Históricamente, exclusión, abandono e indiferencia suelen definir ser indígena en Guatemala, a pesar de constituir hoy más de la mitad de su población.
Los datos disponibles de la última encuesta (2012) sitúan esa cifra en 41 por ciento, pero por su vejez e irregularidades en la toma de datos, es definitivamente engañosa.
Diversos informes de organismos internacionales coinciden en que los pueblos originarios integran en esta nación el gran porcentaje de pobres, extremadamente pobres, desnutridos, analfabetos y con líderes sociales perseguidos sin misericordia.
Generalmente se les mira despectivamente, les dicen ‘indios’ (tontos) y sobreviven en extrema vulnerabilidad.
Son parte de una Guatemala multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven mayas, xinkas y garífunas; pero a la vez, la cara más desigual y discriminada por los gobiernos y sus políticas.
Se reconoce a los mayas como el pueblo más numeroso, conformado por 22 comunidades lingüísticas con predominio para la maya k’iche’, q’eqchi’, kaqchikel y mam. Le siguen los xincas y garífunas.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su concentración es mayoritaria en todo el altiplano central, en el noroccidente y la región norte del país, casi siempre en tierras poco aptas para la agricultura.
Al ser mayoría, deberían tener garantizados sus derechos, pero en pleno siglo XXI, con una mujer indígena Premio Nobel de la Paz (Rigoberta Menchú), el racismo sigue entronizado en una sociedad que valora positivamente la piel blanca y considera menor, la cobriza o morena.
La discriminación estructural ahonda las condiciones de pobreza y la exclusión, que se da desde el acceso a la propiedad de la tierra, a los servicios básicos, el empleo y la justicia hasta su representación en los medios de comunicación y en el debate público, a juicio de estudiosos del tema.
Bastaría un vistazo a la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la República, para entender por qué una de sus principales luchas se relaciona con su participación política, alertan.
Pero las injusticias históricas no solo se engloban en criterios que algunos podrían catalogar de subjetivos. En marzo de 2017, el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó estadísticas que año tras año se repiten.
El 60 por ciento de la población sigue viviendo en la pobreza, y el número aumenta a 76,1 por ciento en zonas rurales y a 79,2 por ciento entre los pueblos originarios, lo cual equivale a decir que ocho de cada 10 indígenas son pobres.
El texto muestra cómo el hambre es un flagelo que no distingue razas. Cuatro de cada 10 niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, aunque en el caso de los indígenas, la cifra sube a seis de cada 10.
Otra lacerante realidad apunta a tres amenazas latentes: trabajo infantil, exclusión educativa y matrimonio infantil, donde se incluyen los embarazos de un altísimo riesgo por la edad temprana de las niñas.
De 175 países evaluados, los primeros 10 se ubican en África, pero en el continente americano Guatemala ocupa la primera posición, 152, con el mayor riesgo para la niñez latinoamericana.
Otro punto conflictivo se refiere a los ataques y asesinatos contra líderes o integrantes de los movimientos de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, pues las campañas de difamación y calumnia junto al uso del derecho penal para criminalizarles siguen siendo una constante.
Hoy, en el Día Internacional de los pueblos indígenas, sus saberes y luchas ancentrales siguen olvidados en la tierra del Quetzal.
Guatemala sigue en deuda con la mayoría de su población,’Ri Paxil Kayala’ k’o na uk’as kuk’ ri qawin’, en idioma maya.
Fuente: Prensa Latina / Cuba