El 15 de agosto de 2010 Fabián Gorosito apareció muerto en un descampado de la localidad de Mariano Costa; ocho años después, se realiza el segundo juicio luego de que el Tribunal de Casación bonaerense haya anulado el primer proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades y que terminó con la absolución de 11 policías y una mujer imputados por esta muerte. En las primeras dos audiencias declararon los padres de Fabián y Maximiliano Silva, víctima de torturas por esos mismos policías en un hecho que ocurrió tres días antes del asesinato de Gorosito. Todos los policías imputados llegan en libertad y en funciones. La Comisión Provincial por la Memoria es veedora.
(Agencia Andar) El juicio tiene dos hechos, en los dos actúan policías de la comisaría 2ª de Merlo, de la localidad de Mariano Acosta, uno y otro hecho están relacionados y repiten la lógica de funcionamiento de una banda parapolicial: operativos policiales ilegales, uso de autos particulares, con personal de civil que participó fuera del horario laboral y sin identificación pero amparados por la institución policial.
El primero de los hechos ocurrió el 12 de agosto de 2010, Maximiliano Silva, Daniel Mancini y José Ismael Mancini fueron abordados por un grupo de policías vestidos de civil, cuando estaban en un almacén del barrio comprando cervezas. Sin mediar explicaciones, fueron golpeados en la vía pública, después inmovilizados y finalmente trasladados en autos particulares hasta la Comisaría donde siguieron los golpes y torturas. Estuvieron siete días detenidos luego de haber sido obligados a firmar una contravención. El operativo que terminó con la tortura de los tres jóvenes buscaba, supuestamente, el arma que el oficial Giménez había denunciado robada de su propia casa; en realidad Giménez buscaba a Fabián Gorosito para cobrarse una venganza.
El segundo hecho. El 14 de agosto, Fabián cenó con sus padres y salió de su casa para encontrarse con sus primos. Nunca volvió. María Viera y Carlos Gorosito se despertaron alrededor de las 5 de la madrugada, notaron preocupados que Fabián no estaba y comenzaron a buscarlo. María llamó tres veces a la comisaría 2ª, sólo recibió como respuesta que no estaba detenido en la departamental. Cerca del mediodía, un vecino le avisa al tío de Fabián, también policía, que habían visto el cuerpo de su sobrino en una zanja.
Desde el primer día, los padres creyeron que los efectivos de la comisaría de Mariano Acosta estaban detrás de esta muerte. Tres años después, durante el primer juicio, quedaría claro: policías de civil intentaron detener a Fabián cuando caminaba por una calle desierta, alertado por esa maniobra, el joven salió corriendo por un descampado; lo alcanzaron, lo golpearon, lo subieron al auto particular del policía Fernández. Alrededor de las 5 de la mañana, tiraronn el cuerpo a la zanja de un terraplén. La autopsia dijo que murió por asfixia por inmersión.
Una investigación plagada de irregularidades y un fallo vergonzoso de los jueces que integraban el TOC 1 de Morón cuando se realizó el juicio en 2013 hace que, 8 años después de su muerte, y a pesar de los testigos y pruebas que existen, el caso siga impune. El lunes, con la declaración de los padres de Fabián, empezó el segundo juicio luego de que el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires haya anulado la primera sentencia que absolvió a los imputados.
El juicio se realiza en el TOC 5 de Morón, integrado por el presidente Marcos Lisa, la jueza Julia La Llana y el magistrado Agustín Gossn. Los fiscales Antonio Ferreras, quien estuvo en el primer juicio, y Marcelo Papavero, fiscal en un juicio que terminó con la condena de otro policía acusado por estos mismos hechos, llevarán adelante la acusación. Los policías Giménez, Fortunato, Nievas, Ortiz, Fernández, Oviedo, Dipierro, Cuelli, Villalba, Ose y Sánchez; y Aixa Sosa, la pareja de Giménez y única civil involucrada, están imputados por los delitos de torturas seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y otros. Todos los acusados llegan en libertad al juicio y los policías en funciones.
Las audiencias se realizan lunes, miércoles y jueves. Durante la primera semana, además de los padres de Fabián, también declaró Maximiliano Silva, una de las víctimas del hecho que ocurrió el 12 de agosto. Tal como había testimoniado en el primer juicio, Silva reconoció, entre otros, a Dipierro, Giménez, Oviedo, Nievas y Aixa Sosa, también brindó una extensa y minuciosa descripción de las torturas que sufrió aquella noche por el personal de la Comisaría de Mariano Acosta y, en diversos tramos de la declaración, refirió el estado de trauma que persiste aún hoy, después de ocho años.
Tanto la declaración de Silva como el testimonio de María y Carlos se dieron en un contexto de hostilidad manifiesta por parte de los imputados. Esta actitud de los imputados no es nueva, durante el primer juicio los testigos denunciaron haber sido amenazados antes de testimoniar, y los padres de la víctima fueron amenazados con gestos intimidatorios y burlas.
Tal es el estado de tensión y hostigamiento en que comenzaron las audiencias de este segundo juicio que, durante el testimonio de Silva, los fiscales y abogados de la querella pidieron, fundándose en acuerdos y normativas internacionales, que los imputados sólo escuchen la declaración pero no estén a la vista de la víctima para que no se sintiera amenazada. Los jueces del TOC 5 accedieron a este pedido y los imputados fueron obligados a sentarse al final de la sala.
Durante su declaración, Silva dijo que la noche del 12 de agosto él y los hermanos Mancini fueron detenidos por policías de la comisaría de Mariano Acosta y golpeados en la vía pública. A él lo pasearon media hora en un móvil policial donde lo siguieron golpeando. Cuando llegó a la departamental, recuerda que los policías se ubicaron en fila para golpearlo en un “túnel de bienvenida”. En ese momento, le dijeron que una testigo lo había identificado como el autor del robo del arma de Giménez. Silva lo negó y pidió que la llamen para corroborarlo; cuando llegó, Aixa Sosa también lo golpeó en reiteradas oportunidades. Luego lo dejaron en buzones.
“No vas a poder tener hijos”, cuenta que le gritaban los policías mientras le pegaban en los testículos. Tirado en el piso, vio cómo en un espacio lindante uno de los hermanos Mancini era colgado desde la muñeca a un gancho, mientras al otro lo golpeaban en el pasillo, más de un policía se paraban sobre su espalda y lo pisaban.
Por estos mismos hechos, el policía Ángel Manuel Sosa fue condenado a 13 años de prisión por resultar como coautor de los delitos de sustracción y retención de personas, allanamiento ilegal de morada y aplicación de tormentos. Sosa no corrió la misma suerte que sus compañeros de fuerza: no fue incluido en el juicio que llevó el TOC N 1 de Morón en 2013 porque alegó no estar en condiciones psicológicas de enfrentar el proceso.
La condena de Sosa por los mismos hechos y con las mismas pruebas que terminaron con la absolución del resto de los imputados es una clara muestra de la parcialidad que tuvo el TOC N 1 durante el primer juicio. Cuando el Tribunal de Casación bonaerense anuló la sentencia sostuvo que los jueces no habían evaluado consistentemente las pruebas presentadas. En su momento, por entender la arbitrariedad con que actuaron los magistrados Carlos Thompson, Susana De Carlo y Angélica Parera para beneficiar a los acusados, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el juicio político, pero los jueces se jubilaron y evitaron así el jury.
Si ocho años después de los hechos se está realizando el segundo juicio, es por la lucha de los padres de Fabián, de Maximiliano, Daniel y José, y de los familiares y amigos que siguieron en las calles reclamando verdad y justicia. La CPM estuvo desde el primer momento acompañando a María Viera, que hoy es una referente de la red de familiares víctimas de violencia institucional.
Junto a ese acompañamiento, la CPM realizó la veeduría del primer juicio en donde constató y denunció no sólo la arbitrariedad de la vergonzosa sentencia absolutoria sino también las graves irregularidades en la investigación y el constante clima de amenazas y hostigamientos en que se realizaron aquellas audiencias. Con el mismo objetivo de velar por el efectivo acceso a la justica, y como una forma más de acompañar a María, a Carlos y a las víctimas, la CPM es veedora también de este segundo juicio.
Ocho años después, la justicia tiene la posibilidad de remendar aquel fallo, reparar a las víctimas y llevar algo de alivio a los que lucharon por conocer la verdad.
Fuente: http://www.andaragencia.org/11-policias-y-una-mujer-otra-vez-en-el-banquillo-de-los-acusados/