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El "proyectista" del 2x1 es defensor de la reapertura de causas juzgadas
Por Franco Mizrahi, Tiempo Argentino - Sunday, May. 14, 2017 at 2:16 PM

Domingo 14 de Mayo de 2017 | Se trata de Federico Morgenstern, asesor de Rosenkrantz, el juez en cuyo despacho se acumulaban todos los planteos para aplicar el 2x1 a represores.

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Foto: Diego Martínez

Según se desprende del seguimiento interno de los expedientes en el Poder Judicial, el 28 de septiembre pasado el ministro cortesano Carlos Rosenkrantz designó como “proyectista” en el “caso Muiña” a su asesor Federico Morgenstern.

¿Quién es Morgenstern?

Es el autor del libro “La Cosa Juzgada Fraudulenta”, prologado por el mentado Rosenkrantz y Alejandro Carrió, abogado de Marcela y Felipe Herrera de Noble, los hijos adoptivos de Ernestina. Carrió –hijo de Genaro, primer presidente de la Corte alfonsinista- fue uno de los primeros en salir a respaldar el fallo del 2x1 desde el diario La Nación, matutino que promueve la libertad de los genocidas.

¿Qué postula “La Cosa Juzgada”? Allí, Morgenstern propone analizar la reapertura de aquellas causas cerradas, consideradas “cosa juzgada”, si es que durante el proceso hubo algún “fraude”. En palabras del autor, la cosa juzgada fraudulenta o írrita “permite la revisión y reapertura de procesos penales donde se dictaron absoluciones ‘contaminadas’”.

Con esta línea, Morgenstern –con vínculos con el camarista federal Martín Irurzun- apunta a las causas de corrupción que se iniciaron contra ex funcionarios kirchneristas que, dice, pudieron cerrarse de manera “irregular”. La postura es peligrosa porque para muchos especialistas la tesis bien podría habilitar la reapertura de un caso de lesa humanidad para rever la condena a un represor. O promover la apertura de causas que alimentan la Teoría de los Dos Demonios, que ya fueron cerradas.

“Tiene que ser algo muy pero muy grave para que se deba dar este supuesto. En un estado de Derecho hablar de la cosa juzgada fraudulenta salvo que se pruebe, por caso, que un juez cobró una coima, es peligroso. Entiendo que detrás de esta postura se fuerzan conceptos con miras a reabrir algunos casos ‘económicos’ y otros de DD.HH”, explica un abogado que sigue de cerca las causas de lesa humanidad.

La preocupación de Rosenkrantz –y sus asesores- por el devenir de las causas de lesa humanidad quedó en evidencia cuando trascendió que los planteos para aplicar el beneficio del 2x1 a represores que estaban bajo la órbita de la Corte no se encontraban en la secretaría penal del Tribunal sino que estaban todos en el despacho del mentado supremo.

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La Corte prepara un fallo para corregir el 2x1 en un escenario de renuncias
Por Néstor Espósito, Tiempo Argentino - Sunday, May. 14, 2017 at 2:18 PM

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Sábado 13 de mayo de 2017 | El máximo tribunal se fijó un plazo de diez días para revertir la sentencia con mayor rechazo popular de los últimos años. Highton de Nolasco analiza renunciar en diciembre, al cumplir los 75 años, mientras Rosenkrantz sigue sumido en un cerrado silencio.

Pese a los amagues e insinuaciones de rápido cambio de postura sobre la aplicación del “2 x 1” a represores de la última dictadura, la Corte Suprema reafirmó el fallo que abrió las puertas de la cárcel a cientos de condenados por delitos de lesa humanidad. Ni siquiera fue necesario que intervinieran los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los firmantes de aquella cuestionadísima decisión. El máximo tribunal rechazó, con la sola intervención de un funcionario de rango jerárquico muy inferior al de juez, un pedido para revisar su propia decisión.

Poco después del “Fallo Muiña”, el abogado Daniel Igolnikov –habitual fatigador de denuncias sobre casos de corrupción en los tribunales- presentó ante la Corte un recurso “de reposición in extremis, contra el auto que dispuso la aplicación del 2x1 en los casos de Lesa Humanidad”, mediante el cual pidió una autocorrección “por contrario imperio, atento las consecuencias que ya se empiezan a notar y especialmente por el efecto en los delitos que implicaron violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Ese mismo día, sin necesidad de asomarse a los despachos de los jueces, la directora general de Mesa de Entradas de la Corte, María Eugenia Slaibe, rechazó el pedido y le advirtió a Igolnikov que “deberá abstenerse de insistir con presentaciones similares, debiendo peticionar conforme la ley procesal vigente”.

“Se le hace saber que no se encuentra legitimado para recurrir en dicha causa en razón de no ser parte. (…) No habilita la jurisdicción del Tribunal presentaciones aisladas que no constituyan caso o controversia en los términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional”. Es cierto: Igolnikov no era “parte” del expediente que otorgó los beneficios de la “ley más benigna” al condenado Luis Muiña. El medio millón de personas que tapizó la Plaza de Mayo repudiando el fallo, tampoco.

A pesar del rechazo, el argumento de Igolnikov fue tácitamente recogido por la Corte para preparar el sinuoso camino de regreso sobre sus pasos. El máximo tribunal emitió un comunicado en el que anunció que “en los casos que aún se encuentran en trámite” (lo que excluye a Muiña) instruyó al secretario penal Esteban Canevari para que “reúna los expedientes” para que “como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362”, la del 2 x 1.

A nadie escapa que las víctimas que sí son “parte” de los expedientes se pronunciarán abrumadoramente en contra de las libertades de los represores. Ya lo hizo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Y “el pueblo” (según la Constitución se expresa a través de sus representantes, los diputados y los senadores) sancionó rápidamente la ley que omite el beneficio del cómputo de las penas en casos de violaciones a los derechos humanos. La sumatoria de factores arrojará, de cara a futuras decisiones de la Corte, que el escenario cambió. Entonces estará en condiciones de volver a cambiar.

¿Cómo lo hará? En el cuarto piso del Palacio de Tribunales recuperó fuerzas el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Fue él quien les advirtió a sus colegas que el fallo Muiña iba a generar un terremoto, pero cuando comprendió que el principal impulsor de la decisión, Rosenkrantz, estaba resuelto a seguir adelante, los dejó hacer. Para el “afuera”, Lorenzetti quedó a salvo del oprobio; en la interna de la Corte, los porotos se cuentan de manera diferente. Bastará con que uno de los tres que firmó aquel fallo escriba que a partir de la nueva ley ya no se puede aplicar el mismo criterio que en Muiña para que todo vuelva para atrás. Esa es la discusión que ya se instaló en el tribunal.

Es complejo, porque lo que ya dijeron los integrantes de la mayoría es que la ley “más benigna” se aplica siempre. Y la nueva ley es, para los reos, “menos benigna”. Desdecirse de lo que ya sostuvieron amenaza con generar en el mundo jurídico un descrédito de microclima superior incluso al descrédito popular. Esa situación no se salda sin renuncias.

Tres veces durante la semana que pasó colaboradores de Rosatti desmintieron su dimisión. En las cercanías de Highton de Nolasco deslizan que, pese a tener el aval judicial para continuar después de cumplir 75 años de edad, la jueza evalúa presentar su renuncia en diciembre próximo. En tanto Rosenkrantz, autor ideológico del fallo, optó por el más cerrado de los silencios.

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Los cruzados de Rosenkrantz
Por Martín Granovsky, Página/12 - Sunday, May. 14, 2017 at 2:20 PM

Los cruzados de Rose...
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Imagen: Leandro Teysseire

La historia secreta del equipo y los aliados del juez que promovió el dos por uno

14 de mayo de 2017 | El torturador beneficiado con el 2x1 por la Corte participó en uno de los casos más espantosos de antisemitismo y tortura con empalamiento. Pese a los hechos probados, el abogado del establishment Rosenkrantz buscó alterar la jurisprudencia sobre derechos humanos no bien asumió.

Jamás un fallo de la Corte Suprema despertó la protesta de cientos de miles de personas en Plaza de Mayo. Y otros cientos de miles se manifestaron en todas las plazas del país. El Presidente, miembro cabal de una elite que ni se anima a pronunciar las palabras “terrorismo de Estado”, fue el que garantizó las históricas marchas del miércoles 10. Lo hizo cuando consiguió que el abogado corporativo Carlos Rosenkrantz fuera ministro de la Corte. Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016. Este diario puede probar que el 28 de septiembre ya estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos. 

El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo por Rosenkrantz y el otro cortesano propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. 

Rosenkrantz parece entusiasmado con su papel revisionista en materia de derechos humanos. Hasta dejó estampada su huella en el trámite interno de la Corte antes del fallo que confirmó la reducción de condena para Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976. 

La huella de Rosenkrantz se llama Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados. Los letrados se encargan de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores del voto que luego corrige y firma el ministro. 

Morgenstern es un abogado que trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es uno de sus prosecretarios letrados. 

Proyectista

Desde 2011 en la Corte Suprema los expedientes internos previos a un fallo recorren un circuito que va quedando registrado en el sistema informático.  

El sistema tiene una cara accesible al público y otra restringida. PáginaI12 tuvo acceso a la parte restringida. El 28 de septiembre de 2016 se produjo una novedad que aparece registrada con la palabra “información”. Y al lado puede leerse: “Asignar proyectista: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vocalía número 4: 20288020648. Morgenstern Federico”. 

El proyectista es el secretario o prosecretario letrado que se encarga de darle forma al voto.

Funcionarios del Poder Judicial que pidieron reserva de su nombre explicaron a PáginaI12 que habitualmente la identidad del proyectista es conocida en la Corte pero no queda inscripta. Dijeron estar muy asombrados por el caso de Morgenstern, que además aparece con su número de CUIL completo.

“O alguien que no simpatiza con Rosenkrantz ni con Morgenstern lo quiso dejar estampado para embromarlo, o alguien que sí los quiere lo dejó asentado para que el prosecretario se gane el bronce”, fue la especulación de uno de esos funcionarios. Una tercera chance es que el propio Morgenstern haya querido pasar a la historia.

El nombre completo de la causa Muiña es “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”. Bignone ocupó todos los peldaños de la estructura militar y llegó a la Presidencia después de la derrota de Malvinas, en 1982. El “otro” es el torturador Muiña. 

Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía hasta el 29 de diciembre. Ese día, antes de la feria judicial de verano, lo pasó a la secretaría tercera de la Corte. El 16 de enero lo recibió otra vez. Volvió a empollarlo otros tres meses, hasta el 17 de abril.

Montevideo

Morgenstern se hizo famoso entre los abogados cuando publicó en 2014 su libro “Cosa juzgada fraudulenta”, una teoría útil para reabrir causas sobre presuntos actos de corrupción que hubieran sido cerradas por la Justicia.

El prólogo es de Rosenkrantz. Escribió que para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita, como se llama en la jerga, debería ser usada cuando la investigación judicial no hubiese buscado la verdad sino directamente el sobreseimiento del procesado. Otra condición sería la inexistencia de riesgo de condena.

Un párrafo que Rosenkrantz rescata es el que sostiene que “en las últimas décadas” el verdadero peligro no es el Estado. “Es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal”, dice el actual proyectista del fallo sobre el dos por uno a un torturador. Lo más parecido en la historia argentina a una “tiranía estatal” fue la dictadura que gobernó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Con el dos por uno dejarían de cumplir su condena original autores de crímenes de lesa humanidad. La situación se parece mucho a la noción sobre “el peligro de impunidad”.

Recibido como una herramienta de combate por el antikirchnerismo duro, el libro fue promovido por los defensores del establishment económico y político nucleados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo una de las presentaciones. No se trata del Colegio Público de Abogados sino de la organización que apoyó con entusiasmo la dictadura, cuestionó los juicios por delitos de lesa humanidad y representa a los abogados de los grandes estudios. La revista de la entidad está dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz hijo. En vida su padre fue directivo del CACBA. También fue presidente del “colegito de la calle Montevideo”, como es conocido entre los abogados, Roberto Durrieu, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps era jefe de Policía y subsecretario de Justicia a nivel nacional con Jorge Rafael Videla de presidente de facto.

El colegito fue uno de los 2629 avalistas de Rosenkrantz, hasta ese momento miembro de un estudio que representaba, entre otras empresas y entidades, al Grupo Clarín en juicios contra el Estado, y a YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE.

Entre los 1428 críticos de la postulación de Rosenkrantz figuraron los organismos de derechos humanos. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabeza Lita Boitano, dijo que Rosenkrantz había cuestionado los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron el  juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

En febrero último la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En cuanto a los fallos “Simón” y “Mazzeo”, la web Crimen y razón, que dirige Rafael Saralegui, recuerda que en 2007 Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías polemizaron con el actual fiscal Leonardo Filippini. Para ellos hay que tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en delitos de lesa humanidad. Incluso hay que cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, escribió el actual ministro de la Corte. “Los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’”, algo que no requiere necesariamente de penas. 

Como académico Rosenkrantz sostenía que derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento ni están preparados para decidir este tipo de casos. 

Rosatti, ex intendente de Santa Fe, tuvo entre otros avalistas al arzobispado de su ciudad. El arzobispo Antonio Arancedo es el mismo que llamó a la “reconciliación de los argentinos” justo días antes del fallo en favor del dos por uno. 

Cifras    

Los argentinos dieron su opinión sobre el fallo de la Corte en favor de los represores con sus pies, marchando, y con sus manos al enarbolar miles de pañuelos blancos. Una encuesta del consultor Sergio Berenzstein reveló que el 85 por ciento de los consultados está en contra del dos por uno para asesinos, torturadores y ladrones de bebés. Entre quienes votaron a Daniel Scioli el porcentaje trepa al 98 por ciento. Entre los votantes de Mauricio Macri baja a 75 por ciento. El 18 por ciento de los que votó a Macri está de acuerdo con el fallo. Primera conclusión: el núcleo duro del macrismo está a contramano de la mayoría. Segunda conclusión: el núcleo duro no alcanza para ganar un ballottage, obviamente, pero tampoco para sustentar políticas que ataquen valores democráticos tan arraigados en la población. El rechazo a la impunidad de los terroristas de Estado es uno de esos valores.

O por convicción o por necesidad, según los casos, una buena parte del oficialismo terminó formando parte de los 211 diputados y los 57 senadores que el miércoles 10 sancionaron la ley contra el dos por uno a los represores.

Rosenkrantz y Morgenstern serían el núcleo duro del núcleo duro. Nada menos que su representación en la Corte Suprema. 

Uno de sus promotores de siempre es el abogado Alejandro Carrió, socio número 5725 del colegito. Carrió compartió clientes con Rosenkrantz, entre ellos el Grupo Clarín. Hace dos años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “enfrentamos una situación límite en la lucha por el Estado de Derecho”. Para Carrió “existe una porción de la sociedad, quizás no mayoritaria, desanimada y a la espera de líderes capaces de encabezar movimientos de resistencia civil que, hay que admitirlo, podrán derivar en sanciones inmediatas, pues el Gobierno ha dado muestras de que no le tiembla la mano para ejercer el poder”. 

Nada de eso ocurrió. Ni la resistencia civil ni las sanciones. En cambio sí es un hecho que Carrió, primo de la diputada, quedó convertido en el primer defensor público del fallo del dos por uno. “Una sentencia que reafirma la vigencia del Estado de Derecho”, fue el título de su columna en La Nación el 4 de mayo, al día siguiente del fallo. “Lo resuelto adquiere mayor trascendencia si se repara en que estaban de por medio derechos de personas condenadas por delitos llamados de lesa humanidad, lo que motivó que en el pasado se flexibilizaran peligrosamente principios como el de legalidad e inmutabilidad de la cosa juzgada”, escribió el simpatizante de Morgenstern y su idea de la cosa juzgada pero no tanto. 

Tormentos

Luis Muiña cometió delitos “llamados de lesa humanidad”, como diría Alejandro Carrió, como parte del autodenominado grupo paramilitar Swat que actuó a comienzos del golpe en el Hospital Posadas, ubicado en la calle Martínez de Hoz. Fue encontrado culpable de haber intervenido en la privación ilegal de la libertad y en los tormentos aplicados contra la enfermera Gladys Cuervo, Jorge Roitman, Jacqueline Romano, Jacobo Chester y Marta Graiff.

“¿Por qué tenés vos esto, sos judía?”, le gritaron los torturadores a Cuervo mientras le arrancaban una cadenita de oro y la encadenaban a una superficie metálica para aplicarle picana eléctrica. Le rompieron varias costillas y el esternón. 

Le preguntaron si sabía que Jacobo Chester “era judío y flojito”, porque no había aguantado la tortura.

Chester era auxiliar de farmacia del Posadas. La Justicia dio por probado que el cuerpo “presentaba politraumatismos con fractura de vértebras dorsales, rotura de la médula, fracturas de todas las costillas de ambos lados y del esternón, lo que ocasionó su muerte por asfixia por sumersión”. El cadáver “presentaba los pies atados con una tira de tela y otra arrollada alrededor del cuello”.

La hija de Chester, Zulema, contó que cuando la patota cayó en su casa, después de encontrar libros escritos en hebreo “hubo un giro total en cuanto a la violencia con la que se manejaban; rompieron una percha y con un pedazo de madera que tenía un clavo la golpearon y le preguntaban por las amistades de su padre”.

Dice el expediente judicial en otra parte del testimonio brindado por la enfermera Cuervo: “Relató que un día pidió a uno de los captores, Oscar Tévez, que la deje ver a Roitman, a quien escuchaba quejarse continuamente. Que aquél accedió y ella vio que Roitman estaba desvariando en un charco de sangre y orina, y Tevez le dijo que le habían metido un palo en el culo. Que en determinado momento no lo escuchó más quejarse a Roitman, sintió que hubo corridas por las escaleras, subían y bajaban, frenadas bruscas de autos”. Tévez le dijo a Cuervo: “Murió Roitman, vinieron los milicos a llevárselo”.   

martin.granovsky@gmail.com

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El Tsunami
Por Horacio Verbitsky - Sunday, May. 14, 2017 at 2:25 PM

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Imagen: Bernardino Avila

Todos es mucho más que 3x2x1

14 de mayo de 2017 | “Gracias Rosenkrantz, Highton y Rosatti por esta hermosa fiesta”, reza una consigna que se difundió junto con las imágenes de la enorme concentración del miércoles. El repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que pretendió aplicar el doble cómputo de la detención cumplida al represor Luis Muiña, fue instantáneo y masivo, pero el agradecimiento debe extenderse al gobierno nacional y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, gestores de la decisión.

Los ostensibles gestores del fallo de la Corte, en el gobierno y en la Iglesia Católica Apostólica Romana, llevan diez días tratando de desasociarse de sus resultados, desde que percibieron lo extenso e intenso del malestar social. Esta nueva tentativa de impunidad es la última de una larga serie, que comenzó con los hechos mismos, cuando la primera Junta Militar decidió que la herramienta escogida de sus operaciones clandestinas sería la desaparición forzada. Continuó con el “servicio de reconciliación” de 1982, el documento final y la autoamnistía de 1983 y, ya en democracia, con los alzamientos castrenses, las leyes y decretos de impunidad, las mesas de diálogo y reconciliación impulsadas por militares, políticos y eclesiásticos y los pedidos de amnistía. Que gobierno y obispos no hayan podido imaginar antes las consecuencias de semejante fallo, se debe al aislamiento de la realidad en que viven y nada es más sorprendente que la sorpresa que los sorprendió ante la sorpresiva decisión del tribunal. 

23 horas, 44 minutos

La ley que concretó la respuesta de los órganos de la soberanía popular frente al desatino de un poder nunca tan contramayoritario es de las más rápidas que se recuerden. Desde que comenzó a sesionar la Cámara de Diputados, el martes a las 15.18, hasta que se levantó la sesión del Senado, el miércoles a las 15.02 sólo transcurrieron 23 horas y 44 minutos. Apenas en situaciones excepcionales de cambio de régimen, como la amnistía de 1973, puede encontrarse parangón. La única excepción en las dos cámaras fue la solitaria campera amarilla del diputado sojero en tierras fiscales Alfredo Olmedo, denunciado por explotar trabajo esclavo, partidario del regreso del Servicio Militar Obligatorio y la pena de muerte. Ningún otro diputado ni senador se opusieron a la ley reparatoria. Tanto políticos de la Alianza Cambiemos como prelados de la entidad confesional pretenden que se trató de una decisión pura y exclusiva de los tres jueces que deben su asiento en la Corte al presidente Maurizio Macrì, dos por acción y una por omisión. No parecería que hayan obtenido mayor credibilidad.

En cuanto se conoció el fallo, se pronunció alborozado el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj. Luego del acto del miércoles 10 explicó que, cuando fue consultado por primera vez, no había leído el fallo, por lo cual no opinó sobre la cuestión de fondo sino sólo acerca de la división de poderes y el respeto al fallo. Eso sólo es cierto para su primera declaración, la mañana del miércoles 3, en la radio AM750: “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo de la justicia”. Pero por la noche, en el programa Terapia de Noticias, que emite la señal LN+, fue mucho más lejos. Dijo que defendía el fallo y encomió a Rosenkrantz y Rosatti. “Hay un espacio moral que hay que respetar, que es el cumplimiento de la ley y la ley no dice que el 2x1 no es aplicable para delitos de lesa humanidad. Por eso defiendo o respeto este fallo, porque es el principio de igualdad ante la ley y los que estamos en funciones de derechos humanos o Justicia tenemos que preservar ante todo punto de vista la igualdad ante la ley porque si no, si acomodás el discurso, te convertís exactamente en aquello que estás condenando”. Ese es claramente el mismo funcionario que la tarde del 20 de marzo, en la ciudad de Washington, en compañía de Siro de Martini, asesor del ministro de Justicia Germán Garavano, solicitó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Franciso Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, que durante la visita a la Argentina que realizarán la semana próxima reciban a las asociaciones de familiares y amigos de los represores presos por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio apostólico, quienes abogarían a favor de ellos. El fallo de la Corte satisfacía esa pretensión y Avruj lo celebraba, a diferencia de su colega bonaerense Santiago Cantón quien hizo público su desacuerdo con el fallo porque no respetaba las obligaciones del derecho internacional de los Derechos Humanos que obliga al Estado argentino a investigar y castigar en forma proporcional los más graves delitos contra el género humano. 

Sí, no y todo lo contrario

Pero a medida que pasaron las horas y fue indisimulable la reprobación general, Avruj comenzó el replanteo. Lo hizo mediante un comunicado oficial de la Secretaría, que “considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal Más Benigna (en este caso el 2x1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad. Atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2x1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”, es decir exactamente lo contrario de lo que sostuvo el día anterior. También hizo circular la oposición expresada por la Secretaría en un expediente de Tucumán a la excarcelación solicitada invocando el fallo de la Corte por el ex jefe de la llamada “Fuerza de Tarea Aconquija”, Carlos Eduardo Trucco. Llamado a explicar ese viraje, que nunca reconoció como tal, dijo que “a medida que fueron pasando las horas, y fuimos profundizando y hablando con el ministro (de Justicia, Germán Garavano) y el jefe de Gabinete (Marcos Peña Braun), entendimos que había que salir a criticar fuertemente y plantear la posición, oponiéndonos”. Trató de salvar su situación personal, comprometida desde que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron su renuncia y le dijo a la radio Con Vos: “Estoy comprometido con los derechos humanos. En ningún momento hice en mis palabras una defensa de cualquier atajo que se quiera utilizar para conmutar las penas de los represores. En todos los delitos, soy defensor de que las penas son para cumplirlas”. También pidió “retomar el diálogo serio y maduro con los organismos” y dijo que había intentado comunicarse con Estela de Carlotto. Por último fue al punto que más interesa al Poder Ejecutivo: “Es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”. Entre la primera y la última de estas poluciones se atropellaron para poner distancia con el amenazante tsunami de indignación que avanzaba la vicepresidente Gabriela Michetti, el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio, el Hada Buena bonaerense, el senador Federico Pinedo y una variopinta caterva de radicales, que van a los tropezones, trajinando su crisis de identidad y pérdida de sentido entre Alfonsín y Macrì, de ida y vuelta. 

Pocas Voces

El fallo fue impulsado por el gobierno pensando en el millón de votos de la denominada familia militar, pero la reacción furibunda de la sociedad le hizo pensar que aún cuando fidelizara esa clientela que en un 85 por ciento ya había optado por Macrì en la segunda vuelta de 2015, era más lo que tenía para perder. En su largo viaje a Dubai, China y Japón el presidente podrá conversar con el contador Gerardo Morales, quien hizo algo parecido: relevó al jefe y subjefe de su policía por la irrupción de dos patrulleros en el autonómico predio de la Universidad Nacional de Jujuy y ordenó la detención de los autores directos. Pero lo hizo después de tres días de respaldarlos y repetir la absurda versión de que actuaron contra ruidos molestos y excesivo consumo de alcohol. La consecuencia fue una rebelión policial, con marcha incluida frente a la casa de gobierno y un comunicado denunciando la traición del gobernador por cumplir sus directivas.

Por eso ante los proyectos que fueron presentando los distintos bloques de la oposición, el oficialismo decidió que no podía quedarse al margen. El ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra trabajó sobre un proyecto del fiscal Paul Parenti y produjo un texto presentable. En las reuniones de labor parlamentaria la oposición acordó el texto finalmente aprobado. La Alianza Cambiemos objetó el artículo 1º, aquel que dice que el 2x1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”. El resto de los bloques insistió. El negociador de PRO, Pablo Tonelli, pidió tiempo para una consulta y terminó por aceptar. De otro modo Cambiemos no hubiera votado en bloque y la fragilidad legislativa de PRO hubiera quedado a la vista, junto con su reticencia hacia el derecho internacional de los Derechos Humanos. No podían permitírselo y terminaron aceptando el texto tal como lo recibieron. Tonelli resume en sí mismo la metamorfosis del radicalismo. Como secretario de Justicia de Raúl Alfonsín, su padre, Ideler Tonelli, fue el inspirador de tres intentos fallidos por detener los juicios en la década de 1980: las instrucciones a los fiscales (que provocaron la renuncia del camarista Jorge Torlasco, uno de los que habían condenado a Videla, Massera & Cia), el punto final, que terminó con más procesados de los que el gobierno nunca había temido, y la obediencia debida, que marcó la bancarrota del primer gobierno de la democracia posdictatorial. El estudio familiar tiene entre sus clientes a empresas del Grupo Macrì y Pablo es diputado por el PRO. 

En la Cámara de Diputados sólo Anabella Ruth Hers Cabral cuestionó desde el PRO el contenido del fallo de la Corte Suprema. Dijo que había pedido una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar el 2 x 1 en crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados o sus penas conmutadas. En cambio, Tonelli defendió el fallo y dijo que el problema estaba en la ley 24.390 y su aplicación una vez derogada (ultraactividad), por lo cual se requería una norma “que constituya una interpretación auténtica”, de modo que sólo pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva en el lapso de vigencia, de 1994 a 2001. Para el radical Ricardo Alfonsín, quien encomió el juicio a las juntas impulsado por su padre, la Corte Suprema ignoró la doctrina y la jurisprudencia internacional. No se privó de cuestionar las tentativas de Macrì por relativizar el número de detenidos y el feriado del 24 de marzo. Su correligionario Horacio Goicoechea dijo que había que predicar la reconciliación, el perdón y la misericordia, con cita incluida del papa Francisco que no venía a cuento. Para el presidente del interbloque, el radical cordobés Mario Negri, el consenso edificado a partir de 1983 en torno de los derechos humanos, y las obligaciones internacionales del Estado hacen que ninguna norma permita amnistiar, indultar, aplicar cosa juzgada, penas irrisorias o hacer reducciones, en caso de crímenes de lesa humanidad. La heroína radical Elisa Carrió, que ahora corre con la casaca de la Coalición Cívica, coincidió con Rosatti en que el problema no es la Corte sino el Congreso, que no legisló para llenar ese vacío. Eso no es cierto: la ley 27156 de 2015, presentada por el ex diputado Horacio Pietragalla y citada en el artículo 1º de la nueva norma, sí lo hizo. Carrió se autoelogió a sí misma por todo lo que actuó en la materia, cuestionó ritualmente a Zaffaroni, proclamó enfática que la justicia no es venganza y pronunció una frase enigmática sobre “los soldados de Formosa”. En el senado el radical Oscar Castillo celebró la división de poderes, “aunque parezca irónico”, lo cual suena a confesión. Parece irónico. Consideró que los jueces Rosatti y Rosenkrantz son jóvenes honestos que por ir demasiado rápido “para cerrar una brecha difícil se han convertido en esa patrulla extraviada” e hizo crípticas referencias a Ezeiza y a los asesinatos de Rucci y Mor Roig. El ex vicepresidente Julio Cleto Cobos desdeñó el fallo que “va a contramano de lo que venimos haciendo en materia de Derechos Humanos” y celebró el trabajo conjunto de las dos cámaras “para recuperar el contrato social que debe regir” al respecto. La radical tucumana Silvia Pérez afirmó que no imaginaba a Macrì designando a Milani, consideró un invento que la Corte se hubiera alineado con el Poder Ejecutivo, descargó toda la responsabilidad en los jueces, recordó que Rosatti fue ministro de Justicia de Kirchner y volvió a hablar del curro de los Derechos Humanos. El cordobés de PRO Ernesto Martínez dijo que los firmantes del fallo “no han comprendido nada de lo que fue la historia argentina” y que hay que pensar en la pobreza, la indigencia, la creación de trabajo, las nuevas oportunidades, la educación para todos, la igualdad. Para el radical de Santa Cruz Alfredo Martínez “lo saludable de este horrible fallo es que funcionó como una vacuna” y rescató la disidencia de Maqueda y Lorenzetti. Pinedo agregó que los representantes del pueblo y de las provincias argentinas dejaban en claro el pensamiento de la sociedad en esta materia. La cordobesa presidente del bloque de PRO, Elena Rodríguez Machado, y el radical Angel Rozas dijeron que en 2013 hubo un fallo similar que benefició con el 2x1 al coronel Antonio Herminio Simón. Pasaron por alto que el silencio de un 280, el artículo que permite a la Corte no pronunciarse sobre un fallo de Cámara sin fundamentarlo, no genera precedente jurisprudencial. Por último la contadora radical mendocina Pamela Verasay dijo que era hora de mirar hacia adelante. Quedó claro que para el macrismo había más premura por eludir el tsunami que convicciones al respecto, salvo Hers Cabral y Daniel Lipovetzky que no habló pero presentó un estimable proyecto. Para el oficialismo de la Corte la ley fue una soga arrojada al náufrago. Su sanción e inmediata promulgación por parte de Macrì, que hasta pronunció las palabras crímenes de lesa humanidad, refuerza la ficción enunciada por Rosatti y Carrió: no podían haber hecho otra cosa. Si así fuera, reiterarían la peregrina teoría sobre la ley penal más benigna en estos casos y declararían inconstitucional la interpretación auténtica de la flamante ley 27.362. No lo harán. Por el contrario, han pedido todos los expedientes en los que se haya solicitado la aplicación del 2x1 para sacarse la pesadilla de encima lo antes posible, para que la esposa de un juez deje de llorar y los hijos de otro de maldecirlo.

Nubes de incienso

Ni el bellísimo botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela relleno de carbón e incienso bastaría para lanzar el humo que disimule el compromiso de la Iglesia Católica Apostólica Romana con el fallo repudiado. Y no por falta de voluntad de esconder la mano que lanzó la piedra. Todos quieren salvarse y señalar en otra dirección. Los infaltables voceros oficiosos, políticos, eclesiásticos y periodísticos, pretenden que el Papa está enojado con los obispos y hasta se llega a sugerir que José María Arancedo y Mario Poli lo traicionaron, al impulsar el proceso de reconciliación invocando sus palabras e informando que le habían comunicado las actuaciones. Su colaborador personal Víctor Manuel Fernández, el obispo Tucho que conduce la PUCA, dijo en un reportaje que Bergoglio “siempre insiste en que en los delitos de lesa humanidad hay que aplicar la ley sin atenuantes”, que “la palabra reconciliación está muy cargada de preconceptos, e incluso de la idea de impunidad” y que en muchos casos no hay arrepentimiento ni reconocimiento de “la falta” cometida, expresión notablemente benévola. Lástima que no ofrezca alguna cita que demuestre esa presunta posición, como es habitual en los documentos eclesiásticos, o que el propio inquilino de Santa Marta no se pronuncie. Del otro lado, el actual presidente de la Iglesia argentina, José María Arancedo, hizo saber que no está dispuesto a cargar con el costo de la operación fallida, cuando en su realización estaba involucrado el representante de Bergoglio en la Argentina, el nuncio Emil Paul Tscherrig. Arancedo recibió en Santa Fe a familiares de detenidos desaparecidos para que se sepa que considera “desacertado” el fallo, con el que se declara en desacuerdo. “Es la Corte la que ha decidido. No tenemos nada que ver”. Les dijo que para la Iglesia Católica “la palabra reconciliación no significa impunidad” sino justicia y que la reparación a las víctimas “es cumplir la condena”. Le echó la culpa a “un despliegue mediático”, mientras sus operadores de prensa explican que sólo repitieron lo que decían sus fuentes en el episcopado. ¿Pues entonces quien lo tiene? Para el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, el fallo de la Corte se ajustó a derecho y su aclaración legislativa “una reacción espasmódica e inválida”. El flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado por Bergoglio con acuerdo de Macrì, dijo que su institución reconoció “que actuó mal durante la dictadura”, en el jubileo del año 2000. Notable autoindulgencia. A participar en aquella teatralización celebrada en Córdoba, cuando Bergoglio ya era arzobispo de Buenos Aires y uno de los vicepresidentes de la Iglesia argentina, fue invitado el jefe del Ejército de entonces, Ricardo Brinzoni, pero ninguna víctima del terrorismo de Estado. Brinzoni había planteado interrumpir los juicios por la verdad y reemplazarlos por una mesa de la reconciliación para llegar a la Memoria Completa, un método y una expresión que le fueron sugeridos por Bergoglio, según le confesó el militar a nuestra compañera Nora Veiras. Igual que ahora, la operación fue acompañada por una decisión judicial: la Cámara de Casación Penal (Gustavo Hornos, Amelia Berraz, Ana María Capolupo) intentaron detener los juicios por la verdad, al prohibir que declararan como testigos miembros de las Fuerzas Armadas. La decisión, abundante en citas del Sistema Interamericano de Protecciòn de los Derechos Humanos, llevó letra del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. 

La “Confesión de los pecados contra los derechos humanos”,  que se leyó en la liturgia de la reconciliación en Córdoba puso en un mismo plano “la violencia guerrillera y la represión ilegítima” y sólo admitió que los obispos “hemos sido indulgentes con posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de la dignidad humana”, por lo cual suplicaron a Dios “que acepte nuestro arrepentimiento y sane las heridas de nuestro Pueblo”.  Los obispos pidieron perdón a Dios, no a las víctimas, por los actos de otros, no los propios (“por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos”…) en una variedad de hechos como el atropello a las libertades, la tortura, la delación, la persecución política y la intransigencia ideológica, “en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país”. El enviado papal Rosalío Castillo Lara, equiparó justicia con venganza, como se repite en el fallo del 2x1. 

En 2010, cuando Bergoglio ya había sido el cardenal más votado después de Joseph Ratzinger en el concilio que eligió al sucesor del papa Wojtyla, el episcopado que presidía tramitó ante el gobierno nacional una nueva amnistía para todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Por azar fui testigo del momento preciso en que ocurrió. Al concluir la misa del Bicentenario el entonces secretario de Culto, Guillermo Oliveri me invitó a acompañarlo a dependencias internas de la Basílica de Luján, para saludar al arzobispo Agustín Radrizzani, a quien conocí cuando era auxiliar del admirado obispo de Neuqúen Jaime de Nevares, uno de los más persistentes denunciantes del terrorismo de Estado. Todavía con la mitra en la cabeza, Agustín nos estrechó la mano y en mi presencia le entregó una carpeta a Oliveri. Contenía un fajo de cartas mimeografiadas, con decenas de firmas al pie cada una, cuyo texto se reproduce en esta página. En síntesis, afirman estar presos por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o de seguridad o haber ocupado funciones públicas durante “nuestra desgraciada guerra interior en los años 70” y piden una amnistía, que llaman “acto recíproco de olvido”. Entre las firmas se leen las de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, los generales Santiago Omar Riveros y Héctor Cabanillas, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, un ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, los procesados por la masacre de Margarita Belén y otro centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia. Junto con las cartas, Radrizzani también entregó a Oliveri la hoja manuscrita que puede leerse en esta página. Como no iban acompañadas por una nota formal, el gobierno decidió devolver la carpeta sin respuesta. Pero alcancé a sacar una copia de esos documentos históricos que no permiten que los obispos y su papa argentino finjan demencia sobre su rol en la enésima operación fallida en pro de la impunidad. 

Amén.


Videla pide un “acto recíproco de olvido” por nuestra “desgraciada guerra interior”.
El manuscrito del arzobispo Radrizzani que acompaña el reclamo de amnistía.

 

 

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