Fotos: Movimiento Justicia y Libertad + Sitio "La Buena Info"
"Tenemos un sueldo que no alcanza para darle de comer a nuestras hijas e hijos, por eso exigimos un aumento acorde al de los precios de alimentos y tarifas", reclamaron en un comunicado desde el Movimiento Justicia y Libertad.
El viernes de la semana pasada habían bloqueado varios de los accesos a la ciudad de La Plata, en reclamo por aumento salarial: la autopista La Plata-Buenos Aires en ambas manos, la salida a la ruta dos -44 y 206-, la ruta 36 a la altura de 520 y el camino centenario.
Se trata de trabajadores y trabajadoras de cooperativas que realizan tareas de mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. Muchos de ellos reciben salarios por debajo de los 5 mil pesos, mientras la línea de indigencia establecida por el INDEC asciende $7.473,63.
"Si no te gusta no firmes el contrato"
Denuncian que, desde hace un mes, el municipio ha suspendido reiteradamente reuniones, sin convocarlos para destrabar un conflicto que es resultado del planteo de la gestión municipal de que renovarán los contratos sin dar ningún tipo de aumento salarial.
"Ante nuestro reclamo recibimos 0% de aumento como propuesta", señalaron en relación a la respuesta intransigente de la gestión municipal encabezada por intendente del PRO Juio Garro. "No podemos permitir que jueguen con la necesidad de trabajar de más de mil familias, a quienes extorsionan con la frase que ya conocemos cuando falta el laburo: "si no te gusta no firmes el contrato"".
En ese marco, cooperativistas nucleados en el Movimiento Justicia y Libertad (CTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, La Falcone, la CTD Aníbal Verón, Izquierda Latinoamericana Socialista, Copesy y ADDHES, marcharon desde Plaza San Martín hasta el municipio, donde montaron un acampe en el que permanecerán toda la noche de hoy.
-se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad,
-la Suprema Corte genere directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal, controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares inhabilitados, dictada por ese mismo tribunal en diciembre de 2015 e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles o degradantes que se registran en el sistema de encierro.
Las decisiones de política criminal de las autoridades de la provincia de Buenos Aires agravaron una situación que ya era crítica y que está produciendo un récord histórico de sobrepoblación y hacinamiento.
Entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas detenidas pasó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes en cárceles, alcaidías y comisarías. Una de las consecuencias de este crecimiento es la cantidad de personas alojadas en las comisarías, que se duplicó entre diciembre de 2015 y julio de 2018. Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia reconocen que los camastros disponibles en cada comisaría están ocupados y que hay un 246% de sobreocupación. A esto último se suma que del informe presentado por el Poder Ejecutivo se desprende que el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios, lo que significa que se encuentran latentes las condiciones de posibilidad para que hechos como la masacre de Pergamino, vuelvan a ocurrir.
A la sobrepoblación y el hacinamiento crecientes se suman la persistencia de la tortura y los malos tratos y las pésimas condiciones de salud que caracterizan a las cárceles de la provincia.
La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS son peticionarios de las medidas cautelares dictadas en 2012 y 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron que se resguarde la vida e integridad física de las personas detenidas en las cárceles y comisarías bonaerenses. Además, en los últimos dos años, tanto la CIDH como el Relator contra la tortura y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señalaron la crisis humanitaria que atraviesa la provincia. Pese a estas intervenciones de organismos del sistema interamericano y universal, el gobierno de la provincia no solo no reduce la cantidad de detenidos sino que toma decisiones que la aumentarán, como la de proponer una reforma regresiva del Código Procesal Penal.
]]>Fotos: Rocío Tagliabue
Junto al Centro Cultural y Político AwkaChe, familiares, amigos y organizaciones que integran la asamblea “Buscamos a Johana Ramallo”realizaron un mural en la esquina de 1 y 63, en La Plata, donde Johana fue vista por última vez el 26 de julio del año pasado.
El próximo 26 realizarán una movilización a la casa de gobierno provincial. La convocatoria fue anunciada para las 16 hs y partirá de la esquina de 1 y 63, previéndose su paso por la Comisaría Novena (con jurisdicción en la zona en que Johana fue vista por última vez) y por la sede de los Tribunales Federales de La Plata, donde tramita la causa a partir de que se denunciara su desaparición como delito de trata de personas.
Artículo anterior: Convocatoria a mural por Johana
En efecto, el jueves 12 de julio, luego de casi tres meses de paritaria cerrada unilateralmente de parte de la gobernadora Vidal, la Celeste se vio obligada a convocar a reuniones de delegados para resolver un plan de acción.
Las reuniones de delegados se efectuaron en un clima creciente de bronca, que ya se había expresado el viernes 6 de julio con una rebelión docente ante el no pago del salario de parte de la patronal, en lo que fue un paro de hecho.
La reacción de los trabajadores de la educación se explica, además, porque Vidal está desenvolviendo un ataque histórico contra la educación: cierre de Bachilleratos de Adultos, de escuelas enteras, disolución de la educación especial, desmantelamiento de los Equipos de Orientación Escolar, intento de modificar el régimen laboral de los docentes de educación física y la validez de los títulos habilitantes de quienes ejercen dicha profesión, reducción por maniobras diversas de las plantas funcionales de las escuelas. Es decir, reforma laboral, despidos encubiertos, desmantelamiento educativo y salario congelado desde 2017.
En este clima, las reuniones de delegados votaron mayoritariamente no iniciar las clases con 72 horas de paro con continuidad, lo que ya había sido resuelto por los Sutebas Multicolores en sus asambleas.
Frente al pasmoso inmovilismo de Baradel y cía, la base docente volvió a señalar un rumbo para quebrar la provocación constante de Vidal: ir resueltamente a la huelga.
Al día siguiente, el viernes 13 de julio, en la reunión de secretarios generales, presionado por los sutebas multicolores, Baradel aceptó votar las 72 horas de huelga sin condicionar su realización a lo que planteen los demás gremios del llamado Frente de Unidad Docente (FEB, Sadop, Udocba, Amet).
Marcha atrás
Sin embargo, apenas concluida la reunión de secretarios generales, en la conferencia de prensa, Baradel anunció que no realizaría el paro ya votado, justificado en una convocatoria de último momento del gobierno para discutir paritarias el 23 de julio, con toda la docencia en receso invernal.
En un hecho bochornoso, Baradel levantó, violando las resoluciones de los congresos de delegados, un paro que jamás llegó a convocar.
Colaboracionismo consciente
La aparición de una reunión de última instancia para enterrar la huelga ya votada se justificó en una resolución de la justicia bonaerense que, en respuesta a un planteo presentado por el FUD, le exige a Vidal que convoque a los gremios. Una maniobra conjunta de la justicia, la burocracia sindical y la patronal.
Pero Vidal ya declaró públicamente lo que les va a ofrecer a los burócratas sindicales docentes: que “en el mes de julio los docentes van a cobrar con un quince por ciento de aumento” (Diario Líder, 12/7).
¡ La mitad de lo que Baradel reclama de palabra, y ni una sola vuelta atrás de todos los atropellos sufridos por la docencia!
El levantamiento provisional del paro a expensas de lo que se discuta en la reunión paritaria del 23 es un golpe expreso de toda la burocracia sindical del FUD a la tendencia a la huelga que anida en la docencia, que debemos derrotar redoblando la organización del paro de 72 horas. También un acto de divisionismo enorme, porque los docentes universitarios del país también han votado huelga de no inicio, ante el congelamiento de la paritaria docente universitaria y el anuncio de un ajuste multimillonario del gobierno macrista contra la Universidad. Lo mismo han hecho los docentes de Ademys, que votaron 48 horas de no inicio.
Es la política sistemática sostenida por la dirección de Ctera desde el comienzo del año, resguardando la gobernabilidad de Macri y de todos los gobernadores. La última acción de salvataje del ajuste antiobrero fue la entrega de parte de la dirección celeste de Atech de la lucha de los docentes y estatales de Chubut, junto a todo el pejotismo de la CGT local: aceptaron el 15 por ciento de aumento ofrecido por el gobierno represor de Mariano Arcioni y desmontaron los paros en curso.
Los sutebas multicolores mantienen el no inicio
El plenario provincial de delegados de escuela convocado por los Sutebas combativos el jueves 12 de julio votó llevar a cabo el no inicio aún si la burocracia celeste lo boicoteaba.
Si se empeñan en el levantamiento del paro, Baradel y el FUD pagarán caro su intención de quebrar la lucha de los docentes bonaerenses.
¡Sobran motivos y energías para salir a la huelga!
Llamamos al conjunto de los trabajadores de la educación a organizar y garantizar el no inicio con continuidad desde el próximo 30 de julio.
]]>Trabajadoras afiliadas a distintos gremios integrantes de la CTA-A se reunieron el viernes 13 en la sede de ATE provincia de Buenos Aires, en una asamblea convocada por trabajadoras que integran el espacio de género de la Asociación de Trabajadores del Estado en La Plata, activistas y referentes de las comisiones de género de distintas dependencias estatales.
Además de las estatales nucleadas en ATE, participaron trabajadoras del Poder Judicial afiliadas a la AJB y trabajadoras de salud nucleadas en Cicop, que coincidieron en lo que fue la preocupación central de la asamblea: la falta de respuestas de la CTA-A ante el pedido de postergación de las elecciones de la Central, estipuladas para el 8 de agosto, cuando el Senado Nacional tratará la ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Vamos a una enorme batalla el 8, que es mucho mayor que la del 13, y eso lo vemos todos los días en la calle y en los medios de comunicación. Acá nos reunimos para ver cómo nos preparamos para el 8, pero sería en vano si no podemos estar el 8”, remarcó María Inés Uro, trabajadora de la Dirección General de Cultura y Educación e integrante de la Junta Interna del sector, en relación a la necesidad del paro y movilización.
Desde la verde Anusate, sector que conduce el gremio de estatales y que en las elecciones de la CTA-A está representada por la Lista 1 “Germán Abdala”, ratificaron que las elecciones no serán postergadas, amparándose en supuestos problemas estatutarios (art. 30 del estatuto de la central sobre la convocatoria a elecciones), y “aclararon” que ni ATE ni la CTA-A convocarán a paro cuando se trate el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito.
Es de destacar que la convocatoria a la asamblea fue resultado de una reunión, en la semana previa, del espacio de género de ATE, en la cual el sector que conduce el gremio había realizado el mismo planteo y que se había solicitado una respuesta por escrito donde constaran los argumentos de la Mesa Nacional para rechazar el pedido de postergación de la elección que el pasado 3 de julio realizó la Lista 6 “Multicolor”.
Nada de esto sucedió y, pese a los argumentos esgrimidos, en distintas intervenciones quedó en claro que el artículo del estatuto referido, establece los plazos para convocar a elecciones pero no legisla sobre la postergación.
“Quiero comprender qué es lo que está pasando acá adentro desde que llegamos y por qué partimos de cero de nuevo. Porque una de las cosas que se pidió el viernes pasado era que hoy se viniera con el pronunciamiento escrito de los compañeros de tal o cual sindicato que se oponen a la postergación de la elección. No se dio eso ni se dio un dictamen de la junta electoral para dar respuesta a este reclamo, por lo tanto se está multiplicando el reclamo”, planteó al comenzar su intervención Yamile Almeida de la Junta Interna de Desarrollo Social.
Referentes de la Multicolor ratificaron su voluntad de realizar un acta acuerdo con la lista oficialista ante el Ministerio de Trabajo, acordando postergar por pocos días la elección. Antecedentes de elecciones en otros organismos gremiales dan cuenta de que, existiendo acuerdo entre listas, la postergación es legalmente viable y que, en este caso, podría realizarse en plazos cortos que no impliquen problemas de fueros para los integrantes de la actual conducción.
“Hay dos listas en la CTA y nosotras, que integramos una de ellas, hicimos un planteo concreto como lista de pedido de postergación de las elecciones. Si hubiese voluntad política de la otra lista, por acuerdo de ambas listas podríamos hacerlo. La batalla por el aborto legal está en nuestras manos y es contradictoria con las elecciones. Podemos mirar pasar la película o podemos proponer medidas activas para que eso se corrija. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacerlo. Y si no estamos a tiempo, compañeras, habrá que explicar por qué se dejaron vencer los tiempos sin ver esta batalla como central. Habrá que explicar por qué hubo tiempos legales que se dejaron correr y no se actuó sabiendo que el 8 se debatía que el aborto sea ley. Yo creo que no es así, que estamos a tiempo, que por acuerdo de ambas listas podemos presentar el pedido de prórroga”, reafirmó Luana Simioni de la Junta Interna de IOMA.
La negativa intransigente de ATE y de la Mesa Directiva Nacional de la CTA-A a postergar la elección, comienza a ser vista por muchas trabajadoras y trabajadores afiliados al gremio no como una restricción de estatutos sino como una definición política enmarcada en hechos recientes de claro acercamiento del gremio a la Iglesia Católica. Sin dudas, podrían nombrarse otros hechos anteriores, pero en el contexto actual, esta negativa del gremio no hace más que resonar la participación de Hugo “Cachorro” Godoy en la reunión Episcopal en Mar del Plata junto a Vidal y en la asunción del nuevo arzobispo de La Plata Víctor Manuel Fernández, quien hace pocos días pidió públicamente que Macri vete la ley por el aborto legal en caso de ser aprobada en el Senado.
“Me preocupa el pronunciamiento que tuvo ATE el 13 de junio y que no lo va a tener el 8. No sólo que no colabora, sino que es contraproducente. Del 13 de junio para acá hubo cada vez más definiciones y no hay más lugar para tibios. Yo celebré que ATE tomara la definición del paro el 13 y que hoy no lo haga es contraproducente. Me preocupa que no se pronuncie políticamente llamando a un paro como lo hizo el 13 ¿qué pasó en el medio? Me parece grave que si antes llamaron a paro ahora no lo hagan, sobre todo habiendo compartido cierto espacios con la Iglesia”, manifestó Susana del Ministerio de Infraestructura.
Muchas de las trabajadoras hicieron hincapié en la falta de definiciones claras del gremio, que no traen buenos augurios en el marco de la feroz compaña contra el derecho a decidir que impulsan la Iglesia y sectores reaccionarios desde la media sanción en la Cámara de Diputados. Ante esta situación, reclamaron que el 8 de agosto los esfuerzos deben estar puestos en garantizar la movilización y la seguridad de cientos de miles al Congreso para que el aborto legal sea ley.
Después de más de más de veinte intervenciones, y habiendo transcurrido ya más de dos horas de asamblea, referentes del sector oficialista tomaron la palabra para ratificar que no se cambiaría la fecha de la elección de la CTA y que tampoco se convocaría a paro.
Cerrando las intervenciones, Luana Simioni se refirió a los argumentos estatutarios y reiteró la propuesta de la Multicolor de acordar entre listas la prórroga de la elección: “Me parece que ustedes tienen que hacerse cargo de que es una cuestión política escondida detrás de una cuestión estatutaria que no existe. Porque no existe que, para cambiar un día o una semana la fecha, tengamos que volver a foja cero y haya que contar los cuarenta y cinco días otra vez. Eso es una maniobra, un fantasma de ilegalidad, que nos quieren cargar en la mochila y si ustedes se lo creen yo lo lamento. Las mujeres somos un movimiento instituyente, creamos historia, sentamos precedente y lo podemos hacer en la Central también, moviendo la fecha una semana por acuerdo de listas ratificado en el Ministerio de Trabajo”.
“El que quiera ponerse de cara al movimiento de mujeres, que se atenga a las consecuencias. Si el Ministerio de Trabajo, Michelli o como se llame, quiere desconocer o quiere llegar la vía legal porque el sindicato, poniéndose a la altura del movimiento de mujeres, quiere cambiar la fecha de elección, que se atengan a las consecuencias porque el movimiento de mujeres va a estar respaldando esa decisión. Yo encabezo la lista de La Plata, quiero que mis compañeros voten, quiero que voten la propuesta de la Multicolor y quiero estar ese día garantizando la elección desde que empieza hasta que termina. Pero se vota el aborto, compañeras. Y está mal que nos pongan en la situación de elegir, porque vamos a elegir el aborto, vamos a elegir hacer historia. El sindicato y la central están a tiempo de no cometer el error de darle la espalda al movimiento de mujeres, y se los decimos como casi un consejo entre compañeras: tienen la oportunidad de no darle la espalda al movimiento de mujeres”, concluyó.
Cerca de las nueve de la noche y siguiendo el objetivo inicial de la convocatoria definida en el espacio de género de ATE, las trabajadoras presentes decidieron que el encuentro fuera resolutivo. A mano alzada y por unanimidad, sin votos en contra y con solo ocho compañeras que no votaron (ni se abstuvieron ni votaron negativa o positivamente), las trabajadoras votaron un pronunciamiento por la postergación de las elecciones y la exigencia a ATE de un paro para el día 8 respetando lo que fue votado por unanimidad en la Asamblea de afiliados de La Plata/CDP en abril de este año.
Además, resolvieron por unanimidad exigir al Consejo Directivo Provincial de ATE y, por su intermedio, al Consejo Directivo Nacional, un paro nacional de estatales para el 8A; solicitar una entrevista a los dirigentes de la CTA Autónoma; e impulsar un pañuelazo frente a la sede de la Central en Capital Federal.
La actividad se realizó frente a los Tribunales Federales de La Plata, ubicados en 8 y 50, y contó con la participación de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales. Sin avances en la investigación, a días de cumplirse un año de su desaparicion, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo siguen sin dar respuestas concretas en la búsqueda que permitan dar con el paradero de Johana y los responsables de su desaparición.
Desde Justicia Ya La Plata, remarcaron "la necesidad de responder con contundencia al avance represivo del gobierno de Macri, que en su incremento de la represión contra las comunidades de pueblos originarios en lucha desapareció y provocó la muerte de Santiago Maldonado y asesinó a Rafael Nahuel, pero que también avanza en la criminalización de todxs aquellxs que se organizan para detener la extranjerización y el saqueo, y también de quienes se solidarizan con estas luchas".
Al finalizar la conferencia de prensa, se realizó la presentación del recurso ante el Juzgado Federal de La Plata del que es titular el juez Ernesto Kreplak.
Habeas Corpus preventivo contra la persecución de la ministra Bullrich.
BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL
El jueves 12 de julio desde Justicia Ya La Plata estaremos presentando un recurso de Habeas Corpus Preventivo en favor de una compañera militante social y de derechos humanos de La Plata que ha sufrido episodios de amenazas y amedrentamientos, por su solidaridad con la lucha del pueblo mapuche y luego de haber sido mencionada por el Estado nacional en su informe sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.) de diciembre pasado, en una clara secuencia de hechos de criminalización de la protesta social.
Ante aquel injusto señalamiento la compañera había decidido no accionar para preservar a su familia, pero dos hechos graves motivaron ahora esta presentación ante la justicia: entre abril y mayo pasados sufrió dos intrusiones violentas en su casa en momentos de su ausencia, hechos que se parecen más a allanamientos ilegales que a robos comunes. De hecho en ambos episodios no hubo robo de pertenencias sino que le dieron vuelta toda la casa y sólo se llevaron elementos con información personal.
El denominado “Informe R.A.M.” que difundió el Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2017 fue realizado en conjunto por esa cartera nacional y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Es un documento oficial de circulación pública y puede verse en el sitio oficial del gobierno argentino.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf La sola lectura del informe devela cuantiosas tareas de inteligencia de parte de distintos órganos del Estado hacia diversos referentes de las autoridades de pueblos originarios en conflicto por sus reclamos ancestrales sobre el territorio y la autodeterminación, así como evidencia el seguimiento prolongado y detallado sobre distintos militantes y personas que se han solidarizado con esa y otras causas sociales, para vincularlos a todos en el armado de una supuesta red que el Estado pretende criminal, pero que no ha denunciado formalmente con todos los elementos que conlleva una investigación jurídica seria. En términos prácticos, el “informe R.A.M.” ha sido utilizado para intentar justificar las feroces represiones con muertos en el sur del país, y ha servido para realizar persecuciones, falsas denuncias, allanamientos y detenciones ilegales a muchas de las personas mencionadas en el mismo, determinando un claro contexto de persecución y amedrentamiento de personas basándose como única justificación en su actividad política.
En el recurso, a presentarse ante la justicia federal platense, solicitaremos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad ambulatoria y la integridad física de la compañera, y exigiremos que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, aclare inmediatamente toda la información que posee sobre la compañera e informe qué sustento u orden judicial tiene para incluir su nombre en el mencionado informe.
Por todo esto, vemos la necesidad de responder con contundencia al avance represivo del gobierno de Macri, que en su incremento de la represión contra las comunidades de pueblos originarios en lucha desapareció y provocó la muerte de Santiago Maldonado y asesinó a Rafael Nahuel, pero que también avanza en la criminalización de todxs aquellxs que se organizan para detener la extranjerización y el saqueo, y también de quienes solidarizan con estas luchas.
Jueves 12 de julio a las 11 hs en los Tribunales Federales de La Plata (calle 8 y 50) Adhesiones al correo justiciayalp@gmail.com
BASTA DE CRIMINALIZAR A LXS QUE LUCHAN!
LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA!
JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL!
Sin avances en la investigación, a días de cumplirse un año de su desaparicion, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo siguen sin dar respuestas concretas en la búsqueda que permitan dar con el paradero de Johana y los responsables de su desaparición. “Hago responsables a los jueces y fiscales, al Estado y a quienes nos gobiernan de la desaparición de Johana. A ella no la desapareció primero una red de trata sino un Estado cómplice de los proxenetas y narcotraficantes que están en nuestra ciudad”, dijo Marta Ramallo ante centenares de personas el mes pasado, en el marco de la radio abierta realizada frente a los Tribunales Federales. Originariamente la causa fue caratulada como "averiguación de paradero", quedando a cargo de la UFI N° 2 y del Juzgado N° 5 de La Plata, quienes se resistieron a cambiar la carátula a desaparición forzada. Hacia el mes de septiembre del año pasado, se denunció ante los Tribunales Federales la desaparición como delito de trata. Un día después, la fiscal presentó la declinatoria de competencia para que investigue la justicia federal. Desde entonces, la causa se encuentra en manos del quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata Nº 1, a cargo del juez subrogante Ernesto Kreplak y la investigación es llevada a cabo por el fiscal Hernán Schapiro con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La actividad se realizará mañana a partir de las 11 hs en la esquina de 1 y 63 del Barrio El Mondongo de La Plata, donde Johana fue vista por última vez. |