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El sistema de la crueldad XI: encierro y políticas de seguridad y justicia
Por Indymedia Derechos Humanos - Wednesday, Sep. 20, 2017 at 10:27 PM

La Comisión Provincial por la Memoria presentó en el anexo de la Cámara de Senadores en La Plata “El sistema de la crueldad XI”, informe anual sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, confeccionado por el Comité contra la Tortura y el área de Justicia y seguridad democrática de la entidad. El informe coincide con el primer año de gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en un marco general de consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos. La presentación estuvo marcada por el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado y las denuncias al accionar del gobierno y el poder judicial. Contó también con la presencia de familiares de las víctimas de la Masacre de la Comisaría de Pergamino en marzo de este año.

El sistema de la cru...
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Ante más de 500 personas, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria llevaron adelante la presentación de un informe resultado de la acción de monitoreo del sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires (cárceles, comisarías, cárceles de jóvenes y manicomios) y de las políticas de seguridad y justicia durante el año 2016.

En representación de la Comisión Provincial por la Memoria, tomaron la palabra la Directora General Sandra Raggio; el Coordinador de la institución, Roberto Cipriano García; los dos presidentes de la institución Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil; y Nora Cortiñas, que integra el organismo desde diciembre de 2015.

El panel de presentación del informe también contó con la presencia de Cristina y Silvia, madres de dos de las víctimas de la Masacre de la Comisaría de Pergamino en marzo de este año.

Desde el público, acompañaron la presentación distintas organizaciones de familiares en lucha contra la violencia institucional, referentes de agrupaciones políticas, sindicales y de derechos humanos; de distintos espacios de facultades de la Universidad Nacional de La Plata, funcionarios judiciales, del gobierno provincial y de áreas de diversos municipios vinculadas a las políticas de derechos y de niñez.

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EL SISTEMA DE LA CRUELDAD: lugares de encierro, justicia y políticas de seguridad

Las intervenciones y acciones de monitoreo del Comité contra la Tortura tienen la característica particular de aplicarse sobre el sistema de encierro más grande del país: el de la provincia de Buenos Aires. Año tras año, el incremento de las condiciones de hacinamiento y la superpoblación se presentan como la consecuencia más evidente de las políticas implementadas por los distintos gobiernos provinciales.

Esta situación agrava cada año las condiciones inhumanas ya existentes en los lugares de encierro, donde la tortura es una práctica sistemática que no se hace presente sólo en las agresiones físicas, sino en la situación estructural de falta de atención médica, en las condiciones de vida denigrantes, el hambre, el frío, el aislamiento, los traslados constantes, las requisas violentas.

Lejos de tratarse de excesos o hechos aislados, estas prácticas estructurales y sistemáticas de torturas son parte de un sistema racional de gobernabilidad en los lugares de encierro a través de la violencia estatal y la precariedad.

Las denuncias ante hechos de torturas son sistemáticamente rechazadas por el Poder Judicial y, en aquellos casos en que son tomadas, en la mayoría de los tribunales los fallos son absolutorios. "Es en la Justicia donde el sistema de la crueldad se convalida y se legitima", señalaron en la presentación del informe.

Las políticas de seguridad impulsadas por los distintos gobiernos son así el tercer eje en que se apoya el sistema de la crueldad, cara oculta de las políticas de mano dura y la demagogia punitiva. "Desde 1999 hasta la actualidad, a la demanda social de más seguridad se le ha respondido con el endurecimiento de las leyes penales, se aumentaron las penas, se limitaron las excarcelaciones y salidas transitorias, se dificultó el acceso a la justicia, se ampliaron las facultades policiales".

Las palabras de presentación del informe estuvieron a cargo de Sandra Raggio, que definió la situación en los lugares de encierro de la provincia como espacios de gestión de la violencia estatal a través de "prácticas sistemáticas de tortura que tienen como objetivo el gobierno de las poblaciones más vulnerables y excluidas de los derechos elementales”.

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El sistema de la crueldad XI (1)
Por Indymedia Derechos Humanos - Wednesday, Sep. 20, 2017 at 10:59 PM

Palabras de apertura a cargo de Sandra Raggio, Directora General de la Comisión Provincial por la Memoria.

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INFORME 2016: primer informe durante la gestión Vidal

El informe presentado coincide con el primer año de gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Mauricio Macri en el gobierno nacional.

El sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con 41.000 personas detenidas. Este incremento se ha dado de manera continua incluyendo las gestiones provinciales, superándose cada año en su propio récord histórico.

Los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que, durante el 2016, el Comité contra la Tortura relevó más de 16.000 hechos de torturas y malos tratos en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, padecidos por 3054 víctimas incluyendo adultos y jóvenes. En el mismo año, murieron 156 personas detenidas en cárceles, 12 en comisarías y 107 en neuropsiquiátricos. el 71% de las muertes fue producto de desatención de la salud, una situación de gravedad extrema en los lugares de encierro. Además, 109 personas fueron asesinadas por agentes de fuerzas de seguridad.

"En estos 11 informes que llevamos, no sólo estamos hablando de los resabios de la dictadura militar sino de un problema estructural de las democracias, de las desigualdades que todavía imperan en nuestras sociedades y que los gobiernos constitucionales no han logrado resolver y, en algunos casos, a estas situaciones las ha profundizado", señalaron.

Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel se refirió a las pésimas condiciones de detención en la provincia dentro de los lugares de encierro destinados a jóvenes a disposición del fuero de responsabilidad penal juvenil. En ellos, se profundizó un proceso de transformación convirtiéndolos en cárceles, con regímenes de vida cada vez más parecidos a los de los adultos. A esto se sumó la decisión de la actual gestión de trasladar a los mayores de 18 años directamente a las cárceles sin dispositivos propios y adecuados a la ley de responsabilidad penal juvenil. Esto se da en el marco de la intención del gobierno actual de bajar la edad de punibilidad. Pérez Esquivel alertó también sobre el aumento de la pobreza y de personas en situación de calle. "Estamos preocupados, no sólo por lo que se vive en la provincia sino por lo que se vive en todo el país (...) Las democracias delegativas hacen agua por todos lados. La única forma de cambiar esto es cuando el pueblo se pone de pie", concluyó.

La situación actual fue enmarcada en una consolidación general de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos. La mirada punitivista, imperante en las políticas de las últimas dos décadas, se profundiza en el paradigma de las supuestas "nuevas amenazas" a nivel global establecidas por Estados Unidos, como la guerra contra el narco y la lucha contra el terrorismo, habilitando el despliegue territorial de las fuerzas federales y provinciales, legitimando la profundización de la militarización del espacio público y alimentando una retórica en contra de las garantías constitucionales.

Se advirtió también sobre la radicalización del discurso manodurista del actual gobierno, el avance en reformas regresivas del ordenamiento legal y la represión sistemática de la protesta social. Entre estos, la aplicación del Protocolo Antipiquetes, la ley de derribo, las técnicas especiales de investigación que incluyen la figura del agente encubierto y agente revelador, la interpretación del proceso de flagrancia a nivel federal, la reforma de la ley nacional de ejecución penal, la modificación de la ley nacional de migraciones.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se señaló que estas políticas nacionales fortalecieron la continuidad de las políticas de seguridad desarrolladas por el ministro de la anterior gestión Granados, confirmado por la designación del subjefe policial de Granados como nuevo Jefe de la Policía bonaerense del nuevo gobierno.

En cuanto al ámbito carcelario, desde la Comisión Provincial por la Memoria se refirieron a la declaración de crisis del Servicio Penitenciario por parte de la gobernadora Vidal, una medida tomada también por los gobiernos provinciales anteriores de Ruckauf, Solá y Scioli. "Sabemos que las declaraciones de crisis sólo sirven para dos cosas: para profundizar la crisis que intentan solucionar y para poder actuar sin tener que respetar las leyes administrativas y de control vigentes", señalaron.

También como parte de las continuidades con las políticas de los gobiernos anteriores, se hizo referencia al nombramiento de Fernando Díaz, quien como Jefe del Servicio Penitenciario fue el máximo responsable de la Masacre de Magdalena en octubre de 2005, hecho por el que actualmente se lleva adelante el juicio contra dos funcionarios y quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados por la muerte de 33 personas que se encontraban en el pabellón 16 de la Unidad 28 de Magdalena. Los anuncios gubernamentales de una reforma estructural para combatir "el autogobierno del Servicio Penitenciario bonaerense" quedaron sólo en anuncios de las autoridades.

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El sistema de la crueldad XI (2)
Por Indymedia Derechos Humanos - Wednesday, Sep. 20, 2017 at 11:03 PM

Palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

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El sistema de la crueldad XI (3)
Por Indymedia Derechos Humanos - Thursday, Sep. 21, 2017 at 6:54 PM

Palabras de Roberto Cipriano García, Coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria.

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Exigencia por la aparición con vida de Santiago Maldonado

Además de tratarse del informe que incluye en su relevamiento el primer año de gestión de Vidal en la provincia, la presentación se realizó a 50 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Desde el panel se expuso la preocupación por el encubrimiento a la Gendarmería desde el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia.

La Comisión Provincial por la Memoria fue una de las instituciones que presentó un recurso de hábeas corpus luego de la represión de Gendarmería a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen durante la cual se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Actualmente es querellante en la causa que investiga su desaparición forzada.

El hecho fue caracterizado como parte de una escalada discursiva y represiva que el gobierno nacional puso en marcha contra los sectores populares que reclaman por sus derechos vulnerados, convirtiéndolos en los enemigos a los que hay que perseguir y detener. "La desaparición de Santiago Maldonado es la expresión más grave de las orientaciones de la política criminal actual", señaló Roberto Cipriano García, Coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria.

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El sistema de la crueldad XI (4)
Por Indymedia Derechos Humanos - Thursday, Sep. 21, 2017 at 7:47 PM

Palabras de Cristina, madre de uno de los jóvenes asesinado en la Masacre de la Comisaría de Pergamino el 2 de marzo de este año.

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El sistema de la crueldad XI (5)
Por Indymedia Derechos Humanos - Thursday, Sep. 21, 2017 at 7:58 PM

Palabras de Silvia, madre de uno de los jóvenes asesinado en la Masacre de la Comisaría de Pergamino el 2 de marzo de este año.

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Familiares de la Masacre de Pergamino

El panel de presentación del informe también contó con la presencia de Cristina y Silvia, madres de dos de las víctimas de la Masacre de la Comisaría de Pergamino el 2 de marzo de este año, cuando siete jóvenes de entre 18 y 27 años de edad que se encontraban detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino perdieron la vida asfixiados, quemados y calcinados por la perversidad policial.

Al igual que lo que ocurre sistemáticamente con las muertes en cárceles, la Masacre intentó ser tapada por una versión oficial que buscaba garantizar la impunidad de los responsables.

La maniobra quedó en evidencia, no sólo por los testimonios de 12 detenidos sobrevivientes, sino porque al momento de los hechos los mismos jóvenes que luego fallecieron comenzaron a enviar mensajes a los teléfonos celulares de sus familiares contando lo que estaba pasando y pidiendo ayuda.

Entre los policías imputados en la causa se encuentran Alexis Miguel Eva, Matías Ezequiel Giulietti, César Brian Carrizo, Carolina Denise Guevara, Sergio Rodas y el titular de la dependencia (aún prófugo) Sebastián Alberto Donza, quienes no hicieron nada para evitar que el fuego terminara con las vidas de Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Chillito Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre.

“Para nosotros, los familiares, no es simplemente abandono de persona seguida de muerte, como está caratulada la causa o como lo encuadra el Código Penal. Para nosotros, y para el sentido común, fue un claro homicidio premeditado, ya que con todas las acciones y omisiones se demuestra claramente la intencionalidad que tuvieron. Se demuestra claramente que esa era su voluntad. Porque el fuego no tendría que haber ocurrido, porque pudieron haber apagado el pequeño fuego inicial con agua o con los matafuegos, que sí había en la dependencia, y no lo hicieron. Porque debían llamar a los bomberos voluntarios de manera inmediata y se constata que el llamado a los bomberos fue realizado 45 minuto después y no desde la Comisaría. Porque tendrían que haber ayudado a la labor de los bomberos, y no obstruyendo su trabajo como lo hicieron (…) porque mínimamente pudieron habilitarle el agua de las duchas y no lo hicieron. Por eso, los cuerpos de nuestros hijos se encontraron amontonados en el baño”.

“Desde ese 2 de marzo, las siete familias de las víctimas nos encontramos transformando todo el dolor en lucha, exigiendo verdad, justicia y castigo a los responsables, chocando con absurdas decisiones de la justicia”. A meses de la Masacre, el responsable de la Comisaría de Pergamino continúa prófugo y el juez de garantías Cesar Alejandro Solazzi otorgó el arresto domiciliario a los cinco policías que se encontraban con prisión preventiva, sin contemplar los peligros de fuga y entorpecimiento. La resolución fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, encontrándose actualmente sólo uno de los policías detenidos, a la espera de la resolución de un nuevo pedido de arresto domiciliario.

“Nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos, luchamos por un antes y un después de la Masacre. Luchamos para marcar un precedente que quiebre con la impunidad que la caracteriza. Luchamos por un nunca más y por todos los jóvenes que se encuentran en peligro. Basta de muertes por portación de cara”, concluyó Cristina, madre de uno de los jóvenes.

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El sistema de la crueldad XI (6)
Por Indymedia Derechos Humanos - Thursday, Sep. 21, 2017 at 8:27 PM

Palabras de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo integrante, desde diciembre de 2015, de la Comisión Provincial por la Memoria.

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Nora Cortiñas: "A Santiago Maldonado lo tiene la gendarmería"

El público presente en el anexo del Senado recibió con un fuerte aplauso a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria desde diciembre de 2015. "Pregunto ¿sabe alguien dónde está Santiago Maldonado? Lo tiene la gendarmería", afirmó y reflexionó sobre lo que significó y significa la desaparición forzada de una persona para sus familias, la incansable lucha de los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos en la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su intervención Nora Cortiñas valoró el trabajo realizado desde el Comité contra la Tortura frente a la vulneración sistemática de derechos dentro de los lugares de encierro y las políticas de mano dura. "Ustedes habrán visto ya alguna presentación de la Comisión donde están las fotos de las cárceles: es la suciedad, la porquería, no los alimentan, los maltratan (...) y muchos no tienen sentencia. Nosotros no queremos esto para Argentina. Queremos una Argentina con justicia social, porque también el hambre es un crimen que se comete".

Sobre la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Nora Cortiñas se refirió al juez federal de Esquel Guido Otranto: "Pedimos que el juez que está en esta causa se deje de tapar, de maltratar a la familia y de decir mentiras todos los días embarullando la investigación, porque lo mismo que le hacen a la familia de Santiago nos hicieron a nosotros" y denunció la complicidad de Patricia Bullrich.

"Estamos en 2017. Es hora de que tengamos una Argentina grande, con una democracia real, y no tener que decir simplemente que tenemos gobiernos constitucionales porque no nos animamos a decir que tenemos un país democrático", señaló.

Nora convocó a la concentración que se realizará el próximo miércoles 27 de septiembre frente al Congreso Nacional para exigir la prórroga de la ley 26160, que suspende los desalojos en tierras de las comunidades originarias; y recordó a Jorge Julio López y los intentos del gobierno anterior de instalar la versión de que se trataba de una persona perdida, ocultando que se trataba de una desaparición forzada.

Finalizando su intervención, Nora invitó a los presentes a ponerse de pie: "Yo los invito a que nos paremos y digamos todos: 30.000 detenidos desaparecidos, ¡Presentes!; 30.000 detenidos desaparecidos, ¡Presentes!; 30.000 detenidos desaparecidos, ¡Presentes!; Aparición con vida de Julio López, de Santiago Maldonado y de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales ¡Ya!; ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!".

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El sistema de la crueldad XI (7)
Por Indymedia Derechos Humanos - Thursday, Sep. 21, 2017 at 8:31 PM

Palabras de cierre, a cargo de Víctor Mendibil, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

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