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Corte y fallo de Cámara desatan tsunami judicial y dejan tendal de heridos
Por Gabriel Morino, Ámbito - Tuesday, Mar. 20, 2018 at 11:12 AM

• RÉPLICAS EN CASACIÓN, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y MINISTERIO DE JUSTICIA

Lunes 19 de marzo de 2018 | Gobierno incómodo con Máximo Tribunal que anuló estrategia de cartera de Justicia. Carrió embistió por fallo de Oil y se disparó pase de facturas dentro del Poder Judicial.

 Corte y fallo de Cá...
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Ricardo Lorenzetti y Germán Garavano.

En solo 48 horas, dos decisiones judiciales provocaron un tsunami político con réplicas en la relación de gran parte del Poder Judicial con el Gobierno. La acordada de la Corte Suprema que fulminó al Tribunal Oral Federal N° 9 que iba a juzgar a la expresidente Cristina de Kirchner- y el fallo de la Cámara Federal (con integración mixta) que liberó a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa destapó un vendaval de internas. La principal: Elisa Carrió volvió a fustigar a sus socios de Cambiemos por los cambios en la AFIP, apuntó hacia los jueces federales y volvió a cargar, por vías indirectas, contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. En la Cámara Federal de Casación Penal y en el Consejo de la Magistratura quedaron bajo fuego cruzado, lo que hizo temblar acuerdos de poder internos que mantenían delimitados los campos de acción de operadores del oficialismo. Todos quedaron desorientados.

La dura acordada dejó mal parada a la Casación por su apuro en poner en funciones al TOF N°9 que venía con auspicio del Gobierno. La solución que encontraron en una febril reunión fue más allá de lo que le ordenó por unanimidad la Corte que era rehacer los sorteos: dispuso que de ahora más, sea pública la asignación de tribunales con presencia de las partes en ese acto. Anuló así uno de los procesos más cargados de sospechas en el fuero federal donde había intereses en mantener el actual status. La combinación de votos en la Corte contó con un cambio de último momento. Lo pueden atestiguar los jueces Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra que acudieron a una jura en falso hace algunas semanas. Hasta el final, el mensaje fue que habría sonoras disidencias en la acordada pero el aval llegaría. Sobre la hora, se confirmó una nueva mayoría. Lorenzetti partió raudo hacia Brasilia donde participa de Foro Mundial del Agua, vinculado a cuestiones ambientales.

La Ley de Fortalecimiento de Tribunales quedó en letra muerta, se dinamitó uno de los pilares del Programa Justicia 2020 y el Consejo deberá borrar de la orden del día el proyecto para federalizar otros tres Tribunales Orales en lo Criminal. Esa iniciativa iba a quedar firme en la próxima reunión.

"Control de daños"

En tribunales apuntan a un "control de daños" porque no solo quedó herido el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, uno de los ideólogos del festival de traslados de jueces, sino también su padre, Carlos Mahiques quedó en la línea de fuego por haber saltado a Casación desde la Justicia ordinaria. A la Corte le bastó una decisión de superintendencia, y no un fallo, para poner en crisis la política judicial del Gobierno. Los propios jueces que habían negociado la confección de los listados de beneficiarios quedaron también dañados por la decisión. Si a futuro se aplican los términos del voto de la mayoría de la Corte, ningún traslado de los que ha hecho el Gobierno desde que asumió cumple con los requisitos constitucionales y está a tiro de una eventual remoción. En Casación provocó un desbande con respecto a Mahiques y la amenza de renuncia del actual presidente del tribunal, Eduardo Riggi y de su antecesora, Liliana Catucci. Ambos quedaron escorados tras el inesperado sablazo de la Corte.

Defensa propia

Jorge Ballestero actuó en defensa propia. Interlocutores oficiosos ya le habían hecho saber que el Gobierno iba por su cabeza en el Consejo. Su contundente voto en el procesamiento a López, De Sousa y Ricardo Echegaray hizo una alusión directa a la causa Correo Argentino y a las consecuencias que debería tener un encarcelamiento preventivo si se tomara esa vara para causas con perjuicio patrimonial al Estado. Su colega, Eduardo Farah completó el desempate para el cambio de calificación siguiendo su inobservancia a la denominada doctrina Irurzun que había aplicado para los casos de Julio De Vido y Amado Boudou. El rol del autor de la doctrina y titular de la Cámara Federal también quedó en un tembladeral por la ausencia de pruebas de que hubiera habido un sorteo para designarlo a cargo de las escuchas legales.

El Gobierno no pudo disimular su malestar, algo que pese al barniz de institucionalidad lo emparenta con el kirchnerismo ante fallos adversos. Sin reacción por los TOF, el Gobierno solo pudo argumentar que así los juicios se retrasarán indefinidamente. Garavano se enteró por un portal de internet de la decisión de la Corte. También mascullaron bronca contra Ballestero, aunque el artífice para la mayoría fue Farah. La AFIP, gestión saliente de Alberto Abad, anunció una nueva apelación a Casación, en lo que se asemeja a la historia sin fin a menos que se persiga la quiebra de Indalo, algo que allegados a Mauricio Macri, aseguran como su objetivo primordial.

La diferencia es que la nueva composición de la Sala I ya no le ofrece garantías: continúa Ana María Figueroa pero ahora acompañada por Gustavo Hornos y el cuestionado Mahiques, cuya permanencia no está del todo asegurada. Algo similar ocurre con el propio Leopoldo Bruglia (que acompañó en sus votaciones al Gobierno) cuyo traslado definitivo iba a ser aprobado por la mayoría del plenario del Consejo.

La acordada de la Corte generó un cisma interno y sepultó la batería de medidas con las que el Gobierno creía avanzar a paso seguro sobre el Poder Judicial. Fue el clima propicio para generar un estado de rebelión en la granja que surgió desde los propios jueces. Crujió.

Carrió después de lanzar una advertencia interna activó una segunda jugada: acompañará la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la causa AMIA contra su propio Gobierno.

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