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El cambio le llegó a los dinosaurios
Por Carina Toso - enREDando.org.ar - Thursday, May. 04, 2017 at 12:35 PM

4 de mayo de 2017 | Una vez conocido el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilito el 2×1 a delitos de Lesa Humanidad, el repudio se hizo escuchar. Con voces llenas de bronca, con palabras cubiertas de dolor, con lágrimas de impotencia, con las manos cansadas por el trabajo hecho durante décadas. Cuatro décadas de lucha, de búsqueda, de exigir justicia. “Aquí no hay olvido posible”, dijeron las Madres de Plaza 25 de Mayo, “2×1=impunidad” gritaron desde H.I.J.O.S Rosario. Las Abuelas, el CELS, la APDH y otros organismos nacionales de derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron: “Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas”.

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Aquellas frases lanzadas como amenaza de muchos represores en las salas de audiencias de los tribunales del país empezaron a materializarse: “Ya se va a dar vuelta todo”, “Cuídense ustedes porque las cosas están cambiando”. Y están cambiando. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, por mayoría, aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires. La decisión tuvo los votos a favor de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La Corte declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ). En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

El fallo fue dictado en el marco de la causa “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón. En este caso el beneficio fue para el represor Luis Muiña condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser “coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff”.

Entre los argumentos de Rosatti, dice: “que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez”, mientras que en el voto conjunto de Highton y Rosenkrantz afirmaron que es la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña”.

En la disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. “Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”.

El repudio al 2×1 y la organización de la resistencia

“Asistimos a una nueva y feroz ofensiva que, desde el Gobierno Nacional y desde distintos poderes, pretende arrasar con nuestra lucha sostenida y colectiva de más de 40 años. Dijimos que aquí no hay olvido posible, que no perdonamos ni creemos en una posibilidad cierta de futuro sin el juzgamiento y condena de a los genocidas y sus cómplices civiles”, expresaron las Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario que convocaron para este jueves a las 17 a una concentración en la plaza del mismo nombre, donde realizan cada semana sus rondas por Memoria, Verdad y Justicia. Agregaron que rechazan la idea de reconciliación con “los asesinos” que pretende impulsar la Conferencia Episcopal Argentina. “Repudiamos con todas nuestras fuerzas el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pretende consagrar la impunidad de quienes fueron juzgados y condenados por crímenes imprescriptibles, otorgando el beneficio de la derogada ley del 2×1”, concluyeron.

Para H.I.J.O.S Rosario “2×1 = Impunidad”, quienes también emitieron su postura: “De un plumazo pretende barrer 40 años de lucha del pueblo argentino para que los genocidas de la dictadura sean juzgados y condenados”. Calificaron de “escandalosa” la resolución de la Corte y afirmaron: “Sienta además un gravísimo antecedente al cual van a recurrir los 750 torturadores, ladrones de bebé, asesinos, desaparecedores y vendepatria que se encuentran condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El mamarracho judicial de los cortesanos se refuta en palabras de sus propios pares que votaron en disidencia, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad”. Por último desde la organización lanzaron un llamado a las organizaciones sociales, gremiales, políticas y a todo pueblo argentino “a resistir a este nuevo ataque a la memoria de los 30 mil desaparecidos y a sus sueños de una patria para todos, que no es más que otra de las caras del “cambio” que se está promoviendo en toda la región latinoamericana, y que tiene al presidente Mauricio Macri como su más claro ejemplo”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, junto con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras organizaciones, emitieron un comunicado en conjunto en el que expresaron: “Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena”.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia d Santa Fe también expresó su disconformidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “en cuanto implica desconocer la correcta aplicación e interpretación de normas internas vigentes en sintonía con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en instrumentos internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional, como así también con estándares de interpretación señalados en forma clara por distintos tribunales internacionales. Por todo esto, se ratifica una vez más el compromiso inclaudicable de la Provincia de Santa Fe en la búsqueda de verdad y justicia, respetando los valores de la democracia y los principios constitucionales y convencionales vigentes que resguardan el Estado de Derecho”.

Un proyecto a la legislatura provincial

El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, adelantó que presentará un proyecto en repudio a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aplicar el concepto del 2×1 a condenados por crímenes de lesa humanidad: “La resolución intenta, no solamente la libertad de los genocidas, sino desmantelar el trabajoso andamiaje de memoria, verdad y justicia”, afirmó.

“En la sesión de hoy, presentaremos un proyecto de declaración sobre tablas, en la Legislatura de Santa Fe, para repudiar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aplicar el concepto del dos por uno a los condenados por crímenes de lesa humanidad en una resolución que expresa la necesidad del poder económico que impulsó el terrorismo de estado y que hoy se encuentra representado por el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, de premiar a los desaparecedores de jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias para concentrar y extranjerizar riquezas. Por memoria, verdad y justicia, una vez más, no solamente por lo sucedido sino por lo que está pasando”, explicó el diputado.

El proyecto plantea que “la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declare su más enérgico repudio ante la resolución de la Corte Suprema dando por tierra todos los avances que se habían logrado en la materia luego del terrorismo de Estado. La decisión tendrá una inmediata repercusión en todas las provincias donde se siguen los juicios no solamente contra los integrantes de las fuerzas armadas y seguridad, sino también con los cómplices civiles que van desde sacerdotes a profesionales, desde médicos a dueños de grandes empresas, fábricas y bancos”, manifestó del Frade.

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