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Alertan sobre desalojo y atentado contra comunidad indígena en Ituzaingó
Por Momarandu / Corrientes -
Friday, Nov. 10, 2017 at 10:20 AM
RECLAMAN GARANTÍAS DE PROTECCIÓN
Jueves 9 de noviembre de 2017 - Referentes indígenas alertaron sobre un operativo policial de desalojo y un atentado contra la comunidad indígena Kaavyey en el departamento Ituizangó. Reclaman garantías de protección para los derechos de las comunidades originarias en Corrientes. Convocan a movilización. La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que evita desalojos de las tierras a los pueblos originarios
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Referentes indígenas informaron a momarandu.com sobre un operativo de desalojo en la Isla San Martín, Departamento de Ituzaingó, en territorio indígena, sobre una de las familias que integra la comunidad guaraní Kaavyey, que habita islas y tierra departamental en la zona.
Además, alertaron sobre un atentado con fuego que ocurría en paralelo dentro de ese mismo territorio; una de las casas precarias habitadas por la misma comunidad había sido indendiada por un grupo identificado por la comunidad como una "banda parapolicial", con intereses sobre la tierra, de acuerdo a los mismos referentes.
A raíz de ambos hechos, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, preparan acciones de protesta para las próximas semanas en el departamento de Ituzaingó, en reclamo de garantías para la protección de los derechos de las comunidades originarias que viven en la Provincia.También, anticiparon, se movilizarán hasta la Fiscalía General.
Los referentes reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena en territorio de la provincia. La norma, cuya prórroga fue sancionada definitivamente este miércoles por el Congreso nacional, impide el desalojo de las comunidades indígenas.
Consultado por momarandu.com Emilio Spataro, activista del movimiento Guardianes del Yberá y miembro de organizaciones en defensa de los pueblos indígenas convocantes, observó que, hasta el momento, Corrientes se mantiene al margen de la ejecución de la Ley de Emergencia Indígena hoy prorrogada por el Congreso de la Nación, situación que, remarca, abona a la desprotección y al desamparo de las comunidades originarias guaraníes que viven esta zona del norte argentino.
"En Corrientes no hubo relevamientos. Hasta el momento fueron reconocidas las comunidades Jahaveré, Ñupuy, El Ciervo y Kaavity, que hoy fue agredida con un intento de desalojo y un atentado, al igual que la de Ñupuy, también agredida hace algunos meses atrás. Pero no hubo relevamientos", señaló.
El activista dijo que los reclamos al Estado nacional y provincial por garantías para la protección y la promoción de los derechos indígenas en Corrientes se elevan desde quince localidades correntinas distintas unas de otras, todas ellas habitadas por comunidades indígenas, en diferentes etapas de trámite para el dictámen de su reconocimiento oficial por parte de los organismos públicos.
Estas comunidades, detalló, hoy desamparadas, esperan recibir del Estado nacional su personería jurídica y ser reconocidos por la Provincia, y de ese modo transformarse en sujetos activos amparados por el Estado en el ejercicio de sus derechos y en condiciones de hacer valer su autodeterminación en el dominio de la tierra que habitan y en el de sus bienes comunitarios.
DESALOJOS E IMPUNIDAD
Por otra parte, el militante aseguró que las comunidades son agredidas por grupos que actúan con amparo de funcionarios en el Estado, y enfatizó en que aunque cotidianamente haya conflictos sobre estos territorios, las tierras señaladas no se encuentran en disputa porque el Estado debe reservarlas para las comunidades en reclamo de sus derechos y dar cumplimiento efectivo a la Ley de Emergencia Indígena.
"Hay mafias que operan bajo el amparo del Estado. Bajo el amparo del Poder Judicial y otros entes del Estado están desalojando de hecho a las familias que integran las comunidades que viven en territorio indígena. Falta compromiso real con el cumplimiento efectivo de las comunidades indígenas. ¿De que sirve una ley de emergencia si después se pierde la tierra en mano de las mafias impunes?", aseveró.
Esta vez, "en el marco de un operativo de desalojo en la cominidad kaavyey de Ituzaingó. Desalojaron a una familia de la comunidad de una isla y mientras tanto en la otra isla, una banda parapolicial prendió fuego una de las casas entonces. Vamos a denunciar eso", anticpó el activista.
Spataro atribuye a la dilación del cumplimiento de los derechos indígenas por parte del Estado y a la ausencia de relevamientos cuyos resultados deben incorporar los organismos públicos nacionales y provinciales para garantizar la protección y promoción de las comunidades originarias, el origen de las situaciones de inseguridad y violencia en las son víctimas miembros de familias indígenas en la defensa de su tierra.
Desde agosto de 2016, el movimiento que integra, Guardianes del Iberá, denuncia públicamente, junto a otros movimientos y organizaciones, atentados y hechos de violencia institucional contra comunidades originarias en los Esteros del Iberá.
Precisamente, el 3 de agosto de ese año, una familia originaria que vive en el paraje fue atacada y su domicilio quemado en un incendio iniciado por una braza caliente en un hecho aún sin responsables declarados.
Poco antes de esa fecha, ocurría un desalojo similar al registrado este miércoles en la Isla San Martín, Ituzaingó. Meses más tarde, un grupo de campesinos denunciaba el retiro arbitrario de su ganado de tierras bajo sospechas sin mediar anticipos en la comunidad Jahaveré.
Desde entonces, las voces de los referentes indígenas en Corrientes vuelven a elevarse sobre los derechos que les fueron reconocidos por las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución nacional, que, en su artículo 75, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza respeto a su identidad y reconoce personería jurídica a sus comunidades y posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo estas exeptuadas de enajenacion, transmisión, gravámenes y embargos.
PRÓRROGA DE LA LEY DE EMERGENCIA INDÍGENA
Esta miércoles, por la tarde, la Cámara de Diputados de la Nación, prorrogó, por tercera vez, por cuatro años, la ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 que, entre otros puntos, suspende los desalojos en las tierras originarias.
La razón primordial que condujo la voluntad de los legisladores hacia su consenso fue que, de acuerdo al Instituto Nacional de Asuntos Indígena, en Argentina el 70 por ciento de las conunidades indígenas permanece a la sombra del Estado.
Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.
Durante el debate de la ley, los diputados nacionales a quienes tocó dar su voto, expusieron acaloradamente sobre el papel de presión que juegan intereses foráneos sobre la dilación de los relevamientos de los cuales depende el reconocimiento catastral de las comunidades indígenas en sus territorios.
Los diputados coincidieron en que reducir la conflictividad es un punto crucial para culminar este proceso del que, según el Censo 2010, dependen 900.055 mil personas que se autoreconocen como indígenas.
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