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El juego a la impunidad
Por Franco Mizrahi, Mundo Lesa - Tuesday, Nov. 28, 2017 at 8:40 PM

10 de noviembre de 2017 | Fiel reflejo del estado de los Derechos Humanos en la Argentina, ocho juicios por crímenes de lesa humanidad fueron postergados: cinco de ellos, que debían comenzar este año, aún ni siquiera iniciaron. La dilación expone las injusticias que viven las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares. Con el paso del tiempo y la parálisis de los procesos, el Poder Judicial beneficia a los genocidas.

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Foto : Gabriela B. Hernández

En sintonía con los deseos del gobierno nacional, los juicios de lesa humanidad avanzan a paso lento, muy lento.
Si durante la administración anterior el Poder Judicial no impulsaba las causas por violaciones a los Derechos Humanos con la premura que las víctimas y familiares del terrorismo de Estado esperaban, el cambio de gestión no hizo más que agudizar la problemática.

Un caso emblemático es el de la megacausa Campo de Mayo donde hay 19 juicios orales pendientes. Durante 2017 sólo se realizó un debate oral y público breve (llamado López Fader-Alfonso, por el nombre de los represores) y concluyó otro en mayo que había comenzado el año pasado (sobre el Colegio Militar).

Tan es así, que las demoras en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia llegaron a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ocurrió el 24 de octubre, en Montevideo, cuando 13 organismos cruzaron el Río de la Plata para denunciar la grave situación ante las autoridades de la institución regional.

“Hay una dilación histórica en la resolución de las causas penales por estos crímenes, tanto por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, la postergación del inicio de juicios es recurrente. A junio de este año, había 50 causas elevadas a juicio, a la espera del inicio del debate oral”, denunciaron las organizaciones de Derechos Humanos que viajaron a Uruguay para exponer en audiencia pública los retrocesos en la materia en los dos últimos años.

Durante aquella reunión, en el marco del 165º período de sesiones ordinarias de la CIDH, se recordó que durante la gestión macrista el Poder Judicial dictó fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, como el “2x1” a favor de los genocidas que rubricó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún vigente; o la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.
Previamente, el máximo tribunal del país había sentado el peligroso desacople del sistema interamericano de Derechos Humanos mediante el fallo Fontevecchia. Por esta posición, la Corte Interamericana fue especialmente dura con el gobierno nacional y la propia Corte, en un pronunciamiento que se conoció el 30 de octubre.

Entonces, la Corte Interamericana reprochó que “la posición asumida en esta oportunidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de cuestionar la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana bajo determinados supuestos contrasta ampliamente con su línea jurisprudencial anterior”.

También le recordó al Estado argentino “que bajo el derecho internacional siempre que un Estado es encontrado responsable de un hecho internacionalmente ilícito que haya producido un daño, surge para ese Estado la obligación de repararlo íntegramente, que no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones o dificultades de su derecho interno”.
Y, finalmente, puso como plazo “a más tardar el 28 de febrero de 2018” para que se le eleve “un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento”.

Mientras el Estado argentino, representado por el macrismo, recibe más de un llamado de atención por parte de la Corte y la Comisión interamericanas dado su anoréxica política de Derechos Humanos, en los tribunales nacionales el horizonte no asoma prometedor.

A continuación, un pantallazo por una serie de juicios que fueron postergados y ponen en contexto el reclamo de los organismos ante la CIDH:

-En la Ciudad de Buenos Aires

  1. Juicio centro clandestino Sheraton-TOF N° 1. Debía comenzar el 7 de septiembre pasado. Fue pospuesto para el 13 de noviembre.
  2. Juicio ESMA IV-TOF N° 5. Fue suspendido después de haber sido programado para el 10 de agosto y luego para el 18 de agosto. Se iniciará el 23 de febrero del 2018.
  3. Juicio "Puente 12 (Cuatrerismo)-Comisaria de Monte Grande"- TOF N° 6. Comenzó el 12 de octubre. Estaba previsto para el 14 de agosto.

    -En la Provincia de Buenos Aires
    *En San Martín

  4. Juicio Hospital Militar de Campo de Mayo-TOF N° 3. Comenzó finalmente luego de dos suspensiones. Debía comenzar el 7 de agosto y luego el 4 de septiembre.
  5. Juicio a Luis Patti por el homicidio de Ricardo Giménez (San Martín)-TOF N° 3 de San Martín. El debate oral estuvo interrumpido por problemas de salud de un juez y finalmente se reactivó. Este proceso, en el que se juzga el homicidio de un periodista y militante de Escobar tiene fijada una próxima audiencia el 14 de noviembre a las 12.30. No obstante, no hay cronograma, lo que no quita la expectativa de que se obtenga una sentencia para fines de diciembre.
  6. Causa Ford. Se supone que comienza el 19 de diciembre, después de años de dilaciones.
    *En La Plata
  7. Juicio "El caso de los hermanos Ramírez" -TOF N° 1 de La Plata. Fue reprogramado para iniciarse el 4 de diciembre. Las siguientes audiencias serán el 6, 11, 13 y 18 de ese mes. Su arranque debía haber sido más de tres meses antes: el 28 de agosto.
    -En Salta
  8. Juicio por la desaparición de Mario Luna Orellana (Salta)-TOF N° 2 de Salta. Su inicio fue suspendido. Estaba previsto que comenzara el 21 de agosto.

Propuestas rechazadas

La megacausa de Campo de Mayo expone la nula voluntad del Poder Judicial para acelerar los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

Desde las fiscalías y las querellas realizaron dos planteos para intentar impulsar la casi dos decenas de juicios que están en tren de espera. Pero ambos fueron rechazados.

En 2016 se había propuesto que se envíe a sorteo entre los tribunales de San Martín las causas pendientes, separadas entre víctimas y acusados. Ocurre que en muchos juicios figuran las mismas víctimas y los mismos acusados. Así, se buscó un punto de equilibrio para que los casos vayan a sorteo de forma conjunta. Pero la Cámara de Casación no aceptó la solicitud.

Atentos al estado de situación, que roza la parálisis, este año se requirió que se hicieran juicios para abordar los casos de los imputados que aún no registran una sentencia en contra. Pero la propuesta (que apuntaba a avanzar en nuevas condenas) también fue desechada.

Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, fue claro respecto al panorama de los juicios de lesa humanidad en general: “Observamos que hay una tendencia decreciente de los juicios orales y que también cayó el impulso de las causas en los Tribunales”.

Durante la mentada audiencia del 24 de octubre en la CIDH, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, defendió la gestión de Mauricio Macri y definió al diagnóstico de los organismos de “falsas afirmaciones fundadas en prejuicios basados en intereses partidarios”.

En dos años de gestión, el macrismo demostró que no sólo hace de su negacionismo una mera cuestión retórica.

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