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Las trampas de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional
Por Alfonso de Villalobos, Tiempo Argentino - Sunday, Nov. 05, 2017 at 2:13 PM

Sábado 4 de Noviembre de 2017 | Redefine el concepto de trabajo como una relación de iguales. Sobre esa base, consagra retrocesos históricos, además de legalizar lo que hoy es considerado un fraude laboral.

Al finalizar el discurso del presidente Mauricio Macri en el CCK sobre los "consensos básicos" del Acuerdo Nacional, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, insistió en que "la discusión de las reformas será responsabilidad de cada sindicato".

Horas después, sin embargo, se conoció el borrador del proyecto de ley que impulsa el gobierno y que, contra lo que venía asegurando, junto al proyecto de ley de blanqueo laboral adosa una reforma laboral integral, "a la brasilera".

 Para Luis Campos, del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, "el gobierno optó por la de máxima que es la de plasmar en un único proyecto gran parte de los reclamos de las cámaras patronales. Se parece mucho a la reforma de la legislación de Brasil porque un proyecto ómnibus hace que no se pueda discutir pormenorizadamente cada una de las reformas. Algo parecido hicieron en Francia".

Lo cierto es que el gobierno va por una reforma que, de ser aprobada, modificará de plano las relaciones entre las clases. No sólo a nivel de la transferencia de ingresos y de las condiciones de trabajo, sino también en lo que se refiere a los recursos políticos, legales y sindicales para desarrollar la defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores, toda vez que apunta a atomizar la relación contractual y la capacidad de acción colectiva.

"¿Cooperación?"

Ya en sus objetivos, el proyecto define sus propósitos de manera tajante al definirlos como "la liberación de las fuerzas de la producción y el trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas". De este modo coloca como beneficiaria explícita de la regulación laboral a la parte patronal, privilegiando la acumulación del capital por sobre las condiciones de vida de los asalariados.

Para eso, un punto que ha pasado relativamente desapercibido pero representa el núcleo de la reforma de la que se desprenden todos los retrocesos posteriores es que, en su artículo 39, el proyecto propone modificar la definición conceptual de trabajo según lo dispone la actual Ley de Contratos de Trabajo (LCT). Allí incorporaría un párrafo que reza que "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". De este modo, la relación laboral dejaría de reconocerse como un vínculo asimétrico (concepto sobre el que se basa el derecho laboral y la "preferente tutela" que le otorga el Estado al asalariado), soslayando la desigualdad real que subyace entre los poseedores del capital y los medios de producción (y el poderío social que conlleva) y los que, del lado de enfrente, no poseen otra cosa que su capacidad de trabajo.

Adiós a las 8 horas

En el plano concreto el proyecto, a hurtadillas, vulnera la jornada de 8 horas, una conquista del movimiento obrero con más de 100 años de vigencia. El texto postula el Banco de Horas mediante el cual habilita una jornada de hasta 10 horas transformando las horas extras en comunes acreditables en una jornada computable en forma anual. Ya en la reforma del convenio lechero así como en el de petroleros se habían establecido mecanismos para reducir los costos de las horas extras que fueron allanando el camino para este golpe general. En el artículo 42, además, se habilita la contratación bajo la modalidad de jornada parcial, que implica una jornada inferior a los dos tercios de la jornada laboral que, de ser superada, llevará al pago de una jornada completa (y no horas extras que se pagan doble). Sin embargo, en caso de que así fuera, la jornada total sólo se abonará en el mes que eso ocurra, dando lugar a la movilidad de la jornada según los requerimientos patronales.

Otra ofensiva viene por el lado de las indemnizaciones, que sufrirían una doble vulneración. La LCT establece el pago de un salario (el más alto) por año trabajado en caso de despido sin causa. Según el proyecto, se incorporaría una adenda al artículo 245 mediante la cual dejarán de computarse para la determinación de esa mejor remuneración anual, el aguinaldo, las horas extras, comisiones y premios reduciendo sensiblemente el costo del despido. La reforma, que se presenta como una vía para crear más empleo, en realidad abarata las cesantías.

Pero además, y en la misma línea, el proyecto habilita la creación de la figura del Fondo de Cese Laboral Sectorial mediante el cual, tal como ocurre actualmente en la construcción, el costo del despido pasa a ser nulo para la patronal toda vez que es cofinanciado durante la relación laboral que, de este modo, puede expirar sin costo.

Relación de dependencia y la vulneración de los convenios

El proyecto además, incorpora la exclusión de los alcances de la LCT "a los trabajadores autónomos económicamente dependientes",  abriendo las puertas a la contratación por fuera de los convenios. Del mismo modo, excluye a los "trabajadores dependientes colaboradores", que impulsa la ya muy extendida tercerización laboral y excusando taxativamente de la responsabilidad solidaria a la empresa principal en la que se desempeñen esos trabajadores. La reforma del Código Civil, en 2015, ya había avanzado en ese sentido.

Además se recrea la figura de la práctica de formación profesional (pasantías) que sirven para contratar jóvenes por fuera de los convenios vigentes.

Renuncie a sus derechos

Se propone, además, reducir nuevamente el plazo para dar comienzo a los juicios laborales, que ya había sido reducido por la dictadura de cuatro a dos años, para llevarlo a un período de apenas un año. Pero además, se derogaría el principio de irrenunciabilidad de los derechos incorporada en 2009. De este modo, en forma individual y condicionado por la relación asimétrica que existe en los hechos, el trabajador podrá aceptar condiciones que vulneren los convenios que lo amparan, tornándolos, en los hechos, irrisorios. Pero además, en el artículo 42, se elimina la posibilidad que tenía un trabajador de recurrir a la justicia contra una modificación de sus condiciones de trabajo y lograr una restitución "sumarísima" de sus condiciones previas. La irrenunciabilidad así como el denominado ius variandi combinados, se traducen en los hechos en una anhelada conquista patronal que es la polifuncionalidad de los trabajadores, que quedarán sujetos al arbitrio de la patronal sin poder recurrir ni a la justicia, ni al convenio colectivo.

Sigue sector por sector

El proyecto de ley ómnibus, sin embargo, no clausura la posibilidad de dar continuidad a la revisión de los convenios sector por sector. Campos, del Observatorio de la CTA, señaló que, por el contrario, "esto no excluye la segunda fase que tiene que ver con la introducción de cláusulas de flexibilización en los convenios sectoriales. Como se hizo con petroleros y estatales con la incorporación del presentismo y la productividad con los lecheros". Para eso, según Campos, se van a valer de las paritarias, porque "en un contexto de inflación alta, las organizaciones están forzadas a discutir salarios para perder lo menos posible. Las cámaras patronales se vienen negando a negociar salarios si no se introducen cláusulas de flexibilización a cambio".

500 gremios inscriptos en la mira

En el discurso del CCK Mauricio Macri dijo que "no puede ser que haya 3000 sindicatos en la Argentina". Las declaraciones apuntan especialmente contra aquellas organizaciones sindicales que se han abierto camino en oposición a las conducciones que bajo el amparo del Estado y la Justicia han anulado el desarrollo de las oposiciones, como el del Subte, la AGD-UBA, el Sitraic de la construcción, los docentes de Ademys y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Fuentes de Trabajo dejaron trascender que revisarán la situación de 500 organizaciones sindicales para dar de baja. La OIT, sin embargo, sostiene que los trabajadores pueden organizarse "como lo estimen conveniente". 

La CGT en el camino del debate

El camino públicamente acordado entre el gobierno y el triunvirato de la CGT previo a la elección era el de una reforma "sector por sector". Esa hoja de ruta calzaba a medida de la CGT, ya que la excusaba de oponerle un plan de acción general.

La CGT ha quedado enredada en una compleja encrucijada. Por un lado, se encuentra condicionada por la amenaza de carpetazos oficiales contra varios de sus dirigentes que la mantienen a raya y, por el otro, enfrenta un choque inevitable con sus representados si es que, como se presume, no rechaza de plano el proyecto de ley.

El viernes pasado, el gobierno los convocó a una reunión, lanzando una soga de la que, parece, piensan aferrarse. Fuentes muy cercanas al triunvirato de la CGT aseguraron a Tiempo que "la reunión desmintió lo que se dijo sobre que la CGT estaba lejos de los 140 puntos del borrador. Hay algunas cosas que son inviables, pero en toda negociación tiran a la máxima y van negociando. Hay que sentarse y consensuar. Triaca y Quintana se comprometieron a que lo que no tenga consenso quedará afuera. Ellos ya aclararon que no van por todo."

La Corriente Federal de Trabajadores emitió un comunicado en el que rechazó la reforma porque "contiene imposiciones imposibles de tolerar", y reclamó la convocatoria a un nuevo Consejo Confederal de la CGT.

La Corriente Sindical Clasista se reunió el jueves y una de sus dirigentes, la diputada electa Romina Del Plá señaló: "Los cambios propuestos eliminan por completo la legislación laboral de la Argentina. Lanzaremos una campaña para impulsar un plan de lucha contra la reforma".

El nuevo escenario planteado por el gobierno a partir del resultado electoral favorable y la conciencia sobre los límites legales con los que una reforma sector por sector podría chocar, ha puesto de nuevo en el tapete la discusión de qué tipo de respuesta dará la CGT. el movimiento obrero deberá debatir si se debe encarar un paro y plan de lucha o sostener negociaciones hasta consensuar el proyecto con el gobierno. «

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