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El poder de las palabras
Por Irina Hauser / Página|12 - Tuesday, Dec. 05, 2017 at 10:50 AM

Sería bueno, para decirlo suavemente, que quienes ejercen el periodismo dejen de colaborar con el afianzamiento de un vocabulario estigmatizante respecto de las comunidades originarias (y quienes las apoyan) que no hace más que aportar a la justificación de la violencia por parte del Estado, lo que pone en peligro los derechos básicos de todas las personas.

El poder de las pala...
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Imagen: Télam

03 de diciembre de 2017

“Enfrentamiento”: Es una de las palabras más gastadas en los últimos días a raíz del asesinato de Rafael Nahuel, que ayudaba a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en la zona del Lago Mascardi. ¿Cómo hablar de enfrentamiento frente a una escena en la que sólo la Prefectura tira balas de plomo y muere un joven por un disparo que entra por la espalda, desde abajo? Eso se llama ataque. “No vi que volara siquiera ni una piedra desde donde estaban los mapuches, sólo sus gritos pidiendo que pararan”, relató un operador turístico que vio todo de casualidad. A la comunidad le secuestraron cuchillos de sus ceremonias y hondas de revoleo. Ni un arma de guerra, como dijo la ministra Patricia Bullrich. El día del desalojo fueron detenidas mujeres y niños. “Enfrentamiento” fue una de las palabras más usadas para disfrazar y justificar los crímenes del terrorismo de Estado.

“RAM”: Ahora los pueblos originarios son RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, una equiparación que se usa en forma peyorativa para hacer creer que todos los indígenas son violentos. Es un concepto que utiliza el Gobierno en los discursos y que los medios replican. Si tal organización existe, es minúscula y es inadmisible igualar con ella a todas las comunidades. Es no entender, o no querer comprender, la problemática de los pueblos originarios cuyo derecho a la tierra está reconocido por nuestra legislación. En la Constitución el artículo 75, inciso 17, les reconoce -por ejemplo-la preexistencia étnica y cultural, personería jurídica así como “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. A estas comunidades la historia les pasó por encima y barrió sus derechos por siglos. Son la extrema pobreza, no son RAM. A la luz de la Constitución a nadie se le debería pasar por la cabeza que un empresario norteamericano tiene más derechos que ellas.

“Antiargentino”: Otro término de raíces dictatoriales que resucita, expandido en las redes sociales; se usa para fomentar la teoría del “enemigo interno”, que encarnada en el pueblo mapuche u otros hermanos ofrecen supuestos argumentos para justificar la nueva tarea de las Fuerzas Armadas, que a falta de conflictos externos no tendrían grandes razones de ser. Cada vez que se señala al “narcotráfico” y al “terrorismo”, como ocurre en tantos discursos de funcionarios y también el Poder Judicial, subyace esa idea de militarización. Además, el concepto oculta a quienes podría cuadrarle mejor esa definición, que son los empresarios terratenientes extranjeros que arrasan con lo nuestro pero son aliados del poder de turno.

“La violenta toma” de los “rebeldes”: frase que, palabras más o menos, se lee en todos los diarios todos los días. ¿Qué es más violento? Un agente que dispara un arma letal o un indígena que tira una piedra para defenderse y sostener una protesta. ¿Dónde empieza la violencia? ¿No es violencia el arrebato de las tierras y derechos? ¿La pobreza no es violencia? ¿Cómo se puede hablar de rebeldía si el diálogo como iniciativa del aparato estatal empieza recién después de que un joven es asesinado por una bala de sus fuerzas.

“Mapuche=terrorista y ¡¡Kurdo!!”: Esta semana el diario Clarín publicó que “un informe reservado alerta sobre grupos violentos en la Patagonia” y habla de vínculos con grupos chilenos y nexos con la guerrilla kurda. Dice que los mapuches se relacionan con un líder kurdo que ubica físicamente en Palermo… pero resulta que está preso en Turquía desde 1999. Ni el mínimo chequeo, la mentira para alimentar la imagen del enemigo, que no es más que la pobreza extrema.

Está construcción discursiva la vimos con claridad mientras transcurría la búsqueda de Santiago Maldonado (que también era terrorista, o hippie, se multiplicaba en caritas con rastas en pueblos enteros o estaba en Chile en un 20 por ciento) a fuerza de la insistencia de su familia. Su muerte en plena acción solidaria es un punto en común con la de Rafael Nahuel. Un rasgo notable.

Esta lógica de la mentira con aspecto de verdad que se va inoculando en el inconsciente colectivo (algunos la llaman posverdad) está en expansión en todos los órdenes. En los temas judiciales es palpable, pese a que se trata de un poder del Estado que en teoría debería ejercer la más transparente búsqueda de la verdad. Pero ahora a Alberto Nisman lo mataron (porque lo dice, qué curioso, un informe de Gendarmería que contradice a los más prestigiosos forenses), se puede encarcelar gente sin juicio (en especial si adscriben al kirchnerismo o si son manifiestan por #Niunamenos o por la verdad sobre Maldonado) y todo parece parte de la normalidad. Hasta es normal que la Unidad de Información Financiera ayude a zafar a los poderosos o la Oficina Anticorrupción difunda que no hay delito en el uso de las empresas offshore. Una de las cosas más perversas que ocurren en estos tiempos es el uso del Derecho como fachada de grandes atrocidades. Debería ser una guarida, pero es un potencial puñal en la espalda.

Los periodistas tenemos poder para alimentar ese monstruo que se usa para justificar desde recortes de derechos hasta acciones sangrientas y para consolidar una realidad mentirosa. Pero si queremos, si entendemos sus peligros, también tenemos poder para desarmarlo.

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