Mientras el secretario de Energía, Javier Iguacel, festeja que petroleras comenzaron a exportar gas de nuestro país hacia Chile (más caro que el que importamos desde el mismo país), el Gobierno recorta la Tarifa Social del gas y la bonificación por ahorro en el consumo. Es decir, se afianza la política de beneficios para las petroleras y recortes y aumentos de tarifas para los usuarios, en un contexto donde crece la desocupación y la pobreza (pasó de 25,7% a 27,3%).
El poder ejecutivo señaló en la resolución publicada en el Boletín Oficial de hoy, jueves, que el ahorro en el presupuesto 2019 producto de estos recortes en la Tarifa Social será de $ 2.350 millones. Es decir, que el gobierno recorta la Tarifa Social como condición del acuerdo firmado por Macri y Dujovne con el FMI, que pasó a controlar directamente el presupuesto y la economía del país.
El Gobierno tomó la decisión de recortar la Tarifa Social para el consumo de gas y, a partir del 1ro de octubre, se mantiene el 100% del subsidio siempre y cuando no supere el tope que cada distribuidora pondrá. Si el usuario con Tarifa Social supera ese tope que puso la empresa distribuidora, abonará el gas como cualquier otro usuarios sin Tarifa Social.
En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, para el período septiembre-octubre quienes superen los 87 m3 mensuales abonarán el total del precio del gas.
En la misma medida, Iguacel eliminó la bonificación del 10% que un usuario residencial obtenía si lograba consumir 20% menos que en el mismo período del año anterior (una medida de Aranguren de 2016). Ahora, bajo las órdenes del FMI, nada de beneficios por la Tarifa Social ni incentivos por el ahorro en el consumo. La lógica de Javier Iguacel, Macri y Christine Lagarde del FMI es que se pague más por el gas para que cierre el presupuesto de ajuste 2019.
Se trata de recortes en lo que destina el Estado en el gas, que es un derecho humano, para los sectores más vulnerables. Es un recorte a medida del FMI.