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La criminalización de una enorme lucha popular
Por Marcelo Ramal - Thursday, Jan. 04, 2018 at 4:10 PM

4 de enero de 2018 | La detención de nuestro compañero César Arakaki; la orden librada en el mismo sentido contra Dimas Fernando Ponce, también militante del PO, y la persecución contra otros manifestantes de la marcha del pasado 18, tienen un objetivo político definido: transformar en un hecho penal a una gigantesca demostración de lucha de la clase obrera, que copó la plaza de los Dos Congresos para rechazar una de las mayores confiscaciones a los jubilados de que se tenga memoria. La voluntad popular de que la ley no se aprobara quedó retratada en el hecho que, cuando los gases y balas de goma terminaron expulsando a los manifestantes, un masivo cacerolazo copó los barrios de la Ciudad y de todo el país para sostener a muerte el mismo reclamo. Para negar y desacreditar el alcance de este pronunciamiento popular, el gobierno y el aparato judicial cooptado por el macrismo quieren presentar a las jornadas del 14 y del 18 como parte de una conspiración minoritaria, y en nombre de ello han salido a una verdadera cacería de militantes.

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Impostura

Los jueces presentan a esa cacería como un juicio genérico a los ‘actos de violencia’, donde supuestamente incluirían a los ‘excesos policiales’. Es un planteo dirigido a encubrir al Estado represor en su conjunto, el cual actuó coordinadamente contra los manifestantes. Pero, además, apenas se ha detenido a un policía, cuando los heridos como resultado de la represión estatal y las denuncias contra ellos se cuentan por decenas. Tampoco se ha echado luz sobre los infiltrados que, en las primeras horas de la tarde, desataron las provocaciones que precedieron a la represión policial. En cambio, pusieron en marcha una ‘investigación’ contra la izquierda, el Partido Obrero y sus manifestantes, echando mano de los peores métodos del espionaje político. Otro militante del PO, Lucas Sauret, fue detenido -y luego liberado- el pasado viernes, con la única ‘evidencia’ de haberse encontrado, en su Facebook, una foto junto a César Arakaki… en una actividad de la última campaña electoral. Lo mismo hicieron con Celia Burgueño, a quien los periodistas que fisgonean en la ex Side y en los juzgados la escracharon con el sólo ‘mérito’ de su vínculo de pareja con el mismo César.

Las acusaciones contra César y Fernando son tan burdas como las anteriores, aunque se pretenda lo contrario. Los dos militantes son acusados de “lesiones gravísimas” contra un policía, el cual aparece caído junto a ellos en una toma fotográfica. Pero ese agente policial fue herido por una piedra arrojada a distancia. César y Fernando, en cambio, aparecen portando cañas de las que sostienen banderas o pancartas, y que nunca podrían haberle causado esa lesión. En el momento de ese incidente, miles de personas se defendían de la represión policial con los medios que encontraban a su mano. Pero, ¿cómo condenar penalmente a una multitud de manifestantes que defiende su derecho a movilizarse? La Justicia resolvió de la peor manera esa exigencia del gobierno: armándole una acusación amañada y mentirosa al puñado de manifestantes que logró individualizar. El gobierno le ha entregado a los jueces el trabajo sucio de arremeter contra el movimiento de lucha que está enfrentando su plan de guerra, y que tiene a la izquierda y al clasismo en la primera fila. La escalada judicial se completa con otro grave atropello: aunque el compañero Arakaki se ha presentado ante la Justicia apenas su nombres sonó en los medios, el juez Torres le ha denegado la excarcelación y lo mantiene detenido. Los “garantistas” siguen el libreto del fascista fiscal Moldes, que acaba de recomendar que ‘los detenidos en manifestaciones no sean excarcelados’.

Los ataques a la izquierda y al Partido Obrero pretenden presentarnos como si hubiéramos preparado un “putch” contra la aprobación de la reforma previsional. El derrotero de huelgas y movilizaciones que impulsamos en las vísperas de esa votación demuestran, en cambio, que apostamos a una acción de conjunto de la clase obrera contra el robo jubilatorio, el cual, como lo reclamamos, debía incluir un paro activo nacional que el triunvirato cegetista nunca pretendió convocar ni organizar. Con ese objetivo, empeñamos todo nuestro esfuerzo en asegurar una presencia masiva el 18 y, por eso mismo, rechazamos y nos delimitamos de la acción de elementos provocadores que, muy temprano, pretendían que la represión abortara la llegada de cada vez más manifestantes. Cuando esa represión ocurrió, nuestros militantes, como muchísimos otros de las columnas más diversas, se defendieron de la represión para continuar manifestando. Ello vale para César, para Fernando, para Sebastián Romero, para el delegado de la UOM Matanza también citado por la Justicia, y para decenas de miles de compañeros. Detrás de una carátula ’personal’ o ‘individual’, se está construyendo un juicio contra la clase obrera que rechaza el megapaquete oficial, ello, en vísperas del mayor de los ataques a los trabajadores, la reforma laboral flexibilizadora.

Libertad a los compañeros

La imputación de los compañeros y las acusaciones a la izquierda y al PO tienen otro claro propósito. Quieren aislar de los trabajadores y de la opinión popular a quienes hemos sostenido una lucha sistemática contra el ajuste oficial. Y reforzar, por esa vía, a la burocracia sindical -cooptada por el gobierno- y a sus agentes políticos, socios más o menos directos del macrismo en las gobernaciones, intendencias y parlamentos. Pero, a contrapelo de esa intención, y de la de sus alcahuetes mediáticos, comienza a abrirse paso una intensa campaña por la libertad y el fin de la persecución a los compañeros. Una expresión de ello es el pronunciamiento de la Asociación de Actores por la libertad de César, donde hicieron punta nuestros compañeros de la lista de oposición; centenares de dirigentes sindicales han firmado un pronunciamiento en el mismo sentido, y el jueves 11 ha sido convocada una marcha por parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El mismo gobierno que ha encarcelado a estos luchadores, comenzó el año 2018 con un tarifazo en el transporte y en los combustibles, los cuales sucedieron a una devaluación que golpeará sobre todos los alimentos esenciales. Las contradicciones del plan económico oficial, cada vez más evidentes, se trasladan a la población trabajadora, y la inquietud popular continúa creciendo. En ese cuadro, tenemos que enlazar la campaña por la libertad de los compañeros al gran escenario de la lucha contra todo el plan de guerra oficial. Si los arrancamos de la cárcel, será una victoria que reforzará sensiblemente esa lucha. ¡Hagamos retumbar una enorme campaña por la libertad de los compañeros a la escala de toda la Argentina!

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