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Cambios en los puertos: el control de los barcos queda en manos privadas
Por Andrés Actis, Rosario Plus - Thursday, Oct. 26, 2017 at 12:23 PM

24 de octubre de 2017 | El gobierno nacional profundiza su corrimiento en la inspección sanitaria de los barcos que exportan granos. Tiempo atrás, resolvió que algunas requisas no eran más obligatorias. Y ahora decidió privatizar controles que estaban en poder del Senasa.

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En silencio y sin grandes anuncios, el gobierno nacional avanza con su reforma en los puertos agroexportadores, entre ellos el del Gran Rosario, por donde se despacha el 80% de los granos y los cereales.

A través del Boletín Oficial se dio a conocer que a partir de ahora serán los privados los que realizarán los controles sanitarios a los buques, tarea que estaba a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que supervisa el tráfico comercial de productos de origen animal y vegetal.

El argumento, según pudo averiguar Rosarioplus.com, radica en “terminar con los nichos de corrupción” del Senasa, un pretexto ya utilizado por la Casa Rosada a la hora de intervenir o reformar áreas del Estado codiciadas por el sector privado.

A través de la resolución Resolución 693-E/2017, el Poder Ejecutivo habilitó a que los certificados sanitarios sean emitidos por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”.

Desde hace años, los controles y los certificados están en manos de los empleados del Senasa. Con la asunción de Cambiemos, los exportadores renovaron el reclamo para modificar este sistema por “los altos costos” y por la supuestra “falta de transparencia” en algunos trámites.

El año pasado, el gobierno empezó a cumplir con ese pedido al modificar la normativa que establecía que los controles eran obligatorios para todos los barcos que ingresaran y salieran del país. Se resolvió examinar solo a aquellos barcos que se dirigirían a países que exigían sí o sí ese tipo de inspecciones sanitarias.

Aquella decisión desencadenó en una denuncia penal que presentó el diputado provincial Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri por el delito de “traición a la patria”. Según sus cálculos, ese “relajamiento en los controles” significó una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.

Ahora, el gobierno dio un paso más para satisfacer el reclamo de las firmas multinacionales que operan en el mercado de granos: incluir a empresas privadas en los controles que siguen siendo obligatorios.

Para eso se reflotó una resolución de diciembre de 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem tomó una decisión similar.

“Resulta necesario, por razones de reordenamiento estructural y en virtud de la regionalización y descentralización operativa de este Servicio Nacional, readecuar aspectos administrativos y de procedimiento de la metodología vigente para la inspección y aprobación de toda bodega o tanque de buque/barcaza destinado a transportar granos, sus productos y subproductos presentados en graneles con destino a exportación”, reza la nueva resolución a modo de introducción.

Luego, señala: “De acuerdo a las nuevas políticas impulsadas por el Gobierno Nacional en términos de competitividad y rebaja de costos, es imprescindible optimizar ciertos aspectos operativos, como lo es la habilitación de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación, utilizando los servicios de empresas especializadas en la temática, pero, a su vez, ejerciendo el debido control sobre su accionar a través de la supervisión operativa y la auditoría de sus registros, idoneidad y capacidades”.

El esquema, se aclara en el artículo 1 de la Resolución, ”funcionará como sistema piloto por el término de 1 año”.

La intervención del Senasa en Santa Fe

El 17 de agosto del año pasado, la dirección del Senasa unificó las dos regionales en que estaba dividida la provincia de Santa Fe, y colocó allí al mando a quien estaba a cargo de la regional Santa Fe Norte, el veterinario Víctor di Pasquale, de larga trayectoria en el organismo.

Sin embargo, en paralelo, se decidió crear una “Coordinación de Puertos, Aeropuertos y Aduanas Secas”, un puesto con más competencia. El nuevo cargo quedó en manos del contador Cristian Cunha, un militante del PRO sin experiencia alguna ni en el Senasa ni en ninguna otra dependencia estatal.

“Cunha salía a timbrear con Roy López Molina. Lo ubicaron en ese cargo para que sea el portavoz de una política a favor de las multinacionales. Se hizo salteando la normativa interna de Senasa que es muy clara respecto a los nombramientos”, denunció en su día Del Frade.

Cunha ejerció el cargo sin nombramiento formal desde agosto de 2016 a mayo de este año, cuando las autoridades del Senasa recién oficializaron su puesto en el Boletín Oficial.

En medio de la designación y el nombramiento de Cunha y sus colaboradores, el jefe nacional del organismo, Jorge Dillon, firmó la Resolución 37/2017, que modificó el sistema de controles de bodegas que debía efectuar el Senasa en los buques de ultramar que ingresan al Gran Rosario para cargar granos y subproductos.

Más tarde, el vicepresidente del organismo Guillermo Rossi firmó la resolución 520/2017 que dispuso la “limitación de funciones” para Di Pasquale, muy crítico de la gestión ante esta cantidad de irregularidades.

“Mi salida tiene que ver estrictamente con una decisión política, no hay ninguna denuncia o sospecha de corrupción detrás de esta medida”, se defendió Di Pasquale y recordó que recordó que el estatuto del Senasa obliga a que los cargos jerárquicos deban ser cubiertos o por un veterinario o por un ingeniero agrónomo, pero nunca por un contador.

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