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Petroperú y el cuento de la plata de todos los peruanos
Por Lino Cerna Manrique - Thursday, Aug. 03, 2017 at 6:20 PM
linocerna@yahoo.com 987756142

Cada cierto tiempo algunos economistas, periodistas, “lobistas” de intereses particulares o analistas de información que opinan sobre energía y economía, afirman que PETROPERU, gasta o vive del dinero de todos los peruanos. Es decir, dan a entender, que PETROPERU mantiene sus operaciones a costa del presupuesto o dinero que le transfiere el Estado. Eso es una absoluta falsedad.

PETROPERU Y EL CUENTO DE LA PLATA DE TODOS LOS PERUANOS

Por: Juan V. Boggio Luna (*)

Cada cierto tiempo algunos economistas, periodistas, “lobistas” de intereses particulares o analistas de información que opinan sobre energía y economía, afirman que PETROPERU, gasta o vive del dinero de todos los peruanos. Es decir, dan a entender, que PETROPERU mantiene sus operaciones a costa del presupuesto o dinero que le transfiere el Estado. Eso es una absoluta falsedad.

La realidad simple y transparente, es que PETROPERU S.A. es una empresa estatal, de derecho privado, que se rige por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, por lo cual genera sus propios ingresos, que le permiten cubrir todos sus gastos y/o costos operativos, y que desde el 2010 sólo tuvo pérdidas en un año, el 2014, las cuales fueron compensadas en el año siguiente.

En los últimos seis años, del 2010 al 2015 las utilidades acumuladas por PETROPERU S.A. fueron de 1,262 Millones de Soles; o sea que en ese período el promedio anual de ganancias fue de 210 Millones de Soles. En el presente año, 2016, las utilidades acumuladas al 30 de Junio, es decir, las ganancias netas del primer semestre son de 451 Millones de Soles. Estos resultados económicos son claros y contundentes, confirmando que PETROPERU S.A. es una empresa rentable y solvente, aun cuando los alfiles de intereses particulares afirmen lo contrario.

Toda la data de Ganancias y/o Pérdidas de PETROPERU S.A. puede ser consultada en página WEB de la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo tanto, no debe quedar ninguna duda. Afirmar o insinuar que PETROPERU S.A. solventa sus operaciones con el dinero de todos los peruanos es una mentira más grande que una catedral. Esperamos que los ciudadanos de este Perú, no continúen siendo engañados en forma tan descarada.

Cabe recordar que incluso los montos para el pago oportuno de la inversión por la construcción del Oleoducto Norperuano a los bancos japoneses, fueron transferidos por PETROPERU S.A. al Ministerio de Economía y Finanzas, en su oportunidad, pero el Ministerio dejo de pagar dicha deuda y dio otro uso al dinero transferido por la empresa. Por esta razón, algunos años después, seguía existiendo dicha deuda y PETROPERU S.A. tuvo que hacer las gestiones al más alto nivel para hacer honor a dicha deuda.

PETROPERU S.A., como empresa productiva es también una entidad que obtiene ingresos para el Estado; así, en los años 2014 y 2015 genero recursos para el Estado por 4,427.2 y 4.058.8 Millones de Soles, respectivamente, principalmente como agente recaudador de los impuestos General a las Ventas, Selectivo al Consumo de Combustibles, y al Rodaje; y en menor proporción por las operaciones propias de la empresa. PETROPERU S. A. es una de las empresas que recauda los mayores montos por impuestos para el Estado y los transfiere periódicamente al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Por lo tanto, es absurdo afirmar que PETROPERU S.A. gasta el dinero de todos los peruanos.

En ninguna oportunidad el Estado asumió alguna pérdida de la empresa. Por el contrario, PETROPERU S.A., por ser empresa estatal tuvo que asumir una serie de “Partidas inusuales” y “Cargas extraordinarias", como son:

1. No recuperar 1,892.2 Millones de Soles del IGV (Impuesto General a las Ventas) por la comercialización de combustibles en la Selva desde 1999 (antes de terminar el gobierno de Fujimori) hasta Junio del 2015.

2. Asumir las Cargas Pensionarias de las Unidades privatizadas (promedio anual de 65 Millones de Soles), lo que representa un ahorro para las empresas privadas favorecidas.

3. Mantener y prolongar contratos antieconómicos con las empresas privadas favorecidas con la privatización en la década de los noventa. Esto representa una transferencia de renta desde el Estado, como propietario de PETROPERU, hacia la empresa privada.

4. Asumir en la primera mitad de los noventa las deudas del Estado Peruano con la aseguradora American International Group –AIG/Enrom- por de 251 Millones de dólares, con intereses, a consecuencia de la rescisión del contrato con la Belco Petroleum Co. en el primer gobierno de Alan García. Obligación establecida en la Ley 26204 (Artículos 1, 2 y 5) promulgada en Junio del año 1993 y el Decreto de Urgencia Nº 124-94)

5. Distraer recursos para la habilitación del palacio de gobierno, al final del año 2001.

6. Transferir al Estado el 7.5% de los ingresos mensuales por ventas en el mercado interno del 1993 hasta 1996 (260 Millones de Dólares). Obligación establecida con el Decreto Supremo Extraordinario Nº 257-PCM-93 y sus normas complementarias.

Es necesario puntualizar que en la segunda década de los años ochenta, PETROPERU S.A., con el precio subsidiado de los combustibles, a un nivel cinco veces más bajo que el precio internacional mantuvo el abastecimiento oportuno en todo el territorio patrio, dado fundamentalmente que en ese entonces era una empresa integrada, con campos de producción propia de petróleo.

En cambio, actualmente la situación es muy diferente, porque con la privatización de los noventa se quitó a PETROPERU S.A. y “malbarateo” los campos petroleros, las flotas de transportes, las Plantas de Ventas del litoral, la Planta de Grasas, las Plantas de Bases Lubricantes de Talara y de Lubricantes del Callao, la red de comercialización de combustibles líquidos y la red de almacenamiento, envasado y distribución de GLP (Solgas).

Mención aparte merecen las dos descapitalizaciones que el Estado impuso a PETROPERU S.A. en los últimos 25 años:

• La primera descapitalización fue durante el primer gobierno de Alan García, dado que se le obligo a subsidiar el precio de los combustibles, el cual estuvo en el mercado nacional cinco veces debajo del precio internacional y PETROPERU S.A. tuvo cifras en rojo durante todo ese gobierno. Esos resultados fueron “porque durante en ese período se aplicó una política sistemática de subsidios. Se obligó a PETROPERU a vender sus productos (combustibles) a pérdida”*.

• La segunda descapitalización fue en los años noventa, por la privatización de la mayor parte de sus activos. Durante el Gobierno del Ing. Fujimori se transfirió a la empresa privada, mayormente extranjera los activos de la empresa estatal peruana a un valor subvaluado y todos los ingresos fueron al Tesoro Público. PETROPERU S.A. no recibió ningún dinero de la privatización, por el contrario tuvo que ceder todo lo que disponía la CEPRI y la COPRI para que los interesados tengan mayor rentabilidad, como ocurrió con el negocio de energía eléctrica y gas natural en Talara entregado a EEPSA.

Los últimos derrames en el Oleoducto Norperuano, ocurridos después del cambio de gobierno y ocasionados en forma solapada e intencional por terceros, han sido aprovechados por algunos conocidos analistas o profesionales en economía o reestructuración empresarial para atacar frontalmente a PETROPERU S.A. con aseveraciones sin ningún fundamento profesional, como el cuento de la falta de una gestión adecuada en “40 años de operación del Oleoducto, desde el año 1,976”.

Este “cuento negro de la falta de mantenimiento desde el inicio de su operación” empezó a fines del gobierno anterior y su difusión sirvió al único Presidente y Gerente General a la vez, en la historia de PETROPERU S.A., para resaltar su gestión, desacreditando a las administraciones anteriores. Es sorprendente que los tecnócratas experimentados del nuevo gobierno sigan con el mismo cuento negro para justificar la solicitud de facultades extraordinarias.

Conviene puntualizar que todos los gastos de remediación por impactos de los derrames y la reparación del Oleoducto son asumidos por PETROPERU S.A., sin recibir ningún dinero o subsidio del Estado. La integración en la empresa del negocio del Oleoducto con las refinerías, como la de Talara y la distribución mayorista de combustibles han permitido cubrir las pérdidas del Oleoducto, cuando eventualmente la tarifa por el transporte fue insuficiente, a consecuencia de la drástica reducción de la producción de petróleo en la Selva por parte de las empresas privadas.

Cuando las empresas privadas tienen problemas por la reducción del precio internacional del petróleo, lo primero que reclaman con apoyo de muchos expertos, analistas y lobistas es la reducción de las regalías, que en la práctica es una transferencia de renta del Estado a la empresa privada. En otros casos, tienen el subsidio del Estado o de todos los usuarios de energía eléctrica, como en la inversión para la construcción del Gasoducto del Gas de Camisea a la Costa.

La evidencia está en el cobro mensual de la Garantía de la Red Principal en los recibos de los pagos mensuales por consumo de electricidad. Esa inversión privada fue con el dinero de todos los peruanos. Sin embargo, ahí no hubo ninguna protesta de los analistas y profesionales ahora en campaña contra PETROPERU S.A.

Más aun siendo empresa de propiedad estatal, nunca recibió subsidios del Estado y actualmente solamente requiere el aval para conseguir el financiamiento de la inversión en la nuera Refinería de Talara. Esta inversión es rentable y será pagada con los ingresos por la venta de los productos de mayor calidad que se obtendrán de procesar crudos más pesados y baratos.

Los analistas que atacan a Petroperú S.A., omiten que el origen de las. Deficiencias en la gestión de la empresa fue la injerencia política, que empezó en el primer gobierno de Alan García y continuo en los sucesivos gobiernos, con Pocas excepciones, hasta llegar a la administración del singular Presidente y Gerente General, a la vez, que adjudico jugosos contratos "para seleccionar talentos" para cargos de gerentes y subgerentes, sin mayor conocimiento del sector y facilito el ingreso de personal adicional incluso al oleoducto, cuando "estaba parado desde febrero del presente año.

El hecho de dar incentivos perversos a los indígenas para trabajar en la remediación de los últimos derrames, provocados por terceros, durante la administración anterior, merece una exhaustiva investigación, dado que podría ser una bomba de tiempo dejada para impactar a inicios del actual gobierno.

Es actualmente una empresa competitiva, rentable y solvente, aun cuando no cuenta con producción propia de petróleo, tampoco con una boca de salida hacia el usuario final o una red propia de estaciones de servicio y tiene que asumir una serie de sobrecostos, por el hecho de ser estatal.

En la actualidad se requiere que el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) destrabe y de pase a la financiación del PMRT (Proyecto de Modernización de Refinería Talara) detenida durante toda la administración anterior y que pone en riesgo la continuidad del proyecto.

……………………………………..
(*) Juan V. Boggio Luna
Ing. Químico, Reg. CIP Nº 11,803-Magister en Administración (ESAN, X Promoción)
FUENTE: Suplemento Dominical Semana – Diario: “El Tiempo” de Piura, 18.09.2016



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