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El Servicio Penitenciario Federal pidió especialmente la domiciliaria de Etchecolatz
Por La Retaguardia - Tuesday, Mar. 13, 2018 at 12:04 PM

9 de marzo de 2018 | Esta semana explotó en los medios tradicionales la noticia que La Retaguardia publicó en diciembre. El SPF generó listados de genocidas mayores de 70 años para que los juzgados los envíen a sus casas. La diferencia entre un listado y otro es que el plan está en plena ejecución. Aquí presentamos un documento que prueba que el SPF pidió "destacar por su delicada situación" a Miguel Osvaldo Etchecolatz, que hoy está en su casa de Mar del Plata.

El comunicado preocupado del SPF. La nota de La Nación que habló del tema sin nombrar a los genocidas y la reacción tardía de la prensa y los organismos, que conocían el tema desde nuestra publicación. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

El Servicio Penitenc...
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Tres meses después, debemos admitirlo, habíamos perdido todas las esperanzas. Pretendíamos y esperábamos que tras la publicación de aquella nota de diciembre, se produjera lo que sucedió el martes. Que el tema explotara. Que el gobierno, de manera directa o indirecta, tuviera que salir a explicar, ratificar o negar.

Es raro todo. La nota nuestra tuvo muchísima repercusión, decenas de miles de lecturas, y hace tres meses que figura en nuestra lista de "más leídas". Durante la transmisión en vivo del escrache a Etchecolatz, que fue visto por centenares de miles de personas, volvimos a hablar de esos listados. Enviamos la nota a organismos de derechos humanos. Nos encargamos de que les llegara a los medios tradicionales. Y salvo un comunicado de HIJOS La Plata adviritiendo acerca de la publicación, un reenvío a través del Boletín Electrónico de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y algunas entrevistas que nos hicieron en medios alternativos, tuvimos menos eco político y periodístico que un grito debajo del agua.

Si bien claramente nos gusta que nos citen, nos preocupa mucho más el objetivo político de la publicación de la noticia. En este caso es evidente: quisimos parar la nueva estrategia del gobierno para liberar genocidas. No lo conseguimos. Habrá allí una parte de responsabilidad propia: llegamos lejos, pero no tanto; nos faltan más herramientas para ser eficaces. Necesitamos más ayuda en la difusión de nuestros propios lectores/as y oyentes para crecer y que los canales alternativos nos aseguren romper el cerco informativo por cuenta propia. También quienes recibieron la noticia en aquel momento y no hicieron nada deberían pensar qué sucedió. Por qué no la publicaron hace tres meses, o por qué no se manifestaron públicamente, según el caso.

Lo cierto es que el martes Infobae, Página 12 y El cohete a la luna, publicaron en términos de novedad la existencia de un listado de 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) recomienda a los juzgados enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. En parte es cierto, es novedoso, porque no es el mismo listado que publicamos nosotros. El de la nota de diciembre era un listado de noviembre; el que publicó El cohete es de enero. ¿Qué diferencia un listado de otro? Lamentablemente, la diferencia es que el plan del gobierno está en plena vigencia y comenzó a aplicarse incluso antes de nuestra publicación.

De aquellos 110, 15 ya consiguieron regresar a sus casas. Empezando por Etchecolatz, Miguel Osvaldo - Ricchiuti, Luis José (San Martín) - Ríos, Víctor (La Plata) - Garachico, JuLio César (La Plata) - González, Osvaldo Néstor (CABA) - Herrero Anzorena, Emilio Alberto (La Plata) - Juncos, Rodolfo Antonio María (La Plata) - López Fader, Rafael Félix (San Martín) - Nani, Emilio Guillermo (Mardel) - Ríos, Juan Adolfo (CABA) - Vidal, Alfredo Hugo (CABA) - Vidal, Jorge Héctor (La Plata) - Gordillo, Roberto Edgardo (Tucumán), Rodríguez, Miguel Angel Alberto y Codina, Rubén Alcides (Gral Roca), ya están en sus casas disfrutanto del Plan Tobilleras electrónicas para todos y todas. En algún caso incluso tienen libertad condicional o total por haber recibido luego penas bajas o absoluciones, como el apropiador Ricchiuti o Rodríguez que recibió 8 años en el último tramo de la ESMA.

Al cierre de esta nota, no pudimos reunir confirmaciones acerca de Guzmán, Oscar Francisco (Jujuy) - Otero Arán, Darío (Catamarca) - Lobos, Víctor Manuel (Gral. Roca) -,, que también dejaron de ser sugeridos de un listado a otro. La certeza que tenemos es que de los 110, 15 no están más en las cárceles. Quizá con eso se haya resuelto la cuestión del hacinamiento...

Decíamos en esa ocasión, "La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43. Citamos un tramo: "Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial". Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 "las condiciones infrahumanas" en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes". 

Una prueba de que esto que decíamos es correcto, podría ser una nota del diario La Nación. La publicación se realizó el mismo día en que el tema reapareció, pero no menciona las causas de lesa humanidad. Se refiere al problema que el gobierno advierte por la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles ¡Qué extraño! Salió casualmente en la misma jornada, en lo que aparece como un intento extraoficial del gobierno de diluir la cuestión de los genocidas en un problema mayor (y real): el de las condiciones carcelarias. Como ya advertíamos en diciembre, los genocidas no están en condiciones de hacinamiento, así que esa excusa no corre para ellos.


Las presiones a la Defensoría General de la Nación

Otra prueba del plan es el rol del SPF. El martes se vieron obligados a emitir un comunicado público donde dicen que la entrega del listado de internos "solo implica compartir información con el poder judicial de aquellos que temporalmente estarían en condiciones objetivas de ser evaluados para el acceso a los distintos institutos previstos por la ley". Bla-bla-blá.

Ahora agregamos información. Para comenzar, la imagen central de esta nota es del 10 noviembre de 2017. Allí el SPF, además de entregar los listados, se toma el trabajo de destacar entre ellos a 5 reos. 4 de ellos son presos comunes (serían causas por narcotráfico). El quinto es, tatantatán: Miguel Osvaldo Etchecolatz. Aducen temas de salud: "por su delicada situación, aquellos internos con patologías terminales, como así también aquellos que se encuentran con pronóstico reservado". Es un informe, tiene razón el SPF en su comunicado, pero son justamente estos los informes que utilizan los jueces para determinar las domiciliarias. Es decir que los jueces que mandaron a Etchecolatz a su casa en los últimos días del año pasado, contaban entre otras ayuditas con este pedido especial del SPF. La nota en cuestión lleva la firma del Inspector General Lic. Fernando J. Martínez, director general de régimen correcional, y está dirigida a la persona a cargo de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Como puede verse en varias de las imágenes que ilustran esta nota, nos faltaba un eslabón en el medio de la cadena de impunidad disfrazada de garantismo. El SPF también le envía su listado y la recomendación especial de cuidar a Etchecolatz a la Defensoría General de la Nación. Es decir, el órgano que reúne a los defensores oficiales. Aquí también, gracias a la inestimable colaboración del SPF, Stella Maris Martínez, a cargo de la defensoría, les envía a los defensores oficiales un "aviso" para que soliciten que sus defendidos accedan al derecho de la domiciliaria. No deja de ser extraño, ya que se supone que los y las defensoras oficiales (aunque la mayoría de los genocidas se defiende con abogados varones) no deberían necesitar que les recuerden que sus defendidos tienen más de 70 años. Parece más que les advierten que hay una luz verde política.



Entonces, el SPF, además de sugerir a los juzgados, les avisa a los defensores oficiales para que no olviden hacer los pedidos. Una estrategia muy bien pensada. Y todos los caminos conducen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano. También en aquella nota poco refernciada hasta ahora, citamos una entrevista que el ministro le dio a los colegas Ernesto Tenenbaum y Gustavo Grabia. Vale la pena volver a escucharla. Allí desmiente una amnistía o indulto, pero dimensiona como un "problema" la cuestión de los mayores de 70, y ratifica que es el gobierno el que impulsa el uso de las tobilleras electrónicas. Dejamos para los medios comerciales hallar al amigo del poder que está haciendo un gran negocio con el dispositivo. 

En la entrevista realizada antes de que el lobo volviera a su casita del bosque, le sugieren a Garavano que para la sociedad no es lo mismo un delincuente común que Etchecolatz y él responde: "Permítanme. Yo no tengo ninguna simpatía (se supone que por Etchecolatz) y resuelve cada juez, pero es muy complicado que el derecho penal se aplique por nombres. No importa que hayan cometido los delitos más aberrantes". Todo indica que el gobierno quiere aplicar un plan para descomprimir el problema de las cárceles para poder meter a los genocidas en el combo. El ministro tira una explicación que hasta parece justa: no puede aplicarse el código penal por nombres. Más allá de que parecería ser precisamente lo que está haciendo la justicia ahora (focalizar en causas contra funcionarios/as del gobierno anterior), por sentido común, sí deberían aplicarse (o no) algunos derechos del codigo penal según la gravedad del delito. No es lo mismo una mujer embarazada, incluso si hubiera matado a una persona, que el Tigre Jorge Eduardo Acosta, que comandó la ESMA, el Auschwitz argentino, por el que pasaron cerca de 5000 personas. La domiciliaria es un beneficio al que se puede acceder, pero no es una obligación de los juzgados concederlo. Y eso queda más que claro porque en algunos casos se aplicó y en otros se rechazó, según la mirada de cada juez/a.

La estrategia se vale de este circuito:

- Informe de la Procuvin acerca de las condiciones de detención en la unidad que funciona dentro del Palacio de Justicia.

- Acordada de la Corte Suprema exigiéndole al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que arbitre las medidas necesarias para cambiar la situación.

- Listados confeccionados por el SPF para un plan de acceso a libertad morigerada con el uso de tobilleras electrónicas a 1499 personas, entre ellas 110 genocidas, 95 tras la depuración del nuevo listado.

- Nota de la Defensoría General de la Nación a los defensores públicos que ya deberían saber lo que la defensoría les está advirtiendo. (Ver fotos más arriba).

- Los jueces fueron otorgando domiliarias. No tenemos registros de recursos rechazados luego de la confección de estos listados.

La participación como eslabones de una cadena necesaria no implica que todos se supieran parte del plan del gobierno que, lejos de ser desmentido, queda ratificado por el propio Garavano en aquellas declaraciones premonitorias, y en la nota de La Nación, que intenta enmarcar la política hacia los genocidas en un problema mayor y verdadero, pero que no debería contenerlos.

La Retaguardia consultó a Guadalupe Godoy, abogada querellante que actúa en los juicios en La Plata. Godoy no solo ratifica la idea de que existe un plan del gobierno, sino que dice que es fruto de una negociación: "Está claro que el gobierno negoció con los genocidas y que esa negociación no pudo incluir ni indulto ni amnistía, porque el pueblo argentino ha dado claras muestras de que eso no es posible. Intentaron con el 2x1 y tampoco pudieron por la enorme resistencia y repudió que generó. Entonces es evidente que el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Penitenciario Federal opera o intenta operar sobre el Poder Judicial y evidentemente hay jueces que captan el mensaje y son permeables. Esa es la estrategia de impunidad: como los juicios van a continuar, porque no hay manera de cesarlos, el acuerdo es que se hagan con ellos en sus casas y que no haya persecución a los responsables económicos y civiles de la dictadura. Es lo que estamos viendo: esas causas no avanzan y los juicios cada vez menos", señaló Godoy.

Ahora la respuesta parece estar nuevamente en la sociedad en general y en los organismos de derechos humanos en particular. Entre el intento del 2x1 y esta nueva estrategia todavía hay una gran diferencia: la gente en las calles, convocada por los organismos, frenó el primer intento. Ante esta nueva estrategia, la respuesta ha sido hasta ahora fría al comienzo y tibia esta semana. Mientras tanto, los genocidas siguen saliendo. Solo una masiva indignación podrá evitar que terminen todos en sus casas.

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