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Violentos, hasta que se demuestre lo contrario
Por Revista Crítica - Wednesday, Mar. 07, 2018 at 5:17 PM

06 de marzo de 2018 - En otro papelón de la Justicia, la audiencia que determinó la libertad de las personas detenidas en la represión en Bariloche fue una síntesis de estos tiempos. Fiscales que acusan sin pruebas y errores insólitos de procedimiento.

Violentos, hasta que...
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Foto: Roxana Sposaro, Colectiva Fotografía A Pedal.

Por Esteban Santamaría (Red Enfoques)

Una nueva jornada en la que se demuestra que la Justicia falla. Sí, falla bastante. Las y los detenidos en la represión en Bariloche, luego de que se conociera la decisión del juez Villanueva de extraditar a Facundo Jones Huala, fueron liberados en la jornada de hoy, luego de una audiencia donde los fiscales de Estado acusaron sin pruebas suficientes y con muchos errores de procedimiento.

Desde la falta de una persona detenida en el listado del juez hasta la prueba “irrefutable” de un palo de un metro (sic) como arma suficiente para la intimidación pública. Así fue la audiencia en el Juzgado Penal Provincial de Bariloche: acusaciones genéricas sin evidencia, relatos confusos por parte de la policía y una actuación de las fuerzas de seguridad que el propio juez Burgos determinó de “flagrancia o cuasi flagrancia”.

Comenzó a las 15. En la sala y el juzgado, había mayor presencia policial que de familiares y prensa. En menor magnitud, pero a escala de lo acontecido hace menos de una semana en la audiencia de extradición de Facundo Jones Huala. Una demostración desmedida de las fuerzas de seguridad, para justificar la persecución política.

En el recinto, buen humor en el grupo de personas detenidas: conversan y hacen chistes. Saben que están acompañados. Al comenzar la audiencia, bien fuerte y claro el mensaje se hace oír: “Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, presentes; ahora, y siempre”.

El magistrado designado, Marcos Burgos (un capítulo aparte para este juez pro Lewis), ingresa a la sala. Comienza a leer la lista y, sorpresa, falta una persona. Jocosamente, la ausente rápidamente dice “¿Me puedo ir?”. Risas en la sala. Pero con este error, ya se nota lo que será otro mamarracho jurídico enmarcado en el mismo conflicto.

Una de las fiscales (Alejandra Bartolomé) comienza a leer el alegato. Con mucha dificultad, voz temblorosa y dubitativa, relata y acusa. Para todas las personas, la misma acusación: resistencia a la autoridad y daño agravado contra personal policial. Las pruebas son 16 fotografías de la policía, el croquis de la persecución, los testimonios del personal policial, certificados médicos y la gran prueba presentada ante las cámaras: un palin. Risas en la sala.

El lonko Facundo Jones Huala, en su alegato, reiteraba que las acusaciones en su contra son en realidad delitos políticos. Delitos enmarcados en un conflicto político ancestral. La audiencia y la cacería en Bariloche, es un nuevo (y repetido) párrafo en esta historia: la criminalización de la protesta social.

El juez consulta a las personas si han entendido, que al unísono responden: “No, no se entiende”.
Es claro que no se entiende, porque estaba más que claro que la fiscalía no tenía pruebas para justificar las detenciones y sus irregularidades.
La defensa considera que varía el relato de los hechos de la fiscalía, que surge de una imputación genérica de un grupo de manifestantes: no se imputan hechos concretos a personas concretas, sino que se los imputa de los daños genéricos a los detenidos. Incluso citan declaraciones de una oficial de policía sobre una detenida: “Solo la vi en el tumulto de personas, y no se resistió al arresto”.

Finalmente, y luego de un cuarto intermedio en que familiares buscaron y llamaron para tener servicios de gas, agua o luz para constatar los domicilios de las y los detenidos, se llega al momento tan esperado: la recuperación de la libertad. Ahora, deberán presentarse periódicamente ante las oficinas judiciales, mientras que la fiscalía tiene cuatro meses para hacer una investigación y presentar, concretamente, evidencias.

Lo que queda en claro, es que al pueblo que reacciona ante los embates del poder hegemónico, se lo persigue, arresta, golpea y enjuicia, sin importar demasiado las evidencias y el debido proceso. Mientras, respecto a Gendarmería y Prefectura, responsables de las muertes de Santiago y Rafael, la Justicia sigue sin avanzar.

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