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Canadá: Resurge el fantasma del genocidio contra los aborígenes
Por Prensa Latina / Cuba - Tuesday, Mar. 28, 2017 at 5:09 AM

Por Roberto García Hernández*.- La Habana, (PL) La investigación nacional sobre el asesinato y desaparición de mujeres y niñas aborígenes de Canadá vuelve al debate nacional en ese país, en medio de los preparativos de las audiencias que tendrán lugar en mayo para analizar el tema.

De acuerdo con reportes de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), desde 1980 hasta 2014 fueron asesinadas o desaparecieron mil 224 féminas y niñas indígenas, aunque algunos líderes del gobernante Partido Liberal aseguran que la cifra puede ser mucho mayor.

Al frente de la indagación está Marion R. Buller, primera mujer aborigen designada jueza de la Corte Provincial de Columbia Británica, quien explicó las tareas cumplidas por el grupo que encabeza desde su conformación en agosto de 2016 y las que tiene pendientes.

Según Buller, la comisión gastó hasta la fecha cerca del 10 por ciento de los casi 54 millones de dólares de su presupuesto y aunque no dio una fecha precisa para el inicio de las audiencias, señaló que el proceso comenzaría 'esta primavera', posiblemente en mayo.

La pesquisa está diseñada para determinar las causas sistémicas de la violencia contra este segmento poblacional, incluyendo aspectos históricos, institucionales, culturales, así como las políticas del Gobierno para garantizar el bienestar de la población en el período investigado, según el diario The Toronto Star.

Datos oficiales indican que 16 por ciento de todas las mujeres asesinadas en Canadá entre 1980 y 2012 eran de tribus originarias, aunque las integrantes de estas comunidades apenas constituyen el cuatro por ciento de la población femenina total.

Algunos familiares de las víctimas tienen muchas preguntas por hacer a las autoridades acerca de las circunstancias en que ocurrieron estos decesos y la forma en que continuará la investigación en los próximos meses.

Una de las principales demandas de los grupos que cabildearon a favor de una indagación a fondo del asunto, es la necesidad de elaborar una base de datos a nivel nacional sobre las víctimas de los asesinatos, pero hasta la fecha el proyecto está en fase preparatoria.

Dawn Lavell-Harvard, presidenta de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, informó que no existen estadísticas serias sobre el número de muertes, aunque algunas fuentes indican que fueron alrededor de cuatro mil.

Carolyn Bennet, Ministra de Asuntos Indígenas y de Territorios Norteños, calificó de histórico el anuncio de la investigación, pero algunos líderes aborígenes expresaron su preocupación sobre su alcance limitado y las pocas posibilidades de que llegue a conclusiones tangibles.

A pesar de las reiteradas solicitudes de muchos familiares, las indagaciones no estarán enfocadas hacia la reapertura de casos individuales, sino al análisis de la situación general que provocó esta tragedia.

Un informe provisional debe terminarse en noviembre de este año y el reporte final sobre el tema estaría listo en diciembre de 2018, de acuerdo con los organizadores de la pesquisa, quienes aseguran que son una entidad independiente del Gobierno federal.

UN PROBLEMA DE LARGA DATA

La investigación sobre la desaparición y asesinato de niñas y mujeres también sacó nuevamente a la luz las denuncias sobre la muerte de más de seis mil alumnos indígenas canadienses en escuelas residenciales del país, cerradas en 1996, un misterio que las autoridades de ese país intentan aclarar.

La Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación (CVRC) publicó un informe en 2015, en el que recoge testimonios de seis mil 750 sobrevivientes y exempleados de esos centros educacionales y esboza cerca de un centenar de propuestas para los diferentes niveles del Gobierno.

Algunos alumnos que estuvieron allí en las décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo fueron objeto de experimentos científicos patrocinados por las autoridades federales canadienses y el Gobierno estadounidense, en los que eran privados de nutrientes esenciales y cuidados odontológicos.

El reporte de la CVRC señala que 'el Gobierno canadiense llevó a cabo esta política de genocidio cultural porque quería desligarse de sus obligaciones legales y financieras con la población aborigen, tomar control de las tierras, los recursos y arrebatarles los derechos a estas personas'.

Este panel fue conformado en 2009 con el mandato de explorar la historia y el legado de las escuelas internas, pero según el diario The Globe and Mail el proceso atravesó por múltiples dificultades, en particular enfrentamientos con el gobierno federal para la obtención de los documentos, así como el reemplazo de miembros de la Comisión.

El juez Murray Sinclair, quien fue el primer juez indígena de la provincia de Manitoba y encabezó ese grupo de trabajo, asegura que la cifra de los infantes muertos es apenas un estimado y es probable que haya muchas más víctimas en estos centros, establecidos en el siglo XIX.

Según este magistrado, alrededor del 42 por ciento de los aborígenes que asistían a esos centros internos murieron allí o poco después de que se graduaron o abandonaron los estudios.

Cálculos anteriores a este informe de la CRVC estimaban en cuatro mil el número de niños aborígenes que murieron en esas instituciones, pero algunos integrantes del panel alertaron que aún está bajo pesquisa el destino final de otros 46 mil pequeños que permanecen en anonimato.

Las escuelas de este tipo funcionaron desde 1883, bajo la dirección del Gobierno y la Iglesia con el fin de 'educar' a los menores reclutados en los usos y costumbres de la sociedad occidental, y las últimas que cerraron en 1996 fueron Saint Michael's Indian Residential School y Gordon Indian Residential School, ambas en Saskatchewan.

Otros estudios paralelos señalan que al menos 150 mil infantes originarios permanecieron recluidos durante años en esos centros donde se les obligaba a trabajar entre 10 y 12 horas, pues el objetivo era 'civilizar' a estos niños, bajo el lema de 'matar al indio en el niño' mediante torturas, abusos psicológicos y físicos.

Según Beverly McLachlin, jueza principal de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2000 hasta la fecha, Canadá intentó cometer un genocidio cultural contra los pueblos nativos contra quienes desarrolló una política de exclusión y aniquilación cultural, lo cual se convirtió en la peor mancha en el expediente de derechos humanos de la nación.

Las leyes nacionales prohibieron las tradiciones religiosas y sociales del grupo y en las instituciones residenciales, en los que los niños fueron separados de sus padres, se les prohibió hablar su lengua materna, fueron obligados a prácticas religiosas cristianas y sometidos a abusos sexuales, denunció la magistrada.

El primer ministro liberal Paul Martin (2003-2006) calificó de genocidio los malos tratos en estos centros internos para niños nativos, cuando testificó ante la CVRC, creada por el gobierno conservador.

Algunos alumnos que estuvieron allí en las décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo fueron objeto de experimentos científicos patrocinados por las autoridades federales canadienses y el Gobierno de Estados Unidos, en los que eran privados de nutrientes esenciales y cuidados odontológicos.

Por otra parte, las denuncias sobre estos abusos constituyen una muestra adicional de la situación de este segmento de la sociedad canadiense, pues otros datos indican que los aborígenes integran cerca de cuatro por ciento de los habitantes de esa nación, sin embargo conforman casi 24 por ciento de la población penal.

Directivos de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios en Canadá coinciden en señalar que se ha hecho muy poco en los últimos años por llegar hacer justicia en este tema, a pesar de los esfuerzos de del primer ministro Justin Trudeau y los integrantes de su equipo de Gobierno.

rc/rgh

*Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina

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Presupuesto canadiense proyecta mayor respaldo a pueblos originarios
Por Prensa Latina / Cuba - Tuesday, Mar. 28, 2017 at 5:10 AM

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Ottawa, 23 mar (PL) El presupuesto federal canadiense de este año prevé mayores gastos en salud y educación para los pueblos indígenas, en un intento de atenuar críticas por el mal manejo de problemas que afectan a las comunidades originarias.

El documento presentado la víspera ante la Cámara de los Comunes por el ministro de Finanzas Bill Morneau agrega tres mil 400 millones de dólares a programas para residentes en reservas indígenas, sobre todo en infraestructura, salud y educación, los cuales se suman a los ocho mil 400 millones aprobados en 2016.

Para educación y la formación profesional se esperan gastar 219 millones de dólares en los próximos cinco años.

De ellos, 90 millones de dólares servirán para el programa de apoyo a estudiantes tras concluir la etapa secundaria.

El gobierno estima que con ello apoyará las necesidades financieras de más de cuatro mil 600 estudiantes de las denominadas Primeras Naciones e Inuit.

Durante la campaña electoral de 2015 el ahora gobernante Partido Liberal prometió agregar 50 millones de dólares anuales a dicho programa los cuales, sin embargo, fueron omitidos durante el primer presupuesto gubernamental expuesto hace un año.

Ello desató críticas contra la administración del primer ministro Justin Trudeau, pues varios informes refieren que unos 10 mil estudiantes originarios aguardan por los beneficios financieros, a fin de recibir capacitación y avanzar en su educación.

Según datos oficiales, la población indígena de Canadá está creciendo rápidamente y se ha duplicado en los últimos 25 años.

Además, el presupuesto proporcionará 25 millones de dólares durante cinco años a Indspire, una organización benéfica que ayuda a los estudiantes indígenas a ir a instituciones postsecundarias y encontrar trabajo.

Otros 104 millones de dólares se enfocarán en desarrollo y capacitación, educación de adultos y reducción de barreras laborales para los jóvenes que viven en las zonas de reservas.

El presupuesto también destinará mil 100 millones para mejorar las comunidades indígenas, donde hay acumuladas enormes necesidades en cuanto a viviendas adecuadas, mejores instalaciones de salud, nuevas escuelas y agua potable, refiere la televisora CBC News.

Aunque el nuevo presupuesto asegura que 'promoverá su relación con los pueblos indígenas', esta vez no hubo añadidos a los casi 635 millones de dólares comprometidos en 2016 para el programa de servicios para niños y familias de las Primeras Naciones.

El año pasado, un Tribunal Canadiense de Derechos Humanos dictaminó que el país norteño discriminaba a los infantes de las Primeras Naciones, en comparación con otros menores que también se benefician con programas sociales.

Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, aseguró que el presupuesto hace 'inversiones importantes y positivas' para ayudar a cerrar la brecha socioeconómica de los pueblos originarios, pero instó al gobierno a avanzar más rápido con el objetivo de asegurar resultados reales.

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