España 2017: cerco a la libertad ideológica
por Alejandro Torrús / público.es • Sunday, Sep. 17, 2017 at 12:50 PM

15-09-2017 / El Estado español ha hecho frente desde 2011 a tres fenómenos que han intentado "romper el candado del 78": el 15-M, Podemos y el soberanismo catalán. La respuesta ha sido la cerrazón, más Código Penal y, sobre todo, el señalamiento del diferente como disidente.

Del golpe de Estado de los 'perroflautas' del 15M a la suspensión de actos por el derecho a decidir de Catalunya. De la ley mordaza a la condena de prisión por un chiste sobre un almirante franquista con las manos manchadas de sangre. De los titiriteros a los amigos etarras de Podemos. El Estado español ha hecho frente desde 2011 a tres fenómenos que han intentado "romper el candado del 78": el 15-M, Podemos y el soberanismo catalán. La respuesta ha sido la cerrazón, más Código Penal y, sobre todo, el señalamiento del diferente como disidente. La consigna es clara: o el régimen del 78 o el caos. Si no estás con nosotros, eres el enemigo. Si no concibes el Gobierno, la economía o la nación española como nosotros, eres separatista, golpista, antiespañol, bolivariano, y, probablemente, simpatizante de ETA.

El ejemplo más claro de la restricción de lo que se puede debatir o no se ha producido esta semana. Un juez ha ordenado en Madrid suspender un acto a favor del derecho a decidir de Catalunya. Cristina Cifuentes recriminaba a Manuela Carmena que hubiese sido un juez y no la alcaldesa la que censurara el acto político. Es decir, la presidenta de la Comunidad pedía a la alcadesa que ejerciera de censora. Además, el portavoz de los conservadores en la ciudad de Madrid anunciaba en Twitter que pedía a Manuela Carmena la reprobación de tres concejales de Madrid por firmar un manifiesto a favor del referéndum en Catalunya. "Un concejal de Madrid no puede estar en contra de la Constitución", escribía el conservador José Luis Martínez Almeida.

Todo esto se suma a la petición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los fiscales de Catalunya para que soliciten la citación como imputados de todos los alcaldes que cedan locales para el referéndum del 1 de octubre y detenerlos en caso de que no comparezcan. O a la suspensión de actos por el derecho a decidir en Gijón o en Vitoria. Un conflicto político que encuentra como única respuesta el Código Penal. "El efecto disuasorio que se pretende lograr con la amenaza de castigo penal -muy legítima en caso de prevenir delitos- se muestra inoperante: ¿Alguna autoridad de todas las que se han mostrado dispuestas a celebrar el referéndum en Catalunya tiene dudas acerca de las consecuencias penales de su futura conducta? No. Luego, ¿el Código Penal puede resolver el hecho incontestable de que el 80% de los catalanes quiere votar? No", reflexiona la abogada penalista Isabel Elbal.

El señalamiento del 'otro', del enemigo, se aceleró con el 15-M. Primer gran desafío. De repente, miles de jóvenes salieron a la calle y gritaron que no eran mercancía en manos de políticos y banqueros. Su 'No nos representan' caló en la sociedad. También el de 'Democracia real ya'. La reacción de algunos no se hizo esperar: la criminalización. Esperanza Aguirre, por entonces (2011) presidenta de Madrid y aspirante a liderar el PP, dijo que detrás del 15-M se podía "esconder un golpe de Estado". ​Mercedes Alonso, alcaldesa entonces de Elche, señalaba que en la plaza donde se manifestaba el 15M de la ciudad había "miembros de ETA". Telemadrid, hizo pasar imágenes de protestas violentas en Grecia por protestas del 15M en Barcelona. La criminalización del que piensa diferente ya estaba en las pantallas.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cerró el círculo y advirtió de que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había "ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Era el inicio. No era del todo preocupante. El Partido Popular, desde la oposición, ya había advertido de lo que era capaz con tal de recuperar la Moncloa. Ángel Acebes había afirmado en 2006 que el "proyecto" de José Luis Rodríguez Zapatero es el "de ETA". Cinco años después de esta afirmación, el Partido Popular llegó al Gobierno. Y el derecho a la libertad de expresión y manifestación se puso en el punto de mira.

Con los recortes en Sanidad y Educación, el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó su rodillo parlamentario ante el desplome del PSOE para aprobar las conocidas como 'leyes mordaza': la Ley para la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Era el 1 de julio de 2015 y Rajoy ponía un más que polémico coto al ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en España. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, de hecho, mostró su preocupación sobre el "el efecto disuasorio" que 'las leyes mordaza" pueden "tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica", ya que implican un "uso excesivo de las sanciones administrativas" y "excluye ciertas garantías judiciales".

Las 'performances' de la PAH en sucursales bancarias para protestar contra los desahucios se convertían en delitos con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. También comenzaron a correr el riesgo de ser condenados entre tres y doce meses de prisión aquellas personas que participaran en "la distribución o difusión pública" de "consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público". Es decir, tal y como explicó el reconocido jurista Carlos Sánchez Almeida, la persona que difunda convocatorias de protestas que, posteriormente, registren disturbios podrían tener un serio problema con la Justicia.

"La escasa cultura democrática del país provoca que nuestros gobernantes no se hallen a la altura de respetar derechos humanos básicamente democráticos, como la libertad de expresión. Como muestra, un botón: la represión violenta de manifestaciones con ocasión de los recortes de servicios públicos, tras la crisis financiera. Luego apareció una persecución despiadada contra los usuarios de las redes sociales por delito de enaltecimiento terrorista", añade la jurista Isabel Elbal.

Podemos: la segunda amenaza

La escalada represiva y la estrechez de lo políticamente permitido se acentuó con la amenaza política que representó el surgimiento de Podemos. Rápidamente surgió el bloque de los 'constitucionalistas' y los otros. Era la segunda amenaza. El partido morado, sus confluencias y sus alianzas locales amenazaban con ocupar el poder político que durante años había permanecido prácticamente en exclusiva en las manos de PP y PSOE. Poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, el expresentador de La Tuerka Facu Díaz era imputado por un sketch humorístico por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Determinada prensa se encargó de difundir los vínculos del humorista con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Podemos, ETA, Venezuela. Venezuela, ETA, Podemos. Más señalamiento. "Podemos quiere pasar de una democracia occidental a una bolivariana", decía Esperanza Aguirre.

Las causas y ataques contra los líderes del partido y el entorno del mismo se sucedieron. Salían 'escándalos' de debajo de las piedras. En este caso, tras el jaleo mediático y el linchamiento público que supuso la imputación del humorista, su causa fue archivadao. Dio igual. El codirector de No te metas en política sigue siendo increpado por "terrorista" en redes sociales. Está marcado. Desde el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que aseguro que "seguramente le habría denunciado" a las tertulias de 13 TV, que le calificaron de "proetarra y amigos de los terroristas". "Me siento un daño colateral de una campaña contra Pablo Iglesias y Podemos", decía el humorista en una entrevista con Público. Ada Colau, que aún no era alcaldesa de Barcelona, comenzó a recibir amenazas de muerte, según denunció la entonces líder de Guanyem.

Dos voces muy lejanas a los postulados que habían marcado el consenso de 1978 quedaban en el imaginario colectivo señaladas como cercanas a ETA o, cuanto menos, como irrespetuosas con las víctimas del terrorismo. Desalmadas. "Lo que buscan es marcarte. Quisieron hacer una distinción entre la gente de bien y los disidentes. El argumento de ETA sirve para tratar de quitar crédito a estas opiniones y enmarcar a esas personas fuera del régimen, fuera de lo que está permitido opinar”, señaló el hoy codirector de No te metas en política. De hecho, Rajoy, en campaña electoral, distinguió claramente entre los "buenos" y los "malos".

La situación comenzaba a ser preocupante. Pero acababa de empezar. Las alianzas locales de Podemos consiguieron conquistar, entre otros, los dos ayuntamientos más importantes del Estado: Madrid y Barcelona. Y fue precisamente en Madrid, en una actuación contratada por el Ayuntamiento, en febrero de 2016, donde la policía se llevó detenidos a dos jóvenes artistas que denunciaban en una obra de títeres la tendencia del Estado a criminalizar a los disidentes ideológicos relacionándolos con grupos terroristas. Los artistas utilizaban dentro de su obra de ficción una diminuta pancarta que recogía el mensaje "Gora Alka Eta". Fue suficiente para que los dos jóvenes durmieran en prisión y sus muñecos de trapo fueran requisados y retenidos cual arma de destrucción masiva.

El linchamiento mediático contra los dos jóvenes anarquistas y contra el Ayuntamiento de Madrid quedó reflejado en las hemerotecas. "Títeres «proetarras» en el Carnaval de Carmena", tituló La Razón. "Carmena apoya a los titiriteros y dice que ETA y los yihadistas de EI son un movimiento político", titulaba Okdiario. "Los títeres podemitas contratados por Carmena para adoctrinar niños ¡contra empresarios y PP!, titulaba Periodista Digital, de Alfonso Rojo, que aún participaba en las tertulias de las televisiones públicas TVE y Telemadrid, desde donde lanzaba a la ciudadanía los mismos mensajes: Carmena, Podemos, ETA. Todo junto. Mezclado. Cóctel explosivo.

La escasa pluralidad de puntos de vista en tertulias y periódicos impresos es otro factor que influye en la creación del pensamiento de lo políticamente correcto y aceptable, los límites de la opinión y la creación del otro, del enemigo. Un ejemplo es la tertulia de TVE, La Noche en 24,. Rara vez se ha podido ver en la mesa a un independentista catalán. "¿En los debates sobre Catalunya ha aparecido algún representante del independentismo? ¿Ha aparecido algún catalán independentista en el último año? ¿Cuál es la versión que tiene el pueblo español que sigue RTVE?", denunciaba esta semana la diputada de Podemos y periodista Noelia Vera en el Congreso de los Diputados en una interpelación parlamentaria sobre la Corporación pública.

Las privada tampoco se sale de la regla. Fue llamativo el 'toque de atención' del periodista Jordi Évole al director de Informativos de La Sexta Antonio García Ferreras cuando le recriminó en directo que no hubiera periodistas catalanes en la mesa de debate que defendieran el derecho a decidir. "Me encantaría ver a un periodista de un medio independentista como Ara o Punt Avui, señaló el director de Salvados.

En este sentido, cabe destacar la alarma que lanzó el Instituto Universitario Europeo con un estudio sobre la diversidad y pluralidad de los medios en la Unión Europea. El informe, cofinanciado por la UE, advirtió seriamente de la falta de pluralidad en España. "El 58% del mercado está controlado por sólo tres empresas", denunciaba el texto, a la vez que señalaba la falta de información sobre los propietarios de los medios de comunicación, la dependencia de los telediarios públicos del poder gubernamental y la capacidad de influir del Ejecutivo en los medios privados a través del "ópaco" sistema de publicidad institucional.

La "nueva inquisición"

Un día después de que Manuela Carmena tomara el bastón de mando del Consistorio los chistes de humor negro sobre el holocausto judío y sobre la víctima de ETA Irene Villa que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata había escrito cuatro años antes, en 2011. La prensa seria no dejó títere con cabeza: Un edil de Ahora Madrid se burla en Twitter de los judíos y de Irene Villa. Los tuits estaban entrecomillados para dejar claro que no eran sus opiniones. Se enmarcaban en un debate en la red social Twitter sobre libertad de expresión. Dio igual. El concejal madrileño fue imputado hasta en dos ocasiones por estos mensajes y desde los medios se le acusó constantemente de humillar a las víctimas, a pesar de que aún no había sido juzgado. "No habría ocurrido lo mismo si no hubiera sido concejal de Ahora Madrid”, aseguraba el concejal de Madrid en esta entrevista con Público.

El concejal de Podemos fue absuelto por la Justicia, pero ya había sido marcado. Su nombre estará asociado durante años a la humillación de las víctimas del terrorismo. Aún así, tuvo más suerte que la estudiante de Historia Cassandra Vera, condenada a dos años de prisión por la Audiencia Nacional por unos chistes sobre el almirante y vicepresidente del Gobierno de la dictadura de Franco, Carrero Blanco. O que el cantante César Strawberry, condenado a un año de prisión por unos cuantos tuits irónicos. "La nueva inquisición trata de convertirnos en algo que no somos", denunciaba el cantante en estas páginas en una entrevista del periodista Joan Losa. "Podemos entrega su fiesta al cantante "amigo" de los terroristas" o "Strawberry, acusado de enaltecer el terrorismo, con Podemos", fueron algunos de los titulares que se podían leer en prensa. Una vez más. Podemos, ETA y una tercera víctima de linchamiento por unos tuits irónicos.

El sociólogo Jorge Moruno denunciaba en un reportaje de esta casa que estos señalamientos públicos por parte de la prensa y de dirigentes políticos se deben a que "al régimen le cuesta cada vez más convencer a los ciudadanos y necesita apelar más a elementos como la fuerza, las leyes restrictivas y al miedo". "Es un síntoma de decadencia. Tienen miedo de perder sus privilegios. Están demostrando la poca cultura y la poca formación democrática que tienen. Tratan de impedir que se escuchen distintas voces y se pongan encima de la mesa distintas visiones de todo", afirmaba Moruno.

Catalunya: la tercera amenaza

La tercera amenaza al Estado llegó con Catalunya. La crisis del Estado desarrolló las ansias independenistas, pero sobre todo, soberanistas en Catalunya. Tercera amenaza sobre la mesa al "candado del 78". Y la reacción, similar. El máximo exponente de cómo se trató de combatir esta triple amenaza llegó de la mano de los servicios informativos de Antena 3. Las imágenes que demuestran la relación de la CUP, Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro, anunciaba a bombo y platillo Antena 3. El resto continuaron la bola. Podemos y la CUP acudieron en Venezuela a un homenaje a ETA, proseguía El Español. Los ejemplos en este caso son múltiples y variados.

¿La realidad? Que el encuentro al que acudieron en Venezuela llevaba por título Encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad (La Red) y era tan secreto que Anna Gabriel, diputada de la CUP en el Parlament, reflejó su experiencia en un artículo publicado originalmente en la revista ONGC. De hecho, Telesur informó con normalidad del evento. Pero el cóctel ya se habían lanzado a la sociedad. Venezuela, ETA, Podemos, CUP. Una vez más todo junto. Mezclado. Revuelto.

La intensidad alcanzada por el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat ha aumentado con el paso de los meses, la inactividad del Gobierno central y el avance del conocido como 'procés'. El resultado es el aumento del cerco a la libertad de ideología de los ciudadanos y, por extensión, de los cargos públicos. Cabe recordar la frase del concejal del PP Martínez Almeida: "Un concejal de Madrid no puede estar en contra de la Constitución".

"Con el referéndum catalán vemos la represión estatal en su más perversa representación: un Fiscal General del Estado que amenaza con detener a más de 800 alcaldes, antes, si quiera, de cometer ningún delito. Invadiendo la facultad jurisdiccional que deben ejercer únicamente los jueces, en aplicación del artículo 117 de la CE", denuncia Elbal, que advierte de que el Código Penal no sirve apra resolver conflictos sino para"castigar delitos ya cometidos".

Así las cosas, ¿puede pensar un concejal del Ayuntamiento de Madrid que Catalunya tiene derecho a un referéndum de autodeterminación? Para el portavoz del partido del Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, no. ¿Puede una organización como La Comuna, integrada básicamente por víctimas de la dictadura franquista, celebrar un acto a favor del derecho a decidir en Madrid? Según la Justicia, no. ¿Y en Gijón? El Ayuntamiento pensó que sí, pero después se lo pensó mejor y dijo que no. ¿Y en Vitoria? Un juez también dijo que no. ¿Puede celebrar un acto la CUP en València a favor del referéndum? De momento, sí. Aunque sea entre amenazas de muerte a la líder independentista. La pregunta es si con la escala represiva, legal y dialéctica, este acto se podrá celebrar en unos meses, semanas o días.

Mientras tanto, el drag queen que ganó el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tendrá que declarar ante la Justicia por actuar vestido de Virgen María y de Jesús Crucificado en unos carnavales. España 2017: cerco a la libertad ideológica.

fuente: http://www.publico.es/politica/espana-2017-cerco-libertad-ideologica.html

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