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Décima audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata
Por HIJOS La Plata - Saturday, Aug. 12, 2017 at 8:42 PM

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LÚCIDOS CONTRA DESMEMORIADOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares dos testigos de las defensas de los asesinos no lograron velar el oscuro pasado de la derecha peronista. Además, dos testigos de la querella de Justicia Ya echaron luz sobre el pasado de la banda de la CNU y su activo rol en la represión del terrorismo de Estado.

Por HIJOS La Plata

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En primer término dio su testimonio Juan Destéfano, ex presidente de Racing Club, ex secretario general de la UOM Avellaneda y ex secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en la gestión del burócrata sindical de la derecha peronista Victorio Calabró entre 1974 y 1976. Convocado por la defensa de Pomares, Destéfano, sufrió 18 meses como detenido ilegal en dictadura en los CCD de Puesto Vasco y COT de Martínez y Arana, y ya había testimoniado en el juicio al capellán policial Christian Von Wernich en 2007. El testigo no logró exprimir lo suficiente su memoria pese al alto cargo que ocupó en la Gobernación. Contó que conoció a Pomares y Castillo en los pabellones 10 y 11 de la Unidad 9, cuando fue legalizado como preso político y ambos asesinos estaban detenidos en una causa por tenencia de armas y robos que cometían haciéndose pasar por policías en paralelo a los secuestros y ejecuciones de la CNU.

Destéfano, que se definió en la audiencia como “peronista ortodoxo, de Perón y Evita”, fue detenido junto a casi todos los ministros del gabinete de Calabró, como el titular de la cartera de Economía, Ramón Miralles, de Asuntos Agrarios, Pedro Goin, y corrió el mismo destino que familiares, socios y empleados del banquero y empresario David Graiver. Al respecto dijo que “todos fuimos tachados de subversivos” y agregó curiosamente que “en la mayoría de los casos erróneamente”.

Develando nuevamente la intención de la defensa de presentar a los asesinos como víctimas de la dictadura, Destéfano definió a Pomares como “un joven normal, que no fue subversivo. En la cárcel forjamos una amistad, al igual que con todos los que padecimos semejantes injusticias”.

Consultado por su tarea como secretario general de la Gobernación contestó que era la mano derecha del gobernador, y que se encargaba de realizar la coordinación institucional desde el ejecutivo provincial con los presidentes de las cámaras de senadores y diputados. Por las dudas aclaró: “Nunca recibí a los integrantes de la CNU como funcionario, sólo los vi como preso en la Unidad 9”. Requerido para que explique qué directivas había impartido Calabró a sus ministros frente al clima de violencia que se vivía, trató de explicar que siempre se actuó “con la policía y dentro de la ley” y que “éramos todos peronistas y católicos, de manera que por orden expresa del gobernador estaba prohibido maltratar o torturar a nadie”.

A una pregunta específica sobre si conoció el Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre de 1973, que ordenaba combatir por cualquier medio, perseguir y expulsar a los “infiltrados marxistas” del movimiento, respondió simplemente “no”.

Preguntado sobre si conocía al dirigente de la Agremiación de Empleados por Reunión del hipódromo asesinado por la CNU, Carlos Domínguez, dijo que no. E Indagado sobre cómo era la relación de la Gobernación con la Dirección Provincial de Hipódromos, y si conoció si hubo conflictos gremiales en el ámbito, dijo que suponía que había reclamos por salarios, pero que en la conducción del hipódromo estaban los funcionarios Edwin, Néstor Otero e Isidoro Donaires, y agregó “nosotros no pisábamos el hipódromo porque se nos acusaba permanentemente de que Calabró tenía caballos de carrera, entonces estaba vedado ir”. En realidad ya desde su rol de vicegobernador de Oscar Bidegain, obligado a renunciar por Perón por vincularlo a la Tendencia Revolucionaria, Calabró aspiraba a acumular poder político y realizar negociados manejando la Dirección de Hipódromos, la presidencia del Banco Provincia y la jefatura de Policía.

Todo el gabinete de Calabró, que esgrimía amplios acuerdos políticos con el ministro José López Rega y con la burocracia de la CGT nacional y platense, conocía a Domínguez por encabezar la huelga que paralizó el turf entre diciembre del ’75 y enero del ’76. Tal es así que la Dirección de Hipódromos, que dependía directamente de la Gobernación, publicó una solicitada tergiversando los reclamos de la Agremiación y declarando ilegal la huelga impulsada por los trabajadores. En este mismo debate, la hija de Domínguez relató que en un episodio de fines del ’75 en que su padre caminaba con su madre por el centro de La Plata fue levantado por una patota que lo llevó directamente al despacho del gobernador Calabró y le dijeron “levantá la huelga porque te hacemos boleta”.

La memoria del secretario del “Taño” Calabró parece ser muye endeble a sus 83 años, pero tanto las familias de las víctimas como los sobrevivientes del genocidio saben muy bien quién fue cada quién en aquellos años. Al concluir su testimonio Destéfano fue aplaudido tibiamente por un grupo de seis personas que acompañaron el juicio en evidente apoyo a los asesinos Castillo y Pomares. Todo un símbolo.

A continuación fue presentado en calidad de testigo el genocida de la Policía Bonaerense Julio César Garachico, condenado a cadena perpetua en 2014 por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en noviembre de 1976 y señalado en su testimonio de 2006 por Jorge Julio Lopez como uno de sus torturadores en los CCD de Arana. Lo insólito de la situación, que un genocida sea llamado como testigo, no se sostuvo por mucho tiempo. Convocado por el abogado defensor del asesino Castillo, el represor contestó las preguntas de rigor se adujo como última ocupación “trabajar en una empresa privada en el sur durante 15 años”. Dijo que a Pomares y Castillo los conoció en Marcos Paz por compartir la detención por cometer delitos de lesa humanidad.

Garachico, oficial principal de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense, debería estar imputado en esta causa por su complicidad liberando las zonas en los secuestros y torturas cometidos por la CNU en La Plata.

Preguntado por si participó en 1976 de “algún operativo o allanamiento” en el domicilio de alguno de los imputados, dijo que en abril o mayo de ese año lo enviaron a un operativo en la casa de Castillo. “Una señora me hizo pasar y Castillo no estaba. Listo. No hubo nada raro”. Afirmó no acordarse si intervino en actuaciones judiciales sobre la banda de la CNU, pero que recordó se secuestraron algunas cosas robadas “de un hecho en Villa Elisa”. Según el represor las cosas secuestradas, en su mayoría electrodomésticos, luego se las llevó el Ejército desde la Unidad Regional. En ese momento la farsa se develó: el testigo le reconoció al abogado que lo llamó a declarar que “Usted me pregunta cosas que yo no recuerdo. En realidad yo ni sabía a qué venía acá. Me enteré hoy a la mañana”. A semejante confesión al Dr. Buján no le quedó otra que decir: “No tengo más preguntas”. Como a todos los represores de la dictadura, al “Gordo” Garachico no le conviene recordar que estuvo a cargo de la patrulla policial que detuvo a la banda de Castillo el 29 de abril de 1976, cuando el grupo de tareas de la CNU intentaba secuestrar a Juan Carlos “Vaca” Arias, que relató el hecho en las audiencias de este juicio. Hasta entonces las autoridades militares y el jefe de la Unidad Regional, Carlos Masulli, encargaban a Garachico y al suboficial Alberto Bilardo la tarea de liberar las zonas para que la CNU pudiera perpetrar sus secuestros y asesinatos.

Para ubicar al represor-testigo en su lugar, la querella del espacio “Justicia Ya” le preguntó por los hechos que se investigan en el juicio y dijo desconocerlos. Requerido por los procedimientos que realizaba la Policía bonaerense en aquellos años, dijo que no recordaba. Pero además se le hizo una pregunta fundamental: “¿Usted puede aportar algún dato sobre el paradero del señor Jorge Julio Lopez?”. El represor se mostró asombrado y dijo “¿Pero qué es esto?”. La causa que investiga la desaparición de Lopez en 2006 aporta varios datos interesantes que responderían a la pregunta de Garachico. En octubre de 2006, cuando Lopez lo mencionó en su testimonio, gestionaba el casino Punto y Banca en Puerto Madryn. Circulaba por la ciudad en un auto de alta gama y realizaba “tours de juego” junto a encumbrados funcionarios menemistas como Carlos Spadone y Moisés Ikonicoff, pero al quedar en evidencia se desvinculó de la empresa y se fugó. Fue detenido en Mar Del Plata en abril de 2012, por un dato aportado exclusivamente por la querella de los organismos de Derechos Humanos.

Según el testimonio de Lopez, Garachico integraba el “grupo de picaneadores” que actuaba en el CCD de Arana junto a represores como Hugo Guallama, Carlos “Manopla” Gomez, Gregorio Medina, Manuel Aguiar, Francisco Urcola, Raúl Muñoz, José Orellana, Jorge Ponce, Tránsito Gigena, “Rudi” Calvo y el propio Miguel Etchecolatz. A 11 años del segundo secuestro y desaparición de Lopez no hay un solo imputado por el crimen. El espectro del testigo ausente continúa sobrevolando los juicios de lesa humanidad de La Plata, en momentos en que las desapariciones forzadas en democracia se renuevan con el caso de Santiago Maldonado.

A continuación se escuchó un completo y extenso testimonio de dos horas de parte del profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales por la UNLP, Juan Luis Besoky, convocado por la querella del espacio Justicia Ya La Plata para describir el contexto histórico en que se cometieron los crímenes de la CNU, principalmente a través de los conceptos de su tesis doctoral “La derecha peronista. Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)”.

En una exposición que resulta irreproducible para una síntesis como la actual, y que se alargó por las preguntas que los propios jueces realizaron queriendo ilustrarse sobre el período histórico, el despliegue conceptual de Besoky se basó en desarrollar 5 puntos esenciales:

- El origen de la CNU en otros grupos de la derecha nacional como Tacuara, y su prédica desde el nacionalismo católico, y el anticomunismo. La figura central del profesor Carlos Di Sandro, su obra y su acción política bendecida por Perón. El concepto de “sinarquía” como la elaboración de un otro a combatir.

- El desarrollo alentado desde el Estado de los grupos de la derecha peronista para combatir la “infiltración marxista” en el movimiento y expulsar a los gobernadores y otros funcionarios de la Tendencia Revolucionaria.

- La presencia del Documento reservado del Consejo Superior Peronista de octubre de 1973 como elemento de puesta en marcha del accionar represivo del Estado, desde diversos grupos para-estatales como la CNU.

- La elaboración de un andamiaje de legislación represiva en el tercer gobierno peronista para, como la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad de empleados públicos , las leyes 20.642 de reforma del código penal, 20.840 de represión de delitos “terroristas” y el decreto secreto de 1.302 del denominado Operativo “Topo”, que legalizaba la “lucha contra la subversión”.

- La continuidad del esquema represivo del tercer gobierno peronista en la dictadura a partir de los decretos de “aniquilamiento de la subversión”, y la prolongación de objetivos con el cambio de modalidades hacia una mayor centralización del mando en las Fuerzas Armadas.

En un intento por deslegitimar la impecable exposición de Besoky, el abogado de Castillo se atrevió a consultarlo por la fuentes de su tesis, a lo que el profesor respondió que la mayoría de las fuentes eran las propias publicaciones de la derecha peronista (como la Juventud Sindical, la JPRA o la propia CNU), la prensa escrita o entrevistas a militantes de la ortodoxia peronista. En el mismo sentido el defensor de Pomares trató de confundir al testigo y preguntó si un peronista de derecha podía ser considerado “subversivo” por la dictadura: Besoky respondió con altura que la mayoría de los militantes de la derecha que fueron detenidos luego fueron liberados, suerte que no corrió el grueso de los militantes de izquierda secuestrados, fueran peronistas o de otras vertientes de la izquierda local.

El aporte del testigo resulta ineludible para comprender el contexto real en que se produjeron los crímenes del terrorismo de Estado en el tercer gobierno peronista. Algunos de los trabajos de Besoky pueden consultarse en

http://www.ungs.edu.ar/derechas/wp-content/uploads/2013/09/Besoki.pdf

https://nuevomundo.revues.org/65374

La última testigo fue la directora del área de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Claudia Bellingeri, quien realiza tareas peritaje judicial sobre el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

La perito presentó al tribunal un informe realizado por la CPM que incluye los registros de la DIPPBA tanto de la CNU como organización criminal, como las fichas policiales de los imputados Castillo y Pomares, pasando por los legajos que la policía confeccionó de varias de las víctimas de esta causa, como Carlos Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini.

Bellingeri desarrolló la existencia de varios legajos referidos a la CNU en la Mesa de “Factor Estudiantil” de la DIPPBA que dan cuenta de que la Policía bonaerense conocía a la banda de Castillo desde sus inicios en el año 1967. Los archivos describen las actividades políticas del grupo como charlas y actos, y sus intervenciones violentas en distintas facultades de la UNLP como Arquitectura y Agronomía. Los documentos también dan cuenta de los estrechos lazos de la CNU con la JPRA, la Juventud Sindical Peronista y las 62 Organizaciones.

A esa altura de la jornada, el presidente del TOF1, Germán Castelli, cortó la exposición de la testigo alegando que el Tribunal tenía otros compromisos “impostergables” y se comprometió a seguir escuchándola en la siguiente audiencia.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 14 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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Garachico, oficial principal de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense, debería estar imputado en esta causa por su complicidad liberando las zonas en los secuestros y torturas cometidos por la CNU en La Plata.

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