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El Presidente volvió a cuestionar los juicios laborales: La idea fija de “la mafia”
Por Página/12 - Monday, Jul. 03, 2017 at 12:02 PM

03 de julio de 2017 | Con el objetivo de impulsar una reforma laboral, Mauricio Macri retomó su ataque a los abogados y jueces del trabajo. Los señaló como responsables de los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores.

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“Una pyme que cierra sus puertas no vuelve a abrir”, señaló Macri, sin aludir al impacto del tarifazo. Imagen: Bernardino Avila

En un nuevo capítulo de su avanzada contra los derechos de los trabajadores, el presidente Mauricio Macri volvió a referirse a la supuesta “mafia de los juicios laborales”, que “daña” y lleva a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, y finalmente “los empleados pierden su trabajo”.

No es la primera vez que el Presidente usa ese argumento para atacar al fuero laboral. En la asunción de Jorge Faurie como canciller, habló de una “mafia de los juicios laborales” y le apuntó directamente al titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien tiene una reconocida trayectoria como abogado laboralista. Macri dijo entonces que hay “un grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría” y “un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Recalde” que “le han hecho mucho daño a la Argentina”.

Ayer, en una nota que publicó en el diario cordobés El Puntal, Macri volvió a la carga en la ofensiva que tiene por objetivo forzar una reforma laboral regresiva, para la cual los magistrados del fuero laboral son considerados un escollo por el oficialismo.

En la nota, el Presidente afirmó que decidió “combatir la mafia de los juicios laborales, que tanto daño les hacen a las pequeñas empresas y a sus trabajadores”. Y siguió: “En nuestro país hay muchísimo talento. La creatividad de los argentinos es reconocida en todo el mundo, pero durante mucho tiempo faltaron reglas claras y un contexto que estimulara la innovación. Impuestos altos, trámites interminables, créditos inaccesibles; los últimos años fueron difíciles, en especial para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó Macri, quien omitió referirse a los tarifazos y la devaluación entre los principales problemas que tuvieron que afrontar las Pymes desde que gobierna Cambiemos.

“Una pyme que cierra sus puertas no vuelve a abrir más y los empleados pierden su trabajo”, argumentó, en el marco de un nuevo capítulo de la campaña contra la Justicia del trabajo. El Presidente exhortó a quienes todavía no se hayan anotado en el registro oficial de las Pymes: “¡Anímense!. Es cuestión de inscribirse en la página web del Ministerio de Producción para empezar a soñar con el próximo paso, con el crecimiento de sus proyectos”.

“Sabemos que para que cada vez haya menos pobreza en el país no hay recetas mágicas: lo más importante es generar trabajo de calidad, ese que te hace sentir orgulloso porque sabés que con tu participación estás haciendo un aporte”, manifestó Macri, aunque no dijo cómo se haría eso, en un contexto de economía en baja y sin la promocionada “lluvia de inversiones”.

El Presidente aseguró que su gobierno está “sentando las bases para hacer crecer a la Argentina de manera sostenida. Estamos haciendo lo que hay que hacer y no se hacía para que cada vez más argentinos tengan la oportunidad de desarrollarse y hacer realidad sus metas”. “Tenemos un potencial enorme, las posibilidades son infinitas y empezó una etapa llena de oportunidades. Sigamos trabajando con el mismo entusiasmo, porque con la suma de lo que hace cada uno, crecemos todos”, se entusiasmó Macri, en tono de campaña electoral, sin brindar ningún dato concreto.

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Los datos no apoyan la teoría de Macri
Por Felipe Yapur - Monday, Jul. 03, 2017 at 12:03 PM

Los datos no apoyan ...
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Un estudio muestra que sólo uno de cada cinco accidentes laborales llega a la Justicia laboral

03 de julio de 2017 | Una investigación del centro Atenea estableció que apenas el 19 por ciento de los siniestros de trabajo se dirimen en el fuero laboral y que esto involucra sólo al 1 por ciento de los trabajadores. Además, en 2016, las ART mejoraron su facturación en un 41 por ciento.

El nuevo régimen de riesgos de trabajo es, para Atenea, “el primer triunfo legislativo de la flexibilización laboral”.

Durante 2016 las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no solo mejoraron su facturación sino que apenas el 19 por ciento de los siniestros registrados llegaron al fuero laboral y, por si fuera poco, estos representan solo el 1 por ciento de los trabajadores registrados. A esas conclusiones llegó una investigación realizada por el centro de estudios Atenea. Por lo tanto, según demuestra el informe, la denuncia del presidente Mauricio Macri referida a la existencia de “mafias laborales” que hacen colapsar los tribunales está más relacionada con la reinstalación de la flexibilización laboral que con la defensa de los derechos del trabajador.

Durante los últimos días, el Presidente atacó en varias oportunidades a lo que él definió como la mafia que se beneficia con los juicios laborales. El 12 de junio dijo en la Casa Rosada que era imprescindible “enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales” porque destruyen la generación de empleo y señaló a Héctor Recalde, abogado laboralista y diputado del Frente para la Victoria, como el cabecilla de esas pandillas enquistadas en estudios jurídicos y juzgados laborales. Pocos días después, luego de tomarle juramento al canciller Jorge Faurie, retomó su prédica al responder las críticas que había recibido: “Algunos dijeron que estaba defendiendo a las empresas –sostuvo–, no es así, estoy defendiendo a los trabajadores, que por culpa de estas mafias colapsan los fueros de Justicia Laboral.” Ayer, Macri volvió a la carga con el mismo discurso (ver aparte).

Sin embargo, el estudio realizado por Atenea lo desmiente. Por un lado, el trabajo detalla que la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) reconoció que las compañías de seguro recibieron durante el año pasado unas 127.503 demandas. Si bien la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) –el organismo que las controla– registró unas 10 mil demandas menos, señalan “el alza extraordinaria de juicios de fines del año pasado, en donde los trabajadores iniciaron sus reclamos previendo la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo”, algo que finalmente se concretó en febrero pasado.

Hasta ahora la SRT no publicó la cantidad de accidentes laborales ocurridos durante 2016 pero los especialistas del centro de estudios Atenea, que conduce Damián Ledesma, indican que “de haberse mantenido el promedio de accidentes de 2013, 2014 y 2015 (unos 664.986) y tomando en cuenta la cantidad de juicios publicados por la UART, se concluye que solo el 19 por ciento de los accidentes de trabajo llegan a juicio”. Es más, si se considera el universo de trabajadores registrados en las ART, casi 10 millones, “las demandas presentadas representan sólo el 1 por ciento de los trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo”. En rigor, el supuesto colapso de los tribunales laborales no es tal.

Incluso, afirma el estudio que durante el pasado año “un conjunto de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, representativas del total del sector, obtuvieron un resultado positivo que asciende a los 9500 millones, con una alza interanual del 41 por ciento”. Todos estos datos fueron recabados por Atenea de los estados contables que publica justamente la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se trata de “once compañías que concentran el 83 por ciento de los trabajadores cubiertos del sistema. Los números muestran que, lejos de quebrar, estas empresas han consolidado su posición económica y financiera”.

A comienzos de este año el gobierno de Cambiemos avanzó sobre la Ley de Riesgos de Trabajo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 54/17), que retocaba aspectos vitales de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y se centraron en la reinstalación de artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Ante ello, la administración remitió un proyecto de ley mediante convocatoria a sesiones extraordinarias donde se terminó convirtiendo en ley. Para Atenea, “el nuevo régimen fue el primer triunfo legislativo de la flexibilización laboral”.

La afirmación se sostiene en la imposición de la obligatoriedad, por parte del trabajador que sufrió un accidente laboral, de realizar el trámite ante las comisiones médicas. Entonces, la trampa, si se quiere, está en que la norma prevé que si el trabajador accede al trámite administrativo de las comisiones médicas y aún así recurre al reclamo judicial “no podrá cobrar la suma que eventualmente se le reconozca en sede administrativa” por lo que, a diferencia de lo que sucedía antes, “ya no podrá tomar la indemnización como pago a cuenta, forzando el desaliento del reclamo”. Si bien la norma prevé que el trabajador acuda con un abogado a realizar el trámite, las comisiones médicas sustituyen a los jueces naturales, y siguen constituidas por médicos (y no por expertos en derecho). El estudio sostiene que la necesidad de reformar esta ley es lo que provocó que “el Poder Ejecutivo instalara la consigna del colapso del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, provocado por la supuesta ‘industria (mafiosa) del juicio’”.

Ahora bien y según lo que prevé la Constitución Nacional, las provincias deben adherirse a esta reforma legislativa. Esto provocó que exista lo que Atenea definió como “la carencia de comisiones médicas” en el territorio argentino, lo que provoca no pocos inconvenientes a la hora hacer operativa la ley, “obligando a los trabajadores a trasladarse varios kilómetros para iniciar un reclamo”.

Pero, además, hay otro tipo de complicaciones para el funcionamiento pleno de la norma. Por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal busca aplicar esta ley. Según el estudio de Atenea, el Frente Renovador presentó un proyecto de adhesión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, el Senado local lo rechazó a instancias del Frente para la Victoria, que contó con el respaldo de las centrales obreras y los colegios de abogados. “Es decir que en provincia de Buenos Aires, actualmente, el trabajador tiene libre acceso a la Justicia”, afirmó el estudio.

En Córdoba, en tanto, al rechazo a la ley nacional le agregaron además un nuevo formato, al determinar que el procedimiento previo ante las comisiones médicas “será obligatorio en tanto efectivamente se creen estas comisiones en cada jurisdicción” y, a la vez, habilita la posibilidad de que el trabajador “cobre el crédito reconocido en trámite administrativo y pueda ir a juicio tomándose como pago a cuenta” que la norma nacional hoy prohíbe.

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La cortina de humo de las mafias de los juicios laborales
Por Fernando Alonso, Diario BAE - Monday, Jul. 03, 2017 at 12:04 PM

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3 de julio de 2017 | Otra vez, ayer, Mauricio Macri habló de las mafias de los juicios laborales y asumió el compromiso de trabajar para eliminarlas ya que, según dijo, “una pyme que cierra sus puertas no vuelve a abrir más, y los empleados pierden su trabajo”. Más allá del delito de violación de deberes que comete el Presidente al no presentarse en la Justicia para hacer la denuncia formal, la ofensiva está puesta en sumar apoyo a las reformas neoliberales que se están elaborando para llevar a la práctica después de las elecciones legislativas de octubre.

La referencia a “mafia de los juicios laborales” se acuñó en los ’80, cuando existió una asociación entre estudios de abogados, jueces y directivos de empresas públicas que fraguaron accidentes para demandar al Estado. En aquellos años, la Justicia investigó y desarticuló esa “mafia”. Con la primera ley de ART se había generado la denominada “doble vía”, que implicaba cobrar el seguro y luego hacer el juicio laboral. Pero desde la última reforma durante la gestión de Cristina Fernández se puso fin a esa opción y los trabajadores accidentados tienen la opción de cobrar la indemnización de la ART o iniciar el juicio. Quedó la posibilidad de acudir a la justicia civil, pero nada tiene que ver con lo que se identifica como industria del juicio.

El mayor problema de las pymes es el costo de las ART, que en un contexto de crisis económica muchas veces se vuelve imposible de afrontar y quedan obligadas a sumir el riesgo de no contar con la cobertura. El Gobierno podría permitir la creación de mutuas, lo que abarataría el costo del seguro en detrimento del sistema financiero.

Por eso cuando el Presidente denuncia genéricamente mafias, lo que en verdad busca es crear una cortina de humo que confunda los motivos de la destrucción de empleo que se registra en el último año y medio, especialmente en el sector industrial. Los más de cincuenta mil puestos perdidos fueron producto de las políticas económicas neoliberales, referidas en algún momento como “el modelo australiano”, que creen en un país sin industria.

Y, como voceros oficiales dejaron conocer a través de medios ideológicamente afines, el modelo se profundizará después de lo que esperan sea un triunfo en las legislativas. El Gobierno deja saber que se gesta una gran reforma para modernizar la economía y las instituciones del país, pero sólo presenta los títulos y evita referirse al contenido. El planteo mercantilista de la política: vender un producto sin revelar qué tiene en su contenido. Ninguna empresa podría hacerlo sin terminar demandada en la Justicia.

En octubre se va a votar la reforma previsional para abaratar el sistema (puede incluir más años de servicio o la modifi cación de la fórmula de actualización de las prestaciones), así como también la laboral para reducir el costo de contratación (también reduce las prestaciones sociales asociadas) y la impositiva para consolidar la transferencia de recursos (que se inició con la reducción de retenciones) y del Estado (para bajar el gasto y retirar la presencia en la economía). La modernización que se plantea no implica mejorar la calidad de vida sino mejorar la rentabilidad de las empresas.

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