25 de septiembre de 2017 | El eterno dirigente Héctor Ponce, quien está por cumplir treinta años al frente del gremio de los trabajadores de la industria láctea, confirmó esta semana (Edairy 21/9) que ya está cerrado el acuerdo para la modificación del convenio colectivo de trabajo, y que será informado por los delegados congresales en reuniones informativas para “bajar la información a los empleados” sin posibilidad de debate y votación en asamblea general. Aunque Ponce habla en un reportaje de una “asamblea general de delegados congresales” para definir las negociaciones, éstas se desenvolvieron a espaldas de los trabajadores, por lo que dicha “asamblea” sería en realidad la presentación de un hecho consumado.
De esta manera, el convenio colectivo de los lecheros se convertirá en el modelo que el gobierno pretende trasladar al conjunto de los convenios existentes en los diferentes gremios como ocurrió con Vaca Muerta y los trabajadores petroleros (La Nación 15/9).
El acta acuerdo firmada en mayo de este año, exigía puntos que “debían ser abordados necesariamente" en el Convenio Colectivo de Trabajo lácteo. Estos puntos son: régimen de licencia por matrimonio y por mudanza, liquidación de horas extras, régimen de presentismo y asistencia, régimen de trabajo por turnos, polifuncionalidad de tareas y el congelamiento del salario homologando un 13,9% para todo el año. En la planta Danone Longchamps, se dio en junio el fin del régimen laboral de 7×2 a los trabajadores de Graham sustituyéndolo por uno de 44 horas semanales, perdiendo de este modo un 30% del salario. En esta misma planta, además, se está amenazando a los trabajadores de limpieza, seguridad y maestranza con que dejen de pertenecer al convenio lácteo, para pasar a sus antiguos convenios, con sus puestos de trabajo amenazados y perdiendo en este caso más de la mitad de su sueldo.
Radiografía de una entrega
La modificación del convenio colectivo es el final de una entrega criminal que comenzó con la extorsión del gobierno a partir de la crisis en SanCor, condicionando el salvataje de 450 millones de pesos mediante un acuerdo con Atilra, y los dirigentes del CIL (Centro de la Industria Lechera) y Apymel por el cual se destruyen todas las conquistas laborales. En el primer tramo de este acuerdo, por el cual se giraron los primeros 250 millones, se produce la rebaja del aporte patronal permanente que realizan las empresas por cada trabajador, que era un monto equivalente a casi 3900 pesos mensuales y que fue reducido a la mitad en las empresas grandes y medianas y a la cuarta parte en las pymes. Si bien este aporte patronal, era manejado a discreción por la burocracia sin otorgar ningún beneficio al trabajador, la burocracia siguió recaudando, pero ahora a través del cobro en los bonos por atención médica y análisis que se realizan los trabajadores en los centros médicos de la obra social. Desde la Coordinadora Sindical Clasista-PO nos opusimos a la rebaja del aporte patronal y planteamos que los fondos de las obras sociales sean controlados y administrados por las direcciones electas por los propios trabajadores.
Para SanCor en particular, la condición fundamental que impuso el gobierno para la entrega de los primeros $250 millones fue una reestructuración total de la empresa reduciendo las quince plantas que tenía el coloso cooperativo a un puñado de fábricas, dejando en la calle a mil quinientos trabajadores, de un total de cuatro mil. Al cierre de la planta de Centeno (Santa Fe) se le suma la planta de Brinkman, donde quedan solamente once trabajadores. Este trabajo sucio que debía hacer la actual patronal, era la condición principal de los compradores extranjeros. Se puso como foco de la crisis en SanCor el “costo laboral” cuando en realidad la caída de la cooperativa responde a otros motivos.
Ante esta embestida de despidos y cierres de fábrica, Etín Ponce se comportó como un consultor empresarial, ignorando los despidos, conteniendo la lucha y resaltando las virtudes de la cooperativa neozelandesa “Fonterra" en negociaciones para la compra de SanCor. Los combativos del “Volveremos” están completamente entregados, pensando cómo el obrero se puede adaptar a los caprichos de la patronal.
Nuestro planteo
Ante este ataque, nosotros denunciamos a la burocracia sindical por este acuerdo reaccionario. Planteamos que los trabajadores se reúnan en asamblea de fábrica para rechazar cualquier suspensión o despido, exigir la apertura de los libros de las empresas para los trabajadores y la ocupación de toda fábrica que cierre, suspenda o despida. Por su expropiación sin indemnización y con control obrero.
La Coordinadora Sindical Clasista-PO actuó consecuentemente desde el primer día de esta crisis, defendiendo los intereses históricos de los trabajadores, llevando a las fábricas un programa asociado a la independencia política de los trabajadores de sus explotadores, como camino para colocar a los trabajadores como alternativa de poder.
Por esto, llamamos a todos los trabajadores a participar del plenario sindical en apoyo al Frente de Izquierda que se realizará el 30 de septiembre en el estadio de Lanús. Este plenario debe marcar una perspectiva de lucha para poner en pie al movimiento obrero, el único capaz de derrotar esta fase de ofensiva que incluye reforma laboral, jubilatoria e impositiva contra los derechos de los trabajadores que se prepara desde la UIA y todas las centrales patronales con el gobierno de Macri a la cabeza.
Por paritarias sin techo, ocupación de fábricas que cierran, salario básico igual a la canasta familiar, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Fuera Bullrich. Por un paro nacional y plan de lucha.
