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Los camaristas del fuero laboral interpretan por qué el Poder Ejecutivo los ataca
Por Martín Granovsky, Página/12 - Monday, Jun. 12, 2017 at 12:32 PM

“Somos un escollo”

Una investigación de PáginaI12 revela que el objetivo de una reforma laboral con pérdida de derechos y un sistema jubilatorio devaluado animan las agresiones inéditas al fuero laboral y la búsqueda de colonizar el fuero contencioso bonaerense.

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El Gobierno proyecta traspasar a la ciudad las funciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El proyecto de espiar el Facebook de un camarista fue un paso sin precedentes en el ataque de Cambiemos contra los jueces laborales. Pero todo indica que no será la última escena. La función continuará. Dice a PáginaI12 el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Roberto Pompa: “Estoy convencido de que hay una ofensiva para provocar en el plazo inmediato una reforma laboral, y para que prospere es necesario eliminar o reducir la actuación de los jueces de trabajo”. Redondea Pompa: “En ese camino somos un escollo”.

Como el plan es integral y a escala de todo el país, otra pata consiste en complementar la agresión al fuero laboral con la colonización del fuero Contencioso Administrativo en sus diversos niveles. Este fuero suele encargarse de la mayoría de los conflictos entre la presidencia y las gobernaciones, por un lado, y los empleados estatales por otro. Los estatales incluyen a los docentes. 

Para disciplinar a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que son la mitad de quienes dan clase en la Argentina, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari se propone dar una señal fuerte. Ya está presionando para que Mariano López ocupe el juzgado Contencioso número dos, hoy vacante. Ferrari busca que el Senado bonaerense apruebe el pliego de López en perjuicio del jurista Guillermo Rizzi. López es un pollo del camarista contencioso Gustavo Spacarotel. Se trata del camarista que cae más simpático a Ferrari y la gobernadora María Eugenia Vidal porque no solo convalidó el aumento de tarifas sino el descuento a los docentes por los días de huelga.

Novedad

“En el proyecto de flexibilización aguda la herramienta es el disciplinamiento de la Justicia del trabajo”, explica el profesor universitario y abogado sindical Álvaro Ruiz. “Es lógico que traten de generar nuevas normas, pero lo nuevo es el juicio político a los jueces”, dice. “Recuerdo algún pedido de juicio político desde el sector privado, por desacuerdo con una sentencia o por algún juez que falló reiteradamente en contra del sector empresario, pero no tengo registro de juicios impulsados por el Poder Ejecutivo.”

Cambiemos apunta al mismo tiempo a enjuiciar para reemplazar, a enjuiciar para atemorizar a otros y paralizarlos y a llenar las vacantes que quedaron libres a nivel nacional y provincial. “Solo en el fuero laboral hay 32 vacantes sobre 80 magistrados”, dice Ruiz. 

Quedarán decepcionados los que piensen, a favor o en contra, que el kirchnerismo fue una topadora en el Poder Judicial. Solo en la Justicia de la provincia de Buenos Aires hay más de 160 vacantes sin cubrir. Legisladores consultados para esta nota informaron que algunas no se cubrieron por simple lentitud y otras por falta de acuerdo dentro del peronismo o dentro del kirchnerismo. Ruiz también se lamenta. “Me conformo con tener jueces que actúen de acuerdo al Derecho y protejan los derechos humanos, aunque no piensen exactamente como yo”, dice. “Pero ahora el operativo de presión sobre los jueces, la obsesión por debilitar el sistema jubilatorio y la búsqueda de fragilizar la relación laboral de dependencia dan un contexto para entender qué tipo de jueces quiere el Gobierno y cuáles rechaza.”

Preguntado sobre la situación en el fuero Contencioso de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata Víctor Violini dijo que la entidad “apoyó y apoya para el cargo al doctor Guillermo Rizzi por su capacidad, su contracción al trabajo y su honestidad”. Agregó Violini que el camarista Spacarotel pertenece a la Asociación “y conoce acabadamente nuestra postura”. Precisó que la gobernadora María Eugenia Vidal habló “de la necesidad de designar jueces por sus cualidades y no por su apoyo político”. Violini dijo que “lo correcto es que en la práctica todos, incluyendo a los funcionarios, a los legisladores y al doctor Spacarotel, sigan ese criterio”.  

Facebook

Todo comenzó cuando en febrero el Gobierno impulsó el juicio político a los camaristas Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino porque fallaron que era legal un acuerdo del gremio bancario que Mauricio Macri y su ministro Jorge Triaca querían evitar.

“Hay que pensar en los derechos como un todo”, dijo el secretario de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo en diálogo con el programa “Te quiero” de la radio 750. “La primera pelea es por los salarios, pero si empeoran las condiciones generales después van a ir peligrando otros derechos y por supuesto habrá peores bases para mejorar el salario.” Palazzo aludía de ese modo a la ofensiva contra el fuero laboral.

El Facebook de Arias Gilbert, justamente, es el blanco de los integrantes del Consejo de la Magistratura que pertenecen a Cambiemos.

“No se puede investigar el pensamiento”, opina Pompa. “¿Cuántas puertas se abren ahí? Hoy la intimidad es pública pero solo porque yo, si participo en las redes sociales, la hago pública. Supongamos que un juez fuera de su desempeño y en las redes sociales dice algo del presidente de la Nación, del presidente de la Corte, del Papa o de lo que sea. Alguien lo podrá cuestionar, refutar o repudiar, pero no podrá acusarlo de mal desempeño.” 

–¿Por qué no?

–El mal desempeño es resolver en contra de ley. O cometer prevaricato. Mire, en un conflicto el juez no admite todo tipo de documentación. Solo acepta las pruebas que pueden ayudar a resolver ese conflicto. Nada más.

–¿Usted dice que, por analogía, espiar el Facebook no sería relevante como indicio?

–Claro. No tiene nada que ver con el desempeño de Arias Gilbert. Suponga que yo cuestiono al Presidente. O que lo elogio, lo mismo da para que se entienda. Forma parte de mi intimidad por más que lo haga público. Y si en todo caso debo ser investigado por algún presunto delito que lo haga un juez, no el Consejo. Si quieren meterse en mi casa sin permiso busquen una orden, pero el Facebook es como la correspondencia: una acción privada que la Constitución pone a resguardo.

Imparciales

El camarista Alejandro Segura cita una frase famosa en el fuero laboral. “El profesor Héctor Genoud contaba que hay abogados tuertos: o miran para un lado o miran para el otro. Pero decía que cuando llegan a la judicatura los abogados deben dejar de ser tuertos”.

–¿Cómo se traduciría en la práctica el uso de los dos ojos? –pregunta este diario a Segura.

–Los jueces del trabajo tenemos una mirada preferencial por el desvalido, porque ése es el origen del fuero, pero siempre en el marco de un proceso judicial conforme a Derecho. No somos neutrales.

–¿Por qué no?

–Porque no se puede ser neutral cuando un derecho humano es ofendido. Pero sí somos imparciales. Cuando se pierde la imparcialidad es un problema grave.

Segura recuerda que incluso en los dos últimos años de la llamada Revolución Argentina, el período dictatorial inaugurado en 1966 por el general Juan Carlos Onganía, los militares convocaron a un grupo de tecnócratas. Uno de ellos, Rubens San Sebastián, llegó a ministro de Trabajo en 1971. “San Sebastián sabía que el derecho del trabajo tiene una dialéctica pero que el Estado tiene que ponerse en árbitro, porque cuando el Ejecutivo pierde ese rol aparece el Estado judicial y eso no es conveniente para la República”, dice Segura.

Con 25 años de ejercicio como abogado laboralista y 17 en la Justicia, Luis Raffagheli juró en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 2011 después de pasar por un concurso de antecedentes y oposición. En enero de 2016 fue uno de los jueces que emitió una cautelar en favor de la reincorporación de empleados de la ex Afsca, el ente regulador de los servicios de comunicación audiovisual. Junto a la camarista Diana Cañal argumentó que se había cometido discriminación, la primera causa que dispara la necesidad de protección de derechos laborales. Los dos engrosaron la lista de acusados de Cambiemos.

“Cuando los jueces son atacados debe tenerse en cuenta que un juez solo puede aplicar la ley”, señala Raffagheli. “Si un empleado estuvo trabajando en negro o no fue resarcido como correspondía por un accidente, aplicar la ley puede traducirse en sanciones, o las sanciones pueden aumentar el monto de los juicios, pero detrás de eso no hay ningún manejo turbio de los jueces sino la reparación de un derecho vulnerado.”

Para todos los consultados una preocupación común es el intento oficial de traspasar las funciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a tribunales porteños.

“La Constitución habla de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias, o sea que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia aunque se parezca”, razona Pompa, juez de primera instancia desde 1994 y camarista desde 2011. “Los camaristas que no aceptemos pasar, si es que eso se aprueba, quedaríamos como jueces residuales”, dice Raffagheli. “Si hubiera reformas regresivas en la legislación, en la jurisprudencia de la Corte y en los convenios colectivos desaparecería la postura histórica de la Cámara”, se preocupa.

“La Cámara de Apelaciones tiene 70 años y sus plenarios fueron siempre señeros”, narra Raffagheli. “El propio Norberto Centeno al redactar el anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo tomó en cuenta el contenido de las sesiones plenarias”, apunta.  

Nacido en 1927, el laboralista Centeno consiguió ver el resultado de su sueño. En 1974 el Congreso sancionó y la Presidencia promulgó la Ley de Contrato de Trabajo. La vendetta llegó en 1977, porque fue uno de los abogados asesinados en Mar del Plata en lo que se conoce como “La noche de las corbatas”.

martin.granovsky@gmail.com

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“No podemos naturalizar el desequilibrio”
Por Martín Granovsky, Página/12 - Monday, Jun. 12, 2017 at 12:34 PM

Entrevista a Alejandro Segura, juez laboral en La Matanza

12 de junio de 2017 | El magistrado señala su preocupación por la pérdida de imparcialidad y niega que los accidentes de trabajo representen un volumen significativo de dinero como argumenta el Gobierno.

Abogado de sindicatos desde 1987, en 2015 Alejandro Segura concursó, ganó, su pliego fue propuesto por el Ejecutivo y aprobado por los senadores y quedó designado como camarista federal de San Justo. El único problema es que la cámara que debía integrar era nueva y no existía (sigue sin existir) y entonces lo nombraron como subrogante en un juzgado laboral de La Matanza.

–¿Hay un plan oficial contra el fuero del trabajo?

–Prefiero analizar las cosas sociológicamente. 

–¿O sea?

–Trato de mirar los procesos sociales desprovistos del componente valorativo. La lógica de acumulación y reproducción del capital tiende a obtener mayor productividad de cada factor de producción. Por ejemplo, del trabajo. Actualmente veo una pérdida de la visión tridimensional que debe tener el Estado cuando concibe que en el mundo del trabajo y la producción las tres patas son el propio Estado, los empleados y los empresarios. Y hoy las agencias administrativas que intervienen en el mundo del trabajo están en manos de empresarios o de gerentes que vienen del campo empresario. Justamente cuando se pierden el equilibrio y la imparcialidad es cuando aparecemos los jueces del trabajo. Es lo que pasa con el tema tan discutido de los accidentes laborales.

–¿Dónde estaría la pata empresaria?

–Si el poder administrativo pasa a estar en manos de empresas comerciales que se dedican a dar prestaciones médicas y eventualmente a resarcir a los accidentados, es obvio que el manejo empresario tendrá una visión empresaria. Por eso la inmensa mayoría de los juicios por accidentes responde a coberturas insuficientes, viene de la negativa a prestar las coberturas y se produce cuando hay deficiencias en la prevención. Los empresarios maximizan su interés y terminan produciendo un daño. Su política es: “No sé si el empleado tiene razón, pero en todo caso que me haga juicio”. El desequilibrio debe ser reequilibrado. No puede naturalizarse ni siquiera aunque alguno piense como Emilio Barzini, el mafioso de El Padrino, cuando decía: “A los jueces les vamos a pagar por los servicios prestados, porque nosotros no somos comunistas”. Vuelvo a la sociología. El gobierno actual está mayoritariamente compuesto por personalidades que vienen del mundo empresarial, más que de la política y del sindicalismo. Los comprendo.

–¿Los comprende?

–Sí, comprendo cómo funcionan. Pido la misma comprensión cuando nosotros tratamos de buscar el equilibrio que se ha perdido. Cuando nos amparamos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando citamos los Principios de Edimburgo y repetimos qué debe hacer el Estado y qué no puede hacer. Cuando el Estado viola el Pacto al vulnerar el carácter progresivo de los derechos económicos y sociales, alguien debe buscar el equilibrio perdido. Como comunidad inmersa en el mundo no podemos violar la salud pública, negar la negociación colectiva o reprimir el derecho de huelga. El nuevo Código Civil establece reglas claras: los jueces tenemos que fallar según la Constitución, la ley y los pactos internacionales. Si no lo hacemos, violamos esos compromisos. 

–¿No hay un problema en el fuero del trabajo, como dice el Gobierno?

–No. Y si alguien comete un abuso que sea penado. En materia de accidentes todo es más difícil porque el menemismo tomó la decisión de darles a empresas privadas la administración y surgieron las ART, las administradoras de riesgos de trabajo. Pero por otra parte la sospecha de abusos sistemáticos en el fuero laboral choca contra un dato: un juez laboral firma cheques por resarcimientos por un monto que es la décima parte de los montos que mueve un juzgado comercial. No es un volumen significativo de dinero. El juicio por accidentes de trabajo no se busca. Es provocado por las malas condiciones de trabajo o la falta de contralor de las ART a las empresas. Y encima cuando la incapacidad de trabajar se convierte en definitiva termina siendo insuficientemente reconocida. Sin embargo las referencias a la presunta industria del juicio son históricas y coinciden con períodos de pérdida del equilibrio. Fueron típicas de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, y también uno de los caballitos de batalla del dueto formado por Bernardo Neustadt y Carlos Menem. Recuerdo que Sergio Massa en algún momento lanzó el mismo concepto. No tienen en cuenta que la proliferación de juicios seguirá siempre y cuando se mantenga el régimen por el que una parte de la salud pública laboral esté en manos de empresas. Igualmente los juicios son un epifenómeno y la litigiosidad solo es un costado patológico: existen centenares de conflictos que no llegan a juicio. A veces eso pasa por las malas razones: el empleado se ve forzado a aceptar peores condiciones para mantener la fuente de trabajo si la desocupación es alta o va en vías de serlo. El juicio es marginal.

–¿Cuál es el motivo específico de la ofensiva contra los camaristas?

–Sin abandonar la premisa de la mirada sociológica, la conflictividad laboral se exacerba cuando se focaliza en el aspecto colectivo. El derecho colectivo motoriza el derecho individual. Alguien puede pensar que si desactiva la potencia de los reclamos por los derechos colectivos, los pedidos individuales quedarán cada vez más aislados. 

–Y serán más débiles.

–Exacto. Por eso la virulencia contra fallos que obligan a la negociación colectiva o reponen delegados. 

martin.granovsky@gmail.com

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