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La Liga LGBTIQ+ de las Provincias rechaza el proyecto de libertad religiosa del macrismo
Por Devenir Diverse -
Thursday, Jun. 29, 2017 at 12:09 AM
devenir.diverse@gmail.com
Las organizaciones de diversidad y con trabajo en diversidad que integramos la LIGA LGBTIQ+ DE LAS PROVINCIAS nos vemos ante la obligación de manifestar públicamente nuestra preocupación ante el proyecto de Ley 0010-PE-2017, mal llamado de “Libertad Religiosa”, impulsado por el Presidente Mauricio Macri.
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Desde la LIGA LGBTIQ+ DE LAS PROVINCIAS, de la que forma parte Devenir Diverse, nos vemos ante la obligación de manifestar públicamente nuestra preocupación ante el proyecto de Ley 0010-PE-2017, mal llamado de “Libertad Religiosa”, impulsado por el Presidente Mauricio Macri.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Cambiemos representa una amenaza concreta a los derechos civiles conquistados durante los últimos años, debido a la incorporación de la figura “objeción de conciencia”.
En el artículo 7° se protege el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario”, y se establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica” incluyendo a lxs funcionarixs públicxs.
De sancionarse esta Ley, el acceso efectivo a los derechos elementales por parte de las personas LGBTIQ+ se vería drásticamente restringido y, en muchos casos, vedado de hecho. Por ejemplo:
• Unx docente o una institución educativa podría negarse a dictar educación sexual integral, la cual es un derecho adquirido y reconocido por la Ley Nacional 26.150
• Unx juezx de paz o registro civil podría negarse a celebrar matrimonios civiles entre personas del mismo género, o a realizar una rectificación de identidad de género, los cuales son derechos adquiridos y reconocidos por las Leyes Nacionales 26.618 y 26.743, respectivamente
• Una obra social o unx médicx podría negarse a entregar anticonceptivos y/o métodos de prevención de ITS y VIH, o a realizar tratamientos de reproducción humana asistida, o tratamientos hormonales y cirugías de adecuación corporal, los cuales son derechos adquiridos y reconocidos por las Leyes Nacionales 25.673, 26.862 y 26.743 respectivamente
Por tanto, en los hechos, se trata de permitir que determinadas personas e instituciones puedan imponer sus valores religiosos a otras personas, restringiendo el acceso a derechos elementales protegidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación vigente.
Durante la última campaña presidencial, las organizaciones de diversidad y con trabajo en diversidad sostuvimos públicamente nuestra convicción de que un eventual Gobierno de Mauricio Macri iba a retroceder sobre los derechos conquistados. Afirmábamos que el neoliberalismo y el conservadurismo son dos caras de una misma moneda y que siempre que se avanzó sobre los derechos de los sectores populares, lo mismo se hizo con los grupos vulnerados por la discriminación. Se nos acusó de sumarnos a la mal llamada “campaña del miedo”.
Prontamente – y lamentablemente – se demostró que estábamos en lo cierto. La primera evidencia fue el ajuste que se hizo sentir con despidos masivos y recortes presupuestarios en las áreas de gestión y políticas públicas relevantes para la diversidad. El INADI, el Consejo Nacional de la Mujer, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa de Educación Sexual Integral, entre otros, fueron los primeros en sentir el golpe.
Rápidamente, los pocos centros de salud que estaban aplicando el art. 11 de la Ley de Identidad de Género dejaron de hacerlo por falta de presupuesto. Las obras sociales y prepagas dejaron de ser controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en el cumplimiento de la Ley de Reproducción Médicamente Asistida. Los tarifazos asfixiaron económicamente a las cooperativas que habíamos logrado forjar durante los años previos como herramienta de subsistencia de los sectores más humildes de nuestra comunidad, particularmente las personas trans. Se interrumpieron los testeos de VIH y la provisión de preservativos y retrovirales. Y, finalmente, comenzaron a darse de baja masivamente las Pensiones No Contributivas de las que gozaban los sectores más vulnerados de nuestra comunidad.
Como se puede observar, el acceso a nuestros derechos elementales ya ha sido restringido de facto por el salvaje ajuste dispuesto por el Presidente Macri. Ahora, pretenden sellar e institucionalizar esa restricción por medio de una Ley del Congreso.
Esta decisión, como la mayoría de las decisiones de este Gobierno, afecta con particular virulencia a las personas LGBTIQ+ que habitamos en las Provincias y en lo que se conoce como “el interior del interior” o el “interior profundo”. En nuestras ciudades y pueblos, la negativa de unx docente, unx médicx o unx funcionarix públicx pueden determinar la vulneración absoluta y definitiva de un derecho fundamental para nuestra comunidad. Lo que está en juego es nuestra dignidad humana, nuestros derechos a la salud, la educación, la identidad, la familia, en fin, nuestro derecho a desarrollar el propio proyecto de vida.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Presidente Mauricio Macri y a las autoridades legislativas correspondientes, que se abstengan de amenazar los derechos, la dignidad y los sueños que logramos conquistar en los últimos años, y que dan marcha atrás con este vergonzoso proyecto de Ley.