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El Gobierno se pronuncia a favor de un fusilamiento por la espalda
Por Diego Rojas - Thursday, Feb. 08, 2018 at 11:32 AM

7 de febrero de 2018 | Es repudiable la actitud de los funcionarios del Gobierno que colaboran con una percepción equivocada y demagógica en función de ganar posiciones entre los sectores menos clarificados sobre este tema en la población.

Es muy probable que la discusión jurídica sobre el accionar del policía Luis Oscar Chocobar se dé sobre juzgarlo o no por homicidio cuando disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc —que acababa de apuñalar con fines delictivos a un ciudadano estadounidense— mientras huía y, de esta manera, provocó su muerte. Diversas posiciones jurisprudenciales debaten la cuestión: si era necesario el uso de la fuerza letal para la detención del delincuente. Lo que ninguna posición puede negar es que se trató de un fusilamiento por la espalda.

La introducción de la doctrina de la flagrancia le otorga al debate mayor interés no solo jurídico sino práctico. ¿Cuál es el momento en el que un miembro de las fuerzas de seguridad debe usar su arma, que podría ser letal, para evitar la comisión de un delito? Sin embargo, y más allá de que esa figura le otorgue una posibilidad mayor y peligrosa a la que la Justicia prevé en términos institucionales, el fusilamiento del policía Chocobar no intentaba evitar la comisión de un delito, sino la huida de quien lo cometió. Los videos claramente muestran que el policía dispara a una persona que se aleja de la escena, lo que convierte en objetivo la aprehensión del posible delincuente, algo que no estaba confirmado por Chocobar en ese momento, y la prevención de la comisión de un delito que ya había realizado. De este modo, el resultado es un fusilamiento extrajudicial, uno de los delitos a los que la policía tiene acostumbrada a la sociedad argentina.

Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de 1983 a la fecha se produjeron cinco mil ejecuciones a causa del "gatillo fácil". Desde la creación de la Policía de la Ciudad, la fuerza cuenta con la cifra récord de 24 casos de gatillo fácil, dos por cada mes desde su fundación. Como se dijo, no se trata de un fenómeno novedoso: la misma Correpi denuncia que el kirchnerismo, durante sus 12 años en el poder, dejó el saldo de 300 fallecidos por gatillo fácil, tortura, desaparición o muerte en las cárceles.

En su nota de Infobae, el juez Carlos Pagliere, de Azul, reconoce: "La aprehensión ocurrió a 300 metros del lugar de la agresión y ni siquiera el ladrón tenía en su poder la cámara fotográfica que intentó sustraer como para pensar en una defensa, no ya de la persona, sino de los bienes del turista norteamericano". Sin embargo, afirma que debía cumplir con la detención del presunto delincuente —Chocobar, frente a lo que señalan los testigos, no había estado presente durante la comisión de las puñaladas. Frente a ello, decidió disparar por la espalda a Kukoc. Se trata de un caso de gatillo fácil.

De cualquier manera, si el tema fuera debatible, no se pueden apoyar el recibimiento del presidente Mauricio Macri al policía Chocobar, ni las declaraciones del jefe de gobierno Rodríguez Larreta para sostener su accionar y mucho menos el sostén del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; y mucho menos todavía la defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegó a plantear un cambio del Código Penal para que se presuma la inocencia de las fuerzas de seguridad en una situación de esta naturaleza. La función de los representantes del Estado es defender a los ciudadanos frente a los crímenes e incluso excesos que cometa el Estado. La demagogia de la "mano dura" no es posible defenderla, ya que, si algo denuncian las cifras de Correpi, es que ese método no fue dejado de utilizar y sus resultados solo produjeron víctimas institucionales.

Es repudiable la actitud de los funcionarios del Gobierno que colaboran con una percepción equivocada y demagógica en función de ganar posiciones entre los sectores menos clarificados sobre este tema en la población. Como prueba del grueso error del Gobierno, baste citar los episodios de la tarde del martes 6 de febrero, cuando, en medio de una balacera, la policía hirió a tres civiles en medio de la avenida Corrientes. Una barbarie como esta podría ser la consecuencia de implementar el nuevo orden jurídico para defender a toda costa a la policía y darles rienda libre a sus acciones.

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