Si lo dice Triaca, Cargill lo hace
por Indymedia Trabajadores - Rosario • Friday, Feb. 02, 2018 at 3:00 PM
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La multinacional acató la conciliación obligatoria que dispuso la reinstalación de 45 despedidos mientras dura la instancia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El día anterior la empresa había firmado y violado en un lapso de dos horas la misma disposición decretada por el Ministro de Trabajo Julio Genesini en audiencia provincial. Con calendario anticipado, Aceiteros se planta en pie de guerra.

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En los primeros días del año, la multinacional de origen norteamericano Cargill, una de las corporaciones más grandes del mundo, empezó a ofrecer retiros voluntarios en la planta de San Lorenzo. Ante la consulta de los medios de prensa, la empresa emitió un comunicado el día 6 de enero planteando que se trataba de “un proceso de transformación”.

“No estamos cerrando puestos de trabajo, sino sólo sustituyendo algunas posiciones con perfiles acordes a los nuevos desafíos del negocio. Cargill está pasando por un proceso de transformación, que tiene como principal objetivo garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones a largo plazo”, detallaba la multinacional.

Pocos días después, la firma agroexportadora que más factura en el país avanzaba ofreciendo retiros en las plantas del complejo Punta Alvear – Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. La respuesta inicial de los distintos sindicatos que poseen afiliados en dichas plantas fue de rechazo total. Tanto la de los sindicatos Aceiteros de Rosario y Bahía Blanca, como el de San Lorenzo que a diferencia de los anteriores no integra la Federación nacional de los trabajadores aceiteros.

En el complejo Punta Alvear – Villa Gobernador Gálvez, en particular, la empresa se comprometió expresamente ante la parte gremial a desistir con los retiros voluntarios y que la reestructuración mentada se hiciera “con toda la gente adentro”.

Vale mencionar que Cargill facturó en 2017 47.835 millones de pesos sólo en su sede argentina y cuya cifra se compone mayoritariamente en concepto de exportaciones. La casa matriz está en un paraíso fiscal y mantiene conflictos permanentes con AFIP según dicen sus propias memorias y balances. El motivo principal de éstos son la subfacturación, triangulación y diferencias en los precios, cantidades y calidades exportadas.

El valor de la palabra

No  había transcurrido un mes cuando en la mañana del martes 30 de enero, más de 40 trabajadores se encontraron con que la empresa les negaba el acceso en los dos ingresos al complejo Punta Alvear – Villa Gobernador Gálvez. En la tarde del día anterior, Cargill ya había prologado la medida con el despido de un trabajador en su planta de Bahía Blanca, el único de tres que se había negado al retiro voluntario y no tenía licencia médica.

La respuesta inmediata de los trabajadores fue declararse en paro por tiempo indeterminado en ambos sures, el de Rosario y el de la provincia de Buenos Aires. Un dato importante es que buena parte de los cesanteados, además de haberse negado a tener la voluntad de retirarse de su trabajo como proponía la patronal, tienen carpetas médicas por enfermedades laborales, no pasan los 10 años de antigüedad y promedian los 40 años de edad.

¿Qué había pasado en estos días? Pocos dudan que todo lo que ocurre en el ámbito gremial aceitero en esta época está directamente vinculado con la próxima paritaria salarial del sector, que vence el 31 de marzo. Durante los últimos años, cada techo salarial impuesto por el poder ejecutivo viene siendo invariablemente perforado por la conducción de la Federación nacional aceitera ( FTCIODyARA).

Es especialmente recordada la huelga de 25 días que protagonizaron durante mayo del 2015, contra el techo salarial del gobierno de Cristina Kirchner y su ministro de trabajo, Carlos Tomada.

La Federación viene denunciando el hostigamiento creciente de parte de la cartera laboral, conducida por Jorge Triaca durante la presidencia de Mauricio Macri, que se expresa en la demora arbitraria de una serie de procedimientos administrativos que generan problemas crecientes para la organización gremial. Concretamente, la certificación de autoridades de las conducciones surgidas en las últimas elecciones, en ambos casos con listas únicas y sin impugnaciones, tanto de la Federación (las primeras directas y secretas) como del Sindicato aceitero de Rosario, así como las homologaciones pendientes de las últimas paritarias salariales.

Pero un hecho zanjó el mapa. El Sindicato aceitero de San Lorenzo, conducido por Pablo Reguera, que no integra la Federación hace veinte años, adelantó sorpresivamente su paritaria salarial y consumó en acuerdo con el gobierno nacional un aumento en sintonía con el techo del 15% que el gobierno de Macri está queriendo imponer en el 2018.

Tras una búsqueda exhaustiva para encontrar quién rubricara semejante guillotina a los ingresos y derechos a futuro, el gobierno nacional encontró la pluma Reguera. Un hombre que sostuvo como asesor legal a un represor como Pedro ‘Pili’ Rodríguez, pero se reivindica como kirchnerista e integra la Corriente Federal encabezada por el bancario Sergio Palazzo. Según indican desde el sector, la lista de entregas y erogaciones a las patronales de este dirigente es abultada.

En rigor, como muchos otros anuncios del macrismo, el techo del 15% se cumplió sólo en forma aparente: al adelantarse tres meses el aumento, el 15% pasa a convertirse en 20% para esos tres meses, se incluyó una cláusula de revisión en septiembre (el “gatillo” que rechaza Trabajo) y subió 28% el premio anual que reciben los trabajadores, por un monto cercano al de un sueldo adicional.
Todos esos elementos quedaron fuera de las dos primeras páginas de las actas que el Ministerio repartió a los medios como marketing del 15%.

Tampoco trascendió que el sindicato de San Lorenzo, contradiciendo sus declaraciones de pocos días atrás, dejó pasar quince retiros voluntarios en la planta de Cargill ubicada en su territorio. Esa fue la señal de largada para la empresa, que entonces buscó avanzar en el resto del país.

Te acato, no te acato

El miércoles, 24 horas después de los despidos, Cargill se sentó ante los representantes del Sindicato Aceitero de Rosario en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Esa audiencia caliente presidida por el propio Ministro Julio Genesini, terminó con el dictado de la conciliación obligatoria por quince días hábiles por parte de la cartera provincial. Esta medida indica que se debe retrotraer la situación al estado anterior al comienzo del conflicto, con los trabajadores nuevamente en sus puestos de trabajo, para dar inicio a una instancia de negociación.

Sin embargo, la multinacional firmó el acta a la par que decidía que las leyes del territorio no le constaban, y se negó a dejar ingresar a los trabajadores despedidos. Además, militarizó la planta con fuerzas de Prefectura Naval, dependientes del Estado Nacional.

“No encontrándose brindadas las garantías mínimas tanto operativas por la falta de trabajadores que cumplen tareas clave en la planta, como por la presencia de fuerzas de seguridad en los sectores de trabajo, la asamblea de trabajadores en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario decidieron permanecer en el ingreso de la planta, hasta tanto se cumplan con las garantías mínimas de seguridad y salud laboral”, plantearon desde el gremio.

Como táctica para desembarazarse de la instancia provincial, la empresa presentó un escrito al Ministerio de Trabajo de la Nación, que respondió con una rapidez que no demuestra en otros casos y pautó una audiencia para el mediodía de ayer en su sede de Callao y Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia continuó con el mismo tono caldeado del día previo, y una postura de total negativa de la multinacional respecto al ingreso de los despedidos, porque, según afirmaban, los trabajadores enojados podrían “romper la planta”. Un argumento repetido de los estudios de abogados patronales, como Funes de Rioja, cada vez que intentan incumplir con obligaciones como las que les impone la conciliación obligatoria.

La instancia se alargó por cuatro horas hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió dictar la conciliación obligatoria, reforzando en el texto la obligación de la empresa de aceptar el reingreso de los despedidos. Marcelo Patriarca, gerente de recursos humanos de Cargill, tuvo que aclarar expresamente que acataría la medida.

A partir de las 18 horas ingresó el turno correspondiente, trabajadores despedidos incluidos, a cumplir sus tareas normales y habituales a las plantas de Bahía Blanca y el complejo Villa Gobernador Gálvez-Punta Alvear. La próxima audiencia será el miércoles 7 de febrero a las 14 horas nuevamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero no se interrumpe el trámite administrativo abierto en la provincia de Santa Fe. Allí la audiencia será el día jueves.

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