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En medio del escándalo de Facebook, el Gobierno crea una unidad para big data
Por La Política Online - Tuesday, Mar. 20, 2018 at 3:54 PM

19 de marzo de 2018 | Dependerá de Peña y la manejará la encuestadora del PRO. La oposición analiza judicializar el tema.

En medio del escánda...
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En medio del escándalo internacional por el uso de la información personal de 50 millones de usuarios de Facebook por parte de la consultora Cambridge para influir en elecciones, el Gobierno de Mauricio Macri creó una unidad para la obtención de "big data".

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, se creó la "Unidad de Opinión Pública" dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, y bajo la dirección de Mora Jozami, la histórica encuestadora del PRO.

Según el Gobierno, la unidad tendrá como función "conocer y analizar las demandas de la población, como insumo para el diseño y la implementación de las políticas públicas". Entre sus funciones tiene "elaborar un plan de seguimiento de la opinión pública", recabar información sobre las demandas de los ciudadanos, evaluar el nivel de conocimiento de las políticas del Gobierno, y generar información cuantitativa para la implementación de medidas, entre otras.

En definitiva, y más allá de los objetivos institucionales, se trata de la creación de unidad dedicada a la elaboración de una fenomenal base de datos que estará a disposición del Gobierno. La sospecha, claro, es que esa enorme base de datos podría ser utilizada para influir en las elecciones y sin la necesidad de pagar los altísimos honorarios de Cambridge Analytica.

Se trata de la misma sospecha que la oposición tuvo en 2016, cuando Macri mediante una simple resolución le permitió a la Jefatura de Gabinete tener acceso a la base de datos de la Anses, que cuenta con información de todos los ciudadanos argentinos. El objetivo, según se dijo en ese momento, era promocionar las políticas públicas y hacer "el bien".

Ante esta situación, en la oposición ya piensan en judicializar la creación de esta unidad, según adelantaron a LPO desde el bloque de diputados del FPV. En su momento, la Justicia desechó las denuncias por el uso de datos de Anses.

La sensibilidad del asunto es mayor ya que toda la información será manejada por Jozami, una funcionaria del Gobierno que es conocida por haber sido la histórica encuestadora del PRO desde los tiempos de la Ciudad de Buenos Aires. Jozami es la encargada de proveer encuestas a Marcos Peña y Jaime Durán Barba, los cerebros políticos del oficialismo.

Jozami había sido incorporada al Gobierno apenas asumió Macri y crearon bajo su órbita la Unidad Ejecutora de Seguimiento de Medios y Análisis de Opinión Pública. La difusa línea que divide su trabajo en el Estado de su tarea para el PRO, quedó en evidencia en las elecciones del año pasado. Clarín reveló que Jozami y su equipo de "60 personas" fueron los encargados de elaborar las mesas testigo para el oficialismo.

Esta situación parece ampliar las sospechas de que el PRO está empezando a blanquear la incorporación en el Estado de todo su esquema político y de comunicación, una estructura cada vez mayor y más difícil de costear para un partido.

"Desprotección absoluta"

El escándalo de Facebook y Cambridge Analytica y la posibilidad -admitida en la cámara oculta por el CEO de la consultora, Alexander Nix- de que esos métodos se hayan utilizado en elecciones en Argentina, reabrió el debate sobre el estado de la protección de datos en el país.

"La protección de datos en Argentina está en un estado de desprotección absoluto, sobre todo en lo que tiene que ver con los usos políticos, tanto estatales como privados, de los datos", declaró a LPO la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.

La especialista recordó que Argentina tiene desde 1994 una regulación de protección de datos con rango constitucional, es decir que "es un derecho fundamental". Los constituyentes adhirieron a la línea de la doctrina europea de protección de datos, mucho más estricta que la estadounidense, explicó. Esa línea se siguió en el año 2000, con la ley 25.326 que adoptó el principio de que el ciudadano es el titular de sus derechos.

"La ley es relativamente buena en su concepción, pero De la Rúa le dio un hachazo por decreto y estableció una autoridad de aplicación que no es autónoma y quedó subsumida al Poder Ejecutivo, en aquel momento al Ministerio de Justicia. Con una autoridad de aplicación tan liviana no puede haber protección posible", detalló Busaniche.

Para completar el debilitamiento de la autoridad de aplicación, el año pasado con la creación de la agencia de acceso a la información pública, el Gobierno determinó que esa oficina sea la encargada de la protección de datos, cuya estructura fue traspasada a esa órbita. Y todo bajo el control de Peña. "Y este año le recortaron el 60% del presupuesto", agregó Busaniche.

El año pasado, Macri prometió en la apertura de sesiones un proyecto para modificar la ley de datos personales para hacerla "más adaptable al mundo de los negocios". Esto es, hacerla más laxa y con menos controles. "En Europa están en proceso de implementación controles más duros. Vamos a contramano y alineándonos con la doctrina estadounidense", señaló la especialista.

Respecto a la posibilidad de utilización de datos como los de la base de Anses o los que recolecte la unidad de opinión pública, Busaniche coincide en que el riesgo está latente. "No podemos ser naif. Cualquier político que tenga la posibilidad de cambiar orientación del votante o que pueda utilizar una base de datos, lo va a hacer", concluyó.

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Jaime Durán Barba
Por La Política Online - Tuesday, Mar. 20, 2018 at 3:54 PM

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