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Cientos de comunidades de Salta no podrán acceder a inversiones del Banco Mundial
Por La Gaceta / Salta - Wednesday, Dec. 20, 2017 at 4:58 PM

La provincia impone el requisito de la titularidad de las tierras para aprobar proyectos comunitarios financiados con el crédito internacional.

Cientos de comunidad...
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Chaco salteño, 45 grados a la sombra apenas sale el sol. Las planicies de tierra desnuda interrumpidas por el monte bajo y que desaparecen en la espesura de la fronda salvaje que se alimenta del río. El paisaje es un lugar común para la pobreza, el olvido y las carencias de todo tipo a las que están sometidas las comunidades originarias salteñas. También, dentro de pocos meses, destino de uno de los programas nacionales más ambiciosos de vinculación social y económica financiados por el Banco Mundial y que aspira a traducirse en inversiones concretas en los primeros meses de 2018.

"Bosques nativos y comunidad" es el nombre del proyecto, aprobado en 2015 como puerta de entrada para que las comunidades más vulnerables accedan a herramientas de desarrollo vinculadas con los recursos disponibles en los bosques donde habitan. Serán 58 millones de dólares repartidos hasta 2020 entre los Planes Integrales Comunitarios (PICs) que se aprueben en Salta, Chaco y Santiago del Estero. Un instrumento financiero que podría cambiarle la vida a miles de pueblos criollos y originarios de la región, pero que sin embargo en la provincia se choca contra la pared de una legislación que imposibilita el acceso a esos fondos a la gran mayoría de las más de 400 comunidades aborígenes que habitan el territorio.

Un buen plan para pocos

Cristian Campos es el ingeniero en Recursos Ambientales a cargo de la Unidad Ejecutora Local del programa en Salta y cuenta a LA GACETA que actualmente hay 12 Planes Integrales Comunitarios (PICs) en desarrollo en tres puntos de la provincia: dos en Morillo, siete en los lotes 55 y 14 de Rivadavia Banda Norte y otros tres en tres comunidades wichi de ese mismo municipio. Su trabajo a nivel institucional se articula con el de un Consejo Consultivo Local, con organizaciones civiles y otras instituciones, en el marco de la Ley 26.331, la denominada Ley de Bosques promulgada en 2007, y cuyo organismo de aplicación es la Secretaría de Ambiente.

Esa ley indica que son las provincias las que determinarán las condiciones para su implementación, y Salta decidió que el requisito para acceder a sus beneficios, entre ellos la aplicación del programa Bosques nativos y comunidad, sea tener la titularidad perfecta de la tierra. Esa condición deja afuera a casi todos, entre ellos los más vulnerables y susceptibles de ser desplazados de los territorios que ocupan. "No conocemos a ciencia cierta a cuántas comunidades podría llegar. La Secretaría de Ambiente es la que aprueba los proyectos y las comunidades que no tenían tenencia clara, no podían acceder porque la Provincia imponía la titularidad de la tierra, pero a través del Consejo Consultivo y con las nuevas autoridades se está estudiando introducir cierta flexibilidad para que las comunidades que demuestren la ocupación pacífica puedan también acceder al programa", explica el técnico, en referencia al modelo que ya se aplica en las otras dos provincias a las que alcanza el programa.

Desde la ONG Asociana, Ana Álvarez es otra de las colaboradoras técnicas en la formulación de PICs en los ex Lotes Fiscales 55 y 14, una superficie de 643.000 hectáreas en el municipio de Santa Victoria Este en proceso de restitución territorial.

El proyecto, que incluyó a 14 estudiantes de la UNSa y habilitará formación profesional a más de 30 jóvenes de pueblos originarios, se elabora junto a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Inta.

La ingeniera agrónoma cuenta que Salta no tiene oportunidad de aplicación en muchas zonas porque deja a decisión de la Provincia los criterios sobre dónde se puede implementar. "Una de las cuestiones a definir es si las comunidades deben tener o no la propiedad de la tierra. En Salta son muy pocas las comunidades y campesinos que tienen los títulos de la tierra y eso dificulta la implementación del programa", dice a LA GACETA.

Uniones para hacer fuerza

A 420 kilómetros de la capital salteña, tres comunidades wichi del municipio de Rivadavia Banda Norte avanzan en la elaboración de sus "ideas PICs", centradas alrededor del acceso al agua y al desarrollo de productos con recursos del monte, organizadas con la asistencia técnica de la ONG Tepeyac, donde trabaja Silvia Molina de Bertea, quien desde hace 28 años forma parte de la misión de la pastoral aborigen de la diócesis de Orán. Allí se están formulando los tres primeros PICs de la provincia, con las comunidades Wichi Lewetes Kalehi Los Baldes, Wichi Lewetes Pozo El Chañar y Wichi Lewetes La Cortada. Son solo tres de las 26 que habitan en las 12 mil hectáreas del municipio, pero Bertea es optimista con la posibilidad disponible y enumera algunos de los múltiples recursos que los wichi extraen del monte para su subsistencia: chaguar, algarroba, madera, miel del monte, productos madereros y no madereros.

"El monte produce, da posibilidades, no solo es árbol sino también remedios, alimentos, animales, insectos", dice a LA GACETA. "Necesitamos ampliar el modelo, que ahora solo es agrícola y ganadero, y veamos que hay alternativas de desarrollo que son variadas y que respetan la diversidad de la vida", agrega y señala el avance de los desmontes en la zona, donde hace poco comenzó una de las últimas etapas de la finca Cuchuy. Otro de los puntos abarcados en las ideas PIC de estas comunidades es la protección de las aguadas, embalses naturales de agua de lluvia que permanece disponible todo el año gracias a los suelos impermeables de ciertas zonas del monte. "Tenemos hace más de 20 años acuerdos entre criollos y originarios, pero las petroleras pasan las picadas por el medio de las aguadas y rompen su base impermeable y se secan, se pierden para siempre", explica.

Corto alcance

Uno de los primeros en señalar la fisura central del programa en Salta, esa que impide a los sin tierra acceder a las inversiones que los sacarían de la pobreza más extrema, fue Andrés Leake, referente técnico, político y de gestión de recursos naturales en el chaco salteño y autor de uno de los informes más completos sobre la deforestación en la provincia, reunido en el libro "La deforestación en el Chaco Salteño 2004-2015". El investigador explica que la legislación vigente marca una barrera infranqueable para quienes más necesitan de programas sociales como el que impulsa el Banco Mundial. "Todo lo que contribuye al arraigo de poblaciones en zonas rurales y que generen mayor seguridad en términos de tenencia y uso sustentable del recurso, es positivo. El desmonte pega fuertemente en la economía familiar para las mujeres, porque el hombre puede irse a trabajar a una finca pero las mujeres terminan lavando ropa", dice, en referencia al drama humano que dejan los desmontes.

"Estos programas llegan a quienes ya tienen más o menos resuelto el tema de la propiedad de la tierra, y en este sentido no alcanzan al más vulnerable y susceptible a que lo desarraiguen, en este sentido tiene una falla fundamental", apunta y tampoco reconoce una salida en la ampliación del acceso a poseedores de tierras que demuestren ocupación pacífica. "¿Qué es una ocupación pacífica y qué es un conflicto? Puede haber un conflicto entre 30 comunidades y un puestero criollo, y no es lo mismo que una comunidad de dos familias en conflicto con un finquero que tiene miles de hectáreas. Eso deja librado al azar lo que es pacífico o no. En el Chaco es muy difícil encontrar una comunidad o puestero criollo que no esté en una situación conflictiva. Hay conflictos por donde vayas, y esto más que nada debido a la especulación que se hace con las tierras".

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