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La reforma laboral que quiere impulsar el gobierno en los próximos dos años
Por Mariano Martín - Monday, Aug. 14, 2017 at 12:39 PM

Lunes 14 de Agosto de 2017 | Un gran acuerdo nacional con la participación de empresas y sindicatos, y la implementación de un nuevo cuadro normativo de las relaciones del trabajo sobre condiciones laborales por sector, facilidades para contratación y despido, blanqueo para vínculos informales, la reedición de las pasantías y hasta la inclusión de las rezagadas licencias por paternidad pasará a ser un objetivo central del Gobierno para lo que resta del año. Será un combo de proyectos de ley, resoluciones, decretos y acuerdos sectoriales que apuntará a reanimar la creación de empleo, estancada desde hace varios años.

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La velocidad y profundidad de las reformas dependerá en buena medida de la evolución de la puja electoral hasta octubre. Y se hará bajo la sombra de los cambios drásticos operados en Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, con las particularidades de una dirigencia sindical local acostumbrada a cogestionar el poder mucho más que en cualquier otro país de la región.

En la administración de Mauricio Macri juran que las modificaciones proyectadas en la legislación laboral tendrán poco y nada que ver con las del país vecino y que todas ellas se harán por consenso con los involucrados, a imagen y semejanza del entendimiento con el sector petrolero en Vaca Muerta. Una vez más, como sucede de manera cíclica en la Argentina, se escucha entre los funcionarios el leit motiv del "Pacto de la Moncloa" como faro a seguir. Las alabanzas de gremialistas y empresarios vernáculos a esa experiencia de hace 40 años de la España posfranquista, intransferible a la Argentina actual, se convirtieron en una letanía que parece resurgir cada quinquenio y siempre cuando las condiciones macroeconómicas son desventajosas para el país.

El historial que recopilan en el equipo de Macri para sustentar la bandera reformista arranca en el segundo peronismo, en la década del '70, adonde sitúan el pico de legislación laboral favorable a los trabajadores y, en consecuencia, de las organizaciones sindicales que los representaban. De hecho buena parte de ese andamiaje legal y jurídico explica la persistencia del poderío de las organizaciones gremiales tradicionales a lo largo de las décadas. A esa cima le siguió una caída estrepitosa durante la dictadura, la meseta del gobierno de Raúl Alfonsín y una nueva sangría de derechos laborales en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa bajo el pretexto de una necesaria reducción de los costos de la mano de obra.

La restitución de algunas de esas conquistas durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner fue, para los funcionarios del Ministerio de Trabajo que rodean a Jorge Triaca, espasmódica, parcial y mayormente gravosa para las empresas sin que representara, necesariamente, una mejora concreta para los trabajadores. De ahí la obsesión de Macri por apuntar una y otra vez hacia una presunta mafia de los juicios laborales, como si tal montaje fuese posible y sostenible en el tiempo y a pesar de los cambios políticos en un ámbito como el Poder Judicial, hegemonizado por familias patricias.

Allí surge el principal fantasma que el Ejecutivo busca atacar: Héctor Recalde, el abogado laboralista que fue histórico asesor de la CGT, mano derecha de Hugo Moyano en sus tiempos de esplendor durante el primer kirchnerismo y luego ariete de Cristina en la Cámara de Diputados para copar la agenda de discusiones laborales. A Recalde, más que al constante ministro de Trabajo de esas gestiones, Carlos Tomada, o a cualquier otro funcionario le endilgan en el Gobierno responsabilidad directa por las reescrituras de leyes como la de Empleo, Contrato de Trabajo, Asociaciones Sindicales, Riesgos del Trabajo, la de pasantías o la sanción de la 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, de 2014.

Esta última normativa es uno de los contraejemplos preferidos para el Gobierno. Mientras la gestión anterior -dicen cerca de Triaca- se ocupó de perseguir y castigar a los empleadores que contrataban en la informalidad con medidas como la creación de un registro público de empresarios detectados en esa operatoria, la intención del actual oficialismo es premiar al dador de trabajo resuelto a hacerlo de manera formal, sea por primera vez o para blanquear a sus empleados no registrados.

Aunque no es del todo cierto que la gestión precedente hiciera foco en la persecución (de hecho había promovido rebaja de aportes para nuevas contrataciones) al Ejecutivo le asiste la razón cuando marca que desde hace más de un lustro el empleo no registrado se mantiene por encima de un tercio del total, una tendencia que las actuales autoridades tampoco pudieron quebrar. Surge en este punto uno de los capítulos centrales de la reforma en preparación: un amplio blanqueo laboral. Se trata, explican los funcionarios, de dejar de considerar victimarios a los empresarios en la informalidad. Alegan que la mayoría de ellos son pyme y que, con alicientes económicos adecuados, aceptarán exteriorizar a su plantilla de personal oculta.

Como había anticipado este diario en exclusiva en enero pasado, en los papers de la cartera laboral figura la creación de un "sistema de beneficio integrado por exenciones sobre las contribuciones patronales e incentivos para la contratación formal de trabajadores" siempre y cuando no haya disminución de las plantillas. Es decir, se podrá despedir en tanto las incorporaciones al menos compensen esas bajas. Con ese esquema y otros métodos esperan revertir una tendencia que clavó en niveles bajos la elasticidad empleo-producto: por cada punto porcentual de crecimiento del PIB el nivel de contrataciones crece, por debajo, en torno de 0,7 por ciento.

Abaratar despidos

En los documentos de trabajo el Gobierno también tiene un capítulo reservado a las desvinculaciones. Como dijo a principios de año el secretario de empleo, el exTechint Miguel Ángel Ponte, el sistema de ingresos y egresos del mercado laboral debería naturalizar ese proceso así como el cuerpo humano lo hace con las acciones de "comer y descomer". Sobre este rubro se proyecta una redefinición de las indemnizaciones. Al menos para establecer con claridad cuáles son los ítems salariales a contabilizar a la hora de liquidar.

Los funcionarios destacan que hasta ahora es usual que el abogado de un trabajador incluya en las demandas por despidos todo tipo de rubros dentro de las remuneraciones corrientes, tanto los estrictamente salariales (sueldo básico, horas extras) como otros más difusos tales como un teléfono celular, un vehículo o la cuota de una empresa de medicina prepaga. Habrá en este caso una delimitación mucho más clara para darles mayor previsibilidad a los empresarios respecto del costo potencial de las cesantías.

A eso se sumará otra iniciativa que promete controversia: restarle a las indemnizaciones las multas dinerarias a favor del despedido por irregularidades en la inscripción (trabajo en negro) o ausencia de aportes y contribuciones por parte del empleador, que en general llegan a duplicar los montos usuales. Ese diferencial, afirman en Trabajo, podrá ser derivado a la Anses como perjudicada en última instancia por los mecanismos de evasión previsional pero ya no al demandante. Creen que así se desalentará la apertura de juicios por una baja en la perspectiva de cobro de los abogados.

Para las relaciones laborales preexistentes el modelo a seguir será el de Vaca Muerta, el experimento de acuerdo que Macri logró sellar con el sindicalista patagónico Guillermo Pereyra y que prevé una rebaja de los costos laborales por el cercenamiento de algunos de los beneficios consagrados históricamente en el convenio colectivo de trabajo de la actividad. Sabedores de la reticencia del sindicalismo tradicional a la suscripción de entendimientos de cúpula que pudiesen salpicarlos de sospechas (a la mayoría de ellos los interpeló la denominada "ley Banelco") los funcionarios no promoverán cambios drásticos en la normativa laboral general y optarán en cambio por más acuerdos sectoriales.

Pasantías, otra vez

El apelativo para estos casos será la necesidad de adaptación a los cambios tecnológicos, un factor mundial de disminución de los puestos de trabajo que no puede soslayarse, afirman en el Gobierno. También sobre ese argumento girará la reimplantación de un sistema de pasantías, aunque en lugar de identificarlas con el trabajo precario -como fue la tesis imperante durante el kirchnerismo- se buscará ligarlas con prácticas de aprendizaje "no laborales".

En este punto el Ejecutivo encontró una de sus primeras decepciones: el acuerdo tempranero que había suscripto con la casa de comidas rápidas McDonald's para la implementación de un programa de primer empleo para sectores sociales vulnerables pasó sin pena ni gloria (fueron contratados 700 empleados sobre una previsión de 5 mil) y, como agravante, fue bloqueado por la Justicia a instancias de una denuncia de legisladores kirchneristas. Para los futuros experimentos se buscará un "blindaje judicial". Otro postulado será extender las "prácticas formativas" que en la actualidad se limitan por lo general a tres meses hasta un rango de seis a nueve meses.

Padres en casa

La mayor parte del paquete reformista sólo puede explicarse en un contexto de dispersión del poderío sindical. La CGT no acierta a reordenar su interna y sólo para después de octubre imagina un principio de entendimiento entre sus sectores para avanzar hacia una conducción única superadora del actual triunvirato, que sólo confirma la persistencia de sus diferencias.

La principal central obrera estuvo lejos en el primer año y medio de Macri de ser un escollo frente a varios episodios que en otras épocas hubiesen causado encontronazos con la dirigencia, como el barrido de decenas de miles de contratos en el sector público, cierre de líneas de producción a expensas de una mayor apertura de las importaciones, represión a las protestas sociales y laborales y marginación de los gremios de los espacios de decisión económica. Tampoco lo fueron las dos CTA, que pasaron a convertirse en subsidiarias de los núcleos internos de la CGT, y sólo en alguna medida lo fueron las organizaciones sociales, que mantuvieron presencia a través de la protesta callejera pero que también controlaron su poder de fuego en pos de sostener una negociación con el Ejecutivo por un mayor reconocimiento institucional.

Para matizar iniciativas en su mayoría impopulares el Gobierno prepara una largamente postergada: la ampliación de las licencias por paternidad (actualmente son de apenas dos días), una conquista que casi ningún sector político objetaría pero que el lobby de las cámaras empresarias, en particular la Unión Industrial Argentina y el Grupo de los 6 mantuvo congelada por años. Entienden en el equipo de Triaca que, con un combo de medidas orientadas a reducir el costo laboral en marcha, una extensión de las licencias para padres frente al nacimiento de sus hijos será apenas una pequeña concesión para los sectores patronales.

Hasta esos puntos llegan las proyecciones más ambiciosas del Gobierno. En Trabajo descartaron la posibilidad de avanzar hacia otros rubros espinosos con los que había previsto arrancar la gestión de Macri como las prerrogativas de la dirigencia gremial consagradas en la ley de Asociaciones Sindicales, y cuyo monopolio de representación coinciden en cuestionar tanto la Corte Suprema como la Organización Internacional del Trabajo. La legislación no será alterada, prometen los funcionarios, y a lo sumo se profundizará en planteos como el cupo femenino o el voto electrónico en el plano de las recomendaciones. Al menos en el corto plazo. La correlación de fuerzas dictará los pasos futuros.

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