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Estado de situación en Ingeniero Juárez, desde la percepción de la sociedad civil
Por APDH Formosa - Monday, May. 29, 2017 at 11:06 PM
lunadeloscerros@yahoo.com

Breve descripción de los hechos

Según lo recabado por diversas fuentes periodísticas y el aporte de organizaciones de la sociedad civil: el lunes 11 de abril de 2017, alrededor de las 20 hs. un comerciante del barrio Villa Hermosa fue víctima de un robo por parte de jóvenes originarios que saquearon su comercio donde estaba con la familia sus hijos pequeños y luego destruyeron su local. La madre huye con los niños por la muralla hacia las casas vecinas a refugiarse, los jóvenes Wichí llegaron hasta allí, apedrearon la casa, rompiéndole puertas y ventanas.

Este hecho no es aislado, vienen sucediéndose hace tiempo y los protagonistas son adolecentes originarios, que actúan bajo el efecto de las drogas y el alcohol, producen saqueos y desmanes en domicilios de criollos. Cuando suceden estos ataques las familias tratan de proteger a sus niños menores, que lloran, tiemblan terminan enfermos y con vómitos.

Los vecinos criollos realizaron una marcha manifestando…“queremos la paz, queremos volver a ser el Juárez de antes y que todos nos podamos comunicar el uno con el otro”. Esta situación desencadenó que muchos juarenses salieran entre el 12 y el 14 de abril a cortar la RN 81 reclamando la urgente intervención nacional. Anteriormente, el Ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge González, había manifestado que lo que se vive en la localidad es una psicosis magnificada por los medios de comunicación.

En Semana Santa del presente año hubo un recrudecimiento de los hechos de violencia cuando grupos de jóvenes wichí, cometieron robos, saqueos e incendios en viviendas criollas. En uno de los saqueos fueron reprimidos por la policía, resultando herido un joven wichí que perdió un ojo.

Esto creó un ambiente de temor, intolerancia y miedo a la “justicia por mano propia”, entre criollos y wichies. Muchas familias pasaban noches sin dormir; otras abandonaban sus casas y se trasladaban con sus pertenencias a casa de familiares o amigos en otros barrios. Esto se condensa en una frase formulada por los criollos: “ Los derechos humanos no son también para nosotros?”

También, refiriéndose al pueblo wichí, circulaban versiones no identificadas, tendientes a magnificar la atemorizarían de la población no indígena, con manifestaciones verbales tales como: “Los aborígenes no van a parar hasta quedarse con los barrios Villa Hermosa y Laguna”, “vienen de Potrillo y de Tres Pozos, para sumarse a los de acá”, se escuchaba decir. En realidad, los “aborígenes” a los que se aludía, eran grupos de peregrinos religiosos de las iglesias que se movilizaban con motivo de las celebraciones de semana santa, como todos los años.

Frente a la falta de respuestas y el silencio de las autoridades, los criollos, como dijimos anteriormente, decidieron el “corte” en la ruta nacional 81. Eran alrededor de 200 personas exigiendo que el Estado intervenga para que cese la violencia.

En ese contexto, fue detenido el dirigente wichí Agustín Santillán y otros tres jóvenes indígenas. Como consecuencia de estos hechos, quedaron con heridas de gravedad un joven wichí y un integrante de las fuerzas policiales.

Un antecedente puntual.

En el año 2015, el 1 de mayo, un grupo de jóvenes Wichi atentó contra la propiedad de una maestra del barrio Villa Hermosa. Existen dos versiones sobre lo que pasó luego del hecho: la primera alega que la dueña de casa tomó un arma y disparó a uno de los agresores; y la otra versión refiere… “otra persona salió con el arma y disparó en el pecho a un Wichi que estaba alcoholizado”. Los 20 jóvenes que habrían atentado contra la propiedad de dicha docente huyeron al monte. El joven wichí herido fue hospitalizado y quedó con graves secuelas.
Al día siguiente, el sábado 2/05/15, los rumores de la gravedad o la muerte del joven Wichí baleado y la indignación porque sus agresores estaban libres, produjo que un grupo de jóvenes Wichí, aprovechando el cambio de guardia en la casa de la docente, decidiera incendiar la misma. La policía se replegó y cuando llegaron los refuerzos comenzó el enfrentamiento entre los jóvenes wichí y las fuerzas de seguridad, que utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos. Muchos indígenas salieron a ver qué era lo que pasaba.

En esta ocasión, se observa un accionar represivo, de violentación de derechos hacia jóvenes indígenas y sus familias; cuando la policía detuvo de forma arbitraria a cinco jóvenes Wichí, golpeándolos y entrando en sus casas sin orden judicial, despertando a las mujeres y los niños que dormían, matando a los perros con balas de goma. Todas estas actuaciones de la fuerza de seguridad se caracterizan por la impunidad selectiva, siempre “jóvenes” e “indígenas”, además de los constantes maltratos físicos y verbales.

Tanto en los episodios acaecidos durante los años 2015 como 2017, se repite el mismo patrón, las versiones oficiales y parte de la comunidad juarense tienden a utilizar como argumentos que los únicos responsables de producir la violencia social son los jóvenes Wichí, ocultándose las responsabilidades compartidas con parte de los criollos, con claras conductas ilícitas graves hacia la integridad física de indígenas.

Contexto político-social

Estos dos hechos puntuales tienen de semejante que acontecieron en vísperas de un año electoral, lo que hace pensar “quién o quiénes son los pescadores que se benefician con este río revuelto”. Es de público conocimiento que existe una feroz interna política en el justicialismo que gobierna el municipio de Ingeniero Juárez, lo que produce que se turnen, entre un sector y otro, para fogonear demandas desde la población, como mecanismo de desgaste a quien le toca el turno de estar frente a la Intendencia. También se observan desde la oposición, actitudes que no favorecen la generación de un clima de convivencia.

Esta degradación de la política y la falta de conductas éticas generan una sensación de manipulación de las personas y las instituciones de la democracia: divide profundamente a las comunidades y atenta contra la pertenencia al grupo. Circulan versiones acerca de que los dirigentes políticos traman enfrentamientos en tiempo de elecciones e instigan a los jóvenes con alcohol, drogas y violencia. La cultura política en tiempo electoral consiste en generar confrontación, desencuentros, y en esa puja de poder ver quien gana. No hay discusión de ideas ni propuestas políticas. Se genera un clima de inseguridad durante el tiempo de elecciones, y quien ofrece una alternativa de seguridad para el pueblo, atrae los votos.

Claramente esta situación de violencia y desbordes en la población de Ingeniero Juárez tiene “múltiples causas” que son de larga data; todas dan cuenta básicamente de la alta vulnerabilidad de los pobladores, de condiciones de marginalidad, de las cuales son emergentes los hechos de violencia que llegaron a enfrentamientos entre criollos e indígenas que lesionan a toda la comunidad de Ingeniero Juárez. Dichas causas también dan cuenta de la presencia de un Estado con políticas públicas ineficaces.

Cabe mencionar, entre otras condiciones que hacen al empobrecimiento y la marginalidad de la población:

• La carencia de insumos elementales en el sector salud. Falta de profesionales de distintas especialidades médicas, así como de medicamentos que dan cuenta de una ineficacia en el sistema de salud frente a las demandas de la población.

• Carencia de una buena administración de justicia y seguridad con situaciones de violencia institucional que acrecientan el resentimiento. Esto se expresa en la represión, la criminalización de la protesta y las respuestas policiales y judiciales que van en la línea de profundizar la discriminación y la revictimización en particular, cuando las víctimas son aborígenes o criollos pobres.

• Ausencia de obra pública preventiva para la época de lluvia que este año dejó como saldo muchas familias inundadas, que debieron abandonar sus viviendas.

• Problema habitacional no resuelto, hace varios años que en la zona no se construyen viviendas y las que se han construido en su momento, fueron abandonadas y luego usurpadas.

• Racismo y discriminación mutua. En algunos casos alentado desde funcionarios y medios de comunicación. Se manifiestan serias actitudes de discriminación social que van en crecimiento hasta llegar a los límites de un racismo que dificulta la convivencia en la diversidad. Esto genera vínculos teñidos de resentimiento que afectan las relaciones de empatía entre los pobladores.

• Falta de trabajo y oportunidades que generan vacío y profunda angustia en los jóvenes tanto criollos como Wichis. Para encontrar trabajo, por ejemplo, los jóvenes Wichí migran a Salta para la cosecha de limón. Desde hace años a la par que existe una destrucción del empleo genuino tradicional del pueblo Wichí, desde sectores no indígenas se utiliza la mano de obra joven en condiciones de explotación, no existen desde el Estado alternativas serias de formación laboral, donde la desocupación de este segmento llega a más de la mitad de los y las jóvenes.

• Drogas, alcohol y narcotráfico. Se observa un alto consumo de alcohol y a edades tempranas. Ingeniero Juárez es la localidad por donde ingresa la droga desde Salta y desde la República del Paraguay, lo cual la convierte en un lugar donde se deberían aumentar las acciones de control y prevención por parte del estado, lo que evidentemente no se está produciendo.

En lugar de eso, el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge González y el Defensor del Pueblo, Dr. Gialluca, han manifestado que quienes tienen información sobre narcotráfico deben denunciar, a lo que los pobladores respondieron que no tienen por qué denunciar lo que el Estado está obligado a investigar. Además quien lo haga terminará sufriendo represalias.

Esta existencia pública de estupefacientes no es reconocida en los hechos y es negada sistemáticamente desde los funcionarios. En la actualidad se habla de distribución nocturna en autos de alta gama. Las familias wichí y criollas dicen: “la droga no la creamos nosotros… vino de afuera”.

De hecho, ante las manifestaciones del sacerdote J. Rosasco en este sentido, lo tildaron de cómplice por no dar nombres; y a la dirigente Wichí Ercilia Agüero el mismo Defensor del Pueblo la acusó de complicidad y solicitó a la Justicia Federal que sea citada a declarar.

Todo esto evidencia que en años electorales, de la mano de las adicciones, combinada con el alto nivel de desempleo juvenil y la desvinculación educativa, sin espacios adecuados y pertinentes de esparcimiento cultural o deportivo, en un contexto social sensiblemente racista, se agudiza la violencia, y se observa el accionar de grupos violentos incitados por personas inescrupulosas con intereses políticos.

NUESTRO POSICIONAMIENTO

1. Se trata de un complejo problema que nos interpela a todos como sociedad, más en una provincia como Formosa, que desde el Preámbulo de la Constitución reconoce y reafirma una auténtica identidad multiétnica y pluricultural.

Los hechos que tuvieron lugar en Ingeniero Juárez no pueden ser leídos como un evento aislado, generado por un solo actor, el dirigente social Agustín Santillán y los jóvenes wichí. Hay múltiples responsabilidades.

Lo que ocurrió en Juárez, en primer lugar, no puede separarse de su historia y del modo en que esa historia se transmite de generación en generación. En diferentes textos que hacen referencia a la “fundación” de Ingeniero Juárez, se habla de la “llegada de los primeros pobladores” como si la zona hubiera estado despoblada. No se plantea el hecho de que, en realidad, la zona estaba habitada por comunidades wichí que ocupaban parte de lo que posteriormente serán Formosa, Chaco y Salta. Esa visión ha perdurado en el tiempo y profundiza una relación social de gran inequidad, desde la cual la demanda de vivienda, salud, soberanía alimentaria, tierras, trabajo, etc., por parte de los indígenas es condenada socialmente por no considerar que sean sujetos de derecho que fueron despojados violentamente de sus territorios ancestrales.

A esta realidad histórica, se suma en la actualidad, el contexto de una sociedad globalizada en la que se fomenta permanentemente el consumismo, el individualismo y los mensajes que naturalizan la violencia como única forma de resolver los conflictos. Y como se dijo, se añade a este cuadro social, el enorme poder que tienen las mafias del narcotráfico y la instrumentalización de las personas jóvenes.

Esto afecta profundamente a los jóvenes de los sectores populares que viven permanentemente la impotencia de no poder acceder a los bienes de la sociedad de consumo y a una plena satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. Pero se agrava en el caso del segmento de los adolescentes y jóvenes indígenas que, además, están sufriendo en sus comunidades las consecuencias de un quiebre cultural.

2. El rol del Estado

La complejidad de la conflictividad social que hemos descripto, requiere de decisiones políticas del más alto nivel, y en realidad la sensación entre los pobladores es de una ausencia del Estado, en particular en estas problemáticas donde las consecuencias llegan a ser irrecuperables. De allí que, por un lado, se hace necesario un abordaje integral de la conflictividad social y, por otro, urge la generación de políticas globales para las comunidades indígenas y específicas para sus jóvenes, con discriminación positiva y urgente hacia este importantísimo sector formoseño.

Si bien el Estado se hizo presente, a través de sus funcionarios y hay cada vez más presencia policial, no consiguió encontrar una vía de superación de la crisis social como tampoco encauzarla a través de un diálogo genuino con la sociedad civil. Cabe recordar que hace dos años atrás hubo un intento de producir este diálogo, y no prosperó.

Preocupa que entre los autores de los hechos descriptos también hay niños de 11 y 12 años lo que potencia su vulnerabilidad, y que requieren ser asistidos por el estado con políticas públicas integrales y ser tratados como sujetos de derecho. De la misma manera, urge actuar en la investigación de los hechos denunciados conforme a derecho y con las garantías del debido proceso.

Se requiere que el Estado actúe con eficacia frente al avance del narcotráfico en la localidad.

Nos parece que no ayuda a reconstruir el lazo social, englobar a toda la familia wichí como sospechosas/os de los hechos ocurridos, generando temor en los mismos por la fuerte presencia policial y su modalidad de intervención, profundizando la discriminación de que son objeto.

En la comunidad wichí hay mucha preocupación por los hechos que ocurrieron. En este sentido, traemos la opinión de la directora de la etnia wichí del Instituto de Comunidades Aborígenes, para quien los conflictos no están superados todavía. Refiere que la comunidad wichí está aislada y los que venden drogas o alcohol están libres; la venta indiscriminada de alcohol a niños y adolescentes continúa pese a los reiterados pedidos realizados ante los distintos estamentos: policía, intendencia, juzgados, entre otros. Le preocupa que pudieron observar avionetas que bajaban en campos cercanos, pertenecientes a políticos de la zona, y que la misma Gendarmería Nacional expresó que no podían actuar porque no tenían orden de allanamiento. Afirma que la presencia policial en el barrio es para provocar permanentemente a los aborígenes, que es vista como persecutoria; las familias se sienten sitiadas y no se animan a salir por temor a ser detenidos.

Entendemos que los problemas de alcoholismo y consumo adictivo de sustancias afectan también a los jóvenes criollos, por lo cual debería plantearse una estrategia que considere todas estas realidades juveniles. Si bien recientemente el Estado provincial comenzó a crear algunos dispositivos, son insuficientes por su cobertura, además tienen que diseñarse e implementarse con un enfoque de interculturalidad

Este escenario se agudiza cuando desde la estructura gobernante se tiende a negar o minimizar el conflicto, y “paradójicamente”, se aplaca cuando se identifica un único autor visto como enemigo peligroso. Desde esta lógica, este “enemigo peligroso” debe ser detenido para “pacificar” y no se avanza en la investigación y abordaje de las múltiples causas que llevaron a esta crisis con alta conflictividad social. Al identificar un único autor, y detenerlo, se genera una imagen de falsa calma, puesto que si bien a partir de este hecho se refuerzan las acciones de prevención y asistenciales necesarias, se dejan de lado otras líneas de acción indispensables para evitar la reiteración o agudización del conflicto.

3. La detención de Agustín Santillán

Cabe aclarar que no hay detenidos por tráfico de estupefacientes ni por hechos de violencia. Al momento. Los únicos detenidos son Agustín Santillán y dos personas más. Detenido también por un hecho acontecido 15 días antes de la agudización de la violencia- la toma de la Municipalidad que tuvo lugar en ocasión de la llegada de ayuda para los damnificados por las inundaciones, ayuda que no había sido distribuida entre los realmente afectado-. El traslado de Agustín Santillán detenido, se dio “sugestivamente” en el marco de un operativo que recibió los aplausos de los criollos que estaban cortando la ruta, intentando instalar la idea de que con su detención se había acabado el conflicto. Consideramos que como toda persona detenida, debe gozar de las garantías constitucionales del debido proceso, mucho más cuando se da el agravante que se le imputa la autoría de hechos de los cuales no es responsable. Preocupa sobremanera el actuar arbitrario del organismo judicial con Santillán, pues estuvo incomunicado en sus primeros días de detención, hecho éste que denota un cercenamiento al debido proceso y a las normas básicas de los tratados de derechos humanos (ejemplo, art. 9 del Pacto Internacional de dd civiles y políticos)

Se supo que además hubo una orden de captura de dieciséis integrantes de la comunidad Wichí, a la cual fue agregada la esposa de Agustín Santillán, en circunstancias que simplemente intentaba saber de su situación y visitarlo.

Se advierte que las medidas implementadas incluyen inculpar a personas que no están vinculadas directamente en los hechos denunciados, librando orden de captura, colocando en situación de indefensión a decenas de ellos puesto que no cuentan con asesoramiento letrado y no están pudiendo ir a trabajar por temor a ser detenidos. Hay versiones que dicen que en la actualidad alrededor de 50 personas serán citadas. Es una modalidad de persecución en el oeste formoseño, por parte de las fuerzas de seguridad y la administración de justicia, que tiene como corolario la construcción de un enemigo. Actualmente entre esos enemigos públicos está el hijo de una dirigente Wichí que, al momento de los hechos se encontraba en Neuquén. La justicia obra en el mismo sentido, cuando niega las excarcelaciones al referente Wichí detenido, alegando que supuestamente continuaría con su conducta delictiva. Sin embargo, en las más de 20 causas que nunca se investigaron, en una de ellas tuvieron que dictar la falta de mérito por las escasas pruebas existentes en el expediente, no obstante se reactivaron todas las causas.

4. Los medios de comunicación y su visión del conflicto

La forma en que los medios se refieren a los hechos en cuestión, dista mucho de favorecer una lectura que atienda a la complejidad de los acontecimientos y a todos los actores involucrados. Preocupa la utilización de términos o vocablos que estigmatizan o profundizan el racismo, por ejemplo, solamente usan la palabra vecino para referirse a los pobladores criollos; sobreabundan las referencias a “combate”, “vandalismo”, “guerra” y refieren el problema de la droga solamente en relación a los jóvenes Wichí.

5. PROPUESTAS DE ACCIÓN

Teniendo en cuenta los derechos de los pueblos originarios contenidos en la Constitución Provincial, Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT y Ley Provincial Integral del Aborigen N° 426, reclamamos:

I. Ampliar y fortalecer Políticas públicas con enfoque de derecho e interculturalidad.

II. Atención en los organismos de salud, justicia, policía, municipio, con un enfoque de derecho e interculturalidad

III. Concreción de acciones que tengan en cuenta a todos los actores involucrados con sus diferentes grados de responsabilidad y los organismos pertinentes de incumbencia en el conflicto suscitado.

IV. El Estado debe ser el primer actor que asegure a Agustín Santillán las garantías constitucionales del debido proceso, evitando su criminalización por su condición de dirigente social y pertenecer al pueblo Indígena Wichí.

En cuanto a la privación de la libertad de A. Santillán, la demora en la intervención judicial y el avocamiento en las causas producen una doble condena, ya que la justicia lenta no es justicia. A la fecha aún existen cuatro preventivos en la Comisaria de Ingeniero Juárez. Pasaron más de 30 días de los hechos y la policía no remite los mismos al juzgado, retardando el debido proceso y violando las garantías y libertades constitucionales. El Estado provincial debe dar muestras claras y firmes de revertir este tipo de situaciones, garantizando imparcialidad, celeridad y buscando la verdad para fortalecer los valores de la justicia.

V. Generar Políticas Públicas integrales de atención y protección a la niñez y adolescencia, que permitan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, atendiendo a las especificidades socioculturales.

VI. Profundizar las acciones de prevención y asistencia de la problemática del consumo adictivo de sustancias en la localidad de Ingeniero Juárez con perspectiva de interculturalidad

VII. Creación de trabajo y oportunidades de capacitación para los jóvenes. Acceso a la tierra y otros recursos productivos

VIII. Promover espacios de diálogo genuino entre la sociedad civil y el Estado a partir de las necesidades sentidas de la comunidad, considerando las especificidades socioculturales

IX. Crear espacios participativos de planificación, a partir de demandas que surjan de los propios jóvenes, las mujeres, los hombres; con líneas de acciones no coyunturales sino para el corto, mediano y largo plazo en el campo de la salud, la educación y el desarrollo comunitario.

X. Urgente investigación y acciones de prevención y control ante el narcotráfico desde los organismos de incumbencia del Estado, que es quien tiene el poder y los dispositivos para hacerlo; no haciendo recaer la responsabilidad en la población civil.

XI. Sanear la institución policial de las prácticas de represión y discriminación étnica hacia personas jóvenes.

XII. Realizar campañas de información sobre los tipos de abusos policiales y alentar la denuncia de la comunidad.

XIII. Evitar el uso de la fuerza pública en las reuniones, manifestaciones o cualquier espacio de expresión de personas jóvenes, indígenas y en general.

XIV. Diseñar e implementar medidas de rehabilitación de las víctimas indígenas, dirigidas a su inserción en la comunidad cuidando el arraigo a sus lugares de origen.

XV. Asistencia integral a las familias damnificadas por los hechos relatados, y resarcimiento por los daños materiales sufridos.

APDH REGIONAL FORMOSA, Mayo del 2017

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