"La policía y los jueces están en complicidad con los terratenientes"
Por Revista Cítrica - Friday, Sep. 22, 2017 at 3:29 PM

21 de septiembre de 2017 | Por Diego Pintos

Rufino Morales, cacique de la comunidad diaguita Pueblo de Tolombón, relata los abusos permanentes de parte de empresarios, fuerzas de seguridad y la Justicia tucumana.

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Hace unos días, mientras las miradas apuntaban al sur, a las comunidades mapuche violentadas sistemáticamente, una y otra vez, por Gendarmería, por la injusta Justicia, o por el fracking petrolífero, el 15 de septiembre, más al norte, en el terreno que actualmente se lo conoce como provincia de Tucumán, el pueblo diaguita también sufrió persecuciones, desalojos y violencia en su territorio.

"Son tantos los problemas que tenemos. El último fue que sufrimos un desalojo. Ocurrió por la mañana, y nos tomó de sorpresa, sin notificaciones ni nada". Así lo cuenta, con una voz suave, tranquila, diáfana, el cacique Rufino Morales, representante de la Comunidad Pueblo de Tolombón, de la Nación Diaguita.

Terratenientes, acompañados por policías, violaron la Constitución Nacional, pero no les importó. Violaron la constitución provincial, y tampoco los conmovió. Mucho menos les provocó haber violado los tratados internacionales que Argentina ha legislado y firmado.

Por la mañana, del 15 de septiembre, unos diez policías y el terrateniente Critto ingresaron al territorio de la Base Gonzalo del Pueblo de Tolombón para llevar a cabo el desalojo del comunero Juan Cruz, violando el derecho indígena vigente. "A este territorio del que nos quieren desalojar, lo están reclamando terratenientes como Javier, Francisco y Pedro Critto. Son varios los que asedian. En otra base está la familia López de Zabalía, que trabajan en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán, y con ellos también tenemos un gran problema", explica Morales.

El operativo estaba a cargo del comisario Dante Santillán. Se negó a leer la orden de desalojo. Se limitó a decir que la orden había sido firmada por el hermano de Juan Cruz. Los comuneros desmienten esa versión. No había nadie en la vivienda de Cruz. "Durante el desalojo, se presentaron unos diez policías, y una delegada de nuestra base le pidió que le muestre los papeles que acreditase el desalojo. Y los policías dijeron que "alguien ya lo había firmado, de la familia del hermano Cruz y otra comunera". Pero no era cierto, ellos nos dijeron que nadie los había hecho firmar nada", narra el cacique.

"Creemos que esas eran firmas falsas, y por eso fuimos a la fiscalía para ver cómo debíamos proceder. Esto ya viene de hace algunos meses, pero el tema es que la policía y los jueces están en complicidad con los terratenientes. Y se prestan para todo esto", cuenta Morales, para luego explicar que la policía quiso llevarse pertenencias de la casa violentada en una camioneta que pertenece al terrateniente Pedro Critto. Una escena calcada de la misma promiscuidad que existe entre las fuerzas de seguridad y Benetton, en Chubut.

Luego de la destrucción total de la vivienda dejaron dos efectivos policiales con el objetivo de seguir amedrentando a los comuneros. "Nuestra Comunidad está compuesta por seis bases en un territorio amplio, y fuimos relevados en su momento por la ley 26160. Somos 321 familias los que residimos allí. Por cuestiones laborales, muchos de ellos viajan a las ciudades, o a hacer trabajos en las cosechas, y después vuelven al territorio. Lo que se conoce como el trabajo golondrina. La Justicia se presta a todo. Quieren todo para ellos, y para nosotros, nada. Y en este sentido estamos cansados", cuenta Morales.

Se siguen violando los derechos de la posesión ancestral. "Hace años que venimos peleando y peleando por nuestras tierras. En otras épocas hemos parado la tala de árboles, hemos hecho frente a esos atropellos que ellos han cometido contra nosotros. Hace mucho, mi abuelo, que también era cacique, peleó por nuestro territorio, por otra zona que también fue tomada por otros terratenientes. Con la ley 26160 se han hecho los relevamientos correspondientes, pero los terratenientes no respetan nada. Ni las autoridades provinciales, ni las nacionales, ni de este Gobierno, ni del anterior".

En ese sentido, Morales explica que "muchos de nuestros abuelos no sabían escribir, o firmar, y ese era un problema". Los terratenientes engañaban a los originarios, con los viejos espejitos de colores. "Lo que nos han hecho son las "trampas de los comodatos". Los terratenientes han engañado a abuelos así. En aquellos tiempos, les daban papeles, a cambio de comodatos, los hacían firmar, y se quedaban tranquilos. Cuando nosotros nos dimos cuenta, los hacían firmar por cinco años, y les hacían meter la pata", explica.

El futuro no parece promisorio. "El tema es que seguramente se nos vendrán más desalojos. Ante lo que está sucediendo en el sur, con los mapuche, de ahí van para otro lado, y es como que se va contagiando. Ése es el tema. Pero nosotros vamos a poner el pecho, y no vamos a salir del territorio. Tenemos abuelos de 92 años -la gran mayoría de los comuneros oscila entre los 70 y 90 años de edad-, y no vamos a permitir que nos saquen la tierra. Nuestra Comunidad está relevada como dice la ley, tenemos personería jurídica, estamos organizados y tenemos todos los papeles que corresponden".

Las denuncias fueron presentadas ante las autoridades del INAI por parte del Cacique del Pueblo de Tolombón -de personería jurídica nº 0053 (renaci / inai)-, a la espera de una respuesta concreta por parte del Estado Nacional y Provincial que garantice los derechos de los pueblos originarios, el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, la ley N° 26160, el Código Civil y Comercial de la Nación, el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y los Derechos Humanos fundamentales.

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