Aun cuando esa acción ilegítima sea producida por una fuerza pública de “seguridad”.
Miembros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina está representando como Defensores a la comunidad mapuche del Pu Lof Lafken Winkul Mapu, que habita en una parte del territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es el mismo lugar donde el Estado Argentino asesinó a Rafael Nahuel.
Es el lugar, y en la misma ocasión, en donde fueron gaseados, esposados y secuestrados los niñitos de la comunidad; hecho que motivó la denuncia internacional contra el Estado argentino que tramita la Gremial.
Los mismos hechos por los que la Gremial defiende judicialmente a las mujeres mapuche y a la Machi Betiana, autoridad espiritual de su Pueblo.
Mismo lugar que estamos tratando de evitar el desalojo pedido una y otra vez por la Fiscal y por la autoridad de parques Nacionales.
Ahora resulta que sólo a partir de distintas informaciones periodísticas que daban cuenta de una supuesta “ocupación” del Hotel Mascardi por parte de la Comunidad, las que eran absolutamente falsas y que evidentemente apuntaban a generar el terreno fértil para una nueva acción represiva, se produjo una nueva agresión.
En el día de ayer ingresaron en el predio del hotel, en forma sorpresiva, cerca de 50 efectivos del grupo Alacrán de la Policía Federal y de Gendarmería, portando armas largas y hasta sierras eléctricas, con la excusa de una inspección ocular en el edificio. ¿¿¿Semejante despliegue para una inspección ocular???
El.objetivo real era otro. Fue atacar al Pu Lof, a las tierras cuyo desalojo se encuentra suspendido y en donde fuera asesinado Rafita. Lo que realmente hicieron no fue ir al hotel sino a un predio bien distinto al que supuestamente debían inspeccionar. Ingresaron sin orden judicial ni petición previa a los moradores. Lanzaron bombas de estruendo, gases lacrimógenos y efectuaron disparos de escopetas.
Esta acción desnuda las verdaderas intenciones de un gobierno que está decidido a hostigar y reprimir al pueblo mapuche para llevar adelante una nueva campaña del desierto en beneficio de los mismos intereses de siempre que, ciertamente, no son los del pueblo argentino.
La Gremial de Abogados no duda en acompañar, justificar y alentar cualquier acción de Resistencia por parte de la Comunidad toda vez que se trató de un legítimo acto de impedir la irrupción violenta de una fuerza armada sin legalidad ni legitimidad alguna.
Si hubo resistencia de la Comunidad, cualquiera sea el medio empleado; si se intentó, aun en disparidad de fuerzas, defender a la comunidad, especialmente a niños y ancianos, de este nuevo acto vandálico; no ha pasado de ser el ejercicio de la legítima defensa, no sólo de personas y bienes, sino de los derechos ancestrales que la propia Constitución reconoce y que no son, por cierto, debidos a ninguna gracia del Estado, sino producto de una Resistencia y una dignidad que se han abierto paso y están de pie.
La ilegitimidad e ilegalidad del accionar de los esbirros, ya de por sí ostentosa, adquiere más profundidad toda vez que un compañero abogado de nuestra Gremial se presentó de inmediato ante el Juzgado Federal, en donde negaron enfáticamente haber dado orden de ingreso al Pu Lof y dijeron no tener informe alguno de las fuerzas ocupantes acerca de enfrentamientos o disparos.
La Gremial en Bariloche acercará al Tribunal los cascos servidos de las municiones y otros elementos.
La Gremial tiene por costumbre, en general, no ir a buscar u ofrecernos a hacernos cargo de una causa, cualquiera que sea. Acudimos sólo si nos llaman y convocan expresamente.
Y todo en la medida de nuestras posibilidades, que son muy escasas en recursos.
Pero cuando actuamos, como en este caso, jamás dudaremos en acompañar a quienes luchan, sea cual fuere el medio empleado.
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COMUNICADO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante la denuncia de la represión de Policía Federal en la zona del Mascardi, cercana a la ciudad de Bariloche. La represión es denunciada por las mujeres de la comunidad, quienes pudieron transmitir la información a través de comunicaciones telefónicas deficientes.
Recordamos que estos sucesos tienen lugar en el territorio donde en noviembre pasado fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Naval Argentina y a días de cumplirse un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Ante la impunidad existente en ambos casos, los organismos de derechos humanos continuamos con el reclamo permanente de justicia junto a las familias.
Exhortamos al Gobierno nacional a que cese de forma inmediata con las acciones represivas contra la comunidad y que garantice la plenitud de derechos en los términos dispuestos por la Constitución Nacional en su art 75 inc. 17, el Convenio 169 de la OIT y demás normativa internacional vigente.
ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO- MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA - ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS - ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MATANZA- H.I.J.O.S. CAPITAL- ASOCIACIÓN BUENA MEMORIA- COMISIÓN MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA ZONA NORTE- FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS- FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LOS 12 DE LA SANTA CRUZ- FUNDACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL ARGENTINA- LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE-
Aunque nadie se detuvo a analizar ese renglón, el "staff report" que difundió con inusual demora el FMI el viernes pasado incluye en sus 125 páginas una exigencia referida a las empresas públicas. Las transferencias del Tesoro a esas compañías, precisa el texto, deberán reducirse en un 15% nominal entre 2018 y 2019. Tamaño ajuste, con una inflación interanual que el INDEC estimó esta semana en 29,5%, es impracticable sin una ola de despidos parecida a la de la agencia estatal de noticias Télam. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Correo lleva recibidos $759 millones en subsidios en los primeros cinco meses del año. Las firmas ignotas que heredaron los trenes metropolitanos de las fallidas gestiones privadas previas (Administradora de RRHH Ferroviario S.E. y Sociedad Operadora Ferroviaria S.E.) insumieron mucho más: $11.084 millones. De los $2.578 que demandó la SOFSE, 80% fue para salarios. Para cumplir con el FMI, maquinistas y guardas deberían cobrar la mitad en 2019. O muchos de ellos perder el empleo.
El caso de Aerolíneas es especialmente complicado. Con el 65% de sus costos dolarizados (combustible, leasing de aviones, repuestos, amortización de deudas y tasas de uso de aeropuertos y de sobrevuelo), la devaluación hizo trizas su ecuación económico-financiera. A principios de año Dietrich fijó un tope para su subsidio de 90 millones de dólares ($1.800 millones de entonces), de lo cual fuentes de la compañía sostienen que ya consumió cerca del 80%. Pero además, con el barril de petróleo un 43% más caro (¡en dólares!) que el promedio de 2017, el gasto en combustible se disparó. Sus ingresos propios tampoco ayudaron: aunque el año arrancó bien, en el primer semestre transportó 7% menos pasajeros de cabotaje y 2% menos internacionales que lo previsto en su presupuesto. La ganancia por pasaje promedio fue inferior a la del último ejercicio K. Los vuelos también despegan con más asientos vacíos: de un factor de ocupación del 80% en la primera mitad de 2017 bajó al 78% en la primera mitad de 2018.
El presidente de Aerolíneas, Mario DellAcqua, quien pasará en los próximos días al frente de ENARSA pero mantendrá su cargo allí, se lanzó a un raíd de denuncia contra los pilotos, a quienes acusó de violar el Código Aeronáutico por leer ese mensaje desde sus cabinas. La idea fue de un editor retirado del diario Clarín, recién incorporado a su staff directivo como vocero, quien arrimó a la prensa oficialista el video donde se oye a un comandante lanzar su proclama contra las low-cost, convenientemente editada para que no se escucharan los aplausos con los que respondió el pasaje.
Ayer, Dietrich volvió a sorprender con una movida que promete crispar los nervios en el aire: reemplazó al jefe de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que maneja las torres de control, por un comandante de Austral, Gabriel Giannotti, asesor de DellAcqua y enemigo del gremio de los pilotos. ¿Será verdad que, como suponen los gremios, el Gobierno no quiere volver a pagar el costo político de anunciar despidos masivos como en Télam, sin un conflicto gremial de magnitud que le sirva para justificarlo ante la opinión pública y la Justicia?
Pan y rosas
La consigna "todos somos Aerolíneas", acuñada en el 2000 por los aeronáuticos cuando la SEPI española se disponía a liquidar la línea de bandera, mantiene su vigencia en un país cuya población todavía se muestra más partidaria de un Estado interventor que ninguna otra de América latina. Pero no solo se trata de sentimientos: DellAcqua tardó tanto en actualizar los precios en pesos de sus pasajes internacionales durante la corrida cambiaria que una multitud de viajeros y agentes turísticos compraron centenares de boletos a precio "viejo" y se hicieron de dólares hasta un 20% subsidiados. ¿Cuántos maleteros habría evitado despedir en los próximos meses si hubiera jugado con los mismos reflejos que mostró en sus más de 30 años en Techint?
Son esas ineficiencias las que en el Fondo no pueden entender. Como tampoco aceptan que sigan bajando las retenciones a la exportación de granos en plena crisis. El razonamiento que hacen en la calle 19 es inapelable: los ingresos del fisco, en términos reales, están cayendo. Nicolás Dujovne celebró ayer que, en el primer semestre, el gasto en pesos creció 19,3% y la recaudación un 26,3%. Pero la inflación interanual del 29,5% supera ambas evoluciones. Y al Fondo no le alcanza con ver que el déficit baja. Exige un horizonte de repago de los us$ 15.000 millones del desembolso inicial antes de girar los 35.000 millones adicionales que Macri, Dujovne y Caputo dieron por hechos, pero que el reporte del viernes pasado reveló que solo se firmaron de modo "precautorio".
Por la rebaja de las retenciones, el Fondo estima que el fisco sacrificó como mínimo u$s 5.500 millones desde que asumió Macri. Pero la forma en que las bajó el Gobierno, además, mostró su peor cara cuando el INDEC dio cuenta de que solo durante junio la harina aumentó de precio un 25% y el pan, un 10%. La quita inmediata de las retenciones al trigo y al maíz generó una diferencia de rentabilidad inédita respecto de la soja. Eso explica que, según datos del Ministerio de Agroindustria, la superficie sembrada con trigo haya crecido un 41% y la de soja haya caído durante dos años seguidos. Y que igual el pan se haya alejado de la mesa de los argentinos.
El Gobierno tampoco se muestra muy interesado en cobrarles impuestos a quienes los dejaron debiendo. Si activara las más de 9.000 causas que tiene pendientes el Tribunal Fiscal, por ejemplo, podría aspirar a recuperar unos $82.000 millones en recaudación al tipo de cambio actual. Son tasas aduaneras que no pagó algún importador, redeterminaciones de impuestos pendientes, vencimientos y multas que evadieron empresas o particulares y otros agujeros por los que se escurren los fondos públicos. Es el cuádruple de lo que anunció con bombos y platillos que ahorrará recortando viáticos, asesores y pasajes a los funcionarios. Claro que, para eso, debería haber más técnicos y administrativos en el Tribunal y no menos.
Preguntas frecuentes
La esperanza oficial está cifrada en repetir la secuencia de 2016 y 2017: un año de caída después de la "normalización" y otro de recuperación, coronado por un triunfo electoral. Pero el razonamiento hace abstracción de que ya no es tan fácil echar culpas y de que esta crisis se sentirá más, porque la devaluación fue mayor, las supertasas de interés que frenan una suba mayor del dólar ahogan el consumo y el poder adquisitivo ya viene golpeado. En 2016, además, el oficialismo tenía el crédito internacional abierto y aún transitaba un romance con la mitad de la sociedad y todo el establishment. Lo único que sigue intacto es la dispersión opositora.
Anoche, en el aniversario de la Bolsa de Comercio, el aplauso que coronó el discurso del Presidente en el viejo recinto fue tibio. No había ni rastros del entusiasmo del año pasado. Y no fue solo por los millones que perdieron los operadores con menos reflejos a la hora de bajarse de la bicicleta financiera junto a los grandes fondos globales. Faltaban mística y futuro. Como en la conferencia de prensa de anteayer en Olivos, no había anuncios para hacer ni horizontes que trazar.
El mundo de los negocios sabe que la dialéctica de las crisis económica y política que atraviesa el Gobierno adquirió un ritmo vertiginoso. La interna sin cuartel que disparó el caso de los cientos de aportantes truchos a la campaña bonaerense de Cambiemos recién empieza a mostrar sus consecuencias. Cuando Christine Lagarde abandone el país, el lunes, quizá se precipiten nuevos cambios de figuritas. Mientras tanto, Macri pidió tener la fiesta en paz.
]]>Antes de iniciar la feria judicial por vacaciones de invierno, el “Tercer Poder del Estado” dejó una muy buena noticia para los derechos de los pueblos originarios.
En abril, el Juez de Garantías N°5 de Tigre, Diego Martínez, rechazó desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí al considerar que no hay “delito de usurpación”, por lo que resolvió “no hacer lugar al lanzamiento y reintegro” solicitado por el empresario Jorge O’Reilly.
El presidente de la desarrolladora de barrios privados EIDICO cambió de abogado y presentó un recurso para revertir el fallo. Pero en junio, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, declaró inadmisible el recurso porque “las referencias genéricas apuntadas son insuficientes para tener por acreditado efectivamente cual es el gravamen de imposible reparación posterior de la decisión que se pretende poner en crisis”.
Desde hace más de una década, Jorge O’Reilly quiere adueñarse del territorio ancestral y comunitario de los pueblos originarios, rodeado por sus megaemprendimientos de barrios náuticos. En diciembre de 2016 el presidente de EIDICO inició un juicio penal por “usurpación” contra dos integrantes de la comunidad y poco meses después impulsó una demanda civil de desalojo, un “interdicto de recobrar”.
En este segundo proceso, en octubre del año pasado tuvo un primer traspié: la Justicia Civil y Comercial N°16 de San Isidro reconoció la existencia de la Comunidad Indígena Punta Querandí y su derecho a defenderse colectivamente.
Con respecto a la posesión de las tierras, en su fallo del 3 de abril de 2018, el titular del Juzgado de Garantías N°5 de Tigre evaluó: “No logro advertir que de la prueba recopilada se pueda acreditar que los imputados hayan despojado o turbado de la posesión legitima del bien inmueble a la firma San Atanasio, así como tampoco se habría conformado alguna de las modalidades delictuales que el articulo 181 del CP establece”. A estos se refiere violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad.
Por el contrario, el juez Diego Martínez consideró que “no se ha logrado acreditar por parte del denunciante que la posesión que detenta sea libre y pacifica antes de que se inicie esta investigación penal”. Esta razón “resulta por demás suficiente para no hacer lugar a la medida pretendida”.
“No se han demostrado con el grado de probabilidad que esta instancia me requiere, los extremos invocados en la denuncia en cuanto a la posesión –por demás controvertida en este proceso y los dos restantes ya enunciados – y la modalidad del artículo de mención que se le reprocha a Badano y Callamullo [miembros de la comunidad] para configurar el despojo”, expresó.
También existe un tercer juicio en el Juzgado Contencioso Administrativo de San Isidro, donde recientemente aceptaron como co-actores a miembros de la Comunidad indígena Punta Querandí, otro argumento del magistrado Diego Martínez para hablar de la “magnitud del conflicto que enfrentamos, el que excede el marco de la investigación que se lleva a cabo en esta sede penal”.
LAS PRUEBAS DE O’REILLY: EN SU CONTRA
El fallo de Primera Instancia de la Justicia Provincial Penal se sustenta en documentaciones aportadas por la misma empresa. Del análisis de estos materiales, el juez destaca que “San Atanasio tomó efectivamente la posesión del bien en litigio con fecha 27 de febrero de 2014”. Por el contrario, las pruebas presentadas por O’Reilly tienen continuas referencias a una posesión del territorio en manos de la comunidad.
Ejemplos abundan:
– El abogado de San Atanasio afirma que “había una construcción precaria sobre la calle Brasil, que data del 2010, sin población estable, pero solía ir y venir las personas que eran de la supuesta comunidad indígena”.
– El agrimensor contratado por EIDICO en el 2015 para mensurar las tierras, Armando José Zarini, menciona que “había algunas edificaciones precarias sobre lo que era la antigua zona del ferrocarril”, menciona una “una especie de guardia permanente en el predio” y también dice claramente que había “un área despejada que permitía el acceso desde la calle Brasil”.
– El trabajador de la empresa, Juan Carlos Moyano, señala la falta de alambrado perimetral y menciona a los “indios” los cuales dice que en los últimos años “iban y venían”.
– El arqueólogo Daniel Loponte (contratado por O’Reilly) en su testimonio también se refiere a que el predio no tenía alambrado, al contrario de lo que afirma el empresario.
En los fundamentos de su fallo, el juez citó algunos párrafos de la contestación de demanda realizada por la Comunidad Indígena Punta Querandí en el juicio civil de desalojo. Allí la entidad de pueblos originarios explica que “ocupa, habita y posee el territorio” y que “de forma absolutamente pública, realizan distintos actores posesorios” (desde el 2004), mientras que por el contrario “San Atanasio no tuvo ni tiene la posesión de las tierras que la parte demandada ocupa, y no fueron víctimas de despojo alguno con violencia o clandestinidad o sin ella, dado que nadie puede despojar a otro de lo que no posee”.
DEBE RESOLVER LA JUSTICIA CIVIL
El juez Diego Martínez fue claro en señalar que en este tipo de casos debe intervenir el fuero civil. “Se vislumbra con total claridad que la posesión del bien inmueble en disputa, es por demás controvertida, ya que se encuentran interviniendo en una única problemática tres magistrados de distintos fueros en distintas acciones intentadas para lograr un fin único que sería recuperar la porción de tierra que a criterio del particular damnificado (San Atanasio) ha sido despojada”, expresó en su fallo.
Por tal motivo, el magistrado consideró que cualquier resolución adoptada “podría superponerse con el ejercicio de la competencia de otro de los magistrados mencionados”, o “podrían suscitarse resoluciones contradictorias que en vez de arrojar luz al problema, tan solo lo agravaría”.
Otro argumento es que la Defensoría del Pueblo de la Provincia ha requerido la aplicación de la ley 26.160 que suspende los desalojos, “extremo que aún no ha tenido pronunciamiento por parte del Magistrado abocado al conocimiento de ese interdicto”, resaltó el juez Diego Martinez.
En definitiva, para el titular del Juzgado de Garantías Nº5, en los dos juicios civiles “las partes poseen más amplias facultades para invocar y hacer sus derechos, tales como la propiedad privada como el derecho de los pueblos originarios sobre tierras de interés arqueológico, que han merecido hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo”.
RECURSO RECHAZADO EN SEGUNDA INSTANCIA
El empresario Jorge O’Reilly cambió de abogado penalista y puso al letrado mediático Tomás Farini Duggan, querellante en la Causa Nisman. El 20 de abril, San Atanasio apeló el fallo del juez Diego Martínez, planteó ser víctima del “abandono” de las autoridades y agregó: “A pesar de las numerosas denuncias y presentaciones, nada se hizo (desde el Estado), para detener el criminal proceder de los endilgados y ello, lógicamente, los alentó a continuar incrementando el despojo”. Además afirmó que no desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí “fomentará la creencia de que las circunstancias personales de los imputados -quienes se auto proclaman defensores de los derechos de los pueblos originarios, para perpetrar los delitos denunciados- los exime de toda responsabilidad criminal”.
Sin embargo, la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, con fecha 7 de junio, fue “declarar inadmisible el recurso de apelación que fuera interpuesto contra el auto del Juez titular del Juzgado de Garantías Nº5, por el cual se dispuso no hacer lugar a el pedido de lanzamiento peticionado”.
Los camaristas basaron su decisión en la falta de un “gravamen (daño) irreparable”, un aspecto excluyente para establecer si es admisible el recurso de apelación. El Tribunal expresó que “las referencias genéricas apuntadas son insuficientes para tener por acreditado efectivamente cual es el gravamen de imposible reparación posterior de la decisión que se pretende poner en crisis”.
Con ambas resoluciones judiciales, el empresario sufrió otra derrota en su estrategia de criminalizar a los miembros de Punta Querandí y desalojarlos de su territorio sagrado y comunitario, donde desarrollan su vida cultural y espiritual, y donde numerosas escuelas públicas y privadas participan de las enseñanzas mediante visitas educativas con alumnos de distintos niveles y edades.
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