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Audiencia en la Cámara Federal por la reapertura de la causa Larrabure
Por Sonia Tessa - Thursday, Mar. 22, 2018 at 2:10 PM

Con los argumentos de Intratables

22 de marzo de 2018 | Mientras el abogado Javier Vigo Leguisamón fue más allá de la teoría de los dos demonios, Ganón -defensor de quien pretenden imputar por la muerte del militar en 1975- argumentó por qué no puede considerarse delito de lesa humanidad.

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El defensor Ganón junto a Nora Cortiñas en la Cámara Federal de Rosario. Imagen: Sebastián Granata

Desde muy temprano, grandes vallas y un cordón policial sobre calle Entre Ríos separaban a las pocas personas agrupadas como "Familiares de Víctimas del Terrorismo" de la militancia de derechos humanos que iba llegando, para manifestarse con la bandera que lleva un número: 30.000. Antes del comienzo de la audiencia, quienes apoyaban la reapertura de la causa Larrabure ya habían amedrentado a una fotógrafa del diario La Capital (ver aparte). Nora Cortiñas, todavía sin su pañuelo, esperaba sentada en el hall del edificio donde funciona la Cámara Federal. Su presencia era una pauta de lo que se jugaba ayer, en la audiencia presidida por Fernando Barbará. Durante más de una hora habló Javier Vigo Leguisamón, el abogado de Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino Larrabure, secuestrado en agosto de 1974 y fallecido un año después. Por la defensa, Gabriel Ganón representó a Juan Arnol Kremer, a quien la querella pretende imputar por la autoría mediata y refutó al querellante por su "falta de elementos probatorios", y su basamento en textos periodísticos, e incluso en el programa televisivo Intratables.

En la audiencia no hubo representante del Ministerio Público de la Acusación, ya que se encuentra vigente la resolución 158 de 2007, en la que el entonces procurador Esteban Righi establece claramente que los delitos cometidos por la guerrilla no fueron de lesa humanidad. El fiscal general Claudio Palacín -que en su momento había dictado la apertura- no concurrió.

Vigo Leguisamón viene insistiendo desde 2007 para que la muerte de Larrabure se considere imprescriptible, por ser crimen de lesa humanidad. La figura está claramente delimitada en el derecho internacional y en ella no entran -como lo expresó al juez federal Marcelo Bailaque al rechazar el pedido, en diciembre pasado‑ los delitos cometidos por las organizaciones armadas, en este caso, el Ejército Revolucionario del Pueblo.

La larga presentación de Vigo Leguisamón refirió a la Convención de Ginebra y a otros antecedentes jurídicos, utilizó artículos periodísticos -llegó a citar al programa de televisión Intratables‑ y fue más allá de la teoría de los dos demonios, a la que consideró "restrictiva". Al final, llegó prácticamente a extorsionar a los magistrados, al decir que la justicia argentina les niega humanidad a las víctimas de lo que llamó terrorismo.

Por su parte, Ganón se aferró a los argumentos jurídicos que tipifican los delitos de lesa humanidad y recordó que tanto la querella como el Estado no tuvieron obstáculos para investigar la causa antes de que prescribiese. Después de escuchar a las partes, Barbará dijo que analizarán los argumentos y notificarán la resolución. Se estima que no les llevará menos de un mes.

La querella pretende imputar a Kremer por la autoría mediata de lo que describen como "homicidio calificado" de Larrabure, si bien el testigo René Vicari, compañero de cautiverio, dijo que el militar se suicidó.

Ganón arguyó que existe una causa en la justicia de Córdoba por el copamiento de la Fábrica Militar de Villa María, el 11 de agosto de 1974, donde secuestraron a Larrabure. Y también hubo una investigación en la justicia rosarina en el mismo momento en que se produjo la muerte, porque el cadáver del militar apareció en la zona sur. Por lo cual, cualquier proceso violaría la prohibición de doble juzgamiento.

Ganón fue claro al recordar que "no hubo ningún impedimento legal para impulsar la causa antes de su prescripción", como sí ocurrió en las que atañen al terrorismo de estado, que fueron frenadas por las leyes de impunidad.

El abogado de la defensa desgranó los distintos pronunciamientos del Tribunal Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que impiden tipificar al crimen de Larrabure: hace falta un ataque generalizado a la población civil. Larrabure era mayor del Ejército Argentino. "Su condición de personal del Ejército es un obstáculo insalvable", dijo Ganón, quien subrayó la "ausencia total y absoluta" de elementos probatorios en la presentación de Vigo Leguisamón. Sobre la acusación a Kremer, la consideró "desopilante" ya que no hay ninguna documental o elemento -más allá de entrevistas periodísticas‑ que pruebe que tenía algún poder de mando o de decisión sobre quienes secuestraron a Larrabure.

Mientras adentro se sucedían las presentaciones, en la vereda de los Tribunales, quienes habían ido a apoyar a la querella -con carteles que decían "Todos somos Larraburu"‑ insultaron a militantes de derechos humanos. Hubo gritos, consignas a viva voz y alguna corrida.

Al final de su alegato, Ganón pidió que el Tribunal desestime la apelación, y también "deje sentado claramente que no se trata de un delito de lesa humanidad y por lo tanto se sustraiga a Kremer de cualquier responsabilidad y se dicte su sobreseimiento". Además de Barbará, los magistrados Edgardo Bello, Aníbal Pineda, José Toledo, Elena Vidal y Jorge Gallino serán los encargados de dictar una resolución. Si se atienen a los argumentos y antecedentes, volverán a rechazar el recurso. A menos que se adapten al llamado clima de época impuesto desde el ejecutivo nacional.

Al salir, y mientras un torbellino de militantes la saludaba e intentaba sacarse una foto con ella, Nora Cortiñas fue clara: "Está claro que esto fue un caso juzgado, no es de lesa humanidad, ya está determinado. Acá no hubo dos demonios. Es un hecho político, no de justicia".

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