España. Los jueces criminales no se la plantean. Más de un tercio de los suicidios de
hombres en España los cometen padres divorciados lanzados hacia la desesperación
y el abismo a causa de sentencias disparatadas y confiscatorias, o por el chantaje al
que jueces y abogados desalmados los someten, amenazándolos con aplicar de
manera sádica y cruel las leyes genocidas vigentes. Leyes fascistas, vergüenza de
esta democracia enferma y de toda Europa, que institucionalizan la presunción de
culpabilidad.
Los jueces criminales arrebatan hijos, casa y patrimonio sin contemplaciones de
manera regular sea mediante sentencia, coacción o chantaje. Por culpa de tales
aberraciones judiciales unos se suicidan, otros matan, los más se deprimen, el resto
son arruinados. ¿Quién es culpable de ello más que una sociedad enferma que calla
y otorga crueldad y patente de corso ilimitada a unos jueces criminales?
Son asuntos de los que no es políticamente correcto hablar y menos debatir. La
corrección política, auténtico fascismo camuflado, impide sacar tales temas a
relucir.
Cuando se inquirió al Instituto Nacional de Estadística (INE) las razones por las que
en el año 2006 dejó de publicar las estadísticas de suicidio desglosado por
segmentos críticos de la población, soltó argumentos peregrinos que sugerían que
hacía cantar demasiado a la gallina. Muerto el perro de acabó la rabia. Se ocultan
los datos y el problema desaparece.
Son consecuencias degradantes de una sociedad enferma que prefiere vivir en la
ignorancia camino del totalitarismo previsto del cual ya goza de un aperitivo cruel y
sarcástico. Cuyo fin es santificar la intransigencia de determinados segmentos
fanáticos y lobbies codiciosos que, apoyados por los jueces criminales, mantienen
un lucrativo negocio montado a costa de los padres divorciados a los cuales
despluman sin ningún rubor para satisfacer su holgazanería y su sadismo.
Impartir justicia de manera correcta sale barato y aligera el trabajo de los juzgados
siempre y cuando las leyes sean justas y razonables, y los jueces y fiscales,
profesionales y honestos.
La justicia está valorada pésimamente en España. ¿Justicia moderna en España? No
interesa. Muchos jueces criminales serían expulsados a patadas fuese por fascismo,
machismo o por incompetencia continuada. Las hordas de delincuentes codiciosos y
fanáticos a las que sirven se quedarían en el paro.
El drama de los padres condenados a no poder criar a sus hijos por el mero hecho de
ser padres, y el de los hijos a no poder disfrutar de sus padres ni ser educados por
ellos, continúa sin querer resolverse por esta sociedad enferma que continúa
avanzando hacia el totalitarismo no sólo moral.
Una sociedad que no se plantea solucionar dramas tan terribles, que criminaliza por
sistema a colectivos de su propia ciudadanía que deberían ser puntal en el que se
asienta la sociedad, en vez de ser ignominiosamente vapuleados por sus jueces
criminales, es una sociedad totalitaria y enferma.
Los ciudadanos comienzan a ser conscientes de las injusticias que los jueces
criminales perpetran cada día. Los lobbies judiciales, meros pesebres de la casta
terminal, siguen utilizando los medios de comunicación a su antojo como
mamporreros a su servicio con el fin de convencer a la población de que mantener
una ley genocida no es nada malo, no sea que el negocio se les vaya al carajo.
En época de Franco se condenaba a las mujeres por el mero hecho de serlo. Este
régimen corrupto falsamente democrático condena a los niños a quedarse sin padre,
los padres son despojados de manera vil y perversa de su bien más preciado y
querido, sus propios hijos, negándoles su derecho a educarles y a convivir con ellos.
Y, de paso se los arruina con el fin de envilecer a la mujer, fin último y definitivo de
unos jueces nazis herederos del franquismo, auténticos criminales que tan sólo han
cambiado de víctimas con el fin de alcanzar su ansiado objetivo final, el mismo de
siempre.
La Santa Inquisición ha
devenido en laica
Inquisición. Nada ha
cambiado en la justicia
española después de
tantos siglos. Los
métodos son los mismos.
Las víctimas han
cambiado de sexo o son
menores de edad. No
pueden quejarse. No
cuentan para nada más
que para ser
manipulados por los jueces criminales y las cohortes de llamemos “expertos” a su
servicio, con tal de privarlos del padre y hacer cumplida caja.
Cuando se deroga por ley la presunción de inocencia garantizando la presunción de
culpabilidad, permitiendo arrestos indiscriminados al pertenecer la víctima a un
colectivo determinado sea gitano, pobre, palestino, judío, negro o un simple padre
se corre el riesgo de que tal arma se utilice antes o después por un poder sin
escrúpulos por otros motivos todavía más turbios, y por los jueces criminales con
gozo y fruición fanático, para poderse ir los muy holgazanes cuanto antes a casa
después de un intenso día de sadismo acumulado.
En uno de cada cuatro procesos de divorcio en España hay denuncias de malos
tratos por medio, por lo menos, cochinamente falsas casi todas. Basta una simple
denuncia para encarcelar preventivamente al más débil, por si las moscas, al cual le
han arrebatado de toda protección jurídica, criminalizándolo de por vida.
Se apoyan los jueces criminales en la infausta ley genocida en vigor, vergüenza y
oprobio de esta democracia terminal, anticonstitucional a pesar de haber sido
refrendada por un Tribunal Constitucional relleno de borrachos, peleles o borregos
incapaces de defender aquello que han jurado, en la que el marido es culpable por el
mero hecho de serlo, donde la presunción de inocencia ha sido abolida y donde se
es condenado por razón de su sexo.
Jamás se condena al agresor causante de tales denuncias falsas, ni siquiera se le
juzga, ni a los abogados que las promueven con el fin de que puedan a reincidir a su
antojo al sentirse ambos impunes, pasando por caja, instaurando el terror entre sus
indefensas víctimas para poder cobrar más de la cuenta.
El fascismo sociológico no permite sacar a la luz, y menos debatir, el drama
silenciado que desde hace muchos años oculta la sociedad española, que está
enferma, que es perpetrado por sus propios jueces criminales con el apoyo
entusiasta de determinados colectivos codiciosos e integristas o, llamémoslo por su
auténtico nombre, nazis.
La custodia compartida tiene que ser, por defecto, obligatoria. Los gastos, a
medias. Punto de partida siempre. Algo que debería ser de cajón es necesario
promulgarlo por ley y aplicarlo de manera retroactiva con el fin de resolver el
La justicia está valorada
pésimamente en España. ¿Justicia
moderna en España? No interesa.
Muchos jueces criminales serían
expulsados a patadas fuese por
fascismo, machismo o por
incompetencia continuada
masivo sufrimiento, neutralizando a los jueces criminales y revisando una por una
sus disparatadas sentencias.
Es imperativo promulgar tal ley de manera inmediata para defender a los
ciudadanos de la crueldad de sus propios jueces, resolviendo dramas vigentes,
pidiendo perdón las Cortes en pleno por el daño inflingido durante los últimos diez
años por unas Señorías analfabetas a sueldo de la ignorancia vigente y del fascismo
intransigente.
Una sociedad que promueve leyes genocidas, que necesita tomar acciones tales a las
exigidas con el fin de proteger a los ciudadanos de sus propios jueces, es una
sociedad enferma y, su justicia, corrompida.
Un año más, miles de padres y niños españoles entristecidos no tendrán una feliz
Navidad a causa de los jueces criminales que gozan causando dolor, aplicando leyes
inquisitoriales con saña, sadismo y abominable crueldad. Y, la sociedad que lo
permite, está enferma.