La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013: 

Sigue vigente el modelo de los 90

Laura Marrone
laura.marrone88@gmail.com

Cuando se aprobó la Ley del Presupuesto Nacional 2013 en noviembre de este año, poco se dijo sobre  educación. El hábil discurso de la Sra. Presidente y la colaboración silenciosa de CTERA ha dejado flotando  la sensación de que en los últimos años el aumento a educación es sustancial y que,  el reclamo docente es, esta vez,  un injusto y corporativo. Durante el año que pasó pocos gremios sufrieron  tantos ataques de la Presidencia de la Nación como lo fue la docencia.

En cada jurisdicción,  en cambio, hubo cuestionamientos a la distribución de los presupuestos locales para educación que, en general,  fueron inferiores a la inflación. A tal fin colaboraron las direcciones sindicales locales afines a la dirección de CTERA que operan contra algunos  gobiernos locales según sean sus vínculos con el Gobierno Nacional.  Sin embargo, discutir la cuestión del financiamiento educativo en los marcos de cada jurisdicción, sin mirar lo que ocurre con el presupuesto educativo nacional, es esquivar los problemas.  El derecho a la educación  es responsabilidad tanto de los Gobiernos jurisdiccionales como de la Nación.

La existencia de un Ministerio Nacional sin escuelas, que solo destina fondos  para las  universidades, el Fondo de Incentivo Docente  y  las políticas educativas centralizadas, es una herencia de las reformas neoliberales de los 90 que la nueva Ley de Educación Nacional Nº 26206 (2006)  no modificó. La transferencia de escuelas medias  a las jurisdicciones en el año 92 completó el ciclo iniciado por la Dictadura en el 78 que transfirió las escuelas primarias.  De este modo, el estado nacional se ajustó al diseño del FMI que exigía que éste se desentendiera del  financiamiento educativo para así poder pagar la deuda externa.

 Ese esquema continúa aún hoy. Cuando la Presidenta habla de que se llegó al 6,4% del PBI para educación, superando la meta propuesta del 6% para el 2010, olvida decir que no lo aporta Nación ya que ésta sólo destinó  5,7% de su presupuesto al sistema educativo formal que  maneja el Ministerio de Educación  en el 2012 y que aportaría  solo 5,5% en el 2013. Estos montos rondan apenas  el 1,45% del PBI. Si hablamos de fondos destinados por la Nación a la finalidad educación, lo que incluye lo destinado por cada ministerio nacional a educación (planes de capacitación de personal, cursos de formación profesional que organiza Ministerio de Trabajo y los sindicatos afines, entre otros),  el monto asciende a poco más del 2,2%.del PBI. Si consideramos que la inflación está subestimada ya que se prevé poco más del  10,8 % en la nueva Ley de Presupuesto y que, en términos porcentuales,  hay una reducción del 0,2%  para educación,  en el 2013 habrá menos plata para educación desde el Gobierno nacional. 

En el 2006, antes de la nueva Ley de Educación,  el G.E.C. (Gasto Educativo Consolidado: Nación + Jurisdicciones) se repartía de la siguiente manera: 26% lo aportaba la Nación y 74% las provincias y C.a.B.A. La Ley de Financiamiento anunció que modificaría esta relación para el 2010,  haciendo que Nación aportara el 40% y las provincias y capital, el 60%. No se cumplió.  En el 2012 Nación aportó el 30% y las jurisdicciones siguen siendo las que deben sostener la educación con el 70%. 

Esto lleva a situaciones de enorme desigualdad de hasta 1 a $ 5 por alumna/o según el lugar de residencia. Por ejemplo, Provincia de Bs As destina hasta 38% de su presupuesto a Educación y Jujuy el 43,8%!.  A pesar de este esfuerzo en estas provincias, sin embargo,  la inversión por alumna/o en el 2010  fue de las más bajas,  después de Salta, las más baja:  $3,276.  Provincia de Bs As destinó apenas $6.520 en tanto que  Ciudad de Bs As, al otro lado  dela General Paz, invirtió $10682 aunque con un esfuerzo financiero menor: apenas 27% de su presupuesto para educación ese mismo año.(ver Gráfico 1)

Gráfico 1
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIPPEC tomados de CGECSE y  DINIIECE

Pero además de la desigualdad en el cumplimiento del derecho que significa que cada estudiante, reciba diferente inversión en educación según los recursos de su lugar de residencia,  persiste el problema del monto total. Si medimos en términos de porcentaje del G.E.C., en el 2004 se invirtió el 13,8%, casi lo mismo que hace 50 años: 14%.  (ver Gráfico 2)  O  sea que, a pesar de la extensión del sistema, el incremento de la matrícula y el aumento de los años de escolaridad,  se destina casi la misma proporción de los recursos fiscales totales del país, lo que significa que por alumna/o, salario docente, gastos edilicios o de material son menores en proporción. Posteriormente al 2004 la inversión por alumno solo aumentó el 10%.

Gráfico 2
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIPPEC

Si nos atenemos al porcentaje del PBI, lo que siempre resulta dificultoso pues depende de criterios diversos de medición,  observamos que durante el gobierno de De La Rúa, se invirtió 4,9% del PBI. Dado que estamos en 6,4%, resulta que sólo aumentó el 1,5%.  (ver Gráfico 3).   Pero  además de que el incremento es  bastante menor de lo que los medios oficiales y la propia Presidente pregonan, la cifra sigue sin alcanzar. Brasil se plantea llegar al 10% del PBI en los próximos años, en tanto que Argentina no habla de mejorar. Incluso se reduce pues solo aumenta 18,5% en valores nominales respecto del 2012, por debajo de la inflación estimada en 24%. 

Por su parte UTE-CTERA sólo reclama en Ciudad de Bs As que Macri aumente de 27 a 30%  lo destinado a educación. Su política de cogobierno con la Nación lo lleva a no cuestionar la miseria del 5,5% del presupuesto  para el 2013 y acomoda el reclamo en Capital a lo que ya existe en el país: 30% promedio de los presupuestos provinciales. ¿Qué queda para Jujuy o Bs As que superan ampliamente ese porcentaje? 

Gráfico 3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIPPEC

Esta lectura de la cuestión estadística no hace sino confirmar lo que cada docente vive y siente en su escuela y en su bolsillo. Por eso, a 6 años de la Ley de Educación Nacional y de finalización de la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo (metas 2010), es necesario reabrir el debate sobre la cuestión del presupuesto de la educación.

Necesitamos derogar el  actual sistema de financiación. El Estado nacional tiene que volver a hacerse responsable de la educación en todos sus niveles y no sólo en el universitario. El G.E.C. debe ser producto de un esfuerzo compartido entre la nación y las jurisdicciones  al menos en partes iguales. Al mismo tiempo  se debe exigir el incremento del monto total llegando al 25% del G.E.C. o al 10% del PBI. En ambos casos estaríamos logrando aproximadamente 40% de aumento del presupuesto para educación, y  recomponiendo la igualdad del Derecho a la educación en todo el país. Al mismo tiempo, se debe señalar de donde sacar estos mayores fondos. Es menester replantear la política impositiva de modo que se  incrementan los impuestos a las grandes empresas,  y se deje de pagar la usura de la deuda externa. 

Bs As, 23 de diciembre de 2012