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Productividad : ¿salvavidas o condena?
Por Mariano Martín - Monday, Jul. 17, 2017 at 10:54 AM

Lunes 17 de Julio de 2017 | EL FARO LABORAL DEL GOBIERNO - La productividad laboral, históricamente asociada la flexibilidad, ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. Antecedentes y posibilidades reales de aplicación.

 Productividad : ¿sa...
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"La productividad es la estrella polar que debe guiarnos en todas las concepciones económicas y en todas las soluciones económicas". La frase, pronunciada por Juan Perón en un discurso del 1 de octubre de 1954, es uno de los primeros antecedentes del intento de incorporación como política de Estado de esa dimensión en el mundo del trabajo. También es, con algunas variantes en su estructura, la fórmula que más cita Mauricio Macri en sus exposiciones ante públicos de origen sindical o de cuna peronista.

La palabra "productividad" terminó por ponerse en boga entre especialistas del campo laboral y suele sobrevolar las discusiones de paritarias entre empresarios y gremialistas, así como las de cada año en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Casi siempre el resultado es el mismo: el término no pasa de ser un enunciado que opera como advertencia al espacio sindical y el debate termina por reencauzarse hacia su eje recurrente, que es el salario. La amenaza para el sindicalista que oculta la palabra es la apertura a conceptos de flexibilización de los convenios colectivos, extensión de horas de trabajo, reducción en las dotaciones de personal, premios y castigos atados a resultados y, como consecuencia casi inevitable, menor activismo en las unidades de producción.

La temprana definición de Perón fue el prolegómeno del llamado al Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social (CNPyBS), tal el pomposo nombre que eligió el fundador del Partido Justicialista para una convocatoria a la CGT y la Confederación General Económica (CGE), de José Ber Gelbard, que se concretó en marzo de 1955. Aquel llamado a rediscutir las condiciones de producción, el ausentismo, el trabajo a destajo (el esquema que ata la remuneración sólo al resultado) y el rendimiento laboral evidenciaba un desgaste en el modelo redistribucionista de los primeros años de la gestión peronista, así como reflejaba las crecientes presiones que sufría el Gobierno de los intereses económicos locales e internacionales.

El congreso finalizó con un documento plagado de buenas intenciones y un acuerdo tripartito de implementar condiciones de productividad en los convenios colectivos de trabajo. Seis meses después Perón sería derrocado por la autodenominada "Revolución Libertadora" y ninguno de los entendimientos firmados al calor del Congreso de la Productividad se pondría en práctica.

Más allá de este resultado infausto Macri eligió esa consigna de Perón -entre las cientos que dejó, la mayoría de ellas replicadas con más entusiasmo por sus seguidores- para establecer su hoja de ruta en la relación con el sindicalismo tradicional. Su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de hecho, anunció que en el primer año de gestión de Cambiemos al menos 30% de los acuerdos paritarios firmados incluyeron algún ítem ligado a la productividad, y que para este año se preveía llevar a 50% ese número.

Con esa impronta el Gobierno avanzó en negociaciones puntuales con dirigentes gremiales afines para la generación de acuerdos sectoriales. El más resonante fue el de Vaca Muerta, inicialado a principios de año con el sindicalista patagónico Guillermo Pereyra. Le siguieron otros con las terminales automotrices y la industria autopartista; la construcción, las fábricas textiles y de calzado, y el sector de motos. En cada caso el Ejecutivo acudió a sectores en peligro por la caída de la actividad económica local y la demanda externa, así como la propia decisión gubernamental de abrir las importaciones. Los resultados son todavía inciertos.

Pruebas piloto

En Vaca Muerta las cláusulas firmadas a principio de año pasan esencialmente por la reducción de las dotaciones mínimas para la perforación de pozos petrolíferos; premios puntuales por la realización de fracturas mediante la operatoria de "fracking", y la reducción en el pago de las denominadas "horas taxi" como se conoce al pago de los tiempos de traslado y descanso de los operarios una vez que salen de sus casas o mientras vuelven, que llegan a trepar al 40% del total de los salarios del sector. Aunque su aplicación lleva poco menos de un semestre no se verificó todavía un aumento sustancial de la productividad del yacimiento más promisorio del suelo argentino ni una reducción significativa de los costos de operación.

En el resto de los sectores las premisas son bastante similares, con las condicionalidades propias de cada actividad. De todos modos en el Gobierno, los especialistas que trabajan sobre los acuerdos puntuales dan pistas firmes de hacia dónde se propone ir el equipo de Macri y hasta dónde creen que podrán superar el fantasma de los fracasos en los planes de productividad laboral intentados hasta ahora.

En la cartera laboral, donde se cocinan los entendimientos sectoriales, admiten que postular la productividad como un objetivo es apenas un engranaje de un mecanismo mucho mayor, y en muchas ocasiones inmanejable por parte de los gobiernos, que pasa por la competitividad de la moneda local. Dicho de otra forma, el comportamiento del dólar.

"El principal problema de costo de la mano de obra argentina es que está influido por el precio del dólar. Cuando hay retraso cambiario es inútil que la industria obtenga un costo bajo de su mano de obra. Lo micro nunca resuelve lo macro", resume un funcionario con una alta dosis de realismo frente a los enunciados de ministros como Triaca o su par de Producción, Francisco Cabrera. Los técnicos admiten que en ese contexto el costo de la mano de obra es alto, pero por su valor estructural en dólares, en su comparación internacional, y no necesariamente por la remuneración percibida por el trabajador.

El diagnóstico oficial es negativo respecto de la productividad promedio de la industria argentina. Con excepción de un puñado de compañías muy ligadas al mercado externo, a las que se les asigna una alta competitividad -como Arcor, Techint o las aceiteras orientadas a la exportación, así como algunas de sus proveedoras- la mayoría de las empresas nacionales es vista por el Gobierno como imposibilitada de llevar a cabo un producto de calidad, sin importar su costo de mano de obra. En particular, las pequeñas y medianas.

Pero incluso a partir de esa conclusión la administración de Mauricio Macri se abocó a la tarea de incorporar la noción de productividad asociada a la de competitividad de la industria, en particular, y de la economía en general. De ahí la porfía del jefe de Estado en llamar a los asalariados a esforzarse y trabajar más horas, y la condena oficial a la mentada "mafia de los juicios laborales", como se simplifica el amplísimo campo de la litigiosidad por accidentes de trabajo y por despidos incausados. Y de paso, la extensión de la acusación de "mafia" al sindicalismo peronista, que en rigor le prestó al Gobierno una colaboración inestimable al permitirle transitar su primer año con una conflictividad controlada y que no exhibe en el horizonte un agravamiento, al menos hasta las elecciones de medio término.

El fantasma de los juicios

La litigiosidad laboral como freno a la productividad pasó a ser un leitmotiv del Gobierno. Sobre este punto el abordaje principal pasa por un plan amplio de blanqueo, que permanece a la espera de mejores condiciones de negociación con los sindicatos. Los funcionarios intentarán disociar el necesario beneficio que acarreará para empresarios informales, de blanqueos y condonaciones de cargas patronales más habituales en la década del 90.

En este aspecto, impera en el Poder Ejecutivo una consideración, al menos controversial, que vuelca sobre el trabajador la responsabilidad primaria de su propia formalización. Es la tesis que sostiene que un empleado "en negro" cuenta con una suerte de crédito a futuro para utilizar esa condición como argumento judicial en una eventual demanda por despido, con el horizonte de duplicar su indemnización. Y como contrapartida, aunque no lo declamen públicamente, existe la creencia en el Gobierno de que una fiscalización muy severa sobre el trabajo en negro (que supera el 33 por ciento), focalizada en el segmento pyme, podría derivar en el quebranto de una fuente clave de empleabilidad. Como había anticipado este diario, una de las iniciativas en este aspecto es restarles a los juicios por indemnización los punitorios por trabajo irregular y derivarlos del demandante a la Anses.

Entre otros ítems que destacan los funcionarios a desarrollar en los convenios colectivos en adelante figura el de ausentismo. Para el Gobierno este rubro implica un sobrecosto significativo en las empresas al orillar el 10% en algunos sectores. Muy alto si se lo compara con otros países con los que la Argentina compite por mercados similares de exportación, como México (las ausencias con justificativos médicos son más cercanas al 3 por ciento) o Brasil. En ambos la legislación laboral es más laxa, por regla general.

La vuelta de las pasantías

También se destaca en la agenda oficial el inminente relanzamiento de las pasantías. Cerca de Triaca aclaran con énfasis que deberán ser "esquemas no laborales por un período de tiempo razonable que no representen para las empresas un costo homologable al de un trabajador". Dicho de otra forma, se trata de mecanismos no asimilables a un empleo, sino a una mera práctica formativa, sin obligación alguna del empresario de absorber al aprendiz y hasta con alicientes económicos por parte del Estado para tomarlos por plazos de hasta nueve meses, cuando en años anteriores se había llegado a un tope trimestral para estas modalidades.

El ejemplo más significativo de este instrumento fue la implementación de un plan de primer empleo en la cadena de comidas rápidas McDonald's, que a pesar de contemplar un aporte del Estado por cada ingresante de un sector social vulnerable, dejó como resultado en un año de aplicación un total de 700 nuevos trabajadores sobre una expectativa inicial de 5.000.

Otro rubro es la necesidad de apuntalar el financiamiento para la mejora tecnológica de los procesos productivos. De acuerdo con la estructura de subsidios que heredó Macri de Cristina de Kirchner, y que a grandes rasgos se mantiene casi inalterada, todavía es muy superior la aplicación de recursos al sostén de puestos de trabajo en riesgo que a la innovación tecnológica. Sobre este punto giró el plan de Transformación Productiva que lanzaron Trabajo y Producción que tuvo su debut con el sector de ensamblado de computadoras. Lo paradójico es que los fondos tuvieron una mayor asignación a la reubicación de trabajadores de unidades productivas destinadas a desaparecer, o bien a indemnizarlos, que a una reconversión efectiva de sus empleadores. La excepción, en este punto, es el campo, en donde el Ejecutivo alega que están los mejores ejemplos de integración de las alternativas tecnológicas a los procesos agropecuarios.

En todos estos rubros el sindicalismo es visualizado por funcionarios y empresarios como el principal obstáculo a sortear. De ahí la vía escogida por el Gobierno de negociar acuerdos individuales con sectores gremiales y dirigentes dialoguistas como Pereyra, el mecánico Ricardo Pignanelli, el constructor Gerardo Martínez y hasta el estatal Andrés Rodríguez, que incluyó en el último acuerdo salarial de UPCN un plus por presentismo que equivale hasta cinco puntos de incremento por sobre el 20 por ciento en dos cuotas pactado para todo el año.

Ecos noventistas

Los más experimentados en el campo sindical no guardan un buen recuerdo de los intentos por aplicar criterios de productividad. El veterano abogado laboralista Lucio Garzón Maceda, uno de los protagonistas del Cordobazo, evoca el Decreto 1334 de julio de 1991, aplicado por el entonces presidente, Carlos Menem, que obligó a incorporar cláusulas de productividad en todos los acuerdos salariales a cambio de su homologación. Fue una consecuencia directa de la implementación del plan de convertibilidad, obra del exministro de Economía Domingo Cavallo, que estabilizó de manera artificial la moneda y puso freno a una escalada hiperinflacionaria. El resultado, el congelamiento de los salarios y la prohibición de indexación de los contratos.

"No sirvieron para nada esos planes de productividad. Básicamente porque en la historia argentina siempre se incorporó este concepto sólo cuando hay procesos recesivos en la economía, nunca cuando hay expansión. El abordaje de la productividad debería ser más integral y no pasar sólo por el salario o el costo laboral sino, más bien, por otros rubros con más incidencia, como por ejemplo la logística, que en este país está muy deteriorada", detalló Garzón Maceda.

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