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Amparo contra la AFI por fondos reservados sin control
Por Ari Lijalad, Nuestras Voces -
Monday, Sep. 25, 2017 at 12:30 PM
22 de septiembre de 2017 | El organismo de inteligencia se viene negando sistemáticamente a informar sobre el uso de sus fondos. Luego de asumir, el presidente Macri eliminó todos los mecanismos de control y transparencia de la ex SIDE por decreto y aumentó su presupuesto. Un conjunto de ONGs que aboga por la transparencia en los organismos de inteligencia ahora presentó un recurso de amparo, que ya tramita en la Justicia Federal. Además piden que se informe sobre acuerdos con servicios de inteligencia de otros países y sobre los mecanismos de control para que no haya abusos en las escuchas telefónicas.
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Varias organizaciones presentaron un amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, por negarse a brindar información sobre el uso de fondos reservados, los intercambios con servicios de inteligencia de otros países, las regulaciones sobre clasificación y desclasificación de información y los controles sobre las escuchas telefónicas que aún hoy realiza “la Casa”, como se conoce al organismo que nuclea a los espías. La falta de transparencia sobre las actividades de los servicios de inteligencia la promovió el presidente Mauricio Macri, que apenas asumido eliminó por decreto sus controles y se niega a brindar información sobre cómo operan hoy. Macri y su Jefe de Gabinete Marcos Peña firmaron el decreto 656 el 6 de mayo de 2016 y le restauraron, en la ley y en la práctica, el secretismo y la opacidad a la AFI.
La presentación judicial se hizo desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), “un espacio -según su web- destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia”. Allí se agrupan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derecho Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La decisión quedó en manos de la jueza Liliana María Heiland, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10.
Nada de información
El 13 de junio de 2017 estas organizaciones hicieron un pedido de acceso a información pública con cuatro puntos: que acuerdos de intercambio de información de inteligencia había con otros países; cómo se administran los fondos reservados de la ex SIDE; cuál es la regulación sobre procesos de declaración de secreto y desclasificación; y cuales son los mecanismo de control de la AFI sobre el sistema de escuchas telefónicas. No hubo respuesta. El 10 de agosto insistieron.
Desde ICCSI relatan que el “28 de agosto de 2017, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) remitió una nota firmada por el Dr. Ruben G. Areso, Director de Relaciones Institucionales de la AFI, en la que de manera arbitraria e ilegal se nos deniega la totalidad de la información requerida, según señalan, por ser de carácter reservado”. Para estas organizaciones, esta negativa del Gobierno a dar información “sólo puede ser comprendida en un contexto de fuerte regresión en las políticas de inteligencia”.
Ante esto, presentaron esta “acción de amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyo domicilio legal desconocemos y que presumimos en la Calle 25 de mayo 11”, dice el escrito. Esa dirección, en la esquina de la Casa Rosada, es la sede visible de la ex SIDE.
No piden datos sensibles sobre las actividades de inteligencia, sino “información respecto de procedimientos, mecanismos, reglamentos, regulaciones y datos globales (sino estadísticos), que permiten hacer efectivo los mecanismos de control a la actividad de inteligencia”. Un gran agujero negro que el kirchnerismo buscó trasparentar tardíamente y que el macrismo devolvió a la oscuridad.
“El control de los órganos y actividades de inteligencia, y la exigencia de legitimidad y de eficacia, es una consecuencia necesaria del carácter republicano y democrático del Estado. Y si bien se trata de una actividad caracterizada por el secreto, que protege sus fuentes, métodos, identidades y operaciones, ese secreto no puede derivar en el oscurantismo de sus todas sus prácticas, ya que esto contradice uno de los principios fundamentales del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno. Poner en conocimiento la información requerida no representa peligro alguno para la Seguridad de la Nación y no compromete ninguna de sus capacidades operativas”, sostiene la presentación judicial.
El amparo recalca que incluso la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, impulsada y sancionada por el actual Gobierno y que entrará en vigencia el próximo 29 de septiembre, habilita expresamente a que la AFI entregue los datos que le solicitaron. La nueva ley establece algunas limitaciones al acceso de información sensible, pero, destacan en la denuncia, la misma ley dice que “la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas”. Para los denunciantes es el caso: sólo piden información sobre cómo se implementan las políticas de inteligencia y cuales son las normas que la regulan. Normas que, al día de hoy, no son claras.
Los fondos reservados
“Para nosotros los fondos para inteligencia tienen que ser reservados más allá que la partida sea pública. Reservado no significa con falta de control”, dijo Gustavo Arribas, el amigo presidencial que fue designado al frente de la AFI. A Silvia Majdalani, su segunda, cuando le preguntaron porqué los fondos pasaron a ser totalmente reservados, respondió: “Como debe ser”. La línea fue clara.
El destino del dinero que manejó históricamente en secreto la ex SIDE, hoy AFI, muestra que su uso fue en operaciones que nada tenían que ver con inteligencia. Este escrito presentado por la ICCSI recuerda los casos de los fondos de la ex SIDE utilizados para el pago de coimas a senadores para la aprobación de las leyes de flexibilización laboral en el 2000, así como los miles de dólares que recibió Carlos Telleldín para desviar la investigación por el atentado a la AMIA. “Ambos dejaron en evidencia que los fondos derivados del presupuesto nacional hacia los servicios de inteligencia nacional, por carecer de controles adecuados, podrían ser utilizados incluso para actividades ilegales”, señalan desde ICCSI.
En 2016, el primer año presidencial de Macri, los fondos de la AFI crecieron un 81%. Según el presupuesto, manejó casi 1.500 millones de pesos. En 2017 aumentaron un 24,4%, alcanzando los 1.800 millones. Para 2018, el presupuesto enviado por el Gobierno le asigna 2.178.680.000 pesos, un 20% más que este año.
El kichernismo cumplió en forma tardía la promesa de trasparentar los fondos de la SIDE. Asumió ese compromiso en el 2005, en el marco del reconocimiento por parte de Néstor Kirchner de la responsabilidad del Estado en la falta de prevención y en el encubrimiento del atentado a la AMIA. La decisión quedó plasmada en el decreto 812/2005, pero recién lo concretó Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Diez años tarde, pero erradicó los fondos reservados de la SIDE, que pasó a llamarse AFI. El decreto 1311/2015 estableció una nueva doctrina de inteligencia nacional, modificó la estructura orgánica de la AFI y eliminó los fondos reservados.
Macri derogó todo lo modificado por CFK a través del decreto 656/2016. Fue la vuelta al oscurantismo en la ex SIDE. “Más allá de la evidente inconstitucionalidad y nulidad del decreto 656/2016, lo que venimos a plantear (…) es lo siguiente: la información referida al régimen de control y administración de fondos debe ser pública, independientemente de que éstos sean reservados, tal como lo regulaba el ahora derogado decreto 1311/15”, afirma el documento presentado a la Justicia.
El amparo detalla las consecuencias de la existencia de estos fondos sin control en manos de la Casa de los espías: “los problemas vinculados al manejo de fondos públicos coexisten con cuestiones más estructurales del funcionamiento del sistema de inteligencia: el espurio funcionamiento de la estructura de inteligencia nacional y de las fuerzas de seguridad, sus relaciones promiscuas con el sistema político y judicial, la falta de profesionalización de la actividad y la inexistencia de verdaderos controles parlamentarios y judiciales”.
Sostiene a su vez que Macri “se amparó en razones de agilidad en la gestión administrativa para eliminar los controles de los fondos reservados y en el secreto como regla para evitar brindar nueva información o cualquier otro tipo de explicación”.
Secretos y desclasificados
Desde estas organizaciones también piden que se conozcan las regulaciones sobre los materiales que son secretos y su desclasificación. En la reforma que encaró CFK la clasificación de la información se dividía en secreta, confidencial y pública. Cada una tenía un plazo de desclasificación. “Vale decir -explican en escrito- a mayor nivel de seguridad, es esperable que el plazo mínimo para la desclasificación sea mayor. Pero, nunca ese plazo podría quedar sin determinar, librado a la interpretación de la autoridad, porque la desclasificación, con la nueva ley, se volvió una obligación de los organismos de inteligencia”. Macri derogó el decreto de CFK y no hizo pública la nueva reglamentación para clasificar y desclasificar información.
“La negativa a informar por parte de la AFI presume altos niveles de arbitrariedad que rigen su actividad. Como en la ley no existen reglas concretas sobre quién y cómo se dispone la clasificación de seguridad de determinada documentación, ni qué instancia institucional revisa tales decisiones, la declasificación, como instrumento que permite una forma de control, aún ex post, y garantiza el ejercicio del control democrático que debe alcanzar a todas las actividades del Estado en un sistema republicano, incluyendo también a las actividades de inteligencia, se torna lisa y llanamente en ilusorio.”, insisten los denunciantes, que brindan ejemplos de cómo funcionan, a diferencia del caso argentino, las reglas de desclasificación en Estados Unidos, Brasil y Uruguay.
Las escuchas
El Gobierno tampoco quiso responder sobre los mecanismos de control que implementa la AFI sobre el sistema de interceptaciones o captaciones telefónicas, comúnmente llamadas escuchas. Vale recordar que CFK transfirió las escuchas telefónicas del Sistema de Observaciones Judiciales (más conocido como OJOTA) a la Procuración General de la Nación, pero Macri revirtió esa decisión y se las entregó a la Corte Suprema, que en estos meses trabaja en el armado de un organismo que se parece demasiado a una miniSide paralela.
El escrito destaca: “Sacarle a la ex SIDE el monopolio de la interceptación de las comunicaciones fue una de las medidas más salientes de la reforma que introdujo la ley 27.126 (la que impulsó CFK). Porque esa facultad era la puerta principal para que los espías se involucraran en investigaciones criminales e interfirieran en su resolución, produjeran escuchas ilegales y construyeran relaciones non sanctas con jueces, abogados, funcionarios y empresarios”. Esas relaciones, hoy, florecieron.
Los denunciantes aclaran que, sin embargo, la normativa vigente le permite a la AFI hacer escuchas telefónicas. “Esta facultad, que naturalmente se encuentra mediada por una autorización judicial, no fue alterada por el hecho de que la AFI ya no sea el órgano del estado encargado de ejecutar las interceptaciones”, advierten.
“No se solicita conocer los números interceptados, ni el contenido de las interceptaciones, ni la identificación de las personas que estuvieren siendo investigadas, datos que lógicamente hubieran afectado la reserva de las actuaciones”, explican en el documento presentado ante la Justicia, sino que solicitan, de nuevo, datos estadísticos y regulatorios sobre cómo se realizan estas escuchas. Citan casos en los cuales la AFI bajo gestión kirchnerista, el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) que reemplazó a la vieja OJOTA e incluso la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (que maneja la Corte Suprema) brindaron datos estadísticos del tipo de escuchas que realizaron. Lo mismo otros países y sus servicios de inteligencia. Macri no quiere informar nada. “Es arbitrario e injustificado que se oculte esa información cuando se refiere a interceptaciones de inteligencia”, insisten desde la ICCSI.
Hacen, a su vez, otra advertencia: “no se debe pasar por alto que la última reforma legislativa que motivó la reconversión de la ex SI en la ahora AFI fue producto de una crisis institucional generada a partir de los sucesos del verano de 2014/5 que pusieron en evidencia los vínculos espurios entre agentes de la inteligencia nacional y algunos sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público. También exhibió la participación de los servicios de inteligencia en redes de ilegalidad y el escaso nivel de profesionalismo de un organismo que ha estado históricamente abocado al espionaje político y al tráfico de influencias”. Estos niveles de promiscuidad entre servicios de inteligencia, sectores del poder judicial y medios de comunicación aumentaron desde la asunción de Macri, traducidos en innumerables operaciones políticas basadas en la utilización de recursos públicos sin control para embestir opositores.
Otro punto de la denuncia refiere a cuales son los acuerdos de intercambio de información de inteligencia con otros países. Macri se niega a transparentarlos. “No se está solicitando acceder a información que pudiera ser clasificada como ‘de seguridad’ ni conocer el contenido de los acuerdos, sino simplemente la existencia de acuerdos y con qué países”, aclararon desde la ICCSI. De nuevo, citan ejemplos de países como Estados Unidos, que publica sistemáticamente sus acuerdos de información.
Antecedentes
Desde hace tiempo algunas de estas organizaciones reclaman al Gobierno información sobre el uso de los fondos reservados de la AFI. El 18 de mayo de 2016 el CELS y Memoria Activa enviaron una carta al jefe de Gabinete Marcos Peña. Le preguntaron si la nueva conducción de la AFI, tras la derogación del decreto 1311/2015, había sancionado algún régimen de administración de los fondos clasificados, le pidieron que informe cómo iba a cumplir con el decreto 812/2005 en lo relativo a la transparencia de esos fondos, cual sería la política del gobierno en torno a la transparencia de la actividad de inteligencia y la desclasificación y porque habían derogado el Régimen Profesional del Personal de la AFI. Peña no les contestó, sino que le remitió la carta al director de la AFI, el amigo presidencial Gustavo Arribas. Ya esto fue irregular. Los responsables del decreto 656 eran Macri y Peña, no Arribas, que en todo caso era quien debía cumplirlo. El nuevo señor 5 respondió el 11 de julio. Dijo que los cambios macristas eran solo una modificación en la organización de la AFI. Reconoció la modificación en cuanto a los fondos reservados pero sin dar explicaciones. Afirmó que existe “la firme voluntad de esta administración de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia en la gestión del organismo” y aseguró que contaban con “un sistema de administración de fondos que responde a los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo (…) Se han utilizado para ello los criterios fijados por las mejores prácticas profesionales para el diseño de esos controles”. Arribas no aclaró entonces cuales eran esos estándares, criterios y prácticas. Desde ICCSI insistieron y, ahora, denunciaron al Gobierno por negar esa información.
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