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"No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad"
Por Tiempo Argentino - Monday, Nov. 27, 2017 at 9:19 PM

Lunes 27 de Noviembre de 2017 | Respaldo a Prefectura. Tras la muerte de Rafael Nahuel, el gobierno responsabilizó a la RAM y aseguró que se llevó adelante "una acción legal y legítima".

"No tenemos que...
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, dieron una conferencia de prensa desde la Casa Rosada para dar explicaciones sobre la represión en el lago Masacardi y la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel por parte de Prefectura.

"Estamos tristes y queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame", comenzó Bullrich quien pasó a "caracterizar y conceptualizar la situación que sucede hace varios años”.

"En el sur de nuestro país han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a caracterizar que estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia, grupos que no respetan la ley, que no reconocen la Argentina, que no reconocen al Estado, la Constitución ni los símbolos. Se consideran un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la ley de los argentinos", manifestó.

Los ministros distinguieron "con absoluta claridad entre los pueblos originarios de estos grupos que no son grupos de protesta, que han tomado la violencia como la forma de acción política".

"Queremos plantear que el Ministerio de Seguridad le va a dar claras instrucciones a las Fuerzas de Seguridad federales. No van a aceptar ninguna orden ilegal ni antijurídica que invierta el rol que un lugar pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a una Fuerza de Seguridad, que se invierta el rol del estado frente a un grupo fuera de la ley que toma un territorio y quiere imponer una ley distinta a la del resto de los argentinos", advirtió.

A través del obispo de Bariloche, se abrió un diálogo con la comunidad mapuche. "Se ha planteado un diálogo, estamos abiertos al diálogo con todo grupo pacifico que pueda tener una protesta y quiera resolver los problema dentro de la ley. No va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley", explicó.

Sobre el rol de la Prefectura en la represión y la muerte de Nahuel, Bullrich respaldó a la Fuerza de Seguridad y aseguró: "El juez necesitará elementos probatorios, el gobierno nacional ha definido que esto se realizó en el marco de una manda judicial. No tenemos que probar lo que hacen las Fuerzas de Seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad. Prefectura fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez podrá buscar las pruebas que quiera. Está perdiendo días porque no los dejan entrar. Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar siguen los grupos violentos".

En relación a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), lo definió como "todo aquel grupo que no respeta la ley". "Es un nombre genérico de grupo que actúan violentamente. Los queremos separar de la comunidad mapuche o de cualquier comunidad", indicó.

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Patricia Bullrich: “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”
Por Daniel Satur, La Izquierda Diario - Monday, Nov. 27, 2017 at 9:22 PM

Patricia Bullrich: “...
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Lunes 27 de noviembre de 2017 | En conferencia de prensa la ministra de Seguridad y su par de Justicia justificaron el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel el sábado en Bariloche. Cinismo, criminalización y encubrimiento.

Cínicas condolencias a la familia de Rafael Nahuel, ninguna investigación sobre el actuar de la Prefectura y el anuncio de próximas represiones a todo lo que el Gobierno identifique como “RAM”. Así se sintetiza el contenido de la conferencia de prensa que esta mañana dieron en la Casa Rosada la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

El tema convocante fueron los hechos ocurridos en Villa Mascardi el último sábado donde el joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel perdió la vida producto de las balas de la Prefectura Naval.

Ambos funcionarios tuvieron como todo objetivo justificar el accionar represivo de las fuerzas federales y ahondar aún más en la construcción de un enemigo interno en el sur argentino, integrado por miembros de la comunidad mapuche. Para ayudar el relato oficial, en la conferencia de prensa se digitó que las preguntas las realizaran centralmente periodistas del Grupo Clarín y otros pocos aliados del Gobierno.

Bullrich arrancó la conferencia mandándole “a la familia de Nahuel un pésame”. Inmediatamente se dedicó a lanzar diversas justificaciones del accionar de Prefectura que, precisamente, asesinó a Nahuel.

“Queremos conceptualizar lo que está sucediendo en nuestro país, una situación que hace varios años que sucede pero no ha sido tomada en cuenta. En el sur de nuestro país han sucedido más de 70 acciones violentas o atentados en los últimos años”, sentenció Bullrich. Y agregó que se está “frente a grupos violentos que han escalado, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, al Estado, la Constitución, los símbolos, que se consideran un poder fáctico con una ley distinta”.

Enseguida la ministra se “avivó” y aclaró que el Gobierno distingue “con claridad entre los pueblos originarios que han sabido resolver desde hace años sus reivindicaciones y estos grupos que no tienen reivindicaciones y tomaron la violencia como forma de acción política”. Incluso relacionó los hechos de Mascardi con “lo que está sucediendo en Chile, donde está sucediendo el mismo problema”.

Antes de darle la palabra a Garavano, la ministra dijo con la firmeza que la caracteriza que “el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad, le va a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad para que ninguna fuerza acepte una orden ilegal”. No se refería, obviamente, a órdenes como la de los jueces Guido Otranto de Esquel o Gustavo Villanueva de Bariloche.

“Esto ya lo hemos vivido los argentinos, esto es muy de fondo, tenemos que tener claro donde está la ley y qué deben hacer las fuerzas federales”, sentenció Bullrich sin especificar a qué se refería con eso de “ya lo hemos vivido”.

Por su parte Garavano recordó que no hace mucho “el Congreso volvió a prorrogar la Ley de Tierras” y que en ese sentido “el Gobierno siempre ha estado detrás de resolver todas las controversias”. Pero separó a los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu de Mascardi reprimida el último fin de semana del resto de las comunidades mapuches. “La existencia de estos grupos es algo que tenemos que tomar en cuenta”, dijo el ministro al tiempo que sentenció que “no es la violencia la que va a resolver los conflictos”.

Ni en sus declaraciones iniciales ni mucho menos a partir de las preguntas deseadas que lanzaron los periodistas de TN, Clarín, Radio Mitre, Cadena 3, Radio Continental y la Radio Pública de la Ciudad (aliados o empleados del macrismo), los funcionarios hicieron referencia a llevar adelante una investigación propia sobre las fuerzas represivas en su acción criminal. ¿Una consecuencia del Caso Maldonado, donde la “investigación interna” del Ministerio terminó arrojando más contradicciones que certezas y abrió una crisis con los gendarmes que actuaron en Cushamen?

“El juez tendrá que buscar los elementos probatorios, nosotros no”, dijo Bullrich. Así dejó en claro dos cosas: que no piensa tirar a ningún prefecto por la ventana y que todo quedará en manos del mismo juez que ordenó la represión. “Esto se realizó en el marco de una manda judicial de (el juez Gustavo) Villanueva y la Prefectura estaba actuando en ese marco. Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una acción ordenada judicialmente”.

“Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles”, argumentó la camaleónica funcionaria. Y en ese sentido se basó en lo relatado por los prefectos del grupo Albatros: “hubo estruendos muy fuertes, propios de armas de grueso calibre. Pero esas armas no pudieron ser secuestradas y seguramente ya no están más en ese lugar”.

Como para seguir delineando el relato criminalizador de las comunidades mapuches que recuperan territorio en la Patagonia, Bullrich dijo que “en el lugar están todavía los del grupo violento y eso va a derivar en perder pruebas”. Es más, dijo con bronca, “el lugar está tomado, entró más gente y la Policía Federal fue apedreada hoy”.

Pese a toda la perorata, ni Bullrich ni Garavano esquivaron el “centro” que les tiró uno de los periodistas cuando les preguntó qué tipo de grupos son y cómo se financian. Fue Garavano quien se limitó a decir que “más allá de la caracterizaciones generales es importante detenerse en que hubo más de 70 hechos. Corresponde a la Justicia ir detrás de cada uno de esos hechos y determinar quiénes son los responsables y se avance contra quienes violaron la ley”. Puro chamuyo, dijeron por lo bajo otros periodistas presentes en la conferencia de prensa.

Sobre el final, algo que podría tomarse como una declaración de guerra. Bullrich confesó que para el Gobierno “la RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente. Y los queremos separar total y absolutamente de la comunidad mapuche y de cualquier comunidad originaria de la Argentina. RAM es como un nombre pero puede haber otro grupo que se llame de otra manera”. E insistió en que desde el Gobierno “se pone en el RAM a todo aquel grupo que no respeta la ley”.

La ministra terminó con un claro mensaje antimapuche: “Vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur. Se acabó el mundo del revés”.

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Michetti, Bullrich y la carga de la prueba
Por Mario Wainfeld - Monday, Nov. 27, 2017 at 9:24 PM

Michetti, Bullrich y...
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27 de noviembre de 2017 | Lo expresó la vicepresidenta Gabriela Michetti, en el marco informal de un reportaje televisivo. Luego lo ratificaron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Justicia, Germán Garavano, en un escenario estudiado y por lo tanto más cuestionable.El coro de  voces oficiales emite un mensaje preciso y temible: el Gobierno del presidente Mauricio Macri está dispuesto a desconocer las reglas del debido proceso y la división de poderes.

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Michetti hizo punta, con estilo coloquial: una división de roles frecuentecomunicación oficial. “El beneficio de la duda lo deben tener siempre las fuerzas de seguridad que ejercen el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado”. La impropiedad del lenguaje no impide advertir una omisión grave: el Estado ejerce el monopolio de la violencia legítima.  En criollo: no de cualquier violencia.

Bullrich multiplicó la apuesta aduciendo que “el juez necesitará elementos probatorios, nosotros no: el Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”. La afirmación es incorrecta y peligrosa. Desconoce las reglas penales vigentes, constituye una amenaza (no velada sino expresa) al juez federal Gustavo Villanueva, encargado de investigarla muerte violenta de Rafael Nahuel quien recibió un balazo estando de espaldas.

En el episodio hubo otros dos heridos, de menos gravedad. Johana Colhuanfue atendida por una herida de bala que entró por el codo con orificio de salida.

El Ejecutivo y la Prefectura reconocen que fue un efectivo de esta fuerza quien efectuó el disparo fatal. Aducen haber obrado en defensa propia, deberán acreditarlo en Tribunales donde no valen nada los criterios del Ejecutivo.

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La carga de la prueba en cualquier presumible delito, recae sobre quien acusa. Pero ese principio varía según las circunstancias. Si se mató a alguien y el autor material alega defensa propia es él quien tiene la carga de probarlo. Si no lo hiciera satisfactoriamente, tras todos las instancias legales, sería culpable de homicidio. En este caso, posiblemente calificado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad.

Los pasos a seguir son, forzosamente, son los siguientes:

•    Abrir la causa por muerte violenta o posible homicidio.

•    Identificar al  autor del disparo, si eso fuera posible. Sería simple si un solo prefecto hubiera hecho fuego. Se haría más trabajoso (pero no insoluble) si hubiera más. Los Prefectos o su superioridad podrían colaborar con el magistrado identificándose en detalle o en grupo.

•    Luego corresponde pesquisar la excusa absolutoria de la defensa propia. Esta solo procede si hubo una agresión proporcional a la represalia. 

En un primer relato macrista las víctimas habrían blandido lanzas, boleadoras, hachas y lanzado piedras. Una escena más propia de un programa de Diego Capusotto que de una batalla frente una organización subversiva entrenada y militarizada. Esa  primera versión luego se enriqueció contando que hubo disparos de armas de grueso calibre. Y que los ciudadanos baleados llevaban máscaras de gas que, por cierto, no portaba Nahuel.

La proporcionalidad es un punto central, porque un cuerpo de elite como el que mató a Nahuel dispone (debe disponer) de recursos alternativos a las armas letales para disolver a un puñado de personas, aún si actuaran agresivamente (gases lacrimógenos o balas de goma a título de posibles ejemplos).  De nuevo,la agresión no está verificada: las interpretaciones de Michetti, Bullrich, Garavano o los propios sospechosos no pesan más que ninguna otra en un juicio regular. 

•    El juez puede ocuparse  de la instrucción o delegarla en el fiscal. Tal vez delegar(opina este cronista que es abogado también) sea lo más razonable para controlar el proceso, sobre todo porque el magistrado puede “retomar” la instrucción en cualquier momento. Pero cualquier de las dos opciones es válida.

Se pueden buscar evidencias sin que el juez esté obligado a convocar de inmediato al o los sospechosos a prestar indagatoria. Estos, en ejercicio de su derecho de defensa, pueden ofrecer pruebas.

•    Si el magistrado considerara probada la legítima defensa podría sobreseer a los sospechosos, aún sin procesarlos. Claro que las querellas o la Fiscalía estarían habilitadas a apelar esas decisiones, ante sucesivas instancias superiores.

Si se llega a juicio y se dicta sentencia, el Tribunal respectivo tendrá que contrapesar los hechos comprobados y puede condenar o absolver. Eventualmente aplicando al o los acusados la presunción de inocencia.

Suprimir o entorpecer uno o todas estas etapas desde otro poder del Estado constituye un avasallamiento a las competencias del Judicial, que podría tipificar delito, el encubrimiento inclusive.

•    Por último, no en orden de importancia: el proceso penal está organizado de modo contencioso. Hay una parte que acusa (fiscales y querellas, si cabe), una que defiende y jueces que deciden tras recorrer todo el itinerario procesal.

Los jueces deben ser neutrales y objetivos. Los Fiscales cumplen otro rol: les incumbe la carga (el deber) de acusar, no les corresponde juzgar. Solo están facultados para eximirse de su obligación cuando las pruebas de descargo son irrefutables. No es, ni por asomo, lo que sucede hoy.

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Mal que le pese a Bullrich, no existió “una manda legal” de balear con ametralladora. La orden judicial de desalojo no contenía esa especificación, desde ya. Pero, si en un arrebato de locura, el juez hubiera dispuesto eso por escrito, habría incurrido en una ilegalidad formidable, causal clavada de juicio político.

La presión sobre el juez Villanueva es tremenda.  El macrismo violenta las reglas republicanas. Sus criterios, mal que les pese, no disipan las sospechas sobre otro hecho de violencia institucional. Lo que sí es seguro al cierre de esta nota es que hay (otro) argentino joven muerto, por balas de “la autoridad”. Un supuesto agresor que estaba de espaldas a quien le quitó la vida.

mwainfeld@pagina12.com.ar

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ARA
Por San Juan - Monday, Dec. 11, 2017 at 5:07 PM

ARA...
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ESTAMOS GANANDO

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