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La eliminación de las cláusulas gatillo, el primer paso del plan oficial
Por Alfonso de Villalobos, Tiempo Argentino - Sunday, Jan. 21, 2018 at 1:45 PM

Sábado 20 de Enero de 2018 | La paritaria bancaria está bloqueada porque las patronales ofrecen apenas un 9% de aumento, 6 puntos por debajo de la meta inflacionaria oficial y 8 de los pronósticos de consultoras que mide el BCRA. El gobierno ahora se aferra al techo del 15% y apuesta a eliminar los mecanismos de actualización.

La eliminación de la...
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El ministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró el viernes que el gobierno promueve que las cláusulas gatillo no sean incluidas en los acuerdos paritarios de 2018. Según el ministro, la nueva meta de inflación del 15% fijada por el BCRA sería suficiente para que no haya pérdida del poder adquisitivo y que, por lo tanto, los sindicatos deben confiar en su cumplimiento.

El jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que "una responsabilidad compartida (entre el gobierno, empresas y sindicatos) es mantener las metas de inflación". Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA entre las principales consultaras, pronostica una inflación del 17,4% para 2018. El mismo relevamiento en diciembre de 2016 preveía una suba de precios del 21% para 2017 que, finalmente, llegó a un 24,8 por ciento. Los pronósticos privados para enero ya rondan el 1,7% por los aumentos en combustibles y para el primer trimestre llegarían al 6% por los tarifazos ya pautados en luz y transporte.

La primera paritaria de peso para el período que está en desarrollo es la de los trabajadores bancarios. Allí las patronales ofrecen un incremento del 9% en dos cuotas y sin cláusula gatillo. El año pasado este sector había acordado un acuerdo con esa modalidad y retroactiva el mes de enero. La aplicación de la cláusula gatillo implicó una actualización del 5,8%, más la retroactividad.

Otro caso en el que la cláusula gatillo fue aplicada es el de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires que habían acordado un incremento del 18% en cuatro cuotas de 4,5% con actualización automática trimestral. En otros casos, los acuerdos sólo pautaron la voluntad de generar nuevas negociaciones si las variables económicas sufrían modificaciones que superaran los pronósticos sobre las cuales se fundaban. Esos planteos, en general, fueron ignorados o se soslayaron a través de un bono compensatorio por única vez. En el caso de los empleados de Comercio, sin embargo, la cláusula gatillo no automática derivó en una negociación que plasmó un incremento suplementario de un 6% en tres cuotas sobre el 20% acordado. Los estatales de UPCN, a pesar de la ambigüedad del texto paritario, aseguran que a fin de mes el Estado Nacional honrará el acuerdo incrementando el 4,8% correspondiente a ese defasaje.

Lo curioso es que la modalidad que el gobierno ahora pretende eliminar es una herramienta que había generado mucha resistencia del lado de los gremios, toda vez que, en la ronda paritaria de 2017, fue concebida para consolidar la pérdida del poder adquisitivo del salario de 2016 cuando los sindicatos exigían que la pauta salarial incluyera una recomposición hacia atrás. Ahora, la eliminación de la misma persigue el objetivo inverso de garantizar la pérdida del salario hacia adelante.

La orientación del gobierno nacional es contradictoria con las intenciones que habían esgrimido los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que, semanas atrás, aseguraron que la cláusula gatillo había sido un instrumento que había "funcionado muy bien" y que evaluaban volver a recurrir a ella para la discusión de este año. En la provincia de Córdoba, el gobernador Schiaretti firmó la paritaria estatal en un 11% incluyendo la cláusula gatillo.

Con todo, para el gobierno no será fácil imponer a los sindicatos y a los trabajadores en general un techo del 15% sin cláusula gatillo a través de la desgastada figura de Jorge Triaca. «

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Alarma en Cambiemos por el impacto del "caso Triaca"
Por Claudio Mardones, Tiempo Argentino - Sunday, Jan. 21, 2018 at 1:46 PM

Alarma en Cambiemos ...
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Sábado 20 de Enero de 2018 | El gobierno teme que el desgaste político que sufrió el ministro de Trabajo por la denuncia de una empleada afecte el diálogo con la CGT y el inicio de las negociaciones paritarias. El golpe al modelo intervencionista del SOMU y la red de incompatibilidades en distintos puntos del Estado.

Así como el presidente Mauricio Macri sostuvo a la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la crisis por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, mantendrá en el cargo al titular de la cartera laboral, Jorge Triaca. Sin embargo, el derrotero del funcionario comienza a tener una fecha de vencimiento debido al desgaste político que acumuló durante la primera semana del escándalo que generaron las revelaciones sobre la situación irregular de su empleada doméstica.

En el historial de Cambiemos para atravesar tormentas y escándalos, al gobierno le afecta mucho más el impacto del caso en la relación con los sindicatos, en el comienzo de la paritaria 2018, que las peripecias que tuvo que afrontar el oficialismo durante los embates que padeció Bullrich, hasta ahora la ministra más veces confirmada por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Se equivocó. Cometió un error, pero no va a dejar su cargo por eso. Hay que mirar la foto completa", contestó un funcionario de Peña, el único miembro del Gabinete que salió a defender públicamente a Triaca cuando reinaba un "silencio atroz" dentro de todo el elenco oficial. Las averías del ministro de Trabajo son registradas dentro de Balcarce 50 por partida doble: la contratación en negro de su empleada lo desautoriza como la máxima autoridad laboral y queda agravada con el nombramiento de la mujer dentro de la intervención del Sindicato Obrero de Marítimos Unidos (SOMU) que ordenó hace un año y medio el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado pactó con Triaca el organigrama interno del sindicato que conducía Omar "Caballo" Suárez, a quien luego encarceló por lavado de dinero. El descabezamiento del sindicato fue la primera de una larga lista de intervenciones que atesora el gobierno para administrar la relación con la CGT. En reemplazo de Suárez, Triaca designó a la flamante senadora nacional por Buenos Aires, Gladys González, para construir su perfil "anticorrupción", dentro del diseño de su candidatura. Los insultos y el despido por audio de WhatsApp contra su mucama Sandra Heredia trizó el espejo que había construido González en el SOMU y dejó en evidencia que Triaca, junto con el magistrado que había encarcelado al "Caballo", pactaron la designación de una cantidad indeterminada de cargos que fueron ocupados por allegados.

Incompatibilidades

En el caso del Triaca, la lista de nombramientos alcanza la decena en distintos puntos del Estado. La aparente incompatibilidad con su cargo público empeoró con las acusaciones de Heredia. La mujer reveló que Triaca blanqueó la mitad de su salario con una designación dentro del SOMU como delegada interventora en San Fernando, a menos de media hora de la quinta que el titular de la cartera laboral tiene en Boulogne, todo en el norte del Conurbano bonaerense. La casa de fin de semana familiar es propiedad de la madre del ministro: Haydee Menéndez, amiga personal del Papa Francisco desde hace más de tres décadas y el puente de llegada del cuestionado ministro a la Santa Sede, a pesar de las discretas críticas que mantiene el jefe del Vaticano con la política laboral de Cambiemos.

Las trazas del nepotismo que enlodan y debilitan a Triaca, reforzaron con velocidad a los caciques sindicales de la CGT. "El gobierno se equivoca. Sabemos que tiene una lista, construida con el inventario de sospechas y datos que tienen sobre distintos dirigentes y los aprovechan. Están más preocupados en 2019 y todavía falta 2018, y por ahora no tienen ningún número económico positivo para mostrar", definió esta semana a Tiempo un importante secretario general de un gremio que dialoga intensamente con Triaca y con parte del Ejecutivo.

Reacción sindical

El despido impulsivo de Triaca por mensaje de audio activó los reflejos del gastronómico Luis Barrionuevo, uno de los voceros del grupo de dirigentes unidos por el espanto. El ex titular de la CGT Azul y Blanca aprovechó un asado marplatense, para mandarle un mensaje a Macri y recordarle las debilidades políticas de la reforma laboral que pensaba impulsar, y del escarpado camino que su gobierno tiene por delante para que las paritarias de este año respeten el 15% de pauta salarial que pretende imponer la Casa Rosada. Precisamente la negociación que deberá conducir Triaca, aunque el escándalo del SOMU garantiza que no lo hará solo. A su lado, como ocurrió en momentos críticos de las paritarias anteriores, el frente salarial será compartido por Peña e incluso por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que deberá lidiar con el alineamiento de los gobernadores, e incluso tolerar las propuestas inconsultas del cordobés Juan Schiaretti: el primero en acordar un 15% con los trabajadores estatales de su provincia en diciembre, pero también el primero en mencionar una cláusula gatillo por si las estimaciones inflacionarias del oficialismo vuelven a fracasar.

Diagnóstico

En el primer piso de la Casa Rosada, la escudería de funcionarios que minimiza el impacto del escándalo es la misma que cree fervientemente en la efectividad del tope del 15% de aumento. Ese sector repite que es muy redituable pelearse públicamente con el sindicalismo. Esa tesis se reforzó con la detención del platense Marcelo Balcedo, titular del gremio de no docentes de esa ciudad y detenido en Punta del Este por lavado de dinero y evasión fiscal. La evolución del caso desembocó en el secuestro de casi 10 millones de dólares en efectivo. La mayor incautación de metálico en la Justicia oriental y una nueva exhibición de "dinero vivo" desde que el ex funcionario José López fuera detenido con bolsos con billetes en el interior de un convento.

Dos años después de aquel espectacular despliegue televisivo (que luego fue continuado con la prisión de Lázaro Báez), en la Rosada algunos volvieron a revivir la euforia de aquellos días con la caída de Balcedo. Sin embargo, hasta su detención, el sindicalista no había roto los puentes con la gobernadora María Eugenia Vidal, ni siquiera a través del diario Hoy que ahora fue cerrado "provisoriamente", mientras sus trabajadores mantienen una ocupación pacífica de las instalaciones en defensa de sus puestos de trabajo.

En la CGT mascullan que la denuncia de Sandra Heredia contra su empleador irregular y la detención de Balcedo ocultaron la nueva ola de allanamientos y medidas judiciales que se están realizando en otros gremios y que alimentan el temor de los sindicalistas más poderosos del país. La preocupación, que desató una velada amenaza por parte de Barrionuevo, junto al excamionero Hugo Moyano y al bancario Sergio Palazzo, fue leída de inmediato por Macri, que al día siguiente mandó a Peña a blanquear la nueva estrategia de avanzar con la reforma laboral "sector por sector". «

Una lista incómoda

La denuncia de la empleada doméstica del ministro Jorge Triaca volvió a poner en primer plano una lista que ya resultaba incómoda para el discurso de transparencia del gobierno de Cambiemos. Se trata de la nómina que da cuenta de los familiares que Triaca nombró en diferentes cargos del Estado.

Esa lista incluye a su mujer María Cecilia Loccisano, como subsecretaria de Servicios de Salud; y a su hermana Lorena, en la Agencia de Inversiones. La red también incluye a Mariana, la otra hermana del jefe de la cartera laboral, como directora del Banco Nación, y a su consorte, Ernesto Reta, en el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Además, el ministro de Trabajo ubicó en diferentes áreas del Ministerio al hijo de su jardinero, José Romano, y a su abogado Roberto Porcel.

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El caso triaca: una política de Estado
Por Adrián Murano, Tiempo Argentino - Sunday, Jan. 21, 2018 at 1:47 PM

El caso triaca: una ...
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Sábado 20 de Enero de 2018 | Fue un error, pero no creemos que deba costarle el puesto", justificó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Se refería a la situación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, protagonista de un escándalo con tres componentes:

1) Insultó y maltrató a una empleada, Sandra Heredia,

2) quien, según denunció, trabajó al menos tres años en negro para el ministro y su familia.

3) Y que, cuando reclamó un aumento salarial, fue nombrada por el funcionario como interventora regional del SOMU, un gremio que el gobierno intervino con el pretexto de "transparentar".

El jefe de Gabinete calificó como "un error" lo del SOMU, pero calló sobre el resto. Para el oficialismo, es evidente, no constituye una falta grave maltratar y mantener empleados en negro.

La impunidad de Triaca es una muestra brutal de eso, pero no la única. Hace una semana, en medio de sus vacaciones extra large, el presidente firmó un decreto ómnibus que, entre otras cosas, reduce las sanciones para las empresas que posean trabajadores en negro. Hasta el mega DNU, las firmas que incurrían en esa práctica debían pagar una multa y permanecer un año en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Suerte de "veraz laboral", la permanencia en ese listado limitaba el acceso de las empresas a créditos y otros beneficios. El mega DNU redujo esa permanencia a 30 días.

El empleo en negro es un flagelo añejo que afecta a un tercio de los trabajadores. El sector agropecuario está al tope de esa práctica: se estima que el 60% de los trabajadores rurales son empleados en negro.

En noviembre Macri nombró como ministro de Agroindustria al entonces titular de la Sociedad Rural: Luis Etchevehere. Administrador de campos familiares heredados, en 2014 fue denunciado por mantener empleados en condiciones de esclavitud. "Ellos trabajaban en el campo de mi hermano en situación de indigencia", admitió Dolores, quien sostiene un largo litigio con su hermano ministro. "Ante esa denuncia –agregó–, Luis los llevó a declarar frente a un escribano y les dio 10 mil pesos para que se callen".

En diciembre, el gobierno nombró a Abel Guerrieri al frente del Renatre, el organismo que debería controlar las condiciones del empleo campero. Ex vicepresidente 2° de la Sociedad Rural, en 2008 Guerrieri –representando a la SRA en la Comisión de Trabajo Agrario– votó en contra de respetar la jornada de ocho horas para los peones rurales. Perdió la votación, pero el macrismo le dio revancha: ahora tiene la chance de llevar a cabo el viejo anhelo patronal de explotación y mano de obra low cost.

Al presidente y su Gabinete, integrado casi en totalidad por terratenientes y productores agropecuarios, les gusta esto. «

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