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Represión habilitada: indígenas bajo sospecha, fuerzas de seguridad e intereses privados
Por Marcelo Musante / Centro Cultural de la Coop. - Monday, May. 14, 2018 at 2:16 PM

La represión habilitada: indígenas bajo sospecha, fuerzas de seguridad e intereses privados por los territorios

Represión habilitada...
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Autor/es: Marcelo Musante

Edición: Ciclos y viceversa

Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el marco de operativos represivos en territorios reclamados como indígenas. La construcción del “enemigo interno” y el fantasma de la RAM. El “problema de la tierra” como parte de una agenda mediática y política que se impone. Las memorias históricas de las conquistas militares de territorios infértiles que, a partir de desarrollos tecnológicos recientes, se valorizaron y adquirieron nuevo interés. La Ley de Emergencia Territorial Indígena de 2006 y sus límites. Este artículo nos ayuda a comprender mejor los contornos de la “cuestión indígena” que sacudió el 2017 y que se instala como un asunto ineludible para pensar alternativas al neoliberalismo.

Son “terroristas”, son “usurpadores”, “están armados”, son “chilenos”. Todas estas adjetivaciones sobre el pueblo Mapuche, entre muchas otras, ocuparon las tapas y pantallas de los grandes medios de comunicación durante los últimos meses.

El 1 de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional ingresó de modo ilegal al Pu Lof en Resistencia de Cushamen en Chubut y reprimió violentamente. Ese día, en ese marco, desapareció Santiago Maldonado, que estaba acompañando a la comunidad mapuche en el corte de ruta. El 17 de octubre fue hallado muerto en el Río Chubut.

Poco más de cien días después, el 25 de noviembre, fue asesinado por el escuadrón Albatros de la Prefectura Argentina el joven mapuche Rafael Nahuel. Tenía 22 años. La autopsia reveló que la bala fue de una pistola nueve milímetros. Un arma policial. Del operativo formaron parte cinco fuerzas de seguridad: la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de Río Negro y la Prefectura Naval. Cinco fuerzas de seguridad en un operativo absolutamente desmedido en términos de relación de fuerzas para desalojar a una decena de familias indígenas en las inmediaciones del Lago Mascardi en Bariloche.

A partir de la desaparición de Maldonado, se construyó desde el primer momento una campaña mediática para blindar la acción del gobierno obstinado en proteger a la Gendarmería Nacional en su responsabilidad por el asesinato. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desligó instantáneamente a la fuerza de seguridad. Lo mismo hizo tras el asesinato de Rafael Nahuel con la Prefectura. Expresó públicamente el apoyo al accionar de las fuerzas para desalojar el territorio. Poco después, sus palabras fueron avaladas por la vicepresidenta Gabriela Michetti y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El cerramiento de filas tras un discurso único fue unívoco.

Una sola verdad, la verdad del discurso de las fuerzas de seguridad que es avalado por los funcionarios del gobierno y al que se sumaron irrestrictamente los medios de comunicación hegemónicos.

Para justificar la represión violenta, indiscriminada y masiva de las fuerzas policiales y militares, anulando unilateralmente las instancias de diálogos en los casos de ambos conflictos, se requirió encontrar un culpable. Se construyó un enemigo interno, la RAM (la Resistencia Ancestral Mapuche), que justifique la necesidad de una nueva política de “mano dura” definida por el gobierno en términos de seguridad interior.

El Estado y los medios de comunicación construyeron un enemigo público como la RAM, lo caracterizaron con definiciones como antiestado, anticapitalistas, y le crearon atentados nunca reivindicados. En este caso, sería la primera organización terrorista en la historia de la violencia política en el mundo que no se autoproclama un atentado. Diferentes dirigentes y organizaciones mapuches niegan la existencia de la RAM. Nadie retoma esas palabras en los titulares. La verdad ya está preconfigurada.

Definir la peligrosidad de la RAM, caracterizarlos en su supuesta y ex profesa “no argentinidad”, volvió los discursos a teorías ya perimidas y rebatidas desde muchos años en las ciencias sociales, de que los mapuches son chilenos y que por lo tanto no tienen derecho a ocupar esas tierras. Ese giro en el sujeto de análisis implicó que cada vez que se pretenda hablar sobre los asesinatos de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel en el marco de represiones, se hará hincapié en la ilegitimidad de la demanda mapuche.

Se diseñó un enemigo interno a medida. Un enemigo interno que ya había sido elegido cuando se necesitaron las tierras para ser entregadas a los grandes terratenientes de la Sociedad Rural Argentina en las Campañas del Desierto a fines del siglo XIX.

Si para las campañas militares se necesitó construir al mapuche como malonero y salvaje, ahora se lo reinventa como parte de una organización terrorista armada que ocupa ilegítimamente rutas y territorios.

El movimiento simbólico es el mismo: definir negativamente al indígena como colectivo social para habilitar la represión legítima del Estado. Los beneficiarios de la ecuación son los mismos: el Estado y el capital económico concentrado. Los que financian también. Si antes lo fue la Sociedad Rural ahora lo son grupos empresarios como, por ejemplo, Benetton y Lewis en el sur o la empresa Manaos, de Orlando Canido, en Santiago del Estero, por mencionar un caso en otra región.

El objetivo discursivo fue doble. Por un lado, ocultar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y, por el otro, ser fértil a una renovada avanzada de intereses privados, estatales y mediáticos sobre las tierras indígenas de todo el país.

Para eso, los medios hegemónicos incluyeron un eje más en el avance de este objetivo, que fue nacionalizar el conflicto por las tierras en el sur poniendo en cuestión la legitimidad de las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas de todo el país.

En este sentido, la nacionalización del conflicto implica un intento de disciplinamiento de lo particular a lo general. Mostrar la nueva forma violenta de resolución de los conflictos en el sur y sostener ese accionar a través de los discursos gubernamentales y mediáticos implica “avisar” lo que puede pasar en situaciones similares en otros lugares.

Los discursos y los desalojos

Un año atrás, el entonces ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, anunciaba en Choele Choel el inicio de una nueva campaña al desierto. El lugar elegido era el mismo en el que Julio Argentino Roca iniciaba la avanzada militar sobre los territorios mapuches en 1879. Nada es casualidad.

Los discursos y la necesidad de desalojos de las tierras ocupadas por las comunidades es un sinfín circular que regresa de modo constante. El “problema de la tierra” comenzó a ser un tema de agenda mediática. Siempre en relación con la propiedad territorial. Siempre en relación con la legitimidad de las comunidades indígenas para habitar sus territorios.

Esos territorios que son los que el propio Estado nacional les habilitó tras ser corridos en las diversas campañas militares del sur y el norte. Esos territorios que eran infértiles y no importaban a las oligarquías del momento. Esos territorios que no tenían agua ni posibilidades. Esos territorios en los que debieron reorganizarse las familias mapuches y tehuelches del sur, los huarpes en Cuyo, los diaguitas en el noroeste o los wichí, qom, pilagá o moqoit en la región chaqueña, por mencionar a solo algunas de las más de cuarenta etnias de nuestro país.

Esas tierras que ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se valorizaron y adquirieron interés para los capitales privados y para el propio Estado. Esas tierras secas de la meseta patagónica que ahora pueden ser útiles para la extracción de hidrocarburos a través del fracking.

Esas reservas de litio en la puna jujeña que despertaban menos interés que la belleza de los salares y que ahora, por ser el mineral utilizado para las baterías de teléfonos celulares y computadoras, se transformaron en una preciada joya para empresa mineras extranjeras. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se reunieron en junio de 2017 con los representantes de las firmas SQM, Sociedad Química y Minera de Chile, Lithium Americas (Canadá), que operan a través de Minera Exar SA y Sales de Jujuy SA, una creación de Orocobre Limited (Australia) y anunciaron las ventajas y millones de dólares que lloverán a la región. Las comunidades indígenas denuncian la inconsulta por esos acuerdos en sus territorios.

Esas tierras del Chaco que siempre fueron olvidadas por los dueños de la pampa húmeda y que desde los noventa, con los nuevos tipos de semillas de cereales, permitieron un corrimiento de la frontera agropecuaria a costa del desmonte y avance del sector privado sobre tierras fiscales cedidas a las comunidades indígenas.

Y entonces se produce la tríada de acciones consecuentes. Se invisibiliza y/o deslegitima el reclamo indígena, después se lo estigmatiza tornándolo en peligroso para el progreso y finalmente se resuelve con el avance violento sobre el territorio por medio de represiones y desalojos.

Lo que se hizo explícito no es que las fuerzas de seguridad se extralimitaron en las represiones que terminaron con los asesinatos de Maldonado y Nahuel, sino que es el modo en que el Estado y sus fuerzas de seguridad visibilizan el “problema indígena” y la manera en que proponen “resolverlo” mediante el uso de la violencia institucional.

Los límites de la Ley 26160

En el marco de las campañas discursivas mencionadas se desarrolló en el Congreso de la Nación el debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Una ley promulgada en 2006 que pone en cuestión los conflictos por la tierra de los que son víctimas los pueblos originarios en nuestro país. La legislación promueve la suspensión de los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento territorial con la participación estatal e indígena. La prórroga de la ley se terminó de aprobar en noviembre. Era fundamental que en medio de esta coyuntura así sea, en términos simbólicos y fácticos.

Al principio, la prórroga había intentado ser tratada sobre tablas en el Senado pero el proyecto no prosperó. Había un interés claro del oficialismo por no prorrogarla y el resto de los bloques mayoritarios tampoco quisieron dar la discusión.

Con el paso de los días, desde el gobierno comenzó a cambiar la idea sobre cómo se debía votar. ¿A quién le serviría votar en esta coyuntura político mediática en contra de la ley? La evaluación de costos/beneficios que planteaba ameritaba la continuidad de la prórroga.

De todos modos es importante señalar los límites de la ley y plantear que es apenas un paso necesario para que sigan funcionando como un cierto freno a los desalojos pero que no implica un cambio de situación en la relación Estado/pueblos indígenas.

La Ley 26160 lleva once años y sus resultados son disímiles. Al ser de carácter nacional y su aplicación provincial hizo que en muchos lugares los relevamientos no se hayan concluido o que recién se estén iniciando. Sobre todo en provincias con más presencia indígena como Neuquén, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.

Incluso, desde la vigencia de la ley, en 2006, hubo desalojos en muchas provincias. Por ejemplo, en 2013 en Santiago del Estero la imagen de la policía provincial apuntando y gatillando en la cabeza de familias de la comunidad tonocoté es una postal de una violencia feroz y perversa. La ley enuncia el freno a los desalojos pero no alcanza para oponerse en los territorios a los poderes locales ni muchos menos a los intereses empresarios ligados a ellos.

Los incendios de casas en La Primavera, Formosa, en 2010, con la represión de la misma Gendarmería Nacional que finalizó con la muerte del qom Roberto López; la represión Paichil Antriao en 2009 con las cenizas de los hogares mapuches y los ojos moreteados por los palos gendarmes; y la ocurrida en el Lof en Resistencia Cushamen en la que asesinaron a Santiago Maldonado, son algunos ejemplos con la ley en plena vigencia.

A los días de aprobada la prórroga ocurrió el violento intento de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi. La nueva prórroga ya tiene un muerto, Rafael Nahuel.

Si la prórroga es planteada como un cambio de paradigma en la mirada del Estado sobre los pueblos indígenas será un error. Los discursos mediáticos no se frenan con la ley. Los desalojos muchas veces tampoco. Las discusiones deben ser más profundas. Por ejemplo, en el avance del reconocimiento efectivo de la propiedad indígena de la tierra y de las entregas de títulos comunitarios a las comunidades.

Si los mapuches siguen siendo “chilenos, usurpadores o terroristas”, la ley no alcanza.

Si grupos económicos concentrados como Benetton, IRSA o Grobocopatel siguen adquiriendo tierras y corriendo la frontera agropecuaria “legalmente”, la ley no alcanza.

Si el glifosato de Bayer/Monsanto sigue bañando los territorios, la ley no alcanza.

Si el fracking es la práctica del futuro (y del presente) o si la minería a cielo abierto y a gran escala es la norma, la ley no alcanza.

La lógica planteada responde al modo en que se construyó el Estado-nación a partir de un genocidio que no está puesto en debate y que sigue considerando a los pueblos indígenas como sujetos con accesos restringidos a ciertos derechos ya reconocidos por ley.

El violento proceso mediante el cual se sometió a los pueblos indígenas tiene aún consecuencias en el presente y es el que retroalimenta una situación de subalternidad. La desigualdad en el modo en que como sociedad conceptualizamos al indígena continúa teniendo raíces en ese genocidio constituyente. Ese genocidio sigue obturando la manera en que el Estado reconoce (o no) a las comunidades originarias.

Reconocer el genocidio como un proceso de largo plazo implica poder comprender el complejo desarrollo de una relación marcada por la negación, el despojo y la violencia.

Las comunidades indígenas no son “pobres” porque sí, no tienen los índices socioeconómicos y sanitarios más bajos del país como grupo social porque sí. Este presente se explica en un proceso histórico y ese mismo proceso histórico es el que explica que sea tan difícil discutirlo en la actualidad.

Mientras no se dé ese debate, las identidades indígenas seguirán siendo “sospechosas”, sus territorios ilegítimos, sus posesiones serán ocupaciones delictivas y la represión quedará como única respuesta de acción.

Más aún en esta reconfiguración política en la que las fuerzas policiales tienen la libertad propia de la lógica del mercado. El mantra filosófico del laissez faire, laissez passer. Un “dejar hacer” que en los términos actuales del ejercicio de la violencia represiva está significando un recrudecimiento voraz de la criminalización de la protesta con un carácter disciplinador para el conjunto de la sociedad.

La versión final de este articulo fue entregada y aceptada el 05/01/2018.

Cómo citar este artículo:

Marcelo Musante. "La represión habilitada: indígenas bajo sospecha, fuerzas de seguridad e intereses privados por los territorios ". El búho y la alondra [en línea] Enero / Junio 2018, n° Ciclos y viceversa. Actualizado: 2018-05-03 [citado 2018-05-14].

Disponible en Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/ciclos-y-viceversa/la-represion-habilitada-indigenas-bajo-sospecha-fuerzas-de-seguridad-e. ISSN en trámite.

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