Los abogados de la familia de las dos jóvenes que fueron asesinadas a puñaladas en una plaza de ese barrio porteño solicitaron la pena de “prisión perpetua” para el acusado, Mariano Bonetto, durante los alegatos del juicio que se lleva a cabo por el caso. La fiscalía, por su parte, pidió 30 años de prisión y la defensa que sea declarado inimputable. El próximo jueves 13 de septiembre se conocerá el veredicto.
Mariano Bonetto está siendo juzgado por los crímenes de Natalia Grebenshikova, de 15 años, y Nuria Couto, de 18, cometidos en la Plaza Irala, en La Boca, el 11 de octubre de 2016.
El juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 comenzó en junio pasado, sin la participación del imputado en ninguna de las audiencias.
En la jornada del jueves 7, ante los jueces Patricia Cusmanich, Gabriel Nardiello y Sergio Paduczak, la fiscal auxiliar Gabriela Ferreiro realizó la primera parte del alegato donde describió los hechos y las pruebas que vinculaban a Bonetto con el caso. Luego, el fiscal Martínez Burgos aseguró que el acusado podía comprender y dirigir sus acciones. Consideró también como agravantes la edad de las víctimas y lo sorpresivo del ataque perpetrado por Bonetto, y solicitó que fuera condenado a 30 años de prisión. El Tribunal comunicó que las últimas palabras y el veredicto se conocerán el próximo jueves 13 de septiembre, a partir de las 10.
Los letrados Liliana Borisiuk y Juan Santiago Maldonado, representantes de Anna Radionova, madre de la adolescente rusa asesinada, y Carlos Traboulsi y Mario Kenny, quienes patrocinan a la familia de Nuria Couto, señalaron que “Bonetto tenía plena capacidad de comprensión y control de su conducta y, además, que su acción fue premeditada, demostrando un total desprecio por la vida. Todo esto apoyado en las pruebas y testigos presenciales de los femicidios que declararon en el juicio”.
Previo a la elevación a juicio, en dos instancias, la jueza Wilma López había dado cuenta del argumento de la defensa que indicaba que el femicida era inimputable por problemas psicológicos y psiquiátricos. La querella apeló este fallo y la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo revocó, además de dictaminar la reapertura de la causa.
La jueza Wilma López había ordenado su detención durante 25 años en el sector correspondiente al Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PR.I.S.M.A.) del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Dicho fallo fue revertido también por la Cámara, en línea con lo planteado por la Fiscalía General N°3, a cargo de Mauricio Viera.