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El miércoles marchamos por la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial
Por ATE Derechos Humanos Nación -
Tuesday, Sep. 26, 2017 at 5:10 PM
Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) nucleados en ATE manifestamos nuestra preocupación frente al vencimiento del plazo establecido por la Ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades y suspende durante su vigencia los acto administrativos y judiciales que ponga en riesgo su posesión territorial.
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En un marco de desfinanciamiento del organismo y desarticulación de sus acciones en el territorio junto a las comunidades indígenas de todo el país, denunciamos la intención encubierta del Estado que busca retirarse del territorio como garante de los derechos de los pueblos para generar un contexto propicio que favorezca el avance de los terratenientes y los grupos concentrados de poder provincial, como ha demostrado la feroz represión que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado.
La Ley de Emergencia Territorial es la antesala de la implementación de una ley que regule el acceso a la tierra para los pueblos originarios. Si no se prorroga esta ley ya nada frenará el desalojo de sus tierras a los pueblos originarios. Todxs debemos marchar el miércoles 27 al Congreso Nacional acompañando a las comunidades para exigir que se prorrogue la ley de Relevamiento Territorial.
El INAI es un organismo descentralizado creado por la Ley 23302 en 1985, tiene por finalidad desarrollar y coordinar las políticas públicas que garanticen el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas.
Al comenzar la gestión del gobierno actual el Instituto fue trasladado de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Durante el año y medio de gestión dentro de la Secretaria de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj, han cambiado en dos oportunidades a la autoridad máxima del Instituto y se ha manifestado una falta de líneas claras de trabajo.
El Instituto cuenta con trabajadores y trabajadoras en casi todas las provincias del país. Con la nueva gestión y el traspaso desde el Ministerio de Desarrollo a Justicia, estos trabajadorxs dejaron de tener oficina en donde cumplir sus funciones, además de elementos básicos como teléfonos o computadora y los viáticos que les permiten visitar las comunidades a diario. Estas son solo algunas de las consecuencias de la subejecución de presupuesto en la que se encuentra sumido el Instituto. Cada una de estas instancias de modificación de la estructura de funcionamiento implicó unaparálisis en la puesta en funcionamiento de las políticas públicas que por ley el Instituto debe llevar adelante, entre ellas la ejecución del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160) cuya prórroga está actualmente en discusión en el Congreso.
Cuando se desarticulan las políticas públicas y el Estado se retira del territorio como garante de los derechos de los pueblos se genera un contexto propicio para el avance de los terratenientes y los grupos concentrados de poder provincial. La desaparición forzada de Santiago Maldonado en el pu lof de Cushamen hace dos meses en el contexto de represión que llevó adelante la Gendarmería, muestra un desplazamiento sobre una práctica habitual en los territorios: no son solo las patotas de los terratenientes las encargadas de intimidar, hostigar y hasta asesinar a integrantes las comunidades indígenas, sino que es el propio Estado, despojado de políticas y haciendo uso del monopolio de la fuerza el encargado de llevar adelante la voluntad de los dueños de la tierra.
Es por esto que seguimos pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido por el Estado en el marco de una brutal represión a una comunidad mapuche en la provincia de Chubut.
La ley 26.160 declara la emergencia territorial de las comunidades y suspende durante su vigencia todo acto administrativo y judicial que ponga en riesgo su posesión territorial. Desde la implementación, en el marco del Instituto, de la ley de Relevamiento Territorial (Ley 26.160) se han relevado 8.000.000 de hectáreas con presencia de 826 comunidades. En total, se estima que en Argentina existen 37 pueblos originarios, 1600 comunidades y un total de 1.500.000 personas en población auto reconocida. Al día de hoy el relevamiento continúa. La Ley de Emergencia Territorial es la antesala de la implementación de una ley que regule el acceso a la tierra para los pueblos originarios. Si no se prorroga esta ley ya nada frenará el desalojo de sus tierras a los pueblos originarios. Todxs debemos marchar el miércoles 27 al Congreso Nacional acompañando a las comunidades para exigir que se prorrogue la ley de Relevamiento Territorial.
Trabajadorxs del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
Junta Interna ATE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
CONTACTO DE PRENSA - Delegados de ATE- INAI Lisandro Arijón (1562388716) Diego Lelez (1561192604)
Sobre el INAI
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado mediante Ley Nacional N° 23.302 en 1985, es un organismo descentralizado del Estado Nacional con la atribución de implementar la política pública indígena en todo el país, a partir del cumplimiento y la efectivización de derechos consagrados en la Constitución Nacional Art.75 Inc. 17 y normativa vigente Convenio 169 OIT, Ley 24071, la cual está destinada a un sujeto colectivo de derecho: las Comunidades Indígenas y los Pueblos Indígenas a los que pertenecen, garantizando a su vez la participación y consulta de los mismos en su diseño y ejecución y articulando con las provincias en razón de las facultades concurrentes y el federalismo concertado.
Originalmente el INAI existió en el marco de la Secretaría de Desarrollo Social, inserto a su vez en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y luego transitivamente funcionó en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante los años noventa, la oficina del INAI se dedicaba a articular y monitorear programas diseñados y subvencionados por organismos financieros internacionales, o bien a financiar otros cuya aplicación y desarrollo corría por cuenta de diferentes ONG, al mismo tiempo que no consolidaba una estructura territorial (planta formalizada con cargos concursados) que abarcara las múltiples realidades y necesidades de los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país.
A partir del año 2003 el INAI inició un proceso de crecimiento en su estructura y cantidad de trabajadores en consonancia con un mayor desarrollo de las políticas públicas orientadas a los Pueblos y Comunidades Indígenas (Decreto N° 410/2006 el INAI oficializa la creación de dos Direcciones: Desarrollo de Comunidades Indígenas y Tierras y Registro Nacional de Comunidades indígenas (Re.Na.C.I.), en 2010 se le sumaría una tercera, Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, mediante el Decreto N° 702/2010. Con la sanción de la Ley Nacional N° 26.160 en 2006, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, el INAI logra un crecimiento exponencial en su planta de personal, acorde a las necesidades implementación y trascendencia de dicha ley y a la nueva realidad de las Direcciones.
Se produjo un avance notable de la política pública y la legislación destinada a los Pueblos Indígenas, inédito e histórico en nuestro país, consolidado por la férrea voluntad de los trabajadores del Instituto y de las Organizaciones Indígenas territoriales. La magnitud de la tarea y sus resultados quedan plasmados en las casi 1.000 Comunidades Indígenas relevadas entre 2009 y 2014, contabilizando más de 5.700.000 ha. y las más de 1.350 Comunidades con personería jurídica inscripta en el INAI y en los organismos provinciales competentes, pertenecientes a 35 Pueblos Indígenas diferentes y asentadas en todas las provincias del país. A ello se suman los numerosos proyectos socioproductivos desarrollados, los trabajos en salud, educación y cultura y la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI), espacio institucional de consulta y participación conformado por representantes elegidos por las Comunidades Indígenas, por Pueblo Indígena y por provincia, actualmente integrado por 131 representantes.
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