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Petter Tiltand: “Me echaron sin ningún argumento”
Por Tomás Lurkin, Página/12 - Saturday, Dec. 09, 2017 at 12:28 PM

09 de diciembre de 2017

Petter Tiltand: “Me ...
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“Me mandaron de regreso a Brasil. Acabo de aterrizar en San Pablo”, escribió Petter Slaatrem Titland a las 3:09 del viernes después de ser deportado de la Argentina. El líder del capítulo noruego de Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) había arribado a Ezeiza por la tarde pero no pudo pasar migraciones. Titland es uno de los 64 representantes de la sociedad civil a quienes el Gobierno argentino decidió prohibirles que participen en la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comienza mañana. La Embajada de Noruega solicitó a la Cancillería argentina que le permitieran ingresar y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un habeas corpus preventivo con el nombre de todos los individuos presentes en la lista negra elaborada por la Agencia Federal de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad. La vía diplomática se frustró por la negativa de ministerio encabezado por Patricia Bullrich. El accionar judicial que podría haber habilitado el ingreso de Titland fue desestimado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Al activista noruego deportado se suma el caso de Sally Burch, una periodista británica-ecuatoriana que se desempeña como directora ejecutiva de la agencia de noticias ALAI (ver aparte). 

“Me echan de la Argentina sin argumentos. Lo único que me dijo una persona de seguridad fue que no me permitían ingresar por lo que dice en el sitio web de mi organización. Pregunté qué parte de la página consideraban violenta y no respondieron. Es absurdo”, explicó Titland a PáginaI12. Durante su estadía en Ezeiza el noruego fue seguido de cerca por un guardia de seguridad privada: “Se llama Jorge, es un tipo decente”, comentó en medio de la conversación donde cuestionó el accionar del gobierno de Mauricio Macri. “El retiro masivo de acreditaciones a manos del país anfitrión no tiene precedente en la historia de la OMC. Es un escándalo. Este hecho socava seriamente la legitimidad de las negociaciones y la OMC. Las acusaciones sobre la organización no tienen conexión con la realidad. Recibimos financiamiento del gobierno noruego para sus campañas en temas como política comercial y paraísos fiscales. Somos una organización no violenta”, expresó a este diario el noruego.

“Los miembros de Attac Noruega fueron muy activos en los disturbios durante el G-20 de Hamburgo”, aseguraron desde la Cancillería al reconocer que la información utilizada por la AFI para determinar los nombres de los activistas vetados provino de agencias de seguridad extranjeras. “Compartimos información vinculada a temas de seguridad con varios países para la organización de eventos de esta envergadura”, respondieron ante la consulta de PáginaI12. 

Los esfuerzos de la seguridad argentina para bloquear la llegada de activistas de distintas ONG estuvieron concentrados en Ezeiza y Aeroparque. Quienes estaban en las listas negras pero ingresaron por otros pasos fronterizos fueron bienvenidos con la celeridad habitual por las autoridades competentes. Por eso, algunos representantes de la sociedad civil consideran que el accionar del gobierno argentino es apenas un ensayo aleccionador frente a la serie de eventos que tendrán lugar mientras el país presida el G-20.

Hacer migraciones en Ezeiza tampoco fue sencillo para Issabelle Bourboulon pero, a diferencia del noruego Titland, consiguió ingresar al país.  “Cuando llegué a Migraciones mostré mi pasaporte y apareció un policía que me llevó a un cuarto apartado. Me dijeron que tenía que volver en el próximo avión a París. Nos habían anticipado que podíamos llegar a tener problemas para entrar a la Argentina. Por eso, alertamos de antemano al embajador francés en Buenos Aires con quien ya trabajamos en temas de cambio climático y se comprometió a intervenir ante las autoridades si había inconvenientes. Mientras esperaba en ese cuarto del aeropuerto llamé con mi teléfono a la embajada. Conversaba con los diplomáticos en francés cuando el policía se puso un poco incómodo y me pidió que corte la comunicación porque los problemas ya se habían resuelto”. Issabelle Bourboulon de la organización Attac France es una de las 64 representantes de la sociedad civil a quienes el Gobierno argentino intentó prohibirles el ingreso al país para participar en la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comienza mañana. “Tengo más de sesenta años y nunca ocurrió algo así. Es una situación inédita, ni siquiera paso esto cuando la conferencia de la OMC fue organizada por el régimen qatarí”, remarca en diálogo con PáginaI12 la activista francesa. En 1968, Bourboulon era adolescente pero con humor advierte que, tal vez, los agentes de seguridad que la anotaron en el listado la asocian con los eventos del Mayo Francés. “Nunca realice llamados de violencia, no es serio”, asegura la representante del capítulo francés de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) que está a punto de publicar un libro, el cuarto en su haber, sobre las guaridas fiscales.  

Belgas y brasileños

La Rede Brasileira pela Intgracao dos Povos consiguió que el gobierno argentino repusiera la acreditación de una de sus delegadas para el evento gracias a la intervención de la Embajada de Brasil. Sin embargo, cuando arribó a Aeroparque la activista fue demorada durante dos horas por las autoridades de Migraciones. Por su parte, los representantes de organización belga CNCD 11.11.11 -una red con 90 miembros entre los que figuran Caritas, Oxfam y Médicos del Mundo- fueron vetados por el gobierno argentino pero la intervención de las autoridades del país europeo habilitó una vía intermedia. El Ministerio de Seguridad se opuso de manera taxativa al ingreso de uno de sus miembros y permitió la llegada de otro solo cuando el activista firmó una declaración donde se comprometió a no participar en disturbios ni hechos de violencia. El documento fue entregado al gobierno de Bélgica. 

“Me parece que este es un ataque inaceptable sin precedentes en la historia de las conferencias internacionales y, en particular, con respecto a la sociedad civil, ya que es imposible para ella para expresar en esta importante conferencia internacional”, indicó al intervenir en el Parlamento de Bélgica la diputada del Partido Socialista, Gwenaelle Grovonius. “Nuestro gobierno a través del Ministro de Relaciones Exteriores intentó mediar, pero tenemos que cuestionar la organización argentina porque no podemos permitir que las ‘razones de seguridad’ se conviertan en un pretexto para bloquear la participación de líderes sindicales, expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil en los eventos. Todos participan en manifestaciones pero no son terroristas. No se puede vetar voces por expresar su disidencia con la visión dominante de la economía”, explicó a PáginaI12 la legisladora.

Sin evidencia

“El Gobierno no ofreció ninguna evidencia de que las organizaciones incluidas en la lista negra hayan realizado llamamientos a la violencia y el caos. Uno pensaría que ante la relevancia de la cobertura recibida por este accionar anti-democrático que ellos, por lo menos, presentarían una justificación real o inventarían algo. No pudieron mostrar nada porque no existe. Somos organizaciones que trabajan a favor del desarrollo con décadas de experiencia en el diálogo civil pacífico”, replicaron desde la red de organizaciones Our Wolrd Is Not For Sale (Owisnfs). 

Hasta la semana pasada la explicación oficial para prohibir el ingreso al país a activistas, académicos y militantes pertenecientes a organizaciones de 17 países era otra. “Las ONG realizaron llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, expresa el texto difundido la semana pasada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La explicación más contundente la ofreció por la ex titular del Palacio San Martín, Susana Malcorra, que presidirá el evento internacional. En diálogo con este diario la funcionaria aseguró que la decisión fue tomada a partir de “revisiones de antecedentes realizadas por el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Investigaciones”.

@tomaslukin

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Otro caso de deportación por opinar distinto
Por Página 12 - Saturday, Dec. 09, 2017 at 12:33 PM

Otro caso de deporta...
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Una periodista británica no pudo ingresar al país. Figuraba en la “lista negra” de Cancillería de acreditados por la OMC

09 de diciembre de 2017 | Se trata de Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Iba a participar de las actividades paralelas a la OMC. La demoraron en Ezeiza y por la tarde la subieron a un avión rumbo a Ecuador. Se convirtió en la segunda deportación.

Sally Burch, la periodista británica deportada. La vía diplomática se frustró por la negativa del ministerio encabezado por Patricia Bullrich. 

El Gobierno deportó ayer a la periodista inglesa Sally Burch, quien llegó a la Argentina para participar en las reuniones de la OMC. Se trata de otro de los casos de censura contra comunicadores internacionales, tras la deportación de Petter Titland, que vinieron al país para cubrir el evento de Naciones Unidas. El caso de Sally Burch se transformó ayer en tendencia mundial en las redes sociales como Twitter y es un nuevo ejemplo de un problema que el Gobierno arrastra hace más de una semana y no logra resolver. Para retenerla en el aeropuerto fue acusada de falsa turista. La defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza presentó un Habeas Corpus para que la justicia revise la decisión de migraciones de deportar a la periodista. Pero el pedido no fue efectivo y a las 19:30 horas subieron a Sally Burch a un avión rumbo a Ecuador. La verdaderra razón de su deportación: haber intentado entrar al país pese a figuarar en la lista de más de 60 activistas a los que la Cancillería había anticipado que se les denegaría el ingreso al país, pese a haber sido acreditados previamente por la Organización Mundial del Comercio.

La periodista británica, al llegar al país, por Ezeiza, ya estaba identificada en una lista de personas no gratas. La tuvieron demorada varias horas hasta que casi hecha la noche la subieron a un vuelo a Centroamérica. Burch no pudo pasar migraciones. Le impidieron la entrada bajo el argumento de haber proporcionado información inexacta --informó que ingresaría como turista--, además de no contar con boleto de retorno a su destino de origen. Se trataría, según las autoridades de control, de una infracción al artículo 35 de la Ley Migratoria.  

“Sabíamos que el rechazo era para cubrir el evento de la OMC pero no para realizar actividades paralelas al evento. Yo tenía comprado el pasaje y quise aprovecharlo. Llegué a migración y dije que iba a entrar como turista.”, dijo Sally Burch, en declaraciones radiales al programa La vuelta de Zloto, por Radio 10. “Ahí me encontraron en una lista, comenzaron las preguntas, dije que también soy periodista y que iba a realizar actividades paralelas a la OMC en el país. Después de una hora y pico dijeron que mi entrada iba a ser rechazada por ser falsa turista”, agregó. 

La periodista dijo que “la razón por la que me mandan de regreso no es algo que yo haya dicho sino que quieren restringir la participación de voces críticas en la cumbre y las actividades paralelas a la cumbre. Pienso que es una actitud poco democrática del Gobierno. Se supone que como país anfitrión debe garantizar la participación de todos los que quieren ser parte en forma pacífica de este proceso de debate de la OMC”. Aseguró además que “las autoridades argentinas están buscando cualquier pretexto para no dejarnos entrar y es algo totalmente anormal”.

Desde distintos ámbitos locales e internacionales no tardó en llegar el rechazo a la decisión arbitraria de las autoridades. Sally Burch trabaja hace 20 años en Ecuador y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular de ese país fueron los primeros en rechazar la medida del Gobierno. “Rechazamos el atentado contra la periodista Sally Burch. La deportación de nuestra colega no es aislada y ya tiene entre otros antecedentes la decisión de la Argentina de prohibir la asistencia de 64 miembros de un grupo de ambientalistas a la OMC”, dijo el presidente del organismo ecuatoriano. En el plano interno también hubo fuertes críticas. “Los únicos con problemas para ingresar al país son los que fueron desacreditados. Es realmente muy grave. La OMC sólo les informó a estas personas que tenían revocada la acreditación pero no que tenían prohibida la entra al país. Aquí las autoridades deberán dar una explicación cuanto antes”, mencionó Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Sally Burch, lejos de presentar un riesgo para la seguridad del evento de la OMC, es una profesional del periodismo con renombre a nivel regional e internacional. La británica reside en Ecuador hace dos décadas y es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Estudio la licenciatura en literatura en la Universidad de Warwick, Gran Bretaña, y se diplomó en periodismo en la Univesidad de Concordia, en Montreal, Canadá. Participa activamente en programas sobre derechos de la mujer en torno a la comunicación. Publica regularmente notas e investigaciones sobre el derecho a la información y los movimientos sociales. Entre sus ensayos de mayor renombre se destacan Movimientos Sociales en Red y Se cayó el Sistema: Enredos de la Sociedad de la Información.

Los problemas con periodistas y activistas que pretenden participar del evento de la OMC empezaron la semana pasada. Lo primero que ocurrió fue que se denegaron los permisos de acreditación para distintos activistas locales e internacionales. Cancillería dijo que fue tras haber estudiado los perfiles en las redes sociales de los individuos que pidieron la acreditación y considerarlos peligrosos. Desde el CELS se hizo un pedido formal al Gobierno para entender cómo fue que se recolectó esta información, ya que la Ley de inteligencia prohíbe juntar datos políticos de las personas. No hubo respuesta de las autoridades. El CELS decidió entonces presentar un Habeas Data para cada uno de los individuos que formaron parte de la lista negra. Este instrumento obliga al Estado a informar qué datos tiene de la persona. Tampoco hubo respuesta. Finalmente, previendo que a los integrantes extranjeros de este listado no se los iba a dejar entrar al país, se presentó un Habeas Corpus. El objetivo era que migraciones no tenga decisión sobre la posibilidad de que ingresen o no los periodistas o activistas sino que la decisión deba ser tomada por la justicia federal. El pedido fue rechazado por abstracto.

Esta semana las previsiones se hicieron realidad. El jueves se deportó a un periodista noruego, Petter Tiltand, que debió viajar a San Pablo. Y ayer le tocó el turno a Sally Burch. En las horas que la periodista estuvo demorada en Ezeiza se presentó un nuevo pedido de Habeas Corpus, que estuvo a cargo de la defensora pública del juzgado federal con jurisdicción en Ezeiza. El pedido no fue exitoso y la periodista al cierre de esta edición viajaba de regreso rumbo a Ecuador. Desde Brasil, Tiltand dijo que “una de las cosas más lamentables es que las autoridades argentinas no hayan sido claras al momento de tomar la decisión” (ver aparte).

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