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Rechazo al hostigamiento a dirigentes sindicales
Por Laura Vales - Thursday, Mar. 01, 2018 at 2:25 PM

Audiencia en la CIDH por la persecución del Gobierno contra organizaciones gremiales y la Justicia laboral

01 de marzo de 2018 | Durante el encuentro, que se realiza en Bogotá, el CELS y diferentes gremios van a informar sobre los nuevos hechos de persecución del Estado argentino contra sindicalistas, abogados y jueces laboralistas.

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La protesta social en la Argentina y la represión estatal será analizada por la CIDH en Bogotá.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) va a tratar hoy, en una audiencia en Bogotá, la denuncia contra el gobierno argentino por el cuadro de hostigamiento contra dirigentes sindicales, abogados laboralistas y jueces del trabajo. El caso fue abierto por las amenazas de muerte contra Roberto Baradel y su familia, el despido de un delegado de Perfil y la intervención del sindicato de judiciales de Río Negro, entre otros. En la audiencia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los gremios docentes van a informar a la comisión sobre nuevos hechos de persecución que se produjeron este año, una vez que comenzó la nueva paritaria. Ya se trate de medidas oficiales, impulsadas abiertamente desde el Estado, como la invitación a los maestros a que se desafilien, de intimidaciones anónimas nunca esclarecidas o de operaciones de prensa, se dan en el marco de una clara ofensiva del macrismo contra los derechos laborales y de agremiación.

En octubre del año pasado, cuando la CIDH sesionó en Montevideo, un grupo de gremios, junto a los abogados laborales y representantes de organismos de derechos humanos denunciaron ante la Comisión el cuadro de persecución a dirigentes sindicales que venían registrando. A raíz de esa ponencia, la CIDH llamó de oficio a la audiencia de hoy, a la que convocó al Estado argentino y a cinco solicitantes de la sociedad civil: el CELS, el Colectivo Ni una Menos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Sindicato de docentes de Tierra del Fuego y a Baradel, como dirigente de la CTA, de Ctera y Suteba.

La fecha de esta audiencia coincide con una nueva edición de la paritaria docente, en la que otra vez se puso en marcha el mismo combo: amenazas, campañas de estigmatización, medidas gubernamentales contra los gremios. Su repetición quizá produzca un efecto de acostumbramiento: a nadie sorprende el anuncio de una nueva medida antisindical. Pero puesto en perspectiva, lo que se denuncia cobra otra dimensión.

El CELS, Suteba y Ctera presentaron esta semana a la CIDH, como antesala de la audiencia, una denuncia con el seguimiento de esos hechos. Una síntesis de esa síntesis incluye lo siguiente:

Baradel ha recibido amenazas de muerte en contra de su persona y su familia en las negociaciones paritarias de 2016, 2017 y 2018, todas en relación a su rol como dirigente sindical. Esas intimidaciones se produjeron y recrudecieron siempre en medio de conflictos salariales.

La primera fue recibida por una de sus hijas en febrero de 2016, cuando se desarrollaba la negociación paritaria. El mecanismo, que se mantuvo para las amenazas que siguieron, fue un mail enviado mediante la plataforma de guerrillamail.com que permite generar cuentas de correo electrónico descartables. La investigación de las amenazas quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, y en los dos años transcurridos la investigación no avanzó en la determinación de los responsables.

En el verano de 2017, cuando comenzaron las negociaciones paritarias con las autoridades provinciales, nuevamente el dirigente y sus familiares comenzaron a recibir estas advertencias. Consultado para esta nota, Baradel contó que también este enero volvieron. “Empezaron a llegar en la primera quincena de enero, cuando salimos a rechazar la derogación de la paritaria nacional, y cuando dijimos que no íbamos a aceptar un techo del 15 por ciento en la negociación de 2018”, detalló a PáginaI12. “Las dos amenazas nuevamente salieron por la misma vía que ya enviamos a la Justicia.”

Como se sabe, las paritarias docentes han sido en los últimos dos años el ámbito elegido por el Gobierno para escenificar su ofensiva contra los gremios. Lo que sucede allí tiene un valor no sólo en sí mismo, sino como símbolo o mensaje a toda la sociedad.

En 2017, Cambiemos eliminó la paritaria nacional de los maestros. Esto amplificó, en cadena, los reclamos en las paritarias docentes provinciales y puso a la bonaerense como caso testigo de las demás. Ese año, la gobernación de María Eugenia Vidal respondió a los paros de los maestros del distrito con una batería de medidas antisindicales: pidió al Ministerio de Trabajo nacional que le quitara a Suteba la personería gremial, amenazó con poner a “voluntarios” a reemplazar a los docentes durante los paros, mandó a la Policía Bonaerense a “controlar el presentismo”, intentó descontar los días no trabajados y otorgó un premio de mil pesos a los que no adhirieron a las huelgas. El 2017 fue el año en que la policía reprimió con gas pimienta y palos el primer intento de armar la escuela itinerante frente al Congreso.

La paritaria 2018 no arrancó mejor. Este enero, la gobernación puso en marcha una campaña oficial que sugiere a los docentes que se desafilien. “El Ministerio de Trabajo mantiene abierto el expediente con el pedido de quite de la personería gremial al Suteba, todavía no nos entregó el certificado de autoridades que debe expedir después de cada elección interna. Tampoco se lo dio a Ctera”, completó Baradel. En el mismo período, el diario Clarín hizo una tapa vinculándolo a una causa por corrupción en el IOMA. “Es una difamación porque a esa causa nunca fui citado. Reflotaron una nota que publicó el diario Hoy en 2016, y el propio Clarín en febrero de 2017, es decir cuando se estaban haciendo las paritarias del año pasado”, apuntó el titular del Suteba.

Diego Morales, abogado del CELS, explicó desde Bogotá que la CIDH “tuvo durante todo el año pasado información muy detallada con relación a la situación de persecución y criminalización de organizaciones sociales y sindicales en Jujuy. Y también escuchó con detalle el proceso de debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores, activistas sindicales y sindicatos en las audiencias de Montevideo del mes de octubre de 2017. Allí tomó conocimiento de diversas situaciones que afectan también a jueces laborales y abogados laboralistas. En ambas audiencias, la CIDH se mostró preocupada por el uso de medios directos e indirectos para intervenir en la acción de las organizaciones sociales, los trabajadores y sus organizaciones. En las dos audiencias, además, le hizo preguntas al Estado sobre el uso del sistema penal para resolver conflictos sociales o sindicales”. La convocatoria de oficio a esta audiencia sobre la protesta social en Argentina “es una variante más de un seguimiento de cerca sobre las respuestas estatales frente a la movilización social, expresión que el Estado debe garantizar como parte central del sistema democrático”.

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