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11 años sin Jorge Julio López
Por HIJOS La Plata -
Sunday, Sep. 17, 2017 at 8:12 PM
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11 AÑOS SIN JORGE JULIO LÓPEZ.
11 AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO ESTATAL.
Por HIJOS La Plata
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Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez hace 11 años, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. López fue un testigo fundamental para probar los crímenes cometidos por Etchecolatz y otros integrantes de la bonaerense en los Centros Clandestinos de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8va y en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Desde aquel 18 de septiembre de 2006 la lucha y la movilización por su aparición con vida ha sido incesante. La causa judicial que estuvo cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, en cambio, acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, sin ningún resultado. Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernandéz, cubrió con un manto de silencio el caso, transformándose en cómplices del encubrimiento, junto a los gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, y el Poder Judicial.
Con el secuestro de López los genocidas intentaron hacer caer los alegatos e impedir la condena de un fallo histórico. No pudieron. Intentaron reinstalar el miedo para que los juicios no continuaran. No pudieron. No solo fue la desaparición de López, también asesinaron a Silvia Suppo y hubo una avalancha de amenazas a sobrevivientes, jueces, miembros de organizaciones sociales y políticas.
Ninguno de estos hechos fue esclarecido. Lo que siguió fue una larga cadena de impunidad para ocultar a los autores materiales e intelectuales del secuestro y para encubrir la complicidad estatal en todas sus instancias. Hicieron todo lo necesario para que a 11 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso ni procesado. Sin embargo ninguna amenaza fue suficiente para frenar el reclamo en los tribunales y en las calles exigiendo Justicia.
CONTINUAMOS LA DENUNCIA
Además de estar todos los 18 en las calles de La Plata, en Mayo de 2014 desde el espacio Justicia Ya La Plata, que nuclea a organismos de Derechos Humanos independientes del Estado y los gobiernos, llevamos la causa López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Agotadas las vías locales, al año siguiente repetimos el reclamo en el sistema internacional de DDHH, ante el grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU con una lista detallada de los más de 210 casos de desaparición forzada en desde el '83 a esa fecha.
En ambas presentaciones afirmamos que el Estado argentino no aseguró las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las víctimas una investigación seria y objetiva que permita determinar todas las responsabilidades del caso vinculadas con el accionar ilegítimo por parte de los distintos funcionarios públicos.
El 28 de agosto pasado, tras 3 años de plazo, la CIDH notificó que se remitió nuestra denuncia al Estado Argentino, por el plazo de 90 días para que responda qué hizo en la causa Lopez desde 2006 hasta ahora. El macrismo seguramente eludirá el tema y dirá que fue parte de la “herencia recibida”. Sin embargo hoy deben responder como titulares del poder de turno.
El Estado argentino posee dos condenas clave de la CIDH en cuanto a crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad: en 2003 por el caso Walter Bulacio y la continuidad de las detenciones policiales arbitrarias; y en 2011 por el caso de Iván Torres y la continuidad de las desapariciones forzadas en gobiernos constitucionales. Ambos casos tuvieron consecuencias tardías y ambiguas: en el caso Bulacio una condena mínima al responsable de la razzia, Comisario Miguel Espósito, por la detención y no por las torturas seguidas de muerte a Walter, y la puesta al descubierto de la persistencia e incremento de normas y prácticas que facultan a la policía a detener personas más allá de la flagrancia o la orden judicial. En el caso Iván Torres un juicio fragmentado, al que su madre denuncia como una farsa, y la condena con penas mínimas (aunque sí por el delito de desaparición forzada de persona) a sólo 2 de los policías de Chubut que desaparecieron a Iván, más la modificación obligada del Código Penal incluyendo en el artículo 142 ter la figura de desaparición forzada de persona.
A 34 años de concluida la dictadura el Estado argentino sigue propiciando las condiciones para que se produzcan las desapariciones forzadas, esto es, sigue favoreciendo las detenciones ilegales y arbitrarias, y la negación de esas detenciones.
Este año nos encontró enfrentando la provocación del gobierno ajustador macrista de, además de convalidar con su Corte Suprema el 2x1 a los genocidas, intentar darle la libertad de irse a su casa al asesino Miguel Etchecolatz. La inmediata denuncia y la masiva respuesta popular puso al desnudo la maniobra de otorgar semejante beneficio a este genocida. El gobierno y la justicia tuvieron que retroceder. Haber frenado la domiciliaria a Etchecolatz es un gran triunfo porque si pasaba abría la puerta para que se la den a muchos represores más. Más de los 530 que ya gozan de ese beneficio. Hasta ahora tuvimos una política de juicios fragmentados y a cuenta gotas, por pocos casos y contra pocos genocidas, llegando a que los represores mueran sin condena. Esto es la impunidad biológica. Ahora quieren imponer la impunidad de las domiciliarias, donde no va a importar si los genocidas son condenados porque van a estar tranquilos en sus casas. Si esto ocurre, los juicios se transformarán en un mero trámite simbólico sin mayores consecuencias para los peores asesinos de nuestra historia.
Sumado a esto, tuvimos que asistir también a la repudiable decisión de la corte macrista que quiso otorgarles a los genocidas el beneficio del 2 x 1, premiándolos con la reducción de sus condenas. Pero una vez más con las masivas movilizaciones en todo el país los jueces debieron revocar el escandaloso fallo.
LA HISTORIA SE REPITE
Hace más de un mes que Santiago Maldonado fue desaparecido por el Estado, luego de la brutal represión de Gendarmería al interior de la Lof en ResistenciA de Cushamen (Chubut).
Desde el primer momento que a Santiago lo secuestró la gendarmería, y que por lo tanto el Presidente Macri, la Ministra Patricia Bullrich, el Jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y el juez Federal Otranto, que mandó el operativo y ahora dice investigarlo, son los responsables directos de su desaparición forzada.
Es completamente repudiable el rol que cumplió la Ministra desde que sucedió el hecho, defendiendo impunemente a la gendarmería y a su propia política represiva que tanto ella como Noceti llevaron adelante en la comunidad Mapuche.
Los mecanismos de encubrimiento con los que el gobierno trata de tapar lo sucedido, son iguales a los que utilizó el Kirchnerismo para encubrir la desaparición de Jorge Julio López: la negación, el silencio y el encubrimiento. Se plantan continuamente todo tipo de pistas falsas, se investiga a Santiago en lugar de investigar el accionar de la Gendarmería. Se orquesta una tremenda operación de prensa que apunta a deslindar la responsabilidad que tiene el gobierno en la desaparición de Santiago. Y se estigmatiza a las comunidades Mapuches de usurpadores y terroristas, lo cual no hace más que acudir una vez más a la teoría de los dos demonios.
SEGUIMOS LA LUCHA
Nuevamente la respuesta del pueblo ante la gravedad que implica la desaparición forzada de una persona en un acto represivo de tal magnitud como el que se dio en Chubut fue implacable, saliendo cientos de miles de personas a las calles a exigir la aparición con vida ya de Santiago. La fuerte presión social y el contundente pedido de la familia promovió que la Fiscalía subrogante que tiene a cargo la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado re-caratule la causa 8232/2017 a “desaparición forzada” de persona.
Santiago Maldonado no es el primer desaparecido en democracia, ni tampoco el primero después de Jorge Julio López.
La continuidad de la práctica represiva de desaparecer personas tras detenerlas ha sido moneda corriente en todos los gobiernos durante los últimos 34 años de “democracia”. Desde 1983 hubo más de 215 casos de desaparición forzada en todo el país. Siendo la provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017.
Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor.
En casos como los de Andrés Nuñez (La Plata 1990), Miguel Bru (La Plata 1993) e Iván Torres, (Chubut 2003) la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores. En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano (Rio Negro 2011) y Mario Golemba (Misiones 2008), la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.
En casos como los de Luciano Arruga (La Matanza 2009) y Jonathan “Kiki” Lezcano (2009), la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo ”blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte.
En el caso de Santiago Maldonado la responsabilidad estatal es evidente, ya que fue detenido por una fuerza nacional en el marco de una represión abierta.
Por eso desde HIJOS La Plata decimos que Santiago no es solo un “artesano” y un “tatuador”, como le describen despectivamente los medios de comunicación. Santiago, “EL LECHUGA”, es sobre todo un conocido compañero militante anarquista oriundo de 25 de Mayo e instalado en La Plata, solidario y comprometido con todas las luchas populares que en nuestra ciudad ha desarrollado experiencias de trabajo comunitario, educación popular y lucha antirrepresiva. Al “Lechuga” NO SE LO LLEVARON porque sí, por mera casualidad. Al Lechuga se lo llevaron por sus consecuentes convicciones políticas, por atreverse a ponerle el cuerpo al hecho de insurrección que significa la defensa de la justa causa del pueblo Mapuche. Asi como López quedará en la memoria social de nuestro pueblo por haberse animado a denunciar 30 años después a los verdugos de la peor dictadura de nuestra historia, por eso lo desaparecieron.
Hoy más que nunca debemos sembrar conciencia de que los responsables de la desaparición forzada en el país de los 30 MIL son siempre los agentes del Estado. Por acción o por omisión. Es siempre el accionar del Estado, en el que algunos hoy están y otros que hoy se rasgan las vestiduras democráticamente planchadas estuvieron hasta hace un par de años. El caso de Santiago nos muestra que el aparato represivo sigue intacto y con renovadas modalidades.
En esta fecha seguiremos exigiendo que se esclarezca qué fue lo que pasó con López, con Maldonado y con todos los desaparecidos en democracia. Por el juicio y castigo a los responsables de todos estos crímenes.
-¡APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ!
-¡BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD!
-¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN!
-CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS! NO AL 2 X 1! NO A LAS DOMICILIARIAS!
-¡APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! ¡FUERA PATRICIA BULLRICH!
-JORGE JULIO LOPZ PRESENTE!
-SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!
-30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!
HIJOS LA PLATA
Septiembre 2017
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