La urgente necesidad de prorrogar la ley 26.160
Por El Diario de José C. Paz - Wednesday, Sep. 27, 2017 at 4:16 PM

Sep 26, 2017 | *Por Laura Godoy

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Comunidades indígenas acampan desde el sábado frente al Congreso para que se trate la ley de emergencia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Los motivos de la urgencia en la voz de sus protagonistas.

¿Alguien se pregunta por qué seguimos celebrando el día del Maestro cada 11 de septiembre? ¿Nadie se sorprende de que en toda escuela y jardín de infantes haya un cuadro del prócer cuyo mayor anhelo era limpiar al país de índígenas con la espada, con la pluma y la palabra?

Nuestro sistema de gobierno fundado en esa mirada europeizante permite al poder legislativo asignar y modificar estas fechas simbólicas. De hecho, el 7 de este mes la Cámara de Senadores de la Nación le dio media sanción a un proyecto que establece el cambio de la fecha en la que se celebra el día del padre, para que concuerde con la fecha del natalicio de Mercedes San Martín.

Ese mismo día, otro proyecto intentó ser incluido en el orden del día del Senado pero en virtud de los mecanismos democráticos fue rechazado. Se trata de la prórroga a la ley 26.160, que genera al Estado la obligación de demarcar las tierras habitadas por comunidades originarias y evita los desalojos de las mismas. Los votos negativos de los senadores nacionales que impidieron su tratamiento serían el orgullo de Domingo Faustino Sarmiento. El prócer ha dejado su impronta a través de los años.

A lo largo y ancho del territorio que hoy conocemos como Argentina más de cuarenta pueblos indígenas resisten día tras día el avance de los grandes negocios capitalistas que, de la misma forma que en en el siglo XIX, sueñan con territorios sin indios para tener la total libertad de desarrollar sus megaemprendimientos económicos extractivos. Hagamos un breve recorrido por estas comunidades en conflicto.

Tapehuahe Poraite Kerandy Apyrape: Bienvenidxs a Punta Querandí

Bajando del 291 en Punta Canal, se ven grandes campos bordeando la calle Brasil. Nos enteraríamos más tarde que no están lejos de ser transformados también como consecuencia de la creciente voracidad del mercado inmobiliario. Transacciones, tasaciones, ofertas y demandas generadas por y para formas de vida correctamente ajustadas a las prescripciones del capital se ejecutan naturalmente y son signo de prestigio y de poder.
Una vez que cruzamos el arroyo sobre un bote amarillo comienzan a dibujarse los carteles pintados a mano, en lengua originaria y ancestral guaraní. Bienvenidxs a Punta Querandí, territorio en resistencia en el Conurbano Bonaerense.
En ese lugar, hace más de diez años, un grupo de personas comenzó a hallar piezas de importante valor arqueológico. No tardó en confirmarse que pertenecían a un enterratorio indígena, milenario. Hacia el 2009 se constituyó el Movimiento en Defensa de la Pacha con integrantes de diferentes pueblos indígenas y no indígenas que tiene como objetivo la defensa de ese territorio y el mantenimiento y formación en prácticas ancestrales (cestería, alfarería, artesanías con materiales naturales y reciclados, pesca, huerta y vivero, recolección de plantas medicinales). La amenaza constante a la que históricamente se enfrentan es el gigante inmobiliario EIDICO, propietario de los countries que mantienen rodeada a Punta Querandí y con cuya construcción ya se han destruido otros espacios sagrados como el sitio Garín, el Sarandí y otros no identificados. El daño por la intervención inmobiliaria no afecta solamente a la comunidad de Punta Querandí: la flora y fauna de los humedales peligra, los y las vecinas de los barrios populares se inundan y pierden sus rutas de acceso.
El último episodio en esta disputa lo genera Jorge O´Reilly, socio fundador de EIDICO al realizar una demanda que pide el desalojo de la comunidad. Valentín Palma Callamullo, uno de sus integrantes nos cuenta que “es una demanda en el Juzgado Civil y Comercial de San Isidro pidiendo el desalojo porque estamos, según ellos, intrusando el lote lindero a Punta Querandí. Ellos dicen que el Museo, el Vivero y la Huerta están dentro de su terreno, según la medición de ellos y que eso está vulnerando su derecho. Piden una actuación sumarísima para recuperarlo inmediatamente. La cuestión ahí es que nosotros nos paramos en base al derecho indígena, estamos en todo un territorio ancestral”.
La vía legal es la menos preferida por estos empresarios para lograr el desalojo de la comunidad. Desde 2011 vienen atentando violentamente contra las construcciones comunitarias y amenazando a los hermanos y hermanas. Para Valentín, “la Justicia debería estar investigando hechos ilícitos que ocurrieron antes, lo que nos forzó a volver a estar permanentemente. Fue en septiembre y noviembre de 2016, nos destruyeron dos veces el Opy [espacio ceremonial guaraní]. En septiembre fue más alevoso, fue unos días antes de estrenarlo, el 21 de septiembre, el día del Ara Pyahu, el año nuevo guaraní. Luego de eso hubo un repudio unánime de Provincia, de la legislatura de Provincia. Aún así volvieron a hacerlo en noviembre. Ahí se hizo la denuncia porque eso entraría dentro del marco de crímenes de odio racial o religioso”.

“Para existir como mapuche necesitamos el territorio”

La Pu Lof en Resistencia Departamento Cushamen se hizo tristemente célebre para los medios hegemónicos en enero de este año, cuando sus integrantes sufrieron un intento más de desalojo violento por parte de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Chubut.
Es sabido que la popularidad mediática puede conducir al endiosamiento o a la demonización. Este último es el caso de los hermanos y hermanas mapuche que hace dos años lograron recuperar una parte de las 900.000 hectáreas que el magnate italiano Luciano Benetton le compró al Estado argentino. Tierras arrebatadas hace siglos a sus habitantes originarios vendidas a módico precio. Tierras que tantas familias que hoy viven hacinadas en las ciudades podrían habitar.
Para Andrea Millañanco, “lo que pretendemos es recuperar las tierras productivas y donde sí todavía se puede vivir. Recuperar las tierras que todavía no han llegado con un gran avance de contaminación para poder desarrollarnos como mapuche y poder tener esa conexión espiritual que nos hace ser mapuche. Dejar de ser los pobres que viven en los barrios hacinados, cuando en realidad uno puede tener una mejor calidad de vida en el campo, produciendo una alimentación más sana en lugar de comer la basura que te dan, sin necesidad de recaer en la esclavitud para poder pagar una vivienda, para poder pagar el agua, la luz y comprar alimentos que están todos intoxicados, todo lleno de basura.”
El respeto a la espiritualidad y cosmovisión de las comunidades originarias está previsto por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado Argentino. Pero el valor espiritual de la tierra no tiene ningún sentido para los empresarios y funcionarios del capital, para quienes el valor es puramente material y responde a las contingencias del mercado. Para Andrea “explicar esto a otras personas que no son mapuche y que ni siquiera tienen la voluntad de entenderlo cuesta bastante”
Las actividades económicas extractivas omiten la búsqueda de un equilibrio con las fuerzas de la naturaleza, por eso no se repara en los daños a corto ni a largo plazo. Se trata de dos modelos de vida totalmente inconexos que enfrentan al poder económico y político con la comunidad mapuche y las personas no mapuche solidarias con la causa. Como Santiago Maldonado, desaparecido por la Gendarmería Nacional por movilizarse y protestar contra la detención arbitraria de Facundo Jones Huala, lonco de la comunidad. Dice Andrea que “hay que recordar que Santiago es una persona consecuente. Él fue a pedir por la libertad de Facundo porque entendía la propuesta política, él entendía la lucha que estamos llevando adelante. (…) La persecución viene de hace mucho, de hace dos años y fue en escalada. Cada vez es peor. El grado de violencia es lo mismo. Ha aumentado, las medidas cada vez son peores. En enero le sacaron la mandíbula a un lamngen, dejaron sin aire al otro. Y hoy en día pasó lo que pasó. Lo que yo creo es que esto no fue una casualidad. Esto fue planeado. Le tocó a Santiago pero en realidad ellos iban a ir por un mapuche”

“Donde están los bienes naturales resguardados es donde estamos los pueblos indígenas”

Néstor Jerez es cacique del pueblo Ocloya, que habita parte de la provincia de Jujuy. También allí se levanta otra trinchera que intenta frenar el avance empresario. El pasado 18 de agosto, Néstor fue víctima de intento de homicidio, cuando Ariel Amaranto y Daniel Enrique Verzini, dos personajes vinculados a los intereses de la empresa Papelera NOA intentaron atropellarlo con su camioneta y posteriormente dispararon armas de fuego. Cuenta Néstor que “no empieza ahora, sino desde 2010 venimos teniendo estas amenazas de muerte y denunciando. Estas personas siguen impunemente libres por el territorio, siguen amenazando y estamos expuestos a la muerte. Estamos al borde de la muerte anunciada. La verdad es que no tenemos justicia porque decimos que si la cosa hubiese sido al revés, si nosotros hubiésemos sido los que hacen eso, seguramente que ya estamos guardados, ya estamos presos. Es el terrateniente, es el poder económico hoy el que intenta despojarnos a la fuerza, más allá de que hay un juicio por el territorio comunitario iniciado en 2010, hay medidas cautelares que la Justicia ha dictado en contra de estos terratenientes y a favor de la comunidad, pero los terratenientes siguen violando la Justicia. (…) Estamos viendo que el interés principal que tienen estos terratenientes, que están avalados por el gobierno de turno, tiene que ver con que buscan apropiarse de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales para hacer negocios y para eso obviamente necesitan desalojarnos”
La legitimidad cuestionada
“Existen numerosos tratados nacionales e internacionales en los cuales ya nos ceden todos nuestros derechos de preexistencia, de tierras, los cuales nunca fueron cumplidos. (…) Porque hoy en día la tierra aquí en el sur ha sido negociada con poderosos empresarios de afuera, encima. Ni siquiera es para el mismo Estado argentino” dice Andrea acerca del empeño de los poderes político y económico en no reconocer las leyes y convenios a las que teóricamente adhieren.
El que tiene el poder nombra. Desde siempre la palabra es una herramienta incuestionable y con ella se pueden construir formas de ver el mundo y argumentos que permitan al Estado justificar sus atropellos ilegales. No habría indígenas sin la llegada de los españoles. Habría zapotecos, mayas, guaraníes. Hoy los dueños del poder mediático no se esfuerzan mucho buscando denominaciones. Consultan el Pequeño Sarmiento Ilustrado y comienzan a repetir: indios truchos, violentos, separatistas, terroristas. Hasta que se haga carne en los públicos que a su vez repetirán justificando que no son dignos de reclamar sus derechos aquellos de los que se dice que son enemigos de la patria. Por un mediático golpe de efecto la sociedad debe olvidar que ella misma ha creado leyes y protecciones legales que los amparan. O, para no sentirse tan culposa debe caracterizarlos de forma que no puedan acceder ni siquiera a la legitimidad de considerarse y autopercibirse. Con formas tramposas la sociedad colonizada niega al indio su derecho a identificarse.
Este mecanismo de negación se repite constantemente. Basta ver el cuestionamiento a Fernando Jones Huala por su “pasado flogger”. Con respecto a la destrucción del Opy dice Valentín que “sería un escándalo si nosotros o cualquiera rompe una virgencita en algún lugar. (…) Pero acá, como fue un espacio ceremonial guaraní, nos niegan nuestra autoidentificación, nuestra pertenencia a un pueblo. Dicen que como estamos acá en lo urbano, sin taparrabo, arco y flecha o con ceular, jean y zapatillas no somos indios. Ellos nos quieren determinar acá qué somos.”

Acampe y movilización frente al Congreso

Las denuncias que realiza el pueblo Ocloya y todas las comunidades indígenas están amparadas en la ya mencionada Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y que vence el 22 de noviembre de este año. De no prorrogarse la ley, las comunidades de todo el territorio estarían aún más expuestas a la barbarie de los civilizados matrimonios entre empresarios y políticos.
Desde este sábado 23 comunidades de diferentes puntos del país están acampando en la Plaza de los Dos Congresos solicitando que “los legisladores nacionales tomen conciencia y acompañen nuestra propuesta de tratar y aprobar urgente una nueva prórroga porque, caso contrario, van a ser cómplices de la masacre, de la zona liberada y de los desalojos que vamos a tener en nuestras dos mil comunidades en la República Argentina”.
Para el día miércoles se convoca a una movilización desde Av. De Mayo y 9 de Julio hacia la Plaza de los Dos Congresos a las 11 de la mañana. La lucha de las comunidades es por la tierra y por una vida digna. Como dice Andrea Millañanco: “si nosotros no salimos a luchar por las tierras, ya no podemos esperar que ellos vengan a cedérnosla porque no lo van a hacer y no lo han hecho nunca”.

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