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Audiencia 12 del juicio a dos represores de la CNU La Plata
Por HIJOS La Plata - Wednesday, Sep. 06, 2017 at 7:47 PM

Audiencia 12 del juicio a dos represores de la CNU La Plata

LA BESTIA HABLA  

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos Castillo y Juan José Pomares, el “Indio” Castillo pidió hablar y demostró su soberbia de asesino impune, un verdadero eslabón entre Terrorismo de Estado entre el tercer gobierno peronista y la dictadura genocida. Justificó su accionar como una “guerra”, citó a Perón y trató de defenderse de acusaciones puntuales pero sólo consiguió mostrarse impertinente frente al tribunal. El debate está llegando a la etapa de alegatos y se espera sentencia para octubre.  

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Carlos Ernesto “El Indio” Castillo es sin dudas el símbolo de la continuidad en nuestra zona de la represión del Terrorismo de Estado entre el tercer gobierno peronista y la dictadura genocida. Pero es también el símbolo de la soberbia impune de esos crímenes y su continuidad en 33 años de democracia.

Visiblemente molesto por la decisión del Tribunal 1 de retirar el crucifijo de la sala de audiencias al inicio del juicio, medida realizada a pedido de la querella de Justicia Ya, Castillo comenzó su ampliación de declaración indagatoria en tono profético. Al primer llamado de atención del juez Castelli de que se ciña a su defensa contestó: “Esto tiene mucho que ver, porque hay un conflicto de hace 2 mil años por condenar a un inocente”. A continuación leyó una cita del llamado “Juicio del Estado Soviético contra Dios”, y agregó que “100 años después la juzgada es la Constitución Nacional porque los juicios de lesa humanidad son ilegales”.

“Hoy se falsifica la historia para justificar el presente”, continuó leyendo el asesino, “se ha llegado al absurdo de sentar aquí a acusarme a verdaderos aficionados, a auto-titulados historiadores que no leyeron ni el Billiken. Nos quieren contar que hubo muchos que luchaban por un mundo mejor, cuando entre 1973 y 1975 había pleno empleo, poca pobreza y una república en todo su esplendor. Después del golpe del ’76 liquidaron el país y nos llevaron a índices peores que los países africanos”. En el intrincado esquema del jefe de la patota de la CNU La Plata “para eso sirvió el baño de sangre, y también para que bandas organizadas al amparo de las empresas de Derechos Humanos llenen sus bolsillos fabricando victimarios a costa del erario público”. Es notable la coincidencia con el planteo del actual gobierno sobre “el curro” de los Derechos Humanos.

A continuación Castillo abandonó la lectura y comenzó a intentar responder cuestiones puntuales sobre la acusación. Insistió varias veces en que ya fue juzgado en 1979 por los delitos que cometió, lo cual no es cierto ya que nunca recibió una condena por los secuestros y homicidios cometidos como miembro de la CNU.

Puesto a repasar su pasado, “El Indio” pretendió esbozar una singular sociología al decir que “la ciudad de La Plata era una ciudad que estaba viva en los años setenta: 80 mil estudiantes por año, con centros de estudiantes, peñas, fiestas. Infinidad de cosas que la hacían una ciudad vivible más allá de la violencia, que estaba limitada a aquellos que enfrentaban entre sí más allá de la gente común que seguía haciendo su vida. Nadie salía a la calle con chaleco antibala ni con casco y a nadie le pasaba nada más allá de las organizaciones que activaban en la ciudad”. No explicó con ello los actos de romper asambleas estudiantiles, de aprietes a referentes políticos de la izquierda, ni los 60 operativos en banda de secuestros, torturas y asesinatos de víctimas indefensas que cometió su grupo con connivencia policial. De hecho Castillo sintió la necesidad de aclarar la pertenencia de su padre a La Bonaerense y dijo: “Sí, mi padre era policía e integraba los servicios administrativos. Era más civil que una alpargata, no usaba arma ni uniforme. No tenía estado policial. En el año ’72 renuncia a la fuerza. Era técnico de laboratorio en la Facultad de Agronomía y por eso tenía una vivienda en una estación experimental en los fondos de la Facultad”. Aunque Castillo no lo reconozca completo, este dato es importante, ya que más que como técnico como un simple vigilante Castillo padre tenía a su cargo la custodia de los predios de Agronomía y Veterinaria. Y fue el trabajo de vigilancia en esas facultades la vía por la cual se incorporaron a la CNU a los policías Alfredo Lozano y Vicente Ernesto Álvarez, también vigilantes del predio de la UNLP. Además no casualmente la casa de la familia de Castillo, ubicada en calle 64 y diagonal 113, fue utilizada como lugar operativo de la banda paramilitar que comandaba este asesino. Ese lugar es presumiblemente, el sitio donde fueron llevadas 4 de las víctimas de este proceso para ser torturadas: Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino. En marzo de 2016 la casa de estudios resolvió preservar por su vinculación con el accionar de la CNU la vivienda, ubicada en la finca que ocupa hoy el Instituto Nacional de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA).

El afán de Castillo por despegarse de la acusación y presentarse como una víctima de la situación abarcó varios tópicos: se quejó de que se citaran archivos de inteligencia policial para acusarlo y afirmó que lo único que tiene la DIPPBA de él es “que era ‘facho’ y tenía relación con los sindicatos, lo cual es cierto”. Además reconoció que la CNU tenía postas sanitarias en los sindicatos metalúrgico y de la construcción, para atenderse si sufrían bajas o heridos en los operativos. Y trató de justificar que iba al Hipódromo porque su mujer trabajaba allí y la pasaba a buscar. Sin embargo se ufanó de un manejo preciso de la conflictividad gremial que allí existía durante el gobierno de Victorio Calabró al decir: “Los que hicieron la huelga tenían menos poder de movilización que una manifestación de porteros adentro de un ascensor. Le hacían huelga a un gobierno democrático elegido por el 62% de los votos. Fueron una manga de papanatas que cuando vinieron los militares hacían cola para juntar la bosta con la mano. ¿Esos son los heroicos combatientes?”. Varios trabajadores del turf sufrieron la bestialidad de la CNU como Luisa Marta Córica, Eduardo Julio Giaccio, Enrique Rojas y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel, todos asesinados por la patota. Una de las víctimas de este juicio, Carlos Domínguez, era secretario de la Agremiación de Empleados por Reunión del Hipódromo y fue secuestrado y asesinado por la patota de Castillo en febrero de 1976, en el mismo operativo que Roberto Fiandor, sobreviviente del hecho pero ya fallecido. Castillo relativizó su participación en el hecho de una manera cínica: afirmó que era vecino de la familia de Domínguez (sin mencionar el apellido) ya que “viví en 8 entre 32 y 33. Paseábamos el perro juntos y compartíamos la cochera. Los conocía desde el año ’71. Yo no mato a mis amigos, muchos menos a mis enemigos. De eso se encargan otros”. No explicó Castillo quiénes eran esos otros y en todo caso por qué se secuestraron en los allanamientos a su casa y la de su familia objetos robados a la familia Domínguez en el operativo, como la máquina de escribir con las iniciales de la hija del sindicalista y que le habían regalado al cumplir los 15 años.

A esta altura del relato, iba apareciendo de a poco el verdadero Castillo, un tipo rudo y amigo de las armas, que se hace cargo de parte de lo actuado. “El Indio” reconoció que antes que cayera toda la banda en mayo del ’76  hubo algunos CNU presos por robarle un cargamento de armas a la Fuerza Aérea en un desarme de aviones en Quilmes. “Eran dos de los compañeros que estaban en el taller mecánico con parte de esas armas, tratando de emplazarlas en una camioneta”, afirmó tranquilo,” fueron detenidos por la policía, que estaba haciendo un operativo por autos robados y se encontraron con ametralladores 12,7 ametralladoras 20 mm, 12,50 mm y calibre 757. Cumplieron su condena en la Unidad 9. Uno de ellos fue el hermano del coronel Guillermo Ernesto Trotz, posteriormente subjefe de policía, que no movió un pelo para sacarlo”.

A continuación instaló una versión propia de la teoría de los dos demonios al relatar: “Yo me encontré con algunos jefes montoneros en la década del ’80. Y después de tomarles un rato el pelo por su mala puntería nos fuimos a tomar café y terminamos siendo grandes amigos. La guerra ya había terminado. Por eso en el ’89 gente de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones armadas firmamos un documento en aras de la pacificación”. Y hablándole directamente al presidente del Tribunal, Germán Castelli, continuó: “Yo le quiero hacer entender que hoy no hay razón para sostener un odio hacia nadie. La justicia es el fracaso de la civilización, porque usted puede encontrar un culpable, pero no obtener la pacificación”. No explicó Castillo por qué en su código de guerra estaba la técnica autodenominada “la virgencita”, consistente en colocar explosivos debajo de los cuerpos de las víctimas ya acribilladas para hacerlas volar por los aires. Tampoco detalló por qué causa luchaba en la década del ’80, cuando tuvo varias entradas y salidas de prisión por delitos contra la seguridad y el orden público, en sendos procesos por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y falsificación de documento, tenencia ilegal de armas, violación de domicilio y amenazas. Sólo reconoció el incidente de 1991 con el juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, que lo declaró en rebeldía en una causa por infracción al artículo 213 bis del código, esto es una asociación ilícita para imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. “Sólo me condenaron por tenencia de armas de guerra”, minimizó Castillo. En realidad, para diciembre de 1997, acumulaba 6 autos de prisión preventiva y 1 auto de rebeldía. Por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión de Drogadicción en la Cámara de Diputados de la Nación y como subsecretario general del partido MODIN, fundado por el militar carapintada Aldo Rico y el mayor del Ejército Ernesto Barreiro alias “El Nabo”, hoy condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba. En este sentido, Castillo se quejó de la paradoja que le arrojó el destino: “Yo estuve preso con los terroristas y ahora estoy preso con los militares”. Obvió mencionar que el proceso penal por el cual se los detuvo en el ’76 fue por la comisión de delitos comunes que realizaban haciéndose pasar por policías, no por sus crímenes políticos, que son los que recién hoy estamos juzgando.

“Nosotros jamás tuvimos zona liberada por la policía. No tuvimos vínculos con los militares. Yo no fui empleado de los militares, con los militares fui preso. Si salimos  tirar petardos fue para defender un gobierno democrático”, señaló Castillo, ya acalorado. Y citó la ley 21.325 del ‘76, a través  de la cual la junta militar declaraba la ilegalidad de más de 30 organizaciones políticas, entre ellas la CNU. El objetivo de la ilegalidad de la CNU fue notoriamente distinto a la ilegalidad de las organizaciones de izquierda, ya que por un lado la dictadura cívico-militar constituyó un nuevo modus operandi represivo, ya no se aniquilaba con 40 balazos a plena luz del día, sino que se optó por las detenciones-desapariciones. Los integrantes de la CNU se incorporaron a los grupos de tareas de la dictadura, pero continuaron realizando operativos por su cuenta con el modus operandi tradicional de la organización, es decir, desconocieron en parte el método de los operativos que diseñó la dictadura. Con lo cual la ilegalidad de la organización respondió a una forma de disciplinamiento por parte de la dictadura por desconocer sus directivas, no por ser perseguidos por la misma. Muestra de ello, es que fueron detenidos en un operativo de allanamiento y secuestro con la anuencia policial, pero no militar.

“El Indio” no perdió tiempo para defender a la CNU como parte del movimiento justicialista, y dijo “Nosotros estábamos al margen de la pelea entre izquierda y derecha, éramos los terceros en disputa. El Justicialismo fue siempre un movimiento popular, occidental y cristiano. Muchos intentaron infiltrarse y ser vanguardia en el movimiento peronista, pero no pudieron”. En su defensa cerrada del peronismo como “tercera posición” Castillo leyó la famosa carta de Juan Perón a los efectivos de la Guarnición de Azul, tras el ataque del ERP a la sede en enero del ‘74. Allí Perón les aclara que les habla “como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado” y los felicita “por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque”.  La intencionalidad de Castillo iba al punto donde Perón afirma que “la lucha en que estamos empeñados es larga y requiere en consecuencia, una estrategia sin tiempo” para lo cual recomienda “actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión quedando la lucha contra los efectos, a cargo de toda la población, las fuerzas Policiales y de Seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas”, y donde sentencia que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la República”. A semejante confesión del empleo de la fuerza estatal en prácticas terroristas, se  montó Castillo para esgrimir una tesis disparatada: “Perón se estaba defendiendo legítimamente. El estado no puede ser terrorista porque ejerce el poder de la mayoría, y el terrorismo es la acción de una minoría contra la mayoría. El concepto de Terrorismo de Estado es un concepto fallido. Hay estados que hasta habilitan los interrogatorios de 3er grado, es decir con violencia física, psicológica y moral”.

Finalizando el testimonio Castillo volvió a quejarse por los sufrimientos que este proceso le habría causado tanto a su familia como a él, que supuestamente. “Llevo 6 años de sufrimiento. Para ustedes yo soy culpable y para La Haya los delitos están prescriptos”. Entonces el juez Castelli le aclaró: “Nosotros lo estamos juzgando, todavía no emitimos fallo”. “El Indio” contestó con toda su soberbia: “¿A título de que legislación? Ustedes defiendan su negocio que yo defiendo mi libertad”. El juez Castelli intervino en seco: “Sr. Castillo, esa impertinencia no se la voy a permitir. Nosotros somos jueces de la Constitución”. El imputado ya se animaba a interrumpir al Tribunal: “Tengo el derecho de enojarme y de enojarme mucho. Ustedes tienen que ser jueces y punto. No juzgan por la Constitución”. El asesino Castillo, símbolo de 40 años de la represión y los grupos armados de la derecha en nuestro país terminó su intervención abruptamente: “le digo una sola frase y me callo la boca porque ya me hartó. Los árboles podridos sólo dan frutos podridos”.

Como anticipamos en la nota anterior de esta serie de crónicas, el juicio está llegando a su etapa final ya que, según lo estipulado por el tribunal, el lunes 4 de septiembre se decide la incorporación de algún testigo restante y de documentación complementaria requerida por las partes y el 11 dará inicio el alegato de la fiscalía.

 

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI. 


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